Como una mancha de aceite

La protesta por la represión de los defensores del orden, espejo de la pandemia, se difunde por el mundo

 

George Floyd murió el 25 de mayo, después de que el agente Derek Chauvin estuviese casi 9 minutos con la rodilla clavada en su cuello. Floyd repitió un par de veces I can’t breathe. Las imágenes del reiterado “No puedo respirar” dieron la vuelta al mundo, levantaron protestas en remotos lugares como Pretoria, Sudáfrica, y la oleada contra la violencia policial llegó a 650 ciudades de los 50 estados del país norteamericano. El asesinato de Floyd cristalizó el descontento social frente a las grandes desigualdades y el supremacismo blanco. Las nuevas protestas contra el racismo y la brutalidad policial se producen bajo la consigna de “Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter)”.

En ese marco, hay decenas de testimonios de periodistas atacados y detenidos mientras realizan la cobertura de las protestas contra el racismo sistémico y la violencia policial. La militarización de la policía en los Estados Unidos no sólo choca con el derecho de reunión pacífica, sino que también agrede la capacidad de la prensa para cubrir protestas y agudiza las contradicciones. Es parte del debate por el creciente autoritarismo con rasgos fascistas del gobierno de Donald Trump.

Apenas cruzando la frontera, en México, el asesinato del albañil Giovanni López, tras ser arrestado violentamente por diez policías por no llevar tapabocas, generó el repudio y la indignación desembocó en una violenta represión a los manifestantes. Varios patrulleros y el propio Palacio de Gobierno de Jalisco fueron atacados tras conocerse que la familia de la víctima recogió su cuerpo en el Hospital Civil de Guadalajara y pudieron confirmar que “tenía huellas de tortura y una herida de bala en la pierna izquierda”. Las marchas de solidaridad llegaron a México DF y los jóvenes ganaron las calles en varias ciudades.

 

 

Zapateo mexicano. Los jóvenes enardecidos confrontan con una policía desmadrada.

 

 

Los manifestantes salieron a las calles en varias de las ciudades europeas donde la cuarentena va finalizando y el miedo se va perdiendo. La policía francesa quedó en la mira por un nuevo informe forense difundido la semana pasada que atribuyó la muerte de un joven negro en 2016 a la brutalidad policial. El ministro del Interior, Christophe Castaner, aseguró que “ningún racista puede llevar dignamente el uniforme de policía o de gendarme” en Francia. Tras la muerte de Floyd y las protestas en Estados Unidos, los manifestantes franceses volvieron a salir a las calles a denunciar “similitudes entre los dos sistemas policiales y criticaron el racismo estructural de las fuerzas de seguridad”.

La protesta por la represión de los defensores del orden, como un espejo de la pandemia, se difunde por el mundo como una mancha de aceite.

 

 

Los emisarios del mal

“La caída económica es enorme, lo que viene es un desfiladero al lado del abismo.

Lo que puede salvarnos es el Estado presente y el grado de organización sindical y social

de nuestro país”. (Roberto Baradel, Suteba.)

Alfredo Coto. Lo acusan de obligar a sus empleados a realizar tareas sin protocolo sanitario en sus supermercados. Esconde armas para su ejército privado. Roba con sobreprecios y especula con el desabastecimiento. Inventó a Ramón Muerza, su “delegado general”, para atemorizar al personal. Oculta los contagios y llena sus arcas con récord de ventas.

Héctor Magnetto es jugador de grandes ligas cuando se trata de presionar a gobiernos, políticos, servicios de inteligencia, jueces y a cuantos poderes del Estado se le ocurran. Para esmerilar a Alberto Fernández no le importa contar cadáveres: sus esbirros hostigan al gobierno arengando con sus anticuarentenas declarados a cacerolos y marginales.

Sergio Nardelli fue sorprendido cuando pasaba su cuarentena navegando por el Paraná con su yate comprado con plata de la evasión, el contrabando y el robo de préstamos del Banco Nación. En su entrevista con Alberto cargó con la modesta munición de la plana mayor de sus empresas manifestando en Avellaneda para no ir en cana. Va a contramano de lo que dicen sus trabajadores y clientes.

Paolo Rocca. Un mussoliniano tardío cuyos ancestros hicieron la América con contratos del Estado y ahora posee la mayor fortuna del país. En su juventud formó parte de grupos de izquierda en Italia. Se ve que no estaba muy convencido porque preside una nada socialista multinacional siderúrgica. Cuando el Presidente decretó que no se podía despedir, echó a 1.450 trabajadores para demostrar su poder.

 

 

AEA. El lobby empresario busca imponer sus reglas tanto en la economía como en la salud.

 

 

Son parte significativa del poder real que busca poner de rodillas al gobierno para que renuncie a la soberanía sobre sus decisiones. Todos son privatistas, pero hace años que viven de la teta del Estado bobo cuyo futuro no les preocupa. No son ejemplo de nada pero describen a la perfección las aspiraciones del 41% de votantes que apuestan a la meritocracia y el derrame para mejorar su miserable vida. Junto a los especuladores que esperan devaluar sentados en los silobolsas, arrasan con nuestra decencia. Cultivan un estilo decadente y autoritario, algo propio del capitalismo tardío cuyo esplendor se apagó en 1929. Son propietarios de grandes empresas forjadas con fortunas obtenidas lejos de los paradigmas liberales. Solo conocen la autocracia del derecho de propiedad en el reino de sus decisiones, compiten por generar ganancia con distancia prudencial de códigos legales y convenciones humanitarias.

Coto, Magnetto, Nardelli y Rocca son adoradores de la tiranía patronal que le ha negado entidad a la burguesía nacional. La deriva de terratenientes parasitarios, especuladores que gestionaban los cupos de importación, agrogarcas sojeros de la 125, hubiera cambiado el destino de la Argentina si esos personajes se avenían a aceptar que la construcción es colectiva o no es. El último de los intentos por forjar capitalistas con sentido nacional lo condujo Néstor Kirchner. Al decir de Eduardo Basualdo, no serán nunca parte de la burguesía nacional porque ellos la odian y la combaten.

 

 

Vicentin no tiene vuelta

El subinterventor designado por la Casa Rosada entró a la empresa y tomó posesión de la misma. Oficialmente, se tuvieron las primeras cifras que importan: 1283 Vicentin, 806 Renova SA, 920 Algodonera, 376 Vitivinícolas, 2057 Industrias frigoríficas, 106 Bioingeniería. Son puestos de trabajo garantizados por el gobierno.

 

 

Llegada de la intervención a la planta. El empleo asegurado calmó las aguas.

 

Pablo Reguera, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, se refirió a la intervención a la firma Vicentin: “Aquí la situación se hacía intolerable. No estaba cumpliendo el último acuerdo paritario 2019 del mes de noviembre. Tampoco estaba respetando el de 2020 a partir de mayo y además quería pagar los salarios en forma no remunerativa por los próximos 24 meses. Nosotros sentimos un gran alivio y tenemos que salir a trabajar porque la garantía del trabajo viene de la mano del gobierno. La decisión del Presidente es espectacular, porque con Vicentin que ya no garantizaba el pago de los salarios, estas fábricas en 3 ó 4 años iban a terminar siendo chatarra.”

La Federación de Trabajadores aceiteros que preside Daniel Yofra se expresó en un comunicado en el que saludan la decisión del gobierno porque “la exportación de harinas, aceites, biodiésel y derivados de la soja es el sector estratégico de la economía nacional que representa el 30% de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas. Con la expropiación se abre una oportunidad para generar más valor agregado con la industria y retrotraer el proceso de primarización profundizado bajo la gestión del gobierno anterior. La intervención y expropiación de Vicentin es una medida necesaria para enfrentar una crisis económica cuyas consecuencias se profundizarán con la pandemia. Y no habrá salida de la crisis si no desmantelamos las políticas neoliberales que debilitaron al Estado y construimos uno con mayor presencia en la economía, que favorezca la producción sobre la especulación, que intensifique la protección del trabajo, que garantice el pleno empleo”.

En el mismo sentido se expresaron el MOS (Movimiento Obrero Santafesino), la CGT de Reconquista, la Intersindical de Derechos Humanos, los Metrodelegados, el líder de la CTA y diputado Nacional Hugo Yasky entre los primeros. Se está discutiendo un documento de todo el movimiento sindical y hay amplios acuerdos. Yasky, Moyano, Palazzo, Godoy, Micheli y  los movimientos sociales respaldan plenamente la decisión del Presidente de la Nación. Más de cien firmas respaldan la decisión presidencial.

 

 

Los piratas del Comercio

Desde Rosario, Carlos Ghioldi, del gremio de empleados de Comercio rosarino, explica lo que sucede con los trabajadores del sector y la pandemia: “Lo de Coto en Buenos Aires es una consecuencia directa de la displicencia con que se viene trabajando. Es norma en muchísimas empresas del comercio que por un poco de fiebre nadie falta a su trabajo. Solo en los lugares donde hay delegados conscientes, sindicatos comprometidos y fuerza organizada se respeta el parte de enfermo. Se dan casos de repositores externos que trabajan en varios locales teniendo coronavirus, y hubo contagios”. En Quilmes, la propia intendenta tuvo que clausurar la sucursal por la cantidad de casos. Decenas de supermercados sufren la emergencia por falta o mal uso de los protocolos sanitarios.

 

 

Mayra Mendoza ordenó la clausura temporaria de la sucursal de Quilmes.

 

 

Este jueves Alberto Fernández concedió una audiencia virtual a un grupo de delegados de Coto que hicieron reiteradas denuncias de contagios en la firma. Lo hizo con funcionarios del Ministerio de Trabajo. Los empleados denunciaron ocultamiento por parte de la empresa. Aseguran que no se respetan los protocolos y que no cierran ante la confirmación de contagios. Varios fueron víctimas de episodios de violencia y señalan que detrás de las intimidaciones están patotas ligadas al referente sindical en la cadena, Ramón Muerza, a quien acusan de ser cómplice de Alfredo Coto.

 

 

Carta desde Bérgamo

Anselmo Brambilla es un histórico dirigente metalúrgico de la  Lombardía, asiduo visitante de nuestro país en tiempos del terrorismo de Estado, y a sus más de 80 años nos relata lo que pasó en el norte de Italia. “La Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM) de la región de Bérgamo, sección local de la combativa CGIL italiana, realizó duras críticas a la empresa Techint por su manejo de la pandemia en el norte de Italia. El argumento de Techint fue de que los trabajadores aceptaban voluntariamente seguir trabajando cuando en realidad lo hacían por temor a que no se les renovara el contrato. La producción siderúrgica no es imprescindible y sin embargo la gente de Paolo Rocca tuvo la complicidad del gobierno regional.  El gobernador de la Lombardia favoreció los intereses de los empresarios, que miraron sus propios intereses”, dice Brambilla. La tragedia no tardó en llegar a toda la población.

 

 

Seguir produciendo en la zona bergamasca obligó a retirar cadáveres en camiones militares.

 

 

Los sindicatos de base preguntan: “Si hay una emergencia sanitaria, ¿por qué se siguió produciendo normalmente?” La empresa Tenaris Dalmine, en febrero, confirmó que “todas las actividades productivas seguirán regularmente… No hay previstos cambios en las previsiones de entregas a clientes”. ¿Por qué la empresa multinacional, que ya desde enero tenía conocimiento y estaba enfrentando en China —en la instalación de Tenaris Qingdao— la dramática aparición del Covid-19, no puso en marcha un plan extraordinario de seguridad de sus empleados? El afán de lucro explica todo.

 

 

La lucha es continua

Los Sindicatos Aeronáuticos (APA/ APLA/ APTA/ UALA/ UPSA) han logrado un acuerdo para suspender empleados en forma temporal durante los meses de junio/ julio al personal que no realice tareas como consecuencia de la pandemia de Covid-19, sin afectar los ingresos de bolsillo de los trabajadores y asegurando el pago total del aguinaldo. Buen ejemplo para desnudar el acuerdo espurio UIA-CGT.

La Agrupación Verde y Blanca de ATE Capital dio a conocer con la firma de Nora Cépedes y Julieta Minervini un comunicado señalando: “La diputada Ofelia Fernández y la Junta Interna de Promoción Social denuncian al gobierno de Larreta por el vaciamiento del Hogar Eva Duarte, única institución de la Ciudad que aloja y acompaña a adolescentes madres y/o embarazadas con sus hijxs, que atraviesan situaciones de violencia o están en situación de vulnerabilidad para evitar posibles cruces con adultxs mayores". Lo único que están haciendo es desarmar el Hogar, generando hacinamiento de personas en otros espacios, en un contexto en el cual las denuncias por violencia de género siguen aumentando. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer denuncian que “la crisis social, económica y sanitaria requiere más recursos, no menos”.

Eduardo López, de la CTA Ciudad declaró en nota con Radio El Destape: “Me enteré por la tapa de Clarín de hoy, que dice que ayer fue el pico de muertes y contagios y que se piensa en empezar las clases, copiando un modelo similar al de Israel... Le digo a Rodríguez Larreta que Israel es un país, no una ciudad. En principio, la propuesta es apresurada, inconsulta y tribunera; y pone en riesgo la salud y la vida de estudiantes, familias y docentes, por eso no la vamos a aceptar".

Los trabajadores tienen planteada una dura lucha en el marco de la pandemia para ser quienes hacen las normas y no solo quienes las acatan. En pleno avance de los contagios los amontonados corredores de la Capital llevaron la imagen de la desesperación ilegítima de sectores con pequeños privilegios que lloran en cámara lo que no pueden mantener en su vida cotidiana y nos arriesgan a todos

Cuando lo que está en juego es la propia vida, la de la familia o la de los compañeros el tenor de la discusión es muy otro. La pandemia antagoniza las contradicciones y es uno o el otro polo de la contradicción el que se impone. La discusión es con ellos, con nombre y apellido, aunque para llegar al casco de la estancia se haga necesario bancar la jauría de perros que ladran y muerden. Saben que no pueden repetir la campaña de la 125 porque aquello era aumentar las retenciones y esto es pagar deudas incobrables que le dejó Vicentin. Saben que el armado mediático político y judicial para endeudar y fugar se está derrumbando como un castillo de naipes y están corriendo con la vaina. Es alentador ver a las distintas expresiones del movimiento sindical y las organizaciones sociales respaldando la decisión sin cortapisas. Son tiempos de definiciones, en el momento más duro de la pandemia y de la recesión se impone que millones reclamen que no se vuelva atrás en nada. Que el gobierno se imponga de la mano de los trabajadores como el gran ordenador del escenario nacional.

 

 

 

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