El procurador Casal y una de cowboys

 

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

La historia judicial del Correo Argentino podría ser un antecedente interesante para que tengan en cuenta los legisladores a la hora de debatir la reforma judicial que la administración de Alberto Fernández finalmente sometió al escrutinio parlamentario.

En particular, para analizar las causas que hacen posible la plasticidad de las instituciones con respecto a determinados temas, un aspecto que tanto llamó la atención de la ciencia política en el debate entre Ralph Miliband y Nicos Poulantzas sobre la función del Estado en las democracias occidentales.

Desde que comenzó su gestión, el comportamiento del procurador interino, Eduardo Ezequiel Casal, es un aspecto decisivo para tener en cuenta en la posible reforma de la Justicia.

Es altamente significativo cómo algunas decisiones de la Procuración coincidieron con las preocupaciones de ciertos protagonistas del derrotero judicial de la empresa. Casal fue excesivamente formalista para correr al fiscal de la causa del Correo Juan Pedro Zoni ,que representaba los intereses de la sociedad argentina en el expediente penal y que imputó formalmente al ex Presidente Mauricio Macri. Simultáneamente, no se daba por enterado de los embates que sufría, sin respaldo legal, la fiscal comercial del caso Gabriela Boquín cuyo desempeño persiguió proteger el patrimonio público.

Una prueba más del contexto de fragilidad en el que Boquín trabajó fue lo que declaró el miércoles ante la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Dijo que una de sus empleadas le filtraba información del concurso del Correo al diputado Pablo Tonelli. Incluso señaló que, a pesar de que lo reportó ante la Procuración, se decidió no hacer nada al respecto.

Durante estos días Casal desempolvó un viejo expediente disciplinario y ya entrada la noche llamó por teléfono a Boquín y le dijo que estaba sometida a una investigación formal. Clausuró la comunicación con un enigmático mensaje que buscó tranquilizar a la funcionaria diciéndole que se podría “defender”.

Esta peculiar forma de notificación es llamativa por donde se la mire. Se aleja de las formas judiciales, se hizo fuera de los tiempos de oficina y cuando Boquín estaba en su casa. ¿Cuál fue la urgencia? No obstante, es comprensible desde otro ángulo, ya que revela una forma de conducir el Ministerio Público Fiscal que escogió interpretar la ley de una manera heterogénea.

La heterogeneidad permitió tratar a cada persona según el peso de su nombre o la complejidad de los casos en que trabajaba. Durante estos años, las crónicas políticas y judiciales dieron cuenta de varios casos. No las voy a enumerar. Solo voy a citar uno que, por contraste, muestra los comportamientos del procurador interino.

Cuando el fiscal Carlos Stornelli decidió no someterse a la jurisdicción del juez Alejo Ramos Padilla, el magistrado reclamó la intervención de Casal. El procurador también fue excesivamente formalista, pero para proteger a Stornelli quien, al mismo tiempo, no se privaba de sentarse cerca del ex Presidente Mauricio Macri en un acto oficial del Ejército y frente a todas las cámaras.

Por estos días, dos comisiones parlamentarias observan con atención el modo en que Casal condujo y conduce el Ministerio Público Fiscal. Ese ejercicio de rendición de cuentas que exige el Parlamento está envuelto en la grieta que lamentablemente todo lo reduce a blanco o negro.

Pero en momentos en que los legisladores inician una discusión tan importante como la del diseño de la Justicia, es central que se nutran de las experiencias. Entre ellas, la de Eduardo Ezequiel Casal en tanto funcionario; es decir, sobre la forma en que manejó y maneja el organismo que representa los intereses generales de una sociedad que pide una regeneración institucional.

Los legisladores deben ser cautos y tienen que apegar sus acciones a los reglamentos pertinentes. Las acciones del Parlamento no deben dar lugar a sospechas y deben explicarle a la sociedad por qué pasó lo que pasó con Zoni y con Boquín y por qué pasó lo que pasó con Stornelli.

Conocer en profundidad los matices de esos casos nos va a dar una imagen general del todo y el todo nos va a permitir extraer conclusiones para mejorar. Porque el objetivo es siempre el mismo: el que condensa el preámbulo de la Constitución y apunta a “afianzar la justicia”.

 

 

 

* Publicado en el blog #DosJusticias

 

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