AUTOPSIAS A MEDIDA

 

Lo citaron hace un mes para preguntarle sobre los vínculos que tenía la Gendarmería con el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Contestó sobre su participación en la investigación por la muerte de Santiago Maldonado y negó que siguieran o intervinieran los teléfonos de familiares, miembros de la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos. Pero en su larga declaración de protocolo, el ex jefe de inteligencia de esa fuerza, Jorge Domínguez, mencionó datos de una investigación interna que él mismo llevó adelante en esa época. Era un caso de entrega de cocaína a narcos que salpicaba a la Dirección de Pericias de la fuerza y, según se desprende de las palabras de Domínguez, haberse metido con esta área pudo haberle cortado la carrera. Esa dirección, conocida por haber realizado la segunda autopsia del ex fiscal Alberto Nisman, ganó mucho lugar hacia adentro en los últimos años al punto de rivalizar con Domínguez, quien era hombre de confianza de la ex ministra Patricia Bullrich. Durante la hora y media en que declaró ante la comisión Bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia, mencionó varias veces al comandante general Orlando Caballero, que llegó a los puestos más altos del escalafón estando a cargo de las pericias, algo muy poco usual en la historia de la Gendarmería. Esta relación entre Bullrich y la dirección que Caballero aún conduce tiene una historia de lealtades y beneficios que van mucho más lejos de los que el macrismo tuvo con su fuerza preferida.

Algunos pueden haberlo olvidado pero el vínculo entre Gendarmería y Bullrich no comenzó como el macrismo tenía pensado. Un par de días después de asumir, 42 gendarmes murieron en Salta cuando el micro en el que viajaban cayó de un puente luego de que reventara uno de sus neumáticos. Los gendarmes iban desde Santiago del Estero a Jujuy a pedido del gobernador Gerardo Morales para prevenir saqueos que supuestamente iban a cometer integrantes de la agrupación Tupac Amaru, de Milagro Sala. Los familiares de las víctimas denunciaron a los jefes del operativo por negligencia e incumplimiento de deberes y señalaron que las ruedas de los micros estaban deterioradas. Apuntaban hacia arriba y cuestionaban la falta de controles en una misión que se preparó en sólo tres horas. Ese primer conflicto Bullrich lo convertiría apenas en un mal recuerdo. En pocos meses no habría más fisuras y los propios comandantes mayores la mencionarían como “una de ellos”.

Durante años, la Gendarmería Nacional construyó un prestigio como institución transparente en base a intervenir en situaciones en las que policías federales y bonaerenses eran sospechosos. Por sus características de fuerza de frontera, en general no le toca resolver asesinatos y sus fortalezas en materia de investigación son otras. Marcada por eso, la Dirección Criminalística y Estudios Forenses —ese es su nombre completo— encontró fortalezas en sus áreas de intervención: pericias balísticas, de laboratorio para control de pureza de drogas, de falsificaciones de documentos, de sistemas informáticos, accidentología y comunicaciones. Su sede principal está en Retiro, pegada al edificio Centinela, en una antigua construcción que fue remodelada en los últimos años y que sumó infraestructura y tecnología. Allí construyeron un laboratorio nuevo para análisis genéticos y otro para pericias informáticas, que quienes trabajaron allí ubican entre los dos o tres mejores del país.

“Muchos se pueden enojar pero ellos (los peritos de Gendarmería) no son gente que tenga experiencia en delitos urbanos. Si tuviera que investigar un presunto homicidio siempre se lo daría a las policías. Son los que acumulan miles de investigaciones de casos. Y si tuviera que pedir una autopsia se la daría al Cuerpo Médico Forense (que depende de la Corte). ¿Por qué se la voy a dar a los peritos de Gendarmería, que prácticamente no hacen autopsias? En la Argentina minimizamos a los especialistas. Pero en las pericias no funciona así”, explica uno de los peritos criminalistas más experimentados del país. “Ellos y la Prefectura nunca tuvieron direcciones periciales destacadas. Pero al menos la Prefectura, como sucedió con Nisman, cuando ve que el caso lo excede lo dice y se corre. Ellos no. El problema fue cuando empezaron a recurrir a ellos para saldar conflictos. Les dieron la posibilidad de ser dueños de la verdad a tipos que no tenían tanta trayectoria y que cuestionaban a eminencias”, agrega.

A finales de noviembre de 2017, cuando el grupo Albatros de la Prefectura mató al joven mapuche Rafael Nahuel en el Lago Mascardi, en Río Negro, el juez de la causa decide primero excluir a la Gendarmería por su estrecha relación con la fuerza investigada y convocar a un grupo de peritos independiente, que por su prestigio se convirtieran en incuestionables. Los resultados de su trabajo concluyeron que el proyectil que mató al joven salió del subfusil de uno de los cabos que había participado del operativo. Fue entonces que el juez pidió una pericia y decidió dársela a la Gendarmería. En pocos días, ese nuevo estudio contradecía al anterior y aseguraba que no podía determinar la procedencia de la bala. Ese informe fue duramente criticado por graves fallas técnicas al no haber comparado en el microscopio las marcas que tenía el proyectil. En este caso, al ser tan evidente el error, las desconfianzas no fueron por supuesta impericia sino por intencionalidad. Sobre la base del segundo peritaje se provocaron una cadena de fallos que terminaron con la anulación del procesamiento del cabo de Albatros en los tribunales de Comodoro Py.

Ese año, que terminó con la muerte del joven mapuche, había comenzado con un mecanismo similar en un caso con todavía más repercusión: Nisman. A pesar de que los estudios realizados al cuerpo del fiscal apuntaban hacia la hipótesis del suicidio, cuando la causa llegó a la Justicia Federal el fiscal Eduardo Taiano entendió que no estaban claras las causas de muerte y decidió convocar a una nueva junta interdisciplinaria que incluyó a Gendarmería. La autopsia original la había hecho el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, y había determinado que no había pruebas o indicios de que hubiera ocurrido un homicidio. A la misma conclusión llegó luego una junta médica que incluía a otros peritos. Por otro lado, la pericia criminalística de la Policía Federal afirmó que no había rastros de otra persona en la escena del crimen. A pesar de todo esto se le pidió una pericia multidisciplinaria a Gendarmería. En unos pocos meses, el nuevo informe impactaba sobre el caso: aseguraba que el fiscal había sido dopado con ketamina, un calmante para caballos, y que dos personas habían estado en la escena del crimen. La junta interdisciplinaria —integrada sólo por profesionales de Gendarmería— fue dirigida por el comandante Caballero.

 

 

Al igual que en el caso de Rafael Nahuel, esas pericias contradecían a las originales. Sin hacer exhumación del cuerpo y analizando un pool de vísceras, los nuevos peritos fueron en contra del examen toxicológico anterior, que había identificado sólo dos ansiolíticos en el cuerpo de Nisman. La aparición de la ketamina sostenía la hipótesis de “sumisión química” sobre el fiscal para asesinarlo. Como se explica detalladamente en el libro ¿Quién mató a Nisman?, de Pablo Duggan, esta revelación provocó enormes discusiones con los otros peritos, que explicaron que no es posible encontrar ketamina intacta en las vísceras porque al llegar allí la droga se metaboliza. Este debate no modificó la posición del juez Julián Ercolini, que con esas nuevas pericias en la mano decidió imputar al informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario de homicidio y a los cuatro custodios de Nisman por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La difusión de esa pericia provocó indignación en los peritos de la Corte y de la Federal. La enorme diferencia de interpretación sobre las mismas pruebas ponía a todos ellos bajo la lupa. La Corte hace unas 4.000 autopsias anuales y entre sus integrantes están los mejores peritos del país. Criticaron por deficientes los trabajos de la segunda pericia y, cuando se imponía una charla en off, no dudaban sobre los intereses políticos detrás de esos informes. Todavía hoy esas heridas abiertas entre los especialistas judiciales y los gendarmes no cicatrizan.

Entre el pedido de Taiano a finales de marzo y la entrega de los resultados de la autopsia de Gendarmería, en septiembre, se produjo el episodio que Domínguez relató frente a la comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia. En julio, en una causa a cargo del juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, se detuvo y luego se procesó a un sargento de Gendarmería acusado de venderle cocaína a una banda de narcos ucranianos. La noticia, que tuvo poca repercusión en los medios, salpicaba a la Dirección de Pericias. La droga había llegado de un operativo en Salta, con la orden de ser peritada y quemada en el horno a cargo de la dirección en el edificio Centinela. La sede de Gendarmería fue allanada y varios de sus miembros detenidos. Domínguez había realizado la investigación interna a pedido de Yadarola. El jefe de la dirección, el comandante Caballero, nunca fue apuntado. Apenas cinco días después, el entonces Presidente Mauricio Macri fue hasta el lugar allanado a presenciar una incineración de cocaína. Sin hacer mención alguna al episodio judicializado, habló del orgullo de la batalla contra el narcotráfico y felicitó a los miembros de las fuerzas. Caballero recibía un espaldarazo después del escándalo.

Dos meses más tarde, en septiembre, tanto Caballero como el jefe de Inteligencia, Domínguez, participaron de los operativos de Gendarmería en el caso Maldonado. El accionar por el violento operativo en el Pu Lof de Cushamen había puesto a esa fuerza en el centro de la escena nacional. Los dos viajaron a Esquel pero Domínguez luego fue a Chile, donde se entrevistó con Carabineros cuando los gobiernos de los dos países intentaron criminalizar a las comunidades mapuches. Pieza clave en el espionaje ilegal durante la investigación por la muerte del artesano, Domínguez participó del armado de la hipótesis del enemigo interno impulsada por Bullrich y Macri. En ese momento, el diputado que hoy está a cargo de la comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, denunciaba un acuerdo con el oficialismo de protección a la Gendarmería en el caso a cambio de las pericias de Nisman. Detalló que el entonces jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, se lo pidió al director de Gendarmería, Gerardo Otero, y que éste se lo trasladó a Caballero. Moreau ratificó esta versión meses después frente al fiscal Taiano.

 

 

Lo que no cabe duda después de los episodios relatados es que Bullrich ubicó a la Gendarmería en un lugar de privilegio. En medio de la crisis en la Patagonia, a dos semanas de la desaparición de Maldonado, la ministra fue al Senado y defendió el accionar en la represión a la Pu Lof de Cushamen. “No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana", dijo en la Cámara Alta. En sus últimos días a cargo del Ministerio de Seguridad, la cúpula de Gendarmería organizó una despedida y le regaló un sable que lleva tallada esa frase. Para que no hubiera dudas de la fidelidad que le profesan.

A comienzos de este año, la reemplazante de Bullrich, Sabina Frederic, anunció que tiene pensado hacer una revisión “técnica-administrativa” de la pericia hecha en Gendarmería en el caso Nisman para “evitar el fortalecimiento de las sospechas sobre la calidad” de ese estudio. A partir de la discusión en este caso, el Ministerio busca hacer una revisión de los procedimientos periciales de las cuatro fuerzas federales para unificar criterios y que no vuelva a ocurrir que, ante la misma prueba, dos autopsias puedan tener posiciones tan distintas. Para esta iniciativa, piensan consultar al Equipo Argentino de Antropología Forense y al Cuerpo Médico Forense.

 

 

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