A NINGUNA PARTE

 

En una de las últimas audiencias de 2020 en el juicio por la obra pública en Santa Cruz declaró Justo Pastor Romero, uno de los firmantes de la auditoría encargada por el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante el gobierno macrista, Javier Iguacel, quien pidió investigar las obras construidas en esa provincia entre 2003 y 2015. El ingeniero, que trabaja en Vialidad desde 2014, descartó “desvíos de importancia” en las obras contratadas para construir rutas nacionales en ese distrito y dijo que no había diferencias significativas entre lo pagado y lo construido. Las rutas estaban.

Romero declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 durante más de seis horas. Al sentarse frente a la computadora para que jueces, fiscales y abogados defensores pudieran seguir su testimonio mediante videoconferencia, sacó unos papeles de un sobre. Los revisó para repasar datos o detalles según las preguntas que le iban formulando. Esta semana Clarín publicó que la fiscalía con el apoyo de la Unidad de Información Financiera (UIF) –querellante en la causa– manifestó su preocupación de que el testigo estuviera “guionado” por las defensas, algo que primero fue sugerido y luego –tras las respuestas de los letrados- minimizado por los representantes del Ministerio Público que actúan en este juicio: Diego Luciani y Sergio Mola.

Incluso el TOF-2 rechazó esa posibilidad y no hizo lugar al pedido de los fiscales de excluir fragmentos de la declaración. El contrapunto se había originado en la supuesta lectura por parte de Romero. Los defensores argumentaron que es una práctica extendida que incluso utilizaron otros testigos que declararon en el mismo juicio como la abogada y ex funcionaria Silvina Martínez o la dirigente de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, impulsoras de la denuncia.

La discusión se inició transcurridas más de tres horas del testimonio de Romero. El fiscal Luciani planteó que estaba asistiendo a una “irregularidad absoluta puesto que el testigo está incurriendo en una declaración tendenciosa, haciendo una serie de cálculos matemáticos que nadie le pidió”. Y continuó: “Estamos ante un testigo que viene preparado con el papel para responder las preguntas que le van a hacer”. El representante del Ministerio Público dijo que Pastor había hecho un “pseudo peritaje” que nadie le pidió.

Tras las respuestas de los abogados, que repudiaron dicha acusación, el fiscal dio marcha atrás. Luciani y Mola pidieron disculpas si alguno de los defensores se había sentido ofendido en su “honorabilidad”. Y el Tribunal resolvió: “No ha lugar a excluir fragmentos de la declaración de Romero tal como pidió el fiscal Luciani”. Transcurridos algunos días de dicha audiencia, uno de los abogados reflexionó ante la consulta de El Cohete a la Luna: “Esto es una muestra más de la debilidad de la acusación. Los jueces terminaron resolviendo que no había nada irregular porque, si hubiese sucedido eso, los magistrados tendrían que haber pedido que se extrajera testimonio para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública y eso no sucedió. No hay nada más alejado de la realidad y son todas especulaciones que se nutren de una falacia absoluta en la que intenta mantenerse la solidez de una denuncia que no la tiene”.

La supuesta preparación del testigo mereció la respuesta de los abogados defensores. Enrique Arce, abogado de Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente, señaló que las testigos Zuvic y Martínez habían utilizado distintos materiales para apoyar su testimonio. Arce indicó que ambas son “enemigas políticas” de los acusados y “pretenden dirimir esas diferencias ante este tribunal”.

Gabriel Palmeiro, abogado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, dijo en dicha audiencia que “al fiscal le preocupa el contenido de la respuesta: cuando pregunta por sobreprecios y el testigo quiere hablar, no lo deja. Está registrado cómo el fiscal se ofusca con la respuesta. Si al Ministerio Público le gusta la verdad, como sostiene, tiene que estar dispuesto a escucharla”. “Hoy vimos la pérdida de lo más absoluto del Estado de derecho”, amplió.

Federico Paruolo, abogado del ex director de Vialidad durante los gobiernos kirchneristas Nelson Periotti, subrayó que Pastor fue un testigo requerido por la fiscalía, por lo que era al menos extraño que quienes habían pedido que declare ahora solicitaran que se excluyera una parte de su testimonio.

En la misma línea Mariano Fragueiro Frías, abogado del ex presidente de Vialidad en Santa Cruz, Hector Jesús Garro, consideró “muy grave” que el Ministerio Público le imputara a las defensas haber preparado un testigo. “Ya nos cansamos de marcar que el fiscal pregunta de manera capciosa. Hoy directamente ha pedido cercenar el debate. En mi profesión yo no me entrevisto con testigos. Esto demuestra que no está apto para llevar adelante como fiscal este juicio. Me da lástima que se haya sumado a este planteo la UIF”, postuló Fragueiro Frías.

Juan Villanueva, abogado de Lázaro Báez, sostuvo que era “ridículo” que se hablara de la parcialidad de un testigo.

Tras un cuarto intermedio para resolver los planteos de las partes, el tribunal resolvió que el testigo realizara su testimonio a viva voz y no leyera, y exhortó a las partes a que “mantengan el decoro y eviten expresiones que afecten la honorabilidad de los intervinientes”.

 

Ir de pesca

Justo Pastor Romero relató que ingresó a trabajar a Vialidad en 2014. Antes se había desempeñado en la SIGEN durante 14 años, a partir del 2000. En Vialidad dirigió desde 2016 la auditoría adjunta de gestión y ejecución de obras públicas, tarea que realiza hasta la actualidad. La labor está determinada por la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control y consiste, explicó, en un “control” financiero y jurídico-contable ex post. El fiscal Luciani le preguntó quién determina qué se audita. Pastor explicó que por un lado hay un plan anual de auditorías que se realiza a propuesta de la unidad de auditoría interna. Además el comité de control, el auditor interno y máxima autoridad del organismo pueden manifestar los temas que son de su interés. Y por último trabajan con un plan quinquenal en el que se establece año a año qué se va a auditar. Este año, ejemplificó, se auditó el acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires.

En la primera resolución al frente de Vialidad, Iguacel pidió realizar una auditoría que incluyera un “relevamiento integral” de la gestión de obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Pastor sostuvo que el pedido se hizo “sin mayores precisiones” y les dieron 15 días para realizarlo. El “ingeniero en petróleo” –tal como lo llamó a Iguacel durante todo su testimonio– designó a otro ingeniero, Ricardo Gattoni, para que fuera el contacto con Pastor y sus compañeros. “Ellos tenían muchas dudas sobre la real existencia de las obras en la provincia de Santa Cruz y que lo ejecutado se correspondiera con lo pagado”, dijo el ingeniero y firmante de la auditoría. Las rutas que auditaron fueron las nacionales (3, 40, 281 y 288) porque la DNV no tiene jurisdicción sobre las provinciales.

“Que nuestro trabajo haya sido expeditivo no quiere decir que estuvo mal hecho; sí se pudo hacer una constatación visual de los principales ítems de obra o de aquellos que implicaban mayor volumen o cantidad de tareas”, alegó Pastor. El informe, añadió, no habló de sobreprecios. “De lo que estudiamos no se desprendía que hubiera desvíos en las certificaciones”, dijo.

Consultado por algunos pedidos de ampliaciones de plazos para la construcción de las rutas, Pastor dijo que eso obedece a distintas razones. Por un lado, en Santa Cruz está la veda invernal. Según la cantidad de nieve hay años en los que de mayo a octubre es difícil avanzar en las obras. Y por otro lado en la Patagonia los insumos para la construcción en ocasiones demoran días o semanas en llegar.

La pregunta que encendió el debate entre los fiscales y los abogados defensores fue por los presuntos sobreprecios. Pastor afirmó que es muy difícil calcular un precio promedio de kilómetro construido porque “las obras viales no se producen en serie, son artesanales”. Y lo ejemplificó con un estudio que le asignaron en dos tramos de una ruta en la provincia de Mendoza: “En una parte había que cortar la montaña para construir, entonces costó cuatro veces más que el tramo que fue llanura”.

Para hacer la auditoría Pastor viajó a Santa Cruz junto con su colega ingeniero Martín González Oria durante tres semanas. En ese período hicieron 16.000 kilómetros de vuelo y recorrieron 6.000 kilómetros de ruta para relevar los 2.200 kilómetros donde se habían ejecutado obras. La ingeniera Marisa Re, también trabajadora de Vialidad y quien declaró en el juicio, fue la persona designada para acompañarlos en la travesía. Pastor recordó que el verano de 2016 fue un momento de “gran convulsión”. “Había piquetes y el personal de Austral protestaba por la falta de pagos de la compañía”, precisó. Por ese motivo pidieron que los autos no tuvieran identificación de Vialidad: tenían miedo de sufrir alguna agresión.

El ingeniero auditor contextualizó esas primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri. El programa de TV Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata mostraba imágenes de rutas y afirmaba que dichas carreteras “no iban a ninguna parte”. “Nosotros hicimos un informe de carácter informativo y constructivo, marcando ciertas debilidades que tenía el distrito”, admitió Pastor, aunque en su declaración aclaró una y otra vez que dicha auditoría no encontró diferencias entre lo pagado y lo construido. El abogado Villanueva le preguntó específicamente si existieron rutas que “se dirigían a la nada”, tal como se cansó de repetir Lanata en su programa. “No”, respondió Pastor, aunque aseguró que “esa idea pegó muy fuerte en Santa Cruz”. Además señaló que los empleados estatales vivían con el temor constante a ser despedidos. “Era tal el temor a que nos echaran que trabajábamos los fines de semana enviando mails a nuestro jefe”, recordó. Por esos días las máximas autoridades del Gobierno nacional hablaban de la “grasa militante” y de la “sobredimensión” de la administración pública nacional, declaraciones que eran amplificadas por los medios masivos de comunicación.

 

Consultora, contratos de PPP y obsesión por denunciar

Pastor relató ante el Tribunal que Vialidad pagó 400.000 pesos a la consultora Consulbaires por un trabajo que finalmente fue realizado con personal y equipos de la DNV. “El personal de Consulbaires se limitaba a tomar notas y no hicieron ensayos con los materiales que trajeron”, indicó. Las defensas preguntaron si esa auditoría la podría haber realizado la DNV. “Sí –respondió–. Vialidad tiene la subgerencia de control de calidad y cuenta con laboratorios para hacer esa tarea”. El testigo sostuvo que los profesionales y técnicos de la Dirección “están muy capacitados” aunque lamentó que del total de empleados hoy los ingenieros representan apenas el 13%, es decir 700 profesionales para controlar los 40.000 kilómetros de rutas que tiene la Argentina. Sobre el trabajo de Consulbaires, los abogados Paruolo y Villanueva pidieron que se extraigan testimonios para investigar una posible malversación de caudales públicos y un posible cohecho en la contratación de la consultora.

Pastor advirtió que “cuando se habla de sobreprecios hay que investigar dónde está el sobreprecio”. El ingeniero apuntó al programa de Participación Público Privada (PPP), muy promovido por el macrismo en la segunda mitad de su gestión. Sugirió que en ese sistema las obras se pagarían más de lo que en realidad costaban.

Además indicó que a partir de 2016, cuando se rescindió el contrato con Austral Construcciones, Vialidad se debió haber hecho cargo de continuar con las obras para que no hubiera “ruina de obra”. Pero “a  partir de ese año hubo abandono de las rutas argentinas y no sólo en Santa Cruz sino también en Córdoba, Entre Ríos y otros distritos”, sostuvo.

El ingeniero aportó otro nombre: Alejandro Mon. Dijo que trabajaba en tándem con Gattoni. Entre los dos se dedicaban a analizar contratos y en base a eso formulaban denuncias judiciales. “Esto lo puedo decir porque en 2017 nos pidieron hacer un trabajo en un tramo de la ruta 3 y si bien nuestros resultados arrojaron que no habían desvíos, la causa generada por Mon ya estaba en la Justicia”, dijo.

Pastor habló de una “usina generadora de denuncias”. Y sostuvo bajo juramento que un funcionario de Vialidad le confesó que de las 400 denuncias, 300 fueron desechadas por inconsistentes. “Eran acusaciones de poca relevancia e infundadas que tenían que ver con temas técnicos propios de las cuestiones de ingeniería y no con otra cosa”, aseguró Pastor, quien expresó su amargura por el desprestigio que sufrió tanto la institución Vialidad como sus empleados en los cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio. Habló de trabajadores que perdieron sus bienes por causas iniciadas por los nuevos funcionarios, de compañeros que enfermaron gravemente y de colaboradores atormentados por denuncias que les hacían.

Para ellos, ¿habrá justicia?

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí