Ojos imperiales

Las operaciones de la Fundación Tompkins en Sudamérica

 

Unos pocos meses antes que se realizaran las elecciones generales y se recuperara la democracia en la Argentina, en 1983, el empresario norteamericano Douglas Tompkins inscribió una empresa en Corrientes: The Conservation Land Trust SA (CLT). Sus primeras compras de tierras se conocieron diez años después; para entonces ya había iniciado las operaciones en Chile. Tompkins Conservation (TC) es un operador fundamental en el proceso general de reconfiguración del territorio en la etapa neoliberal y de control de tierras rurales ubicadas estratégicamente en reservas de agua dulce y acceso directo a plataformas marítimas en América del Sur. La estrategia de donación para la creación de parques nacionales tanto en Chile como en la Argentina logró imponer, desde los propios intereses de estos capitales verdes, restricciones de uso a importantes superficies. Los objetivos de recuperación de suelos degradados, conservación de especies en riesgo y la reintroducción de especies desplazadas por la acción humana generan, al menos en el noreste argentino, un frente de conflictos sostenido desde hace veinte años.

El bloque de poder constituido por TC –en alianza con ONGs argentinas, estancieros locales y los sucesivos gobiernos– creció y se desplazó en conflicto con al menos dos comunidades del pueblo guaraní, pequeños productores, organizaciones medioambientales de base, productores agropecuarios que no quieren vender al capital trasnacional, así como con algunos sectores del espacio científico y académico que cuestionan el modelo conservacionista y los proyectos de reintroducción de especies de fauna silvestre a la medida de las exigencias del turismo internacional. De su mano desembarcó el fondo de inversión Harvard Management Company, otro peso pesado en el acaparamiento de tierras. Su condición de actor dominante se ve, además, en el conflicto que mantiene con Alfredo Roemmers, empresario de la industria farmacéutica propietario de un campo vecino, por la producción ganadera que colisiona con la conservación de los humedales.

El modelo Tompkins se consagró hegemónico (en total armonía con el neoextractivismo) cuando el Estado nacional y las provincias de Corrientes, Chubut y Santa Cruz hicieron propio el proyecto de estos flujos de capitales del que participan la Fundación Wyss, entre otros inversores. La Nación recibió en donación tierras para crear el parque y reserva nacional Iberá en 2018, como antes lo había hecho con el parque nacional Monte León, creado por ley en 2004.

 

 

El grupo Tompkins

En las publicaciones institucionales TC da cuenta de un grupo integrado por Foundation for Deep Ecology, Conservación Patagónica, Fundación Pumalín, Conservation Land Trust y Fundación Yendegaia. En la Argentina, TCL SA estaba constituida por cuatro firmas radicadas en Estados Unidos: Sur Aike LLC (el menor porcentaje accionario), Conservación Patagónica LLC, Iberá LLC y Esteros LLC (51%), de acuerdo a información de organismos públicos presentada ante el Registro Nacional de Tierras Rurales. Esa firma se disolvió después de la muerte de Tompkins en un accidente deportivo en Chile en 2015 y tras la donación de tierras para la creación de los parques nacionales propuestos en la Argentina. Algunos de sus activos quedaron en manos de Fundación Rewilding Argentina, otros en manos de Kristine McDivitt, su esposa, sola o con Eduardo José Chorén, Dolores Perea Muñoz y Laura Mabel Fernández, socios argentinos. Con Pampa Parners SA, Tompkins y Chorén gestionaron y administraron tierras rurales de terceros en Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

 

Kristine McDivitt, la viuda de Tompkins, en el Impenetrable.

 

La operadora ambientalista local más fuerte fue la Fundación Flora y Fauna Argentina, que inscribió a su nombre uno de los campos adquiridos en Corrientes y luego donado para el parque nacional. En 2020 se recicló como Rewilding. En tanto que Conservación Patagónica, sociedad anónima con nombre de fundación, fue absorbida por TCL.

A fines de los ‘90 compró 110.000 hectáreas en Corrientes a Pecom Forestal SA (del grupo Pérez Companc), firma a la que recreó como Empresas Verdes Argentinas SA y de la que se desprendió años después. Empresas Verdes tenía su matriz en California y una gemela en Chile, de acuerdo a nuestra revisión de la documentación. Al menos tres estancias en Corrientes son controladas por otras tantas sociedades anónimas, lo mismo que las de Entre Ríos, junto al Paraná, que fueron vendidas en los últimos años.

Las operaciones de compra, recuperación, fraccionamiento, reventa y donación de tierras merecen una revisión detallada ya que dan cuenta de mecanismos corporativos muy eficaces y altísima capacidad de lobby, de acuerdo a los testimonios recogidos. La intervención de este grupo fue clave para la reconfiguración de la matriz productiva y de los capitales presentes en una provincia importante en la economía nacional, con producción para la exportación (cítricos, arroz, carnes) y controladora del movimiento sobre el río Paraná.

 

 

Un humedal Iberá en el acuífero guaraní

La formación del humedal del Iberá comprende más del 14% de la superficie total de la provincia de Corrientes. Las aguas de sus esteros, bañados y pantanos son la expresión superficial del acuífero Guaraní, la tercera reserva mundial de agua dulce. Allí TC acaparó al menos 200.000 hectáreas, de acuerdo a documentación del Registro Nacional de Tierras Rurales que puede estar desactualizada. Según la propia TC donaron más de 150.000 con distinto nivel de conservación.

 

 

En 2018 se sancionó la ley de creación de una reserva nacional de 23.000 hectáreas y el parque nacional con el aporte de 157.000 hectáreas fiscales provinciales. TC permanece con propiedades privadas dentro de ese espacio para desarrollar sus propios proyectos de conservación y de explotación turísticas. A la vez, el Estado le reconoció la supervisión general del plan de gestión con la incorporación de trece municipios.

Ese andamiaje jurídico es clave para el desarrollo del programa de restauración de fauna localmente extinta que inició CLT en 2006, que incluye diez especies como el oso hormiguero gigante, el venado de las pampas, el pecarí de collar, el tapir y el guacamayo rojo, sumado a la creación del Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), con fines de reintroducción. “Estas fundaciones pretenden reemplazar al Estado en su función de proteger la vida silvestre”, interpretan algunas fuentes críticas. Lo cierto es que el Estado lo permite.

 

 

Glamour salvaje

En el norte del país, TC desarrolla dos proyectos independientes aunque vinculados: el de los esteros del Iberá y el del Impenetrable (Chaco). La reintroducción del guacamayo rojo y del yaguareté concentran buena parte del poder de lobby tanto de la prensa como de un arco científico involucrado (ecólogos, biólogos, genetistas) que intervienen en el hilado fino de la expansión de la frontera interna del plan conservacionista de estos capitales privados. También los proyectos de translocación de dos especies entre dos espacios, el tapir del Impenetrable al Iberá; y, a la inversa, el ciervo de los pantanos.

 

Guacamayo rojo en la reserva del Iberá.

 

Los trabajadores de los organismos públicos involucrados advirtieron sobre algunas irregularidades.

En 2015 finalizó la construcción del Centro de Reintroducción de Yaguareté; al año siguiente se introdujo desde Brasil la primera hembra reproductora. En junio de 2018 nacieron los primeros dos cachorros de yaguareté en el Centro de Reintroducción de esta especie, en la isla de San Alonso, propiedad de Tompkins. En enero y en abril de este año se liberaron ejemplares con fuerte impacto en la prensa internacional.

 

 

 

 

 

Menos espectacular fue la cobertura en la prensa local el año pasado de la muerte de uno de los ejemplares de guacamayos recién nacidos que había sido alimentado por semillas de girasol, como mascotas domésticas o un zoológico sin control.

La Administración Nacional de Parques Nacionales aprobó en 2018 la reintroducción experimental del ciervo de los pantanos al Impenetrable y al año siguiente autoridades sanitarias nacionales aprobaron el traslado de al menos 60 ejemplares. Las mismas autorizaciones se hicieron en 2019 para cinco ejemplares de tapir, en cumplimiento de un convenio marco entre CTL y Parques de 2017.

El debate científico y técnico todavía es puertas adentro. Es indispensable una discusión más amplia sobre los modelos dominantes de conservación, especialmente en su tensión con la cosmovisión propia del pueblo guaraní en proceso de reconstitución en comunidades en la zona. Falta debate público sobre políticas comunitarias para la protección de las especies nativas en corredores biológicos que incluyan a la sociedad local y sus lugares de vida y trabajo. Tampoco hay precisiones sobre el origen de los animales introducidos, las certificaciones correspondientes y los controles genéticos de esos ejemplares: más documentación y menos manipulación de los imaginarios sociales y la opinión pública.

El mercado del turismo internacional modeló una imagen colonizada de África como paradigma: la fauna salvaje convertida en objeto de consumo de las elites. El despliegue de prensa, el discurso construido por TC y reproducido en cada artículo, twitts y fotografías tiene mucho de mercantilización de la vida salvaje, de vaciamiento del territorio al hacerlo puro paisaje.

El ciervo de los pantanos es el mas grande de Sudamérica, el yaguareté el felino de mayor tamaño, el guacamayo rojo el más atractivo visualmente, el tapir el mayor de los herbívoros sudamericanos. Ese discurso está plasmado en los documentos, en los epígrafes de las fotos, en los libros editados.

Debajo del marketing, el capital conservacionista es depredador.

 

 

 

 

* Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

 

 

 

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