El grito de las multitudes

La desigualdad enciende la mecha en todas las latitudes

 

Chile y Colombia despertaron del interludio pandémico. Las elecciones chilenas dieron un puñetazo a la derecha más aceitada que supo tener la región, que institucionalizó sus orientaciones como pocas. Un pueblo acariciando una victoria que, para ser tal, deberá plasmarse en la letra de la nueva Constitución. Cordillera arriba, gritos, balas, muertos y desaparecidos, estelas de las calles colombianas, reclamos irresueltos de 2019 con “aggiornados” contenidos de 2021.

Manifestaciones de multitudes plurales que retoman un recorrido emparentado con las protestas que en 2019 envolvieron a nivel global a países de prácticamente todos los continentes. En cada caso fue una combinatoria de elementos locales que actuaron como ríos confluyendo hacia un mar que conectaba todos los componentes de un malestar mayor. Insatisfacciones colectivas que en diversos puntos del planeta demandaban, en los albores de un mundo pandémico, bienestar y justicia social. Cada grito local manifestó contra sus autoridades y contra un sistema planetario que organiza el buen vivir del 1 por ciento de la población mundial a expensas de la precariedad del resto.

En el fondo común nos queda que cada sistema político ya no alcanza (ni intenta hacerlo) a satisfacer las demandas de protección social de sus mayorías, y que el Estado, concebido neoliberalmente, no está a la altura. Pareciéramos estar asistiendo el agotamiento de la democracia representativa liberal de audiencias, donde la igualdad ante la ley y el piso de derechos enunciados formalmente cada vez se aleja más de las políticas públicas concretas. En ese proceso, lo que enciende la mecha una y otra vez parecen ser medidas orientadas a sostener el status quo económico a partir de cargar el costo en las espaldas de los que menos tienen.

 

 

Postales de 2019

En noviembre de 2018, las rotondas que enlazan los caminos de las periferias de París se poblaron de gritos enfurecidos. Multitudes que no aceptaban sus precarizadas condiciones de vida protestaban contra el aumento de los precios de combustibles. Se negaban a pagar el impuesto al carbono, con el cual las elites pretendían financiar la transición hacia la Francia verde. El movimiento se expandió como una mancha de aceite y pronto llegó a París, donde jaqueó durante meses al gobierno del Presidente Emmanuel Macron. El 2019 francés se instaló como un eslabón más de la oleada popular y global de protestas. Los Chalecos Amarillos tuvieron una particularidad: gestaron un movimiento de protesta que no se alimentó de ninguna tradición organizativa. No había detrás ninguna cultura política prexistente. Fue una protesta desplegada al margen de las instituciones tradicionales de la democracia representativa, a la cual señalaba en su fracaso.

En enero de 2019, las calles de Colombia marcharon con linternas, repudiando crímenes atroces. De a poco esas multitudes fueron escalando en los reclamos y se expresaron contra la reforma al sistema de pensiones, la reforma laboral, la caída en la inversión en educación, la reducción del salario al primer empleo de los jóvenes, la corrupción de las elites y, por supuesto, contra la brutalidad policial que patrocinó las matanzas de los líderes sociales. En 2021 se vuelve a tirar de la punta del hilo de los conflictos, esta vez empujados por una propuesta de reforma tributaria que recargaba el peso sobre los estratos medios, ya de por sí muy condicionados por ingresos que apenas garantizan una supervivencia al día. De la protesta participaron organizaciones de todo tipo: sindicales, estudiantiles, campesinas, de mujeres. Las luchas populares de 2021 están íntimamente vinculadas con aquellas de 2019. En Colombia se cuece en un caldero un descontento masivo, indicativo de un fracaso sistémico de modelo de país y de Estado que viene ensayando la derecha colombiana desde años. Una democracia que insatisface a todos, menos a los que mandan. La respuesta a tantas demandas insatisfechas parece ser en primer término la violencia y aniquilamiento desde las fuerzas del Estado.

En octubre, Chile vio a los estudiantes de Santiago encender un fósforo. El precio del transporte inició un recorrido de protestas que escaló en segundos a una demanda de larga data: el costo de la educación. El malestar se extendió y la insatisfacción por los magros ingresos que no alcanzan a hacer frente a la carestía de la vida se instaló en el centro de las interpelaciones de la protesta. La insuficiencia y la apatía del Estado chileno para garantizar pensiones para una vida digna y un malestar generalizado por el endeudamiento de las familias fueron incorporándose a un amplio pliego de reclamos que desembocó en un rechazo global al régimen de privilegios cristalizado por las elites chilenas. Medio siglo de pinochetismo enquistado en las instituciones públicas, y otro tanto de privilegios amasados con el esfuerzo de su pueblo, dejaron a la derecha chilena fuera de la letra de la próxima Constitución y a los denominados independientes como nuevos actores, protagonizando un papel relevante. La aplastante victoria del conglomerado de las fuerzas populares en la reciente elección para convencionales constituyentes dejó en claro que, con la democracia chilena, ni se comió ni se educó.

Este 2021 tan pandémico volvió a poner a la región en el hilo que empezó a escribirse en 2019, donde se enlazaron protestas populares en todo el planeta. Entonces se anotaron Argelia, Bolivia, Cataluña, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Francia, Georgia, Guinea, Haití, Hong Kong, Irak, Irán, Líbano, Reino Unido y Sudán. Hoy Chile gana por goleada: le falta sólo el descuento. Y Colombia vuelve a la carga y grita: “Acá no se rinde nadie”.

Más allá de las motivaciones locales de origen, algo emparentó a todas estas protestas. Un malestar que huele a agotamiento de sistemas políticos cada vez más excluyentes, un grito que en el presente denuncia que algo “ya no funciona”. Pancartas multiculturales, de todos los colores imaginables, pasearon por las calles letras que esbozaron un denominador común. Un hermanamiento que dijo “basta” a la corrupción sistémica asociada a los sistemas políticos, pero con autoría de poder económico. Un rechazo a la caída de los ingresos y del poder adquisitivo de los pueblos, a las políticas de ajuste y austeridad, a las desigualdades sociales, a la inaccesibilidad a servicios públicos básicos –por ser inexistentes o de baja calidad– y a las elites que imponen criterios empresariales a las instituciones políticas, poniéndolas a su servicio para garantizar y/o reforzar sus privilegios.

 

 

El contexto de la desigualdad

El malestar no brota del aire. Dentro del ciclo neoliberal global, el 1 por ciento más rico del planeta concentró riqueza. Pasó de 27 a 33 por ciento de participación entre 1990 y 2018. Mientras eso ocurría, los grupos medios disminuyeron su participación en la riqueza global casi en idéntica proporción en igual período.

Fuente: Laboratorio de la Desigualdad Global – WID.world. World Inequality Report 2018.

 

El estancamiento desde 2012 para los grupos medios, en valores similares a los de 1980, no detuvo el avance en acaparar renta de los más ricos en igual período. El cuadro se completa con el retroceso en la participación de la riqueza del 50 por ciento de la población mundial de menores ingresos. Como se escucha corrientemente, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres.

A partir de la crisis de 2008, los únicos que no sintieron el estancamiento fueron las elites de las elites. El 0,1 por ciento más rico de la población y, acercando más la lente, el 0,01 por ciento, no pararon de capturar ganancias. El 0,1 por ciento pasó, entre 1980 y 2018, de capturar el 9,5 al 16 por ciento de la riqueza global. La pandemia acrecentó esta riqueza como dictó la moda, exponencialmente.

Un aspecto a destacar es que ese retroceso distributivo vino de la mano de un ciclo de repliegue del Estado, que combinó menor producción estatal de bienes y, muy especialmente, de servicios, que resultan muy palpables en salud y en educación. Menores ingresos y ausencia de servicios estatales fueron las consecuencias de políticas de concentración de ingresos y austeridad de las cuentas públicas.

Hasta entonces, durante la primera década del milenio, en América Latina se había experimentado un período de mejoramiento a nivel socioeconómico con transformaciones culturales. En la región, con las particularidades y los más y los menos propios de cada país, hubo una disminución de la desigualdad y un crecimiento de la población de estratos medios.

El ciclo virtuoso hacia una menor desigualdad, que refleja el coeficiente de Gini, arrancó en 2002 y se extendió hasta 2012/2014. Desde entonces se estancó, en el mismo sentido que la dinámica mundial de concentración de las élites y aplastamiento y retroceso del resto.

 

Fuente: Panorama Social de América Latina 2019 (CEPAL).

 

Esa mayor distribución fue la que engrosó a los estratos medios, integrándolos a la dinámica consumista. Entre 2002 y 2017 –según datos de la CEPAL publicados en su Panorama Social de América Latina 2019– la población de la región perteneciente a los estratos medios, según ingresos per cápita, pasó del 26,9 al 41,1 por ciento.

Este mejoramiento comenzó a desacelerarse a partir de la crisis mundial de 2008, cuando los precios de los productos que la región exporta comenzaron a caer y entraron en un período de volatilidad, repercutiendo especialmente a partir de 2012. Desde entonces, el estancamiento socioeconómico derivó en retroceso de las expectativas sociales.

 

 

Las secuelas de la financiarización

La hegemonía de los grupos financieros globalizados trajo nuevas culturas sociales. Una a destacar, en los estratos medios, es la “pertenencia” como consumidores. Ciudadanos que se sintieron incluidos a partir del acceso a determinados consumos, y que lo adjudicaron al mérito propio. El famoso “yo me lo gané”, que lejos de explicar su mejor situación económica como consecuencia de determinadas politicas públicas y contextos de bonanza económica para la región, la considera un triunfo personal. Así pudimos experimentarlo en la Argentina, donde parte de la población beneficiada durante ese período luego decidió dar el voto a un gobierno de derecha. El canto de sirena dejó implicados a muchos ciudadanos en una cultura a la vez individualista y meritocrática, conjugada con desprotecciones colectivas. Mientras el Estado se retiraba, la seguridad pasaba a ser responsabilidad de uno mismo, restringiéndose a lo que cada uno pudiera alcanzar. En esa cultura de cápsula individual los derechos se transformaron en bienes transables, asequibles mediante intercambios mercantiles, sin Estado que los garantice. En esa fragilidad quedaron inmersos vastos sectores que, en épocas de vacas flacas y con mínimas alteraciones, vieron afectada su realidad socioeconómica. Familias e individuos pasaron en un abrir y cerrar de ojos a la precariedad.

 

De ciudadanos a consumidores: otra promesa incumplida de la meritocracia.

 

En la región, desde el inicio del milenio hubo una retirada masiva de gobiernos neoliberales. Una nueva sensibilidad popular marcó esa década en la cual la disminución de las desigualdades y la ampliación de los estratos medios fue una realidad. Pero Chile y Colombia jamás abandonaron el equipo neoliberal: el primero desde que Augusto Pinochet se instaló en el poder, el segundo desde los tempranos ’90. Ambos países marcaron con fuego sus territorios, cada vez que sus elites lo consideraron pertinente, pregonando ininterrumpidamente durante décadas el anti estatismo y el mérito individual.

A partir de 2010 la región tuvo un Regreso de los Muertos Vivos. Aprovechando el enojo que motorizaba la crisis de 2008, nuevos actores políticos reimpulsaron ideas neoliberales en la práctica, aunque para persuadir utilizaran un repertorio discursivo amigable a los oídos de muchos ciudadanos. El menú arrugado de políticas neoliberales llegó bajo promesas de ampliación de derechos. El lobo se tuvo que disfrazar de cordero. Eso sí, siempre de la mano de la meritocracia y autoadjudicándose modernidad e innovación, patrocinaron políticas de reducción de las protecciones económicas y sociales. Muchos de ellos alcanzaron el poder en sus países, recogiendo y resignificando el malestar de esos nuevos grupos medios, que habiéndose integrado una década antes bajo la cultura consumista, procesaban ahora el achicamiento de su participación en el ingreso con insatisfacción. Sin embargo, más ajuste, menos participación en el ingreso, menos Estado y servicios conexos, y soportar los esfuerzos del presente para entrar al futuro, no suenan prometedores para quienes sortean el día a día con estrategias no pocas veces ligadas a la supervivencia.

El año 2019 fue especial. El recuerdo de mejores días muy recientes hizo reaccionar al pueblo argentino, llevando a la derrota electoral a la derecha en el poder. El pueblo boliviano inició el camino de recuperación del gobierno que le habían arrancado a puro golpe, organizado por una derecha desesperada e imposibilitada de acceder democráticamente al poder. Chile pisó las calles nuevamente y Colombia despertó fastidiada por el ininterrumpido exterminio de sus líderes populares.

Distintas historias, distintos orígenes, similares motivaciones. Los capítulos regionales se inscriben en un marco global de protestas, que desde 2019 tiene denominadores comunes. Una demanda de mayor justicia social, acribillada por el neoliberalismo, comparte podio con la lucha feminista, que viene marcando el paso en el cuestionamiento al poder plasmado en las estructuras e instituciones sociales del orden actual, conjugada con la demanda de mayores protecciones y garantías estatales de acceso a los derechos.

 

 

 

 

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