“Esto es una masacre”, alcanza a sollozar una mujer del pueblo antes de ahogarse con los gases, con el trasfondo de una voz de mando que ordena “avancen, avancen”. Así quedó registrado en un video de FM Boomerang.
El desalojo forzado por parte de la Policía de Jujuy contra una comunidad ancestral se hizo en nombre de la benemérita “propiedad privada”, cuya inviolabilidad se elevó a cuestión de Estado en los últimos dos años.
El episodio de este lunes se desató a 84 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en Humahuaca, donde un error catastral y una serie de actos administrativos se interponen con lo que es justo.
Aunque limitarlo a la ineficiencia/desidia de un gobierno equivaldría a extender el telón que oculta los intereses capitalistas. “Detrás de la urgencia por desalojar y de la brutalidad policial, la comunidad denuncia un negocio repetido en la Quebrada: la voracidad inmobiliaria y turística sobre terrenos que cotizan en dólares, un mercado que suele avanzar al amparo del poder político”, escribió la organización Compromiso Ambiental Cafayate.
Si se tira de ese cordel, el corrimiento del telón permitiría vislumbrar una fuerte inversión suiza, seguida de un genuino interés estatal, con funcionarios siempre dispuestos a facilitar la llegada de capitales tanto como a barrer eventuales obstáculos. En este caso, lo que se interpone es el pueblo.
Una comunidad ancestral —indios, les dicen los blancos— reside allí desde hace tantas generaciones que ya nadie se anima a contarlas. Una comunidad no es un barrio, ni tiene el funcionamiento mercantilizado de un country. Una común-unidad es un bosque imposible de ver para quienes tienen delante un árbol de monedas. Una común-unidad entiende desde siempre que “nadie se salva solo”, criterio que asumieron una vez más esta semana cuando todos corrieron a defender a la vecina por la que venían.
En la Comunidad Santa Rosa de Humahuaca (que al menos desde 1999 consta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas con el expediente 001510), la fracción de terreno apetecida por inversores es la que ocupa la familia Soruco. A algún funcionario interesado en lubricar el avance del capital le resultó factible buscar a una persona ligada a la comunidad para convencerla de mantener una interna contra Soruco, esgrimir la propiedad de un lote contiguo, presentar una demanda limítrofe y exigir que el Estado dirima.
Desde el Estado, se hizo a las apuradas un plano catastral que sirviera para apoderarse de la tierra. Luego del traspaso, la mujer que lo recibió (Nélida Melitona Ciares, descendiente de alguien que, tres generaciones antes, había formado parte de la comunidad) se lo cedió a su nieto (Mauricio Chauqui). Con ese paso legalizado, se dificultaba volver atrás. Así quedó amañado el retraso de cualquier acción reivindicativa de los originarios.
Compromiso Ambiental Cafayate aporta precisión: “El detonante técnico del atropello es el Plano 0809, tramitado de forma exprés por particulares vinculados a la comunidad, pero con fuertes nexos políticos en el municipio” (ver documento completo).
Por el plano hecho así no más, peritos judiciales comprobaron, y la Dirección de Catastro provincial reconoció, sus “errores de delimitación” en el diseño, pero el objetivo estaba cumplido.
El paso inmediato fue que Juan Pablo Calderón, un magistrado de primera instancia en lo Civil y Comercial, ordenara el desalojo.
Para ello, llegó personal del Juzgado de Paz a avisar que les daría media hora para retirarse antes de reprimir. En tanto, dos centenares de policías provinciales empezaban a rodearlos. Conformaron un anillo que no permitía ingresar a nadie que no acreditara mediante DNI su domicilio allí.
“No es la primera vez”, detalló a El Cohete la periodista Laura Inés Méndez, del sitio originarios.ar
Ya en junio del año pasado, en Cueva del Inca, el mismo juez de Paz de Tilcara, Pedro Apaza, había desalojado por la fuerza a favor de un emprendimiento hotelero.
La fuerza blanca se topó con la dignidad: “Somos comuneros, soy el presidente de esta comunidad, esta fracción nos corresponde. La señora Soruco no está, yo como comunero les digo que no pasarán”, oyeron de Hugo Corimayo. Entonces apelaron a la fuerza.
Una detención filmada desde la comunidad.
En cuanto rodearon a la comunidad, empezaron a levantar niños, separados de las madres que se aferraban a ellos y que lloraron por más de tres horas sin saber dónde estaban, ni alcanzaban a entender que el secuestro buscaba evitar víctimas infantiles para reducir el costo político.
Gases sobre los más débiles.
En la así facilitada represión, empezaron los gases lacrimógenos y disparos a corta distancia que dañaron rostros y ojos mientras los uniformados golpeaban y arrastraban a mujeres y hombres. Luego, pasaron por encima de algunas viviendas con maquinaria pesada. Por eso, criaturas de entre uno y siete años huyeron a los cerros, donde algunos se perdieron.
Mientras, para los adultos —alguno con hasta veinte heridas de balas de goma— no se permitió el ingreso inmediato de ambulancias ni de atención de salud. “Las personas estaban ensangrentadas sin asistencia médica”, dijo a Radio 2 la abogada Silvana Llanes, quien junto a Mariana Vargas y Alejandra Cejas presentaron recursos de hábeas corpus a favor de la familia Soruco (las letradas acumulan experiencia contra el poder, desde su litigio en casos de femicidio hasta denuncias contra miembros del poder judicial).
Un video de archivo con las tres abogadas.
Los rehenes permanecieron en la Seccional de Humahuaca hasta cerca del anochecer. Sin embargo, el subcomunero Miguel Mendoza le confirmó a El Cohete que mantienen un acampe en el lugar “para poder recuperar el territorio desalojado”.
Una de las abogadas, en el programa de Sandra Russo y Jorge Elbaum (AM 530).
Los políticos
Las primeras repercusiones provinieron de la denuncia de la diputada Natalia Morales (PTS), para exigir la liberación de los detenidos, a la que se sumó la diputada Myriam Bregman.
La intendente Karina Paniagua, a quien se asocia con un origen justicialista, había sido denunciada el año pasado por parte de uno de sus concejales aliados, Roque Tarcaya, quien señaló “falta de transparencia en la Municipalidad de Humahuaca”. A partir de que el Tribunal de Cuentas señalara un faltante de 150 millones de pesos, el edil electo Osvaldo Cari le pidió un juicio político, que —de modo llamativo— fue obturado por la presidente del Deliberante, Alejandra Fernández (La Libertad Avanza).
No obstante, tanto la Policía como el Poder Judicial intervinientes son provinciales en la Jujuy gobernada por Carlos Sadir, del frente Cambia Jujuy, liderado por Gerardo Morales.
Desde la Provincia, el secretario de Seguridad a cargo, Carlos Ariel Gil Urquiola, justificó el accionar a un “estricto cumplimiento” de la directiva judicial en una causa con sentencia del Superior Tribunal de Justicia desde 2019, cuya ejecución ya había sido suspendida en abril y mayo.
Sin embargo, hasta la derechista Cristina Guzmán salió a criticar el atropello. La hija de quien fuera dos veces gobernador, parte de un movimiento provincial que apoyó a la dictadura, de la que fue embajadora ante la ODEA, con cinco mandatos como diputada y un par de veces candidata a vicepresidente de la Nación, en actuales negociaciones con La Libertad Avanza, arrastró las palabras para cuestionar el operativo:
De izquierda a derecha recordaron el antecedente de 2023, cuando tres personas perdieron sus ojos durante la represión a las manifestaciones pacíficas contra la reforma constitucional que limitaba el derecho a la libertad de expresión y de reunión, impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales.
Al presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy en calidad de “amigo del tribunal”, Amnistía Internacional (Premio Nobel de la Paz 1977) expuso las secuelas entre la población, que constan en su informe Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad, donde devela el trasfondo capitalista: “Jujuy concentra grandes yacimientos de litio, el 37% de toda la Argentina, explotados por multinacionales”.
Joel Paredes, de 29 años, con un ojo cegado por una bala de goma.
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