Desde el gobierno nacional presentarán como desregulación o beneficio lo que es una movida para facilitar el ingreso de franquicias multinacionales. Detrás de la operación está Federico Sturzenegger, ministro de lo que por algo llaman Desregulación y Transformación del Estado, quien quisiera anunciarlo antes del 9 de julio, previo a que finalicen los poderes especiales otorgados al Poder Ejecutivo Nacional. Lo que ofrecerían en un mega decreto como “desregulación de todas las actividades profesionales” disparó cuestionamientos de los colegios profesionales.
Ya hubo un intento de incidir en el sector farmacéutico en la provincia de Buenos Aires. Avanzaron en lo aerocomercial desde la reducción de un 20% en la estructura del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la no renovación de un centenar de contratos en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde febrero de este año, Infobae viene anunciando que, además del área aerocomercial (Aerolíneas Argentinas e Intercargo), buscan modificar el sector inmobiliario.
Ahí es donde el lobby tiene nombre: Remax y otras similares. Según confiaron a El Cohete fuentes del sector, “detrás de ese tipo de franquicias, hay personas que nada tienen que ver con la actividad, pero salen a vender por doquier. Es un sistema de negocio casi piramidal, cuyos resultados pueden ser catastróficos”.
La sociedad Remax Argentina SRL ya tenía solicitud de disolución y liquidación por su carácter de ilegal, judicializada a partir de la Resolución 350 de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ahora, la pretensión gubernamental no aspira a cerrar los colegios profesionales, pero sí a permitir que la matriculación no sea obligatoria; con lo cual, si pasara a ser voluntaria, ¿quiénes seguirían pagando su cuota y cuánto tiempo subsistirían los colegios? Así, cualquiera podría ejercer. Es lo que necesitan las firmas extranjeras, que quedarían muy agradecidas con Sturzenegger.
Otra que la vio fue la ex periodista Marcela Pagano (LLA), que se apuró a presentar un proyecto al que da amplia difusión en sus redes digitales.
Ser profesional libre o ser profesional esclavo? #MItituloMiderecho acá se juntan firmas para eliminar la colegiación obligatoria 👇🏻 https://t.co/fm0U4TpSXF
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 16, 2025
La diputada propone “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria”.
Para eso hay que modificar el decreto 2293 de 1992 (durante el menemismo), que creó el Registro Nacional de Profesionales Universitarios y No Universitarios.
La primera avanzada de Pagano es en materia de salud. Sin embargo, además de esas áreas como la aerocomercial o la inmobiliaria, también han trascendido planes contra la abogacía, entre otros. Por eso los especialistas empezaron a manifestarse en contra.
Inmobiliarias
Miembros del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) se habían reunido ya en septiembre con legisladores de la Comisión de Federaciones y Colegios Profesionales de la Cámara de Diputados bonaerense para presentar su proyecto de actualización de la ley 10.973.
Su propuesta tiende a fortalecer por ley la intermediación con un profesional universitario y matriculado, a fin de evitar la creciente cantidad de estafas a través de las redes. Con ese pedido insistieron a comienzos de febrero, alertados por notas periodísticas.
Por entonces, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI) recordó que la profesión de corredor inmobiliario es liberal e indelegable, para lo que se requiere título universitario.
En tanto especialista en la materia, el Colegio bonaerense advirtió que “la sola idea de desregular tiene la intención de alentar la ilegalidad y hacer vulnerables a miles de familias que buscan llegar a una vivienda. Desregular es como encerrar al lobo dentro del gallinero”.
Esta semana, la entidad, que regula la matrícula profesional en Buenos Aires, describió que “las estafas se originan en personas que se presentan como asesores inmobiliarios sin estar habilitadas ni contar con conocimiento. Utilizan nombres de fantasía, franquicias o empresas inexistentes como fachada para el engaño”.
En tanto, el Colegio que preside Luis Eusebio Colao recomienda a la ciudadanía verificar la matrícula de los profesionales habilitados, disponible en el padrón de su web.
Salud
La iniciativa de Pagano, de sustituir los colegios por un registro nacional único; eliminar los aportes obligatorios que financian esas instituciones y permitir el ejercicio profesional sin matrícula jurisdiccional, cosechó un conjunto de objeciones.
La Confederación General de Profesionales, junto al Colegio de Veterinarios bonaerense y el Consejo Superior de Obstétricas, argumentaron que viola el artículo 121 de la Constitución nacional, que reserva a las provincias la regulación de las profesiones.
Ni desde la gobernación ni desde la Legislatura querrían adherir, pero el impulso de la Rosada no carecería de consecuencias.
Por lo pronto, médicos, obstetras y hasta veterinarios advierten del riesgo para los estándares éticos y de seguridad.
Según las entidades, esto generaría “un escenario de descontrol e informalidad sin precedentes”, que afectaría tanto la salud de humanos como de animales.
Ante un daño que se tornaría en “irreparable”, la Confederación Médica Latinoiberoamericana (CONFEMEL) exigió el “retiro inmediato” del proyecto.
El Colegio de Obstétricas de Buenos Aires rechaza ser considerado “profesiones de colaboración subordinada”, a la vez que aprovechó para insistir con el pedido de derogación de la Ley 17.132, que menoscaba su autonomía.
Por otra parte, desde varias provincias, colegios de traductores e intérpretes subrayaron el rol específico de su disciplina como garante de la seguridad jurídica. El traductor público “no sólo facilita la comunicación, sino que interviene en actos legales de relevancia”, por lo que recordaron que una traducción pública sin control “podría generar consecuencias graves, desde errores en registros civiles hasta falencias en documentación sanitaria, alimentaria o migratoria”.
Sociólogos
Las entidades de sociología del país también rechazaron el proyecto en un comunicado conjunto firmado por el Consejo Profesional en Sociología, la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires, el de Santiago del Estero y la Asociación Civil Sociología del Litoral, entre otras.
Rechazan la idea de que los colegios sean “barreras burocráticas”, ya que su función “garantiza que quienes ejercen una profesión lo hagan con idoneidad, responsabilidad social y sujeción a un código de ética. Desmantelar ese sistema implica desproteger a la sociedad”.
Advierten que “el proyecto paralizará servicios esenciales” y dejará en riesgo la calidad académica y científica si no existen mecanismos que validen títulos o acrediten incumbencias, y alertaron sobre el “desfinanciamiento de funciones esenciales”, ya que prohíbe cualquier contribución obligatoria, con las que se sustentan la formación continua, los tribunales de ética, los seguros y el asesoramiento jurídico.
Las jubilaciones
Sobre la seguridad social, la Coordinadora de Cajas de Previsión alertó que “las cajas son sostenidas por los aportes de los matriculados”, con lo que miles de trabajadores serían afectados por la desfinanciación que seguiría a la apertura descontrolada. Eso derivaría en la pérdida de protección y de beneficios sociales.
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