A ESA MESA NO ME SIENTO

Ni judicialización de la politica ni politización de la Justicia

 

Las circunstancias que surgen de recientes denuncias de jueces y juezas acerca de las presiones recibidas por parte del gobierno del PRO evidencian lo que varixs abogadxs que actuamos en el fuero federal de Comodoro Py veníamos denunciando, porque lo sufríamos en carne propia o mejor dicho en causas en las que actuábamos y que nos acercaban a valores sólo sostenidos en época de la dictadura y que no se habían dado durante la democracia instaurada desde 1983. Se evidencia además la invención de causas a través de denuncias falsas, utilizadas con fines políticos.

Se ha conocido la existencia de la llamada “mesa judicial” durante el gobierno del PRO a la que se sentaban funcionarios del Poder Ejecutivo junto a jueces, medios de comunicación y personal de inteligencia para coordinar acciones con el fin de atacar a representantes de la  oposición política y, otras veces para espiar a los propios. Se trata de una situación que, desde el punto de vista institucional, resulta escandalosa y esperamos reciba la justa respuesta de la Justicia.

Precisamente en una de las causas más escandalosas en que me tocó actuar pude palpar en forma directa las arbitrariedades que se producen cuando los jueces resuelven por motivos políticos y fuera del encuadre que la Constitución da al debido proceso legal. Se trata de la causa por la firma del Memorándum con Irán, en la cual existen dos versiones y dos interpretaciones jurídicas de los mismos hechos, por parte del mismo fuero que difieren y se contraponen:

  1. El 14 de enero de 2015 se inició la causa a raíz de la denuncia del fiscal Natalio A. Nisman y el 26 de febrero de 2015 la denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas “por inexistencia de delito”. Esta resolución fue confirmada en marzo de 2015 por  la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal y quedó firme el 12 de mayo de 2015 cuando el fiscal desistió del recurso de casación porque consideró que “la hipótesis fáctica no constituye delito”. La causa entonces fue archivada.
  2. En 2016, se presenta el presidente de la DAIA pidiendo que se “desarchive” la denuncia rechazada y sólo en base al recurso mantenido por quien no era querellante igualmente la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el 29 de diciembre de 2016, abre el recurso y resuelve revocar el rechazo de la denuncia y apartar al juez Rafecas, así como a los jueces que lo habían respaldado en la segunda instancia.

La causa es unificada con otra que tramitaba el juez Claudio Bonadío quien, el 6 de diciembre de 2017, procesó a los denunciados por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado, ordenando la prisión preventiva de algunos de ellos. Se trata de uno de los milagros jurídicos que produjera el extinto juez Bonadio.

Esta causa ha sido una de las que marcaron el desprestigio de la Justicia argentina. En un comunicado, Human Rights Watch, el 19 de diciembre de 2017, decía que “el procesamiento dictado el 6 de diciembre de 2017 por el juez Claudio Bonadío contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otras 10 personas por… ‘encubrimiento’ no se funda en argumentos serios que permitan sustentar los cargos”.

Un suceso reciente cubre con un manto de sombras la tramitación de esta causa y revela la importancia política que la misma ha tenido, ya que se ha dado a publicidad una denuncia de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa. La jueza denunció las presiones que sufrió desde 2015 por parte de la gestión de Cambiemos: «En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del ex ministro de Justicia Germán Garavano entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el Memorándum con Irán», manifestó. También denunció que “fue presionada por un funcionario del Ministerio de Justicia durante la gestión de Cambiemos para que reabriera la causa del Memorándum con Irán”, señalándose que Figueroa y los jueces Borinsky y Hornos fueron “quienes votaron el 29 de diciembre de 2016 por reabrir la denuncia de Nisman y apartar a los jueces Daniel Rafecas —hoy candidato a procurador— y los ex camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero”, precisamente estos dos jueces perdieron sus cargos, el primero por juicio político y el segundo por ser obligado a renunciar.

Lo cierto es que el caso Nisman pone en descubierto las relaciones de la Justicia con los servicios de inteligencia, con la CIA, con los servicios israelíes y con lo que era la SIDE.

En una nota que tituló “Desvaríos judiciales”, el periodista Alejando Laría señaló que una democracia podía considerarse consolidada cuando contaba con un Poder Judicial independiente, que actúa con imparcialidad, y no cede frente a la presión de actores de la sociedad civil o del propio gobierno cuando pretenden condicionar sus decisiones, siendo numerosas las muestras que evidencian que Argentina está muy alejada de ese ideal. Señala que si no se hacen las cosas de la manera adecuada; si se prioriza la filtración interesada de datos a los medios de comunicación; si solo se busca el impacto mediático para dañar a la oposición política; se corre el riesgo de que una investigación precipitada termine disolviéndose en lentas volutas de humo. Y que en un Estado de derecho es inaceptable que la política determine el contenido de las resoluciones judiciales.

En la Argentina actual hay un debate de modelos, que se debe dar de frente a la sociedad. La intervención de la entente mediático judicial en el mismo busca anular una de las posturas, lo que no hace más que degradar el sistema democrático y negarle al pueblo su legítima capacidad para decidir y, como juez, se puede llegar a ser cómplice y protagonista de esta calamidad.

Tal como advirtió recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principio de separación de poderes “puede verse afectado… mediante una judicialización inadecuada de lo que es esencialmente político… A su vez, dicho principio puede verse afectado por el posible uso arbitrario del control judicial de actuaciones cuando existe una politización del Poder Judicial”. Y “en ambos escenarios, se ponen en juego las instituciones democráticas y se corren importantes riesgos para la vigencia plena de los derechos humanos”.

 

 

* Ex Jueza de Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Profesora Consulta de Derecho Penal de la UBA

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