A este lado del paraíso

 

Mientras Fernando de la Rúa se fugaba de la Casa Rosada por los techos y en helicóptero —dejando 39 muertos—, su entonces funcionaria Patricia Bullrich comenzaba a hilvanar la creación de una fundación recaudatoria con la fachada de un instituto dedicado a la seguridad, con seminarios, contrataciones, viajes, almuerzos y aportes de bancos, casinos, ex funcionarios de la dictadura, empresas y 400 personas físicas y jurídicas.

Desde 2020 hasta 2023, Bullrich recibió alrededor de 90 millones de pesos para solventar ese Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES). Allí revistaron, hasta hace poco, el marido de Bullrich, Guillermo Yanco, y el diputado Gerardo Milman, quien está acusado por la querella de Cristina Fernández de Kirchner en el marco del intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación.

Según el tercer testimonio ante la Fiscalía de Carlos Rívolo de unas de las ex secretarias de Milman, Ivana Bohdziewicz, en el despacho de Patricia Bullrich dentro del Instituto inscripto como “una fundación sin fines de lucro” en la avenida de Mayo al 900, se borraron los contenidos de los teléfonos celulares de Ivana y del propio Milman. Esa tarea estuvo a cargo del perito Jorge Teodoro, que también opera con Patricia Bullrich al menos desde 2005 y ocupó dos cargos relacionados con informática y el control de sistemas en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

 

El mundo del revés

A fines de abril, la denuncia penal por los manejos dinerarios de la “fundación sin fines de lucro” de Bullrich fue presentada por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y su asesoría legal. La causa recayó en el Juzgado a cargo de Sergio Ramos, Fiscalía de Carlos Stornelli. Ramos es el mismo juez que cerró la causa de los chats entre el ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro y Silvio Federico Robles, jefe de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rossati, en donde se hablaba de una causa por coparticipación que en ese instante tramitaba en la Corte y cuyo fallo posterior favoreció al gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. El fallo de Ramos se basó en un pedido de archivo del expediente por parte del fiscal Stornelli. Todo sucedió en menos de 24 horas sin investigar absolutamente nada.

Pasó el tiempo y ahora Stornelli quiere perseguir judicialmente a los denunciantes de la IGJ. O sea, que los impulsores de la causa por los dineros de la fundación de Bullrich viraron de querellantes a sospechosos.

Al punto de que Stornelli no sólo requirió la demanda original, sino que además pidió el listado de todos los funcionarios que intervinieron en la pesquisa. Fuentes de la IGJ le dijeron a El Cohete que tal actitud por parte del fiscal podría interpretarse como “un acto mafioso de amedrentamiento”.   

Repasemos: Stornelli mandó al archivo en tiempo récord una causa por el presunto tráfico de sentencias de la Corte mediante diálogos y chats entre un funcionario de la presidencia del máximo tribunal y un ministro de CABA. Y para colmo, en estas horas, en vez de allanar el Instituto de Bullrich, requisó al organismo denunciante y amenazó a los impulsores de la investigación. Pareciera que Patricia Bullrich tiene dos abogados: Silvia Martínez y el fiscal Stornelli.  

 

 

Los padrinos de Patricia

“Existe una evidente sincronización entre las acciones políticas de la Sra. Patricia Bullrich, presidenta de la institución, y los aportes y pagos en concepto de seminarios”, advirtió Nissen. Mencionó una visita a La Pampa en junio de 2022, en la cual se informó sobre “un almuerzo privado con 15 empresarios pampeanos con la finalidad de recaudar fondos para la campaña electoral”. Ese mismo mes la precandidata estuvo en General Moldes, Córdoba. Por “coincidencia” hubo un gran número de empresas y/o empresarios de ambas zonas que pagaron  hasta 150.000 pesos al IEES por “seminarios”.

Un visitante casi constante del Instituto es David Lacroze Ayerza, ex presidente de la Junta Nacional de Granos de la dictadura. Durante siete meses de 2022 depositó casi 3 millones de pesos en conceptos de “seminarios” y “almuerzos”. Se trata de un miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural. Tiene un pasado reciente que destaca su violencia e intolerancia: hostigó y maltrató a CFK en 2019 durante un vuelo a Cuba, donde Cristina había viajado para acompañar a su hija Florencia.

Lacroze Ayerza está vinculado a Mauricio Macri, a quien hospedaba en su casona de Villa La Angostura en la Patagonia.

Otro aporte lo hizo la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, que dio 1.600.000 pesos en cuatro meses. La Compañía Aseguradora La Mercantil Andina S.A., 2.500.000 pesos. El Banco Galicia, Mirgor S.A. y Sar Suela S.R.L. giraron casi 9 millones de pesos. La IGJ señaló que las facturas se limitan a consignar “seminario”, sin indicar fecha ni lugar de realización sobre esa presunta capacitación.

La IGJ subrayó que el Banco Galicia de la familia Escasany, además, habría incumplido la normativa vigente sobre la subvención de partidos políticos por la recurrencia de aportes para la fundación de Bullrich. 

En este sentido, los ingresos del IEES coinciden con las acciones de Bullrich para recaudar fondos de campaña. También los egresos guardan estricta sincronización con los movimientos de la candidata. El 14 de junio pasado, cuando viajó a Salta para participar de una fiesta, el IEES le pagó 110.300 pesos a Cambytur S.A. El día anterior había pagado a Desarrollos Maipú S.A., de Mendoza, una factura por hospedajes que también coincidían con la presencia de Bullrich. En agosto, cuando vistió Bahía Blanca, le pagaron el hospedaje a la firma Don Cornelio S.A.

El Instituto le paga a Telefónica de Argentina los gastos de cuatro líneas fijas a nombre de Unión por la Libertad, sello creado por Bullrich en 2003, cuando aspiraba a gobernar la ciudad, y que no sólo tuvo la misma sede de Avenida de Mayo que el IEES, sino también varios miembros en común: Silvia Turetzky es la tesorera en ambos casos.

Otros gastos sugestivos son los 6 millones pagados a la consultora IQ4B S.A., y 1.700.000 millones de pesos a Comunicaciones Sudamericanas S.A., dedicadas a la minería de datos, la estrategia digital y el seguimiento de climas sociales, tareas de la actividad política.

En la misma línea se inscriben los pagos —siempre según la demanda de Nissen y la IGJ— al consultor en campañas Maximiliano Defranchi (525.000 pesos); al especialista en procesos electorales Santos Urquiza Rueda (1.165.000 pesos); a María Oneto, del equipo de campaña (1.260.000 pesos), entre otros.

Un dato “altamente reprochable” fue remarcado por la IGJ. Se trata del viaje de campaña de Bullrich a Estados Unidos para participar de un evento en el Interamerican Institute for Democracy, donde lanzó su candidatura en el exterior. El IEES pagó 1.760.000 pesos a Tucano Tours por los movimientos turísticos de Bullrich en Miami.

 

 

¿Sueldos?

Los miembros de la Comisión Directiva del Instituto recibieron una especie de salarios. A  saber:

Patricia Bullrich percibió 3.550.000 pesos; Gerardo Milman unos 2.760.000 pesos; Alberto Fohrig, 1.590.000 pesos; Martín Siracusa, 1.400.000 pesos.

El Código Civil y Comercial no permite a una asociación civil reportar lucro para sus miembros. Los supuestos pagos por honorarios deben ser autorizados por la autoridad de control, un paso omitido según la IGJ.

 

 

 

Epílogo

En novelas de Scott Fitzgerald como A este lado del Paraíso y El gran Gatsby, el mundo de los ricos estalla dentro de un clima opresivo de fiesta continua, vacío y promiscuidad. Pero Patricia Bullrich no leyó a Fitzgerald ni lo leerá. Su segundo apellido es Luro y el tercero, Pueyrredón. Los Luro aparecieron en 1861 y comenzaron con la explotación de 350.000 hectáreas en Fortín Colorado. Poco después, Pedro Luro compró a Patricio Peralta Ramos más de 3 millones de hectáreas en la zona de Dolores.

Los Pueyrredón llegaron de Francia en 1766 y se mezclaron con irlandeses en Buenos Aires. Juan Martín llegó a director de las Provincias Unidas del Río de La Plata. Ya en marzo de 1816, el Congreso de Tucumán dejó expuestas las grandes diferencias entre aquellos primeros patriotas.

El 2 de noviembre de 1816, Pueyrredón le escribió al general José de San Martín con respecto a su campaña al Alto Perú y los pedidos de armas, abrigo y comida que le demandó: “A más de las cuatrocientas frazadas remitidas de Córdoba van ahora quinientos ponchos, únicos que he podido encontrar… Está dada la orden para que le remitan a usted las 100 arrobas de charqui que me pide, para mediados de diciembre se hará. […] Van los despachos de los oficiales. Van los vestuarios pedidos y muchas camisas. Si por casualidad faltasen de Córdoba las frazadas, recurra usted al vecindario: no hay casa que no pueda desprenderse, sin perjuicio, de una manta vieja: es menester pordiosear cuando no hay otro remedio. Van 400 recados. Van hoy por correo, en un cajón, los dos únicos clarines que se han encontrado. Van los 2.000 sables de repuesto que me pide. Van 200 tiendas de campaña o pabellones. Y no hay más. Va el mundo. Va el demonio. Va la carne. Y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo o bien que entrando en quiebra, me voy yo también para que usted me dé algo del charqui que le mando. ¡Y qué caray! No me vuelva a pedir más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido colgado en un tirante de la fortaleza de Buenos Aires”.

Pasaron 207 años de esos fuegos. Los apellidos de la oligarquía porteña son los mismos. Se repiten, siempre.

Según la página oficial del Banco Galicia, los principales accionistas son las familias Escasany, Ayerza y Braun, “quienes a través de EBA Holding son los titulares de nuestras acciones clase A, teniendo el 19,1 % de capital social y el 54,1 % de los votos”.

Por eso aparece un Lacroze Ayerza entre los favorecedores del IEES de Patricia Bullrich. “Sin fines de lucro”, claro.

 

 

 

 

 

 

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