En San Martín sufrimos diez muertes en enero de 2026, cifra en alza respecto de enero de 2025, con cuatro homicidios dolosos. En este mismo lapso, en Rosario hubo doce, pero a la baja. En febrero tuvimos seis homicidios más y sufrimos el ataque a un juzgado de Garantías, en pleno centro de San Martín, como represalia por un allanamiento que desbarató los planes de expansión de una organización narco.
“La Argentina siempre fue un país de tránsito”, decimos para tranquilizarnos, pero el consumo crece y la forma de dominación territorial tiene particularidades: no todos los conflictos disputan el control de los puntos de venta, sino que se integran en las tramas de los vínculos familiares y sociales de los barrios.
A las armas las carga el narcotráfico: una misma ruta, una misma desintegración social. Siempre estamos a pocas horas del próximo muerto. Seguramente, joven. Las autoridades provinciales “dan cuenta” del trabajo realizado sobre grandes bandas narcos que seguramente están siendo desmanteladas. ¿Pero qué pasa con lo que queda? ¿Qué hacen ante la uberización del narco? ¿Qué hacemos con tantos nuevos muertos?
En criminología se utiliza el término desplazamiento espacial del delito cuando por ejemplo el narcotráfico o los homicidios dolosos pasaron de un barrio a otro y tienen un origen o matriz parecida. Podemos tener hipótesis sobre las causas, pero en el caso del desplazamiento de los homicidios de San Martín: ¿puede haber sido para evadir medidas preventivas? La pregunta no es retórica.
Desde esta redacción popular, el año pasado pusimos el foco en el barrio Independencia, después del asesinato de Sebastián Carrillo (27), que nos pegó muy cerca, en septiembre, porque sus tíos militan en nuestra organización y su hermana también, en la parte educativa, en los barrios y con la Iglesia. Seba estaba de visita, en la casa de su novia. En ese mismo barrio, nos tocó luego presenciar los asesinatos de Lautaro Benítez (17), Maximiliano Godoy (19) y Crio Guzmán (16). En un barrio de pocas manzanas, tal como se puede apreciar en la vista aérea de Google Maps. Todos como consecuencia de enfrentamientos con armas de otros jóvenes de distintas “bandas” que la justicia solo se dedicó a identificar pero nunca pudo desarticular. Ni a las bandas, ni a los conflictos. Como si la solución esperada fuera que se maten entre ellos.
En Carcova, en simultáneo y a pocas cuadras, se registran otros homicidios con un mismo patrón el año pasado, ambos sobre el camino del Buen Ayre. En ambos casos, policías de civil que circulan en su moto particular y que, víctimas del intentos de robo, empuñan su arma reglamentaria y ultiman de uno o varios disparos a sus víctimas/atacantes. Pierden la vida Alejandro Romero (20) y Ángel “Pepe” Aguirre (35), sobre quienes escribimos en El Cohete. En enero, este mismo barrio sumó otros cinco homicidios, de los que vamos a hablar ahora.
Carcova siempre fue febrero
Carcova está marcada a fuego por febrero. Hace 15 años, un 3 de febrero, la policía fusiló a tres pibes de 16, 17 y 19 años por la espalda. Uno de ellos logró sobrevivir, y aún esperamos justicia en los tribunales.
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La Justicia es un asunto que desborda al poder judicial: la Masacre de Carcova es una bandera del campo popular y con las organizaciones sociales, la iglesia, el Estado local y nacional (en su momento) logramos un conjunto de acciones para tratar de que aquello que pasó no vuelva a ocurrir. Impulsamos el debate acerca de la violencia institucional y la idea de que ningún pibe nace chorro. Parece otra vida y otro mundo, pero es el mismo que transitamos y algo de eso que construimos está acá. No se borra, a lo sumo se diluye un poco. Pero está presente. Y esta presencia conlleva una gran responsabilidad.
El primo que vino del campo
El 27 de enero, cerca de las 18, Juan Leoncio Belizan (18) le pidió plata prestada a su primo para ir a comprar cigarrillos sueltos. Nunca llegó al kiosco.
Había llegado a San Martín un año antes, desde Tostado, Santa Fe, donde vivía con su padre y donde lo enterraron. Quería trabajar, buscar un futuro más prometedor. Llegó y se instaló en Carcova, en lo de su primo segundo, que le abrió los brazos. Al poco tiempo se puso de novio con una chica de Curita, el barrio que está pegado, y se fue a vivir con ella. Hace tres meses volvió con su primo, el noviazgo no había funcionado.
Juan hacía changas, a veces con su novia, a veces solo. Tenía un problema de consumo: fripi. Es la mierda que le venden a los pibes de los barrios, cuando les prometen una mezcla de marihuana con pasta base de cocaína que genera mucha adicción.
Mientras caminaba al kiosco, aquel sábado, tres pibes lo interceptaron y empezaron a los tiros. Diez detonaciones, declararon los vecinos; seis casquillos, dan cuenta las actuaciones policiales. Uno de los disparos le dio en la cabeza. Quedó tendido en medio de un pasillo, en Aguado y 2 de Abril, Carcova.
Su primo segundo y la novia lo auxiliaron, lo subieron al auto de un vecino y por Avenida Márquez interceptaron a una ambulancia. Como no podían hacer el traspaso de la víctima en medio de la calle, la ambulancia les abrió paso hasta el Hospital Eva Perón. Después de varias intervenciones, en la madrugada del día 28 de enero falleció.
Pocos quieren hablar, y menos con el personal policial, a cargo de las tareas investigativas que ordena la fiscalía. Los partes advierten sobre esta dificultad. Un familiar cercano que “se niega a identificarse” les dice que con los policías no van a hablar, que “son todos iguales” y que van a hacer “justicia por mano propia”.
Sin dar nombres, todos marcan como responsable del disparo a “el loco de la metralleta” o Angelito. En realidad se llamaba José: Ángel era su padre. Los dos están muertos.
Lo loco de la metralleta
A José Fernando Aguirre (17) le decían Angelito. Era el hijo de Ángel Aguirre, de quien ya escribimos, y fue asesinado por un policía el 3 de diciembre pasado. Estaba muy perdido por el consumo de Fripi. Empeoró desde que murió su padre. Dicen que trabajaba para Abel, un tranza que copó el fondo del barrio en una zona entre las vías, camino del Buen Ayre y Curita. Abel está preso en Magdalena, a su mujer la largaron con la pulsera. Según los vecinos siguen manejando el negocio en el fondo y son muy violentos. “Los de Abel matan”.
Angelito tenía una metralleta, solía disparar a sus enemigos o adversarios, de ahí el apodo. Algunos dicen que eso es muy exagerado, que siempre guardó algo de código en el barrio.
El jueves 28 de enero, Angelito se tiró a dormir una siesta en la casa de su hermano Brandon, sin calcular que estaba en una zona hostil. Un mes antes, cuando murió su padre, se había pasado de las filas del Abel a las de su adversario barrial, “El gordo Pei”, que actúa en la zona de Paso de la Patria. Ahora estaba en territorio enemigo. La banda de Abel le había jurado venganza.
La investigación oficial no maneja esta hipótesis, aunque los vecinos dan detalles de esta “venganza”, casi a coro. Entraron entre cuatro y cinco personas a la habitación donde estaba el loco de la metralleta y, sin mediar palabra, dispararon, muchas veces. “A traición, no lo dejaron ni defenderse”, relatan vecinos cercanos. Salieron corriendo. Angelito fue asistido por su hermano. Llegaron a la esquina sin saber cómo llegar al hospital. En la intersección de 1° de Mayo y 2 de Abril cayó al piso, ya sin signos vitales. Cuando llegó el patrullero hubo disturbios y subieron el cadáver a la fuerza. El patrullero y la ambulancia “morguera” salieron raudamente entre pedradas y gritos.
Al margen de las leyes del Estado, gobernados por una autoridad que se impone en el barrio a través de la fuerza, pero también con una promesa de progreso, Juan y Angelito son dos víctimas de una disputa millonaria, muy lejana a ellos, aunque los tenga como protagonistas.
Días de enero
El año arrancó mal. A los pocos días, en las vísperas del día de los Reyes Magos, dos muertos. El 18, un joven soldadito, Cesar Ezequiel Ibarra (23), y un joven policía de la UTOI, Santiago Oleksiuk (27), además varios heridos como producto de este mismo enfrentamiento. Los detalles están en nuestra nota anterior: Año nuevo, vida vieja.
Tres días más tarde se produjo otro asesinato en Carcova: Franco Nicolás Autalan (21), víctima de una balacera en la esquina de Beltrán y Libertad. Para colmo de males fue mal registrado en el hospital municipal de Boulogne, San Isidro. Un día después, una piba asesinó de un disparo a su novio Kaim (23), en una camioneta Amarok. Ella dijo que fue un accidente, que tenían “una relación tóxica”, que el arma era del muchacho. Lo cierto es que él tenía pedido de captura. Así fue su despedida en el cementerio:
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Para el 9 de enero ya contábamos cuatro homicidios. El 11 apareció “muerto por arrollamiento”, al costado de las vías del tren entre los barrios Curita y Carcova, Kevin, de 24 años, un pibe oriundo de Campana, con muchos problemas de consumo, que siempre andaba por Suárez, Carcova e Independencia.
Sumarlo a la lista es una definición política: son víctimas –directas e indirectas– que nos permiten comprender un patrón de organización del territorio.
Una semana después, en Villa Hidalgo, un auto le disparó a dos pibes que iban en una moto. Pablo Ariel Pompono (20) murió en el hospital de San Isidro. El otro logra sobrevivir, a pesar de los disparos recibidos. A las horas detuvieron a un hombre en el auto indicado y lo imputaron por homicidio doloso. Una de las teorías es que el chico que murió ese día fue un daño colateral: tenía puesta la remera de otro chico, que sería finalmente acribillado el 28 de enero. Pero todavía no llegamos a este hecho.
A los 18 días de 2026 en San Martín ya contábamos seis homicidios. En Loma Hermosa, muy cerca de la Pegamil, asesinaron a un jubilado (67) a puñaladas: el séptimo. Los imputados buscaban lo que fuera, para seguir consumiendo. Es la zona de la que hablamos en Las sillas vacías, relativamente cerca del límite con Tres de Febrero, donde el 20 de enero la policía asesinó a balazos a Chispita, un pibe de 12 años. Fue víctima de la policía y también de los medios de comunicación, que espectaculizaron su muerte y su vida como si fuera justo su asesinato. El preludio perfecto para impulsar la reforma que permite bajar la edad de imputabilidad.
Negar el problema es parte del problema. Los problemas existen. Utilizarlos para reformas demagógicas está mal; ocultarlos para vender resultados de gestión, también.
La justicia llega siempre tarde, por definición. Su función es investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de esos delitos. ¿Qué pasa cuando nunca llega? ¿Cuántas víctimas sin justicia?
Cuando los expedientes penales se miran de cerca, en detalle, se puede observar cómo la violencia letal se inscribe en una trama de necesidades y aspiraciones, de soledad y promesas, de autoridades ausentes o muy presentes.
Un papi luchón
Para cerrar el mes, un cuerpo en el baúl de un auto prendido fuego. Ese resultó ser el paradero de Ezequiel Adrián Lagraña, un joven de 22 años que desde la noche anterior era buscado por su familia y su novia.
El Polo Blanco incendiado en la esquina de Combet y Fray Mamerto Esquiú acercó a un patrullero del comando de San Martín. El hallazgo fue macabro. No era un auto robado más que se prendía fuego en la zona, había un cuerpo adentro.
Ezequiel era un pibe bueno, bastante enamoradizo. Dicen que siempre tuvo muchas novias, aunque hacía un año y unos meses había sentado cabeza. Con su pareja tuvieron un hijo y la cosa se empezó a poner jodida: había que juntar plata para la manutención. Hacía changas de sodero y cualquier cosa que saliera. Pero la plata no alcanzaba. Ante la desesperación, unos conocidos le ofrecieron un negocio, hacer delivery de drogas con su bebe a upa. La policía no iba a sospechar.
Ezequiel no tenía antecedentes. Familia y amigos lo describen como un pibe joven y muy laburante. Desesperado por llevar el pan a su casa y muy consciente de su responsabilidad como padre.
En la familia algo sospechaban y lo mandaron a Moreno con su abuelo, unas semanas, para que se ordenara. Pero cuando volvió seguía sin laburo.
La causa habla de “ajuste de cuentas”, dando a entender que Ezequiel se habría quedado con algo ajeno, de una supuesta banda de narcomenudeo de origen peruano. El pasaje Perú aparece en los partes policiales, aclaramos, porque se presta a confusión y prejuicio. Otra versión y la aparición de un testigo clave en la última semana reorientan la causa hacia un crimen pasional: Ezequiel habría tenido un amorío con la mujer del transa, quien en venganza le disparó delante de ella.
Lo cierto es que a Ezequiel le pegaron dos tiros, lo subieron muerto a un auto y después lo prendieron fuego a unos cuadras de su casa. Todavía no hay detenidos, la justicia busca al hombre y su mujer.
Ataque narco al juzgado
22 de enero. 21.30 aproximadamente. Un vecino del barrio “El Galpón” de Loyola llama preocupado al 911. Un grupo de entre 10 y 15 personas con armas intenta ocupar un pasillo del segundo piso del barrio. Los vecinos piensan que son narcos que quieren instalarse en la zona para vender.
El barrio es relativamente nuevo, se asienta en una vieja fábrica de chocolates cerrada en plena crisis del 2001. Por eso le dicen “El Galpón”. Está ubicado justo enfrente de Tecnópolis, sobre Constituyentes. Es parte de una manzana con distintos tipos de barrios populares, pasillos, casas y fábricas ocupadas para la vivienda popular. Los vecinos cortaron varias veces esta avenida durante su instalación, reclamando soluciones habitacionales y obras de integración urbana. Durante años danzaron proyectos para toda la manzana. Los vecinos impulsaban el esponjamiento a través de la construcción de tres monoblocks, por ejemplo. Se hicieron los relevamientos casa por casa y los anteproyectos urbanos. Pero nunca hubo financiamiento.
La ubicación es cotizada para la instalación de puntos de ventas de drogas por su accesibilidad, su cercanía a Vicente López y la General Paz. Luego del llamado al 911, la policía llegó al lugar y, ante la alerta de más vecinos, llamaron refuerzos. Llegaron varios patrulleros y los efectivos subieron al primer piso, donde encontraron a diez personas que, ante la voz de alto, acataron sin resistencia. Los cacharon a todos con resultado negativo, no había nada. Hasta que los vecinos empiezan a indicarle a los efectivos que suban más arriba. Cuando un efectivo sube al techo se encuentra a una persona más, acurrucada con una escopeta, una pistola, una funda de chaleco antibalas, cuatro chalecos antibalas, un cargador, dos cajas de municiones, una bolsa con cartuchos, dos correas, dos pistoleras, tres celulares y, finalmente, dos motos en la puerta del barrio.
Procedieron a la detención de las once personas. Los únicos testigos son policías porque los vecinos obviamente no se quieren exponer.
Producto de este operativo, el 4 de febrero a las 11.30, en el Juzgado de Garantías 5 de San Martín, en el centro de la localidad, se presenta un grupo numeroso de personas, como si se tratara de una protesta, que va escalando. Cortan la luz del edificio, amenazan con “agarrar uno por uno a la salida” y exhiben cuchillos ante la mesa de entradas.
Hay una consigna policial que llama a la policía (durante 45 minutos) para que intervenga, sin ningún éxito. A pesar de encontrarse a escasas cuadras del comando y de la municipalidad, ninguna autoridad acude al llamado.
Los judiciales se ponen a improvisar barricadas con estanterías y muebles para trabar las puertas de sus oficinas. El juez ordena cerrar con llaves mientras lxs manifestantes se pasean por los pasillos y suben al primer piso, intentando abrir las puertas de las oficinas, buscando al juez.
Abajo, en la mesa de entradas, revolean sillas, rompen vidrios y los marcos de las puertas, y cortan la luz del piso entero. La policía sigue sin llegar. Todos llaman sin parar al 911, desde los teléfonos del juzgado y sus teléfonos personales.
“Vamos a volver”, grita alguien. Se fueron y las cosas se calmaron. Después del grito, el silencio se hizo eco en los pasillos. Varios minutos después, según consta en las actas, llegó el primer patrullero.
El hecho se difundió rápidamente en los medios de comunicación nacionales. La política intentó bajarle el tono, aparecieron notas matizando lo que había ocurrido. Sin embargo todos entraron en alerta, hubo un comunicado del Colegio de magistrados de la Provincia de Buenos Aires y a los siete días el Ministro de Seguridad bonaerense firmó un convenio para la custodia de los edificios y la actividad judicial con la presidenta de la Corte Suprema de la provincia, Hilda Kogan.
La violencia se expande hasta lugares donde nadie había imaginado.
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