El ajuste fiscal y la represión social, pilares fundamentales de la administración de Javier Milei, se irradian hacia todo el territorio nacional como si fueran un nuevo orden ineludible. En este escenario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca emular estas mismas directrices, incluso cuando no tiene necesidad de hacerlo por el presupuesto gigante del que dispone.F
La cuestión habitacional es una de las dimensiones en la Capital Federal donde, de forma silenciosa, la violencia institucional muestra su rostro represivo más cruel. La problemática habitacional se agrava día a día. Se manifiesta en desalojos forzosos, el aumento poblacional y hacinamiento en las villas, y la dificultad creciente para acceder a un alquiler. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se enmarca en un contexto de políticas urbanas que priorizan la especulación inmobiliaria sobre el derecho a la ciudad.
Vamos a narrar algunos casos concretos ocurridos en las últimas semanas para ejemplificar el cuadro de situación.
A la calle para vender la propiedad
En un preocupante acto de represión habitacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, denunció a una madre sola y sus tres hijos menores de edad (de 14, 11 y un año) por “usurpación”. Además, solicitó en sede penal el desalojo de la familia. Esta acción, que ha generado un amplio repudio, pone de manifiesto la falta de políticas de vivienda social y la prioridad de la especulación inmobiliaria sobre los derechos humanos más básicos.
La familia se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. La madre fue despedida de su trabajo al momento de dar a luz a su tercer hijo y, actualmente, transita el posparto con serios problemas de salud, tanto físicos como psíquicos. A esta crítica situación se suma el hecho de que la hija mayor posee un certificado de discapacidad, con diagnóstico de “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable - esquizofrenia”, lo que demanda cuidados y atenciones especiales. Debido a los escasos ingresos que perciben, la familia se encuentra en los umbrales de la indigencia, luchando día a día para subsistir y cubrir sus necesidades básicas.
A pesar de conocer la situación de extrema vulnerabilidad de esta familia, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat no ha ofrecido ninguna solución habitacional transitoria. Esta omisión resulta particularmente alarmante, ya que la función primordial de dicho Ministerio debería ser precisamente garantizar que ninguna familia de la ciudad viva en la calle y que se cumpla el derecho a una vivienda digna. En cambio, su accionar condena a esta familia a una situación de calle inminente, lo que implicaría un grave retroceso en sus condiciones de vida y una vulneración flagrante de sus derechos.
La etapa de mediación, que debería haber propiciado una solución en el marco del paradigma de los derechos humanos, ha finalizado sin acuerdo, y el fiscal ha intimado a la familia a desocupar el inmueble en el perentorio plazo de 72 horas. Este ultimátum agrava aún más la angustia y desesperación de la madre y sus hijos, quienes ahora enfrentan la amenaza inminente de perder su hogar.
El inmueble en cuestión, donde habita la familia, pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra en el sector conocido como la Traza de la Ex AU3. El gobierno porteño no ha informado públicamente el destino que dará al inmueble una vez que sea desocupado. Sin embargo, existe una fundada sospecha de que será agregado a la lista de las continuas subastas de unidades funcionales que se publican semanalmente en el Boletín Oficial. Esto evidencia una vez más cómo se prioriza la mercantilización de la vivienda por encima de las necesidades habitacionales de los ciudadanos más vulnerables.
Esta situación no es un caso aislado, sino que se enmarca en una política habitacional más amplia del GCBA que, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, prioriza la especulación inmobiliaria. La vida y la salud de esta familia, que todos los días vive con la espada de Damocles de quedar en la calle, son sacrificadas en aras de intereses económicos, contraviniendo los principios de justicia social y de justicia espacial, y los derechos humanos fundamentales.
Tierra de desalojos forzosos
La relación del macrismo con las villas de la ciudad se caracterizó por una política ambivalente, siempre con el objetivo subyacente de liberar esos terrenos para el desarrollo inmobiliario. Mauricio Macri intentó sin éxito que las topadoras volvieran a arrasar con las viviendas o que las tierras de las villas se incorporaran al mercado inmobiliario mediante la entrega de títulos de propiedad, sin mejorar las condiciones de precariedad. Sin embargo, se topó con un muro de derechos conquistados por el movimiento villero tras décadas de lucha. El principal: el derecho a la reurbanización y radicación definitiva de estos barrios.
Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se observó un cambio de estrategia. Una combinación de factores motivó el inicio de procesos de reurbanización en cuatro villas de notable relevancia: el Barrio Rodrigo Bueno, el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31 bis), el Barrio Papa Francisco (Villa 20) y el Barrio Playón Chacarita. Estos factores incluyeron la persistente presión de los habitantes de las villas, intereses electorales, la identificación de oportunidades inmobiliarias, la posibilidad de generar negocios con la obra pública y la existencia de causas judiciales pendientes.
Estos procesos de reurbanización implicaron la construcción de nuevos complejos habitacionales y, posteriormente, la compleja etapa de relocalización de las familias. El caso más crítico y traumático de relocalización se vivió en el Barrio Rodrigo Bueno, una ubicación privilegiada frente a Puerto Madero, entre la Reserva Ecológica Costanera Sur y el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Este último lugar, además, se convirtió en el epicentro de un gigantesco emprendimiento inmobiliario denominado Costa Urbana, que proyecta la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura.
La prisa de Rodríguez Larreta por inaugurar las obras durante su trunca carrera presidencial, especialmente la conocida como Borde Costero, llevó a una aceleración de las relocalizaciones, incluso cuando el GCBA no disponía de suficientes viviendas para reubicar a todas las familias cuyas casas debían ser demolidas. Esta situación generó una presión incesante sobre los vecinos, utilizando una variedad de mecanismos, incluso judiciales. El objetivo era forzar a las familias a firmar actas en las que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) se comprometía, a futuro, a adjudicarles una solución habitacional definitiva o locales comerciales como compensación por la demolición de sus viviendas.
Como consecuencia directa de estas políticas, cientos de familias se encuentran actualmente en una situación de extrema vulnerabilidad: viviendo en hoteles, en casas de familiares o alquilando habitaciones, a la espera de que el IVC cumpla con la construcción de nuevas viviendas. La perspectiva de esta espera es desalentadora, especialmente a la luz de las políticas implementadas por la actual administración, que ha aplicado un ajuste presupuestario sideral a los fondos destinados a las villas, lo que augura una prolongación de la precariedad habitacional.
En estos procesos de relocalización, Rodríguez Larreta tuvo como límite no emplear la fuerza pública para desalojar a las familias. Toda familia que entregó su vivienda para ser demolida salió con su consentimiento, aunque en muchos de los casos, como resultado de constantes presiones o información engañosa.
La administración de Jorge Macri ha mostrado en menos de un mes dos incidentes de violencia institucional de extrema gravedad, marcando un preocupante contraste con gestiones anteriores.
El primero de estos lamentables episodios tuvo lugar el 30 de mayo de 2025. Funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) irrumpieron por la fuerza en un local comercial con el objetivo de desalojarlo, recurriendo a la agresión física contra las personas que se resistían. Para entender la naturaleza del delito del IVC, es importante mencionar que la misma entidad había asignado temporalmente un depósito a un comerciante a través de un Acta Acuerdo, para ayudar en su actividad gastronómica. Esta adjudicación estaba condicionada a la entrega de un depósito alternativo por parte del IVC en caso de que la entidad necesitara el terreno original. En el presente, el IVC requiere la liberación del terreno del depósito, pero ha optado por desconocer el compromiso firmado de proveer un reemplazo. Ante la legítima negativa del comerciante a ceder sin la contraparte acordada, los funcionarios del IVC decidieron recurrir a la violencia, ingresando de forma brutal al depósito. Sin embargo, este desalojo violento fue frustrado gracias a la masiva solidaridad de numerosas familias del barrio que intervinieron en apoyo al comerciante afectado.
En nuestro país ningún funcionario tiene la potestad de ingresar por la fuerza a un inmueble en posesión de un particular sin una orden judicial. La actuación del IVC en este caso constituye un manifiesto caso de abuso de autoridad. Dos semanas después, el 17 de junio, nuevamente el IVC intentó el desalojo de cuatro familias utilizando las fuerzas de seguridad.
El desalojo forzoso se detuvo cuando los abogados del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el apoyo de decenas de familias atónitas por lo que ocurría, advirtieron a los funcionarios que ninguna autoridad judicial había autorizado el uso de la fuerza para realizar el desalojo y que iban a cometer un delito.
A esta altura, resulta importante agregar una información relevante. Los desalojos forzosos están prohibidos en los barrios populares como el Barrio Rodrigo Bueno. Este mandato de orden público es tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial. (artículos 15 y 18 de la ley 27.453, decreto nacional 819/2019 y artículo 18 de la ley 5.798).
En esta era donde la ley y la Constitución parecen meras recomendaciones para los ejecutivos y para algunos jueces, la fraternidad ciudadana es el camino de resistencia.
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