A Penitencia

Robos, violaciones, torturas y muertes a manos de carceleros

 

El Servicio Penitenciario Federal, que se hizo un lugar ante el Sumo Pontífice para entregarle un cuadro con la imagen de la torre guardiana, ha tenido un comportamiento terrenal que bien merece la cita del ilustre visitante: “El Señor nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho por cada uno de nuestros hermanos”. En lo que va del siglo, acumula denuncias y condenas por robos, narcotráfico, violaciones, torturas y muertes, aquí resumidas en orden de gravedad.

 

 

“Chorizos”

En 2004, el SPF fue denunciado por un recién llegado al Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza: había guardias que exigían dinero o tarjetas telefónicas a detenidos en canje por “mejores condiciones” carcelarias, bajo amenaza de “aprietes” o trasladados a “leoneras” –celdas de alojamiento transitorio–. A raíz de ello, la División de Inteligencia del servicio constató las responsabilidades del subalcaide jefe de módulo y de dos inspectores ayudantes. Hacia 2017, el jefe de Asuntos Internos admitió que “debieron contar con la complicidad de penitenciarios”, algo que para los fiscales quedó “acreditado en forma contundente”.

Otro maltrato habitual es provocar hambre. Según la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), “la entrega de escasos alimentos de baja calidad es denunciada desde hace décadas por organismos estatales y no gubernamentales”. En Lomas de Zamora, tras reiteradas solicitudes de la Procuvin –que llegaron a la Cámara platense–, el juez subrogante Federico Villena accedió a allanar domicilios y secuestrar documentación de proveedores del Complejo de Ezeiza. Así, “fue posible detectar retornos de proveedores de alimentos a funcionarios del SPF”, informó el Ministerio Público Fiscal.

En Marcos Paz, durante 2013 y 2014, los presos señalaron el desmanejo alimenticio. Quienes entre 2014 y 2016 habían estado a cargo de las direcciones de Administración, Contrataciones y Abastecimiento, el director de Administración y el jefe del Complejo II, al igual que los responsables de Recepción de Mercadería quedaron involucrados. Desde octubre de 2017 fueron indagados 40 imputados ante el Juzgado 2 de Morón. Hacia agosto de 2018, 21 hombres del SPF y del frigorífico Carnes Yamuni quedaron procesados porque “autoridades del SPF llevaron adelante defraudaciones en la adquisición de alimentos”. El magistrado detalló la maniobra: dilataban los procedimientos de licitación hasta hacerlas fracasar; para cubrir las necesidades “emergentes e impostergables”, contrataban al frigorífico, con el que acordaron –en poco tiempo– muchas facturas que no superaran el monto autorizado a abonar con Fondos Rotatorios. Tal contratación “arbitraria e ilegal” por parte del SPF para proveer de carne y chorizos con sobreprecios y baja calidad generó “un sistema de hambre (…) un trato degradante; lo mismo que entregarle carne pésima, incomible”, entendió el juez Jorge Rodríguez.

Hacia septiembre de 2016, fueron 38 los funcionarios del SPF enviados a indagatoria por corrupción en la compra de alimentos para el Complejo del NOA donde –según los fiscales– se instauró un “régimen de hambre” contra los detenidos, por lo que el Juzgado 2 de Salta citó a declarar al director Emiliano Blanco, además de sus antecesores Alejandro Marambio y Víctor Hortel. Al mismo tiempo, imputó al director del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, sospechado por su rol de auditor general del SPF. Debían explicar la millonaria sobrefacturación en favor de Servicios Integrales de Alimentación SA por raciones que superaban la cantidad de internos, a precios actualizados de manera “arbitraria”, por sobre la inflación.

 

Sin remedio

Hacia abril de 2017, al descubrirse hasta un 90% de sobreprecios en medicamentos, fueron allanados el penal federal de Resistencia y las farmacias Del Milagro I y II que proveían desde hacía años a la Unidad 7, sin descuentos ni precios mayoristas al SPF, “cuando es lo esperable ante el volumen de compras, el pago de contado y su regularidad”, entendió el Juzgado chaqueño.

Durante la pandemia de 2020, en el Complejo V de Senillosa, su cantina aumentó los precios a gusto, por lo que el Juzgado 2 de Neuquén ordenó retrotraerlos ya que, estimó la fiscal Cristina Beute, cobraba un 43,6% más caro que los supermercados. El SPF respondió que la proveedora actuaba desde marzo de 2018, y que –encima– no contaba con expediente de contratación.

 

Narcopenitenciarios

El SPF deja entrar drogas para sus “prisioneros”. Así lo denunció un condenado que se arriesgó a nombrar a dos penitenciarios que se la proveían para venderla en la cárcel. Los señaló en Tucumán hacia 2010. Lo reiteró durante el debate oral en otro juicio que lo sentenció a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes para comercialización. Después de que “no se realizara ninguna medida efectiva para investigar a los agentes”, según señalaron desde el Ministerio Público, la fiscal general ante Casación, Gabriela Baigún, dictaminó en 2014 que correspondía protegerlo bajo la figura de “arrepentido”, a la vez que advirtió que el primer juez de la causa había mantenido “una actitud por demás indiferente”.

A horas del día de la patria de 2011, durante un control de Gendarmería en una ruta de Misiones, un camión del SPF fue detenido con 2.370 kilos de marihuana. Su chofer llamó para suplicar “no me deje solo”. Al otro lado de la línea oía el suboficial Armando Hipólito Vallejos, jefe en la División Suministros del SPF, desde donde autorizaba u ordenaba la salida de vehículos sin hojas de ruta, ni asentamiento en las planillas. Vallejos, con 19 años en la fuerza, vivía en una lujosa mansión bonaerense con cuatro autos en Esteban Echeverría, donde fue detenido junto con su esposa y el cuñado; operaban desde 2007 moneda extranjera y, aunque ella cobraba 1.600 pesos, compró más de 30.000 dólares en 2011. Hacia mayo de 2015 fue condenado a doce años de prisión por narcotráfico. Y en noviembre fue denunciado por lavado.

En el Complejo NOA III, un efectivo del SPF recibió pagos por casi siete millones y medio de pesos hace un año y medio, a cambio de dejar entrar drogas para vender. Se los cobraba a un empresario experimentado: Adrián Antonio Vera, condenado en 2021 por el robo de caños en Aguaray, cuyo intendente terminó preso. Cuando Vera estaba por terminar su condena, le cayó otra imputación: confabulación para la venta de estupefacientes y cohecho; instruía a un guardia para hacerse de estupefacientes. En una llamada de mayo de 2024, el uniformado preguntaba si había que “sacar algo”. Entonces oyó de boca de Vera: “Mandame hoy, así mañana voy a hacer un poco de merca acá”. El 14 de junio, tras indagar sobre un nuevo “negocio” en Mendoza, quedó explicitado el depósito de dinero para el penitenciario.

“Bajo las narices del SPF, o con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro”, afirmaron desde la Fiscalía que lo investigó durante un año y medio. A tal conclusión arribaron desde que Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del Conurbano bonaerense, huyó con un alicate por los alambrados perimetrales del Complejo NOA III, en General Güemes. A la fuga, sumaron la venta interna de droga y más de 250 celulares incautados en un allanamiento con 300 gendarmes sobre el penal. Allí filmaron el descarte de droga por las ventanas. Antes habían conseguido imágenes de los acusados al fraccionar droga en una celda, lo que asombró a la jueza que imputó a ocho internos –y la mujer de uno–por integrar la organización que comercializaba estupefacientes a gran escala dentro de la cárcel.

 

Degenerados

Tres agentes del Complejo I de Ezeiza drogaron a una compañera para violarla. En el puesto de control, el encargado Pedro Simón le convidó mates hasta verla mareada; comenzó a interrogarla sobre su intimidad y sacó una filmadora. Cuando la vieron fuera de sí, ingresaron el ayudante principal, César Eduardo García Barcos, y Edgardo Santos Lazo, jefe del Módulo II. La golpearon en el abdomen, la tiraron a un colchón, le quitaron el pantalón y, sin profilaxis, la penetraron. Luego la llevaron al baño; la forzaron a sentarse sobre Simón mientras le introducían un vibrador. García Barcos le abrió la camisa y, mientras le tiraba del pelo, la filmó desnuda, hasta que oyeron golpes a la puerta. Ella debió solicitar licencia por enfermedad y denunció todo en un sumario que no pasaba de las cinco fojas cuando la Fiscalía lo pidió al SPF. Las inspecciones hallaron el colchón y determinaron que era imposible ver desde afuera. Las cámaras estaban rotas desde 2002. La violación fue en noviembre de 2008.

Un detenido denunció que el 24 de agosto de 2014, tras discutir con un guardia en la Unidad IV de Ezeiza, le cortaron una visita familiar para llevarlo esposado a una “leonera”, donde fue golpeado por cuatro agentes, pateado en el suelo y abusado por vía anal. Reconoció la voz del jefe de turno mientras lo filmaban. Quedó registrada en video la revisación médica, en presencia del personal golpeador, en un recinto donde sólo debería estar el doctor. Los agentes fueron sobreseídos por el Juzgado 1 de Lomas de Zamora por considerar que no se había probado que fueran los causantes de las lesiones. Sin embargo, hacia marzo de 2019, camaristas platenses dictaron los procesamientos de los cuatro por torturas y abuso sexual agravado.

El ataque a transexuales no se inició en Palermo el último mes. Hay constancias de su aplicación en alcaidías del SPF en sedes judiciales como el Palacio de Tribunales y Comodoro Py. En un habeas corpus de 2015, el colectivo trans daba cuenta de requisas corporales irregulares por agentes penitenciarios masculinos, sin personal médico, de manera degradante, a la vista de extraños, en las que eran desnudadas “por completo, incluso la ropa interior”. Un testimonio: “Me revisaron con la puerta abierta y me dijeron ‘puto, andate a tu país’. Cuando empezaba a vestirme, se llenó de grises; todo el servicio penitenciario vino a verme (…) Me miran como si fuese de otro mundo. Me verduguean, diciéndome ‘agachate’, o haciéndome abrir las nalgas. Dicen ‘puto de mierda’ y ‘sidoso de mierda’”.

El ayudante de tercera Fernando Víctor Alfonzo concurrió a una vivienda en Moreno para instalarle a una mujer la tobillera electrónica. Con el argumento de que estaba mal colocada, regresó cuatro veces durante el tercer mes de 2019. La subía a su auto para obligarla a practicarle sexo oral. La amenazaba con “emitir informes para que le revocaran la prisión domiciliaria”. Hacia septiembre de 2021, fue condenado a ocho años y medio de prisión, con inhabilitación perpetua para desempeñarse en seguridad; sentencia confirmada en 2023 por Casación.

 

“Degradantes”

Cómo será el maltrato que un detenido se cosió la boca en huelga de hambre en la Unidad Residencial IV de Ezeiza. El 25 de junio de 2012, el inspector de servicio Sergio Leonardo Speroni y otro agente lo sacaron de su celda, lo obligaron a desnudarse y, esposado, lo golpearon con un palo para exigirle desistir de su huelga. El agente le pisó las costillas y le arrancó parte del pelo; Speroni “le introdujo un bastón en el ano y comenzó a sangrar”. Las lesiones fueron corroboradas tanto por un médico de la Procuración Penitenciaria como por otro de la Corte. En los libros de guardia constan la huelga, la boca cosida, las salidas a la Jefatura. Speroni también estuvo a cargo de la seguridad en el pabellón D hacia 2013, cuando asesinaron a otro interno en una pelea y no hicieron nada para evitarlo.

Hacia mayo de 2014, una inspección constató “retenes” degradantes en la cárcel de Devoto. “Las autoridades del SPF aceptaron el señalamiento y convinieron en trasladar a los internos, y se comprometieron a no habilitar retenes para alojamiento”. Pero el 4 de febrero de 2016 se constató el estado de internos en el “retén” del pabellón 12, con cinco en un “espacio semejante a una mazmorra”; algunos, con grave deterioro físico; dos, con problemas de salud no atendidos. Por eso fueron denunciados por torturas el jefe de la Planta 3 y el jefe, subjefe y director de Tratamiento.

A otros los matan en la tortura, como a Argentino Pelozo Iturri, tras retirarlo del Pabellón de aislamiento en la U9 de Neuquén, en 2008. Por su asesinato hubo catorce condenados, entre agentes y médicos del SPF; ocho de los cuales, a prisión perpetua, recién en 2019, en fallo confirmado por Casación.

El 9 de diciembre de 2007 retiraron de un pabellón en el Complejo II de Ezeiza a Lucas Mendoza y Claudio Núñez para trasladarlos a la “leonera”; esposados por detrás, los arrojaron al piso y apalearon en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas. Sin quitarles los pantalones, intentaron introducirle los bastones en el ano. La causa archivada debió ser reabierta en 2013 por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mendoza, ya liberado de la condena a perpetua recibida mientras era menor de edad, pudo declarar en abril de 2018, cuando Núñez ya se había suicidado.

 

 

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