El Irán del siglo XX estuvo marcado por uno de los experimentos más formidables de modernización autoritaria en Medio Oriente: la dinastía Pahlaví. Reza Shah Pahlaví, oficial del ejército y fundador de la dinastía en 1925, impulsó un proceso acelerado de centralización estatal, desarrollo infraestructural y secularización forzada, acompañado por un férreo control político sobre la disidencia y el clero. Aunque promovió ciertos aspectos de la modernización del país, su régimen fue profundamente autoritario y sentó las bases de tensiones sociales que reverberarían durante décadas. Esta transición violenta de Persia a Irán fue narrada con extraordinaria maestría por Ryszard Kapuściński en su libro El Sha o la desmesura del poder (1986). Una crónica política que expone la lógica del poder despótico y la imposición de un orden colonial. El primer gesto de la monarquía es la construcción de un ejército de represión y la imposición de un nuevo modelo “a la europea”. Las calles son ocupadas por militares; las mujeres, obligadas a quitarse el velo; las mezquitas, vigiladas y luego atacadas. En Mashhad, los fieles protestan contra estas medidas y la respuesta del Estado es brutal: se envía artillería para destruir mezquitas y masacrar a las masas rebeldes que se oponen a esta colonización interna y criminal. La violencia no se detiene en la masacre. También se ordena envenenar los pozos de agua y alimentos para quebrar cualquier resistencia. El gran ayatolá Modarres, que se alzó contra este genocidio, fue arrojado a una mazmorra, donde permaneció durante años. Aquí comienza una etapa feudal y descarada de concentración de la riqueza, sostenida por el terror y la aniquilación de toda oposición política y religiosa.
El golpe de Estado de 1953: cuando la soberanía fue declarada enemigo
El experimento autoritario de los Pahlaví alcanzó su punto de inflexión en 1953, cuando Irán fue escenario de uno de los golpes de Estado más decisivos —y más cínicos— de la Guerra Fría. El objetivo fue Mohammad Mossadegh, Primer Ministro democráticamente elegido, nacionalista y reformista, cuya mayor “herejía” consistió en intentar recuperar para el pueblo iraní el control de su principal recurso estratégico: el petróleo.
En 1951, Mossadegh impulsó la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Company, hasta entonces en manos británicas. No se trató solo de una medida económica, sino de un acto político de ruptura y soberanía: por primera vez, un gobierno iraní desafiaba de manera directa el orden neocolonial que había reducido al país a proveedor barato de energía para las potencias occidentales mientras su población permanecía empobrecida y excluida. Para Londres y Washington, ese gesto de soberanía resultó claramente inadmisible. Bajo el nombre de Operación Ajax, los servicios de inteligencia de Estados Unidos (CIA) y el Reino Unido (MI6) organizaron el golpe que derrocó a Mossadegh en agosto de 1953. La operación combinó sabotaje económico, campañas de desinformación, compra de legisladores, manipulación mediática, provocación de disturbios callejeros y la movilización de sectores militares. En ese contexto, Mohammad Reza Shah Pahlaví firmó, bajo presión directa de Washington, un decreto que destituyó a Mossadegh. La maniobra fue resistida por amplios sectores populares y obligó al Shah a huir del país y refugiarse en Roma. Allí, el entonces director de la CIA, Allen Dulles, coordinó los pasos finales del derrocamiento. Poco después, bajo tutela directa de la inteligencia estadounidense, el Shah regresó a Irán y fue reinstalado como monarca absoluto.
El golpe no solo depuso a un Primer Ministro elegido popularmente: aniquiló una posibilidad histórica y fue el antecedente del devenir político en Irán. A partir de 1953, Irán dejó de ser una democracia frágil para convertirse en una dictadura estratégica al servicio de intereses ajenos. El petróleo volvió a fluir hacia las corporaciones extranjeras; los partidos fueron ilegalizados; los sindicatos destruidos; la oposición perseguida, encarcelada, torturada o asesinada. El régimen se sostuvo mediante un aparato represivo cada vez más brutal, cuya expresión más acabada fue la SAVAK, la policía política creada en 1957, entrenada y financiada por Estados Unidos e Israel. Ese mismo petróleo, cuya recuperación había costado el derrocamiento de Mossadegh, se convertiría años más tarde en el eje de una nueva disputa global. En 1960, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela fundaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con el objetivo explícito de disputar el control del mercado energético a las grandes corporaciones occidentales. La OPEP nació como respuesta al saqueo sistemático y como intento de recomponer soberanía económica frente a un sistema internacional diseñado para beneficiar a las potencias industriales.
Durante la década de 1970, el ascenso de la OPEP alteró el equilibrio global. El aumento vertiginoso de los precios del crudo y la nueva capacidad de presión de los países productores transformaron a Irán en un aliado aún más valioso para Estados Unidos. En ese marco, el Presidente Richard Nixon viajó a Teherán para sellar un acuerdo explícito: el Shah actuaría como gendarme regional de los intereses estadounidenses en Medio Oriente —especialmente frente a un Irak cercano a la Unión Soviética— y, a cambio, Washington le garantizaría acceso irrestricto a armamento convencional de alta tecnología. La guerra árabe-israelí de 1973 y el posterior embargo petrolero profundizaron esa dinámica. El aumento de los precios permitió al Shah acelerar una militarización sin precedentes, mientras Estados Unidos comenzaba a inquietarse ante el volumen y la sofisticación del arsenal que había ayudado a construir. La paradoja era evidente: el mismo régimen autoritario sostenido por Occidente empezaba a mostrar signos de autonomía peligrosa.
El golpe de 1953, la alianza petrolera-militar de los años '70 y el fortalecimiento del aparato represivo no fueron episodios aislados, sino partes de una misma lógica. La democracia fue sacrificada en nombre del petróleo; la soberanía, subordinada a la seguridad occidental, y el Estado iraní, convertido en una maquinaria de control. Ese trauma fundacional selló la desconfianza estructural de amplios sectores de la sociedad iraní hacia Occidente y clausuró cualquier vía reformista. En el año 2013, la CIA reconoció oficialmente su implicancia en este golpe y en 2017, el Departamento de Estado estadounidense desclasificó los documentos de archivo, que confirmaron su papel con el fin de restaurar en el poder al último monarca persa, Mohamad Reza Pahlavi.
La revolución y lo imperdonable
La Revolución Islámica de 1979 constituyó una de las derrotas geopolíticas más significativas del imperialismo estadounidense en el siglo XX. No fue solo la caída de un aliado estratégico: fue el colapso de un dispositivo entero de control construido desde el golpe de 1953. La expulsión del Shah significó la pérdida de un gendarme regional, de un mercado privilegiado de armas y de una pieza clave en la arquitectura de dominación en Medio Oriente. Desde entonces, Irán dejó de ser pensado como un actor político complejo para ser reducido a la categoría de enemigo absoluto.
El regreso del gran ayatolá Ruhollah Jomeini tras catorce años de exilio y su ascenso como líder supremo en diciembre de 1979 sellaron la ruptura. La instauración de una teocracia islámica abiertamente antioccidental no solo desafió el orden impuesto por Estados Unidos, sino que evidenció los límites de su capacidad de control. Irán había salido de la órbita imperial, y ese gesto —más que su forma política— fue declarado imperdonable. La respuesta no se hizo esperar. En la década siguiente, Washington desplegó una estrategia de contención regional basada en la guerra indirecta, el castigo económico y la militarización. Apoyó a Irak en la guerra contra Irán (1980-1988), un conflicto devastador que dejó millones de muertos y buscó explícitamente desgastar a la nueva república islámica. De manera simultánea, financió y organizó operaciones encubiertas en distintos frentes: desde el respaldo a los Contras en Centroamérica hasta la intervención directa en el Líbano, donde Israel —con apoyo estadounidense— invadió en 1982 para aplastar a las fuerzas aliadas a Irán y reconfigurar el equilibrio regional. La lógica fue siempre la misma: impedir que Irán consolide influencia política, militar o simbólica.
Esa misma matriz se expresó en el Golfo Pérsico, convertido en un espacio permanentemente militarizado, donde Estados Unidos aseguró el control de las rutas energéticas bajo el pretexto de la “seguridad internacional”. La guerra del Golfo y la presencia militar sostenida en la región no fueron episodios aislados, sino piezas de una estrategia más amplia de disciplinamiento geopolítico. En ese tablero, Israel se consolidó como socio estratégico central de Estados Unidos. La hostilidad permanente hacia Irán no responde únicamente a diferencias ideológicas o religiosas, sino a una disputa estructural por el poder regional. Irán representa un obstáculo directo para la hegemonía militar israelí, su política de expansión y su régimen de impunidad sostenido por Washington. La alianza Estados Unidos–Israel convirtió a Irán en un objetivo constante de sabotajes, guerra encubierta y demonización sistemática.
Pero el conflicto no se agota en el petróleo ni en la memoria de 1979. Irán posee hoy uno de los recursos estratégicos más sensibles del siglo XXI: un programa nuclear avanzado, con reservas significativas de uranio enriquecido al 60% y capacidad técnica comprobada para llevar ese enriquecimiento a niveles armamentísticos (90%). Esto lo coloca en el umbral de la capacidad nuclear, incluso sin haber producido un arma. Ese dato —más que cualquier consigna ideológica— es lo que vuelve intolerable su existencia como Estado soberano fuera de la órbita estadounidense. El problema para Estados Unidos e Israel no es la proliferación nuclear en abstracto —ambos han tolerado, financiado o directamente impulsado programas nucleares aliados—, sino quién controla esa capacidad y bajo qué alineamiento geopolítico. Un Irán con dominio del ciclo nuclear completo rompe el monopolio regional de la disuasión, desafía la supremacía militar israelí y limita la capacidad de intervención directa de Estados Unidos. Por eso, el programa nuclear iraní es presentado como amenaza existencial, mientras el arsenal nuclear israelí —nunca declarado ni sometido a controles—.
Detrás de los disturbios en Irán: Pahlavi, Israel y la guerra por el poder
Tras el inicio de la guerra israelí contra Gaza en octubre de 2023, sectores monárquicos iraníes exiliados en Occidente, encabezados por Reza Pahlavi —hijo del último Sha—, manifestaron un apoyo abierto y explícito al régimen israelí. Pahlavi respaldó públicamente la ofensiva contra Gaza, condenó a los movimientos de resistencia palestinos y alineó su discurso con el de Tel Aviv y Washington. Su esposa, Yasmine Pahlavi, participó en manifestaciones proisraelíes en Estados Unidos, reforzando una alianza simbólica y política largamente gestada.
“La protesta es un derecho; el caos, una conspiración”, afirmó el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Esta convergencia, ocultada por los medios hegemónicos, se consolidó con visitas oficiales de Pahlavi a los territorios ocupados por Israel, reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y vínculos estrechos con lobbies proisraelíes y figuras del aparato de inteligencia israelí y estadounidense. Paralelamente, desde octubre de 2025 revelaron operaciones de influencia encubiertas —incluyendo el uso de cuentas falsas y contenidos generados por inteligencia artificial— destinadas a promover a Pahlavi como alternativa política en Irán.
Durante los disturbios registrados en los últimos días en Teherán, Irán, las autoridades iraníes denunciaron la injerencia extranjera y acusaron a redes de inteligencia vinculadas a Estados Unidos e Israel de fomentar actos violentos bajo la cobertura de protestas económicas legítimas. En este contexto, Pahlavi fue señalado como un actor funcional a una estrategia de desestabilización externa. La trayectoria personal y política de Reza Pahlavi aparece marcada por el exilio, el fracaso de sus aspiraciones monárquicas y una dependencia estructural del apoyo occidental e israelí. Desde los años ochenta, mantuvo vínculos con servicios de inteligencia israelíes y promovió proyectos de restauración monárquica que carecieron de respaldo popular. En las últimas décadas, se alineó con la política de “máxima presión” contra Irán, defendiendo sanciones económicas y avalando estrategias que impactaron directamente sobre la población iraní. La alianza Pahlavi–Israel no constituye un fenómeno nuevo, sino la continuidad de una relación histórica entre la dinastía Pahlavi y los intereses estratégicos israelíes y estadounidenses en Medio Oriente, basada en oprimir, perseguir y desestabilizar a Irán y en negar su soberanía política.
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