ABANDONADOS EN PRIMERA LÍNEA

Palos, precarización y negación de derechos a enfermerxs porteñxs

 

En la mañana del 12 de junio el enfermero Héctor Ortiz logró esquivar al personal de seguridad y en los pasillos del Hospital Durand, su hospital, logró acercarse al jefe de Gobierno. “Tenemos problemas de insumos y de enfermeros. ¿Cuándo podemos juntarnos?”, lo interrogó. Larreta, de espaldas, eligió el silencio y apuró el paso hasta perderse por los pasillos.

Dos semanas más tarde, la advertencia ya era tragedia: su compañero Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría, en edad de riesgo y a quien habían obligado a seguir trabajando, fallecía de coronavirus. A los pocos días, el propio Héctor daba positivo al test de Covid-19.

Desde entonces, los contagios en el hospital crecieron exponencialmente hasta llegar casi al 20 por ciento del personal. “Desde que comenzó la pandemia, sobre 1.800 trabajadores del Durand hay 350 contagiados”, asegura Ortiz, que además de enfermero es delegado gremial. Un porcentaje similar se replica en el resto de los efectores de salud de la ciudad de Buenos Aires: sobre 37.000 trabajadores de la salud, 7.246 tienen o tuvieron Covid-19.

 

 

 

Globos negros en el Durand.

 

 

Primero los negocios

El Covid-19 ya estaba instalado en la agenda pública el 9 de marzo, cuando Larreta tuiteó: “El sistema de salud de la Ciudad está preparado para prevenir y asistir casos de coronavirus”. En esa línea optimista también se manifestó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós: “Hemos comprado la totalidad de los insumos para el sistema público para el próximo año completo. Eso significa que no hay ningún motivo para que en ningún lugar haya faltantes de insumos”.

Sin embargo, a los pocos días el volumen que comenzaba a demandar la pandemia excedía por lejos la cantidad de insumos utilizada años anteriores. Así, la emergencia sanitaria y económica le sirvió al gobierno porteño de marco ideal para continuar con sus políticas de negocios a través de empresas intermediarias. De esta forma, firmas como GREEN SALUD, AMICIBRO, E-ZAY, DVU SAS, cuyos objetos societarios nada tenían que ver con la provisión de insumos médicos, fueron elegidas para abastecer de más de 6.300.000 barbijos, que no sólo tuvieron sobreprecios de más del 400% sino que se transformaron directamente en un fraude, ya que las empresas terminaron entregando menos del 10% del número comprometido, estafando a los porteños económica y sanitariamente.

El negocio y la improvisación tuvieron un impacto directo: durante abril los trabajadores de la salud tuvieron que recurrir a la Justicia a través de más de 18 amparos para garantizarse los elementos de protección personal. El descuido al personal de salud quedó patente en el relevamiento que por entonces realizó la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA, donde se advertía que el 83% de los hospitales y el CESAC donde se atendían pacientes con Covid-19 no contaban con los insumos de bioseguridad.

Ya en septiembre, tras 180 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los trabajadores de la salud siguen exigiendo elementos de protección personal en cantidad y, sobre todo, calidad para seguir en la primera línea de atención.

 

 

Personal Descartable

El sistema de salud de la capital argentina se estructura sobre la precarización laboral y la negación de derechos justamente a quienes lo sostienen: lxs enfermerxs, por ejemplo, ni siquiera son considerados por el gobierno de Larreta trabajadores de la salud sino personal administrativo, con lo cual cobran salarios que rondan los 30.000 pesos, un 60% menos que los profesionales de salud con titulación equivalente.

Como ese monto no alcanza para llegar a fin de mes, realizan otras 140 horas extras denominadas módulos. Sin embargo, en vez de cobrar el doble de sueldo, no llegan a superar los 55.000 pesos. “Las horas extra son las más miserables que hay, porque las pagan 70 pesos la hora”, explica Héctor Ortiz.

El otro sostén del sistema son las y los médicos que están haciendo sus residencias, quienes también cargan con jornadas promedio de 70 horas semanales por salarios que están por debajo de la canasta familiar.

Preocupación similar tienen lxs 3.000 enfermerxs incorporadxs durante la pandemia, cuyo contrato temporario vence en diciembre. El mensaje parece claro: sin pandemia en agenda, el sistema de salud público vuelve a terapia intensiva.

 

 

 

 

Acostados

Una de las principales medidas anunciadas por el GCBA para aumentar la capacidad del Sistema de Salud fue la incorporación de 300 camas para Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El gobierno asegura que desde abril el sistema de salud público cuenta con 450 camas UTI y que actualmente hay menos de 280 ocupadas.

Sin embargo, un relevamiento realizado por la Asamblea de Residentes y Concurrentes advierte que las camas UTI son 274 y no 450. “Viendo hospital por hospital —explica Rocío Rodríguez, profesional del Hospital Ferrer y una de las referentes de la Asamblea de Residentes— vimos que no cuentan camas reales sino respiradores. Son un insumo muy necesario, pero mucho más necesario es el recurso humano para cuidados intensivos, que es con lo que no cuentan”. La aclaración permite dimensionar que el porcentaje de ocupación real es mayor que el que se admite.

Los porcentajes, aportados por quienes están en la primera línea en la pelea contra el virus, hablan de un sistema de salud que, lejos del relato que difunde el gobierno, está en una fase crítica.

 

 

Infraestructura

En los últimos doce años de gobierno PRO no se ha construido un nuevo hospital en la Ciudad y ni siquiera esta pandemia histórica pudo alterar esa lamentable estadística.

En la Comuna 1, organizaciones sociales y vecinales (entre ellas, Urbana Te Vé, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, etc.) exigen la creación de un Centro de Atención Primaria que se denomine Hospital Padre Carlos Mugica, que estaría ubicado frente a la terminal de ómnibus de Retiro. Actualmente, según datos oficiales, habitan el Barrio Carlos Mugica alrededor de 40.200 personas. Al menos el 68,8% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza.

En la Comuna 8, que incluye los barrios de Villa Soldati (actualmente con la mayor tasa de Covid por habitante de la Ciudad), Villa Lugano y Villa Riachuelo, el hospital Cecilia Grierson está frenado y en junio de este año tuvo que intervenir la Justicia para que el gobierno reactivara las obras.

El Hospital Cecilia Grierson debió estar terminado hace 15 años, de acuerdo con la Ley 1.769. En 2009 se inauguró el Centro de Salud Integral Cecilia Grierson y este año el GCBA decidió por decreto que pasara a ser un hospital público. Mientras tanto, los 200.000 habitantes de la Comuna 8 siguen contando con siete camas de internación y se preguntan: si el Grierson es un Hospital, ¿por qué se utiliza la escuela de al lado para realizar los hisopados del Plan Detectar?

 

 

No-se-puede

Los 180 días transcurridos no permitieron jerarquizar al personal de salud, ni invertir y acrecentar la infraestructura, ni implementar un desarrollo sostenible de producción de insumos que garantice abastecimiento continuo, en una pandemia que vino para quedarse.

Por el contrario, en este lapso se profundizó el maltrato a quienes están en la primera fila en la pelea contra el virus, realizando contrataciones temporarias de más de 3.000 enfermeros que deberían pasar a formar parte de las plantas permanentes de los hospitales, adeudando los salarios de los enfermeros que están en el operativo PosDetectar y congelando el sueldo de los trabajadores de la salud.

En la ciudad de Larreta no hubo agenda para el coronavirus. Ni siquiera una pandemia histórica como la que vivimos logró trastocar sus prioridades: la venta de tierras y el negocio de las intermediarias con el Estado. No hubo ayudas económicas a quienes necesitaban aun cuando la propia Dirección de Estadísticas y Censos porteña reconoce que durante el segundo trimestre del año 48.201 hogares no tuvieron ingresos en la Ciudad.

Tampoco se reconocieron salarialmente y con plenos derechos laborales a las más de 4.500 trabajadoras comunitarias: cocineras, promotoras de salud, promotoras sanitarias, promotoras de género, quienes gestionan sin derechos y sin recursos las políticas públicas en los barrios humildes y hoy gestionan en la primera línea la pandemia.

El lunes 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, lxs enfermerxs de la Ciudad, los que están en la primera línea y son personal esencial en esta pandemia, se movilizaron a la Legislatura para reclamar algo tan básico como ser considerados profesionales de la salud. En lugar del reconocimiento a su reclamo fueron reprimidos.

 

 

 

 

Larreta tiene superpoderes hasta diciembre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y está claro que Larreta no la tiene, al menos con quienes habitamos y vivimos en la Ciudad.

 

 

 

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