Si Hitler no se hubiera suicidado, yo habría
sido su defensor en Núremberg; solo
para demostrarle que conceder un abogado
es lo mínimo que toda civilización debe respetar...
Jacques Vergès
Hay una escena que se repite en la historia del derecho, aunque rara vez queda escrita: un hombre —o una mujer— toma la palabra no para confirmar lo que todos esperan, sino para incomodar la evidencia. No habla para absolver ni para condenar, sino para interrogar el relato mismo de aquello que la ley oficial dicta en el momento como justo. Esa manera, que parece una traición a la causa, es en realidad una forma más exigente de lealtad.
Durante siglos, ese gesto tuvo un nombre: "advocatus diaboli" (abogado del diablo). Instituido en 1587 por el papa Sixto V y abolido en 1983 por Juan Pablo II, su función era simple: oponerse. No oponerse por capricho, ni cinismo, sino para exigir pruebas, señalar fisuras, desmontar las devociones prematuras. Era, en el corazón del proceso de santificación, la persona encargada de ensuciar la pureza del expediente de quien se va a beatificar. Un clérigo doctorado en Derecho Canónico que, en vez de celebrar las virtudes del candidato a santo, debía sospechar de ellas, constituyéndose en su abogado del diablo.
En ese cruce entre fe y procedimiento se inscribe The Devil’s Advocate de Morris West (1958), obra literaria que recepta el mecanismo vaticano. No se trata ya de quién merece ser santificado, sino de quién defenderá a alguien en un juicio, sin importar si —ese alguien— se trata de un inocente o culpable. Tal es el abogado del diablo que Hollywood llevó a la pantalla con los rostros de Al Pacino y Keanu Reeves, caricaturizando una figura que, en el fondo, parece más compleja. Pues las constituciones modernas establecen que toda persona a la que se le imputa un delito tiene derecho a tener un abogado, no importa el delito, no importa la causa; se trata de un derecho básico universal que solo la barbarie ha denostado en la historia. La cuestión es qué tipo de abogado y hasta dónde estos profesionales están dispuestos a llegar para asumir una defensa de quienes representan.
Este libro no habla de grises abogados, burócratas o desapasionados mercenarios de la ley. Aquí nos interesan los leguleyos de color, aquellos juristas apasionados que, si un día deciden defender el mal, lo harán llevando las cosas al límite, asumiendo una posición radical en los usos de las palabras y gestos.
Encuentro una afinidad secreta (aunque confieso que caprichosa) entre el abogado del diablo y el abogado poeta. Ambos trabajan contra la superficie de la lengua. Ambos desconfían de las palabras cuando se usan para capturar o reducir la realidad. Si asocio ambas figuras, lo hago no como metáfora decorativa, sino como una función de ruptura dentro del lenguaje mismo.
El abogado poeta no es aquel cuervo que escribe versos en su tiempo libre, sino aquel que en el ejercicio mismo del derecho comprende que toda defensa nace de una operación semántica profunda. Riesgo del decir. Riesgo del representar. Por eso el alegato de defensa es un momento cúlmine en el que desarrollan su poder de recitado ante los estrados, buscando captar la atención para lograr sentencia a favor.
Esta obra que aquí presento descubre una línea común en una serie de cuarenta abogados y abogadas que, en los márgenes de la ley, o en el centro mismo de sus instituciones, eligieron ocupar una posición incómoda para decir la verdad que ellos suponían justa. Desfilan aquí vidas de leguleyos extravagantes, con capacidad de fina retórica y altisonante parresía. No importa la instancia en la que trasuntaron su performance, no importa si van vestidos de moño, corbata, toga o traje de poligrillo. Importa su misión de defender a capa y espada causas socialmente inaceptables, acaso justas o injustas, perdidas o fuera de cualquier corrección. Y si logran su cometido, mejor. Y si no lo logran, nada importa. Al menos lo intentaron y se la jugaron con valentía. A la larga, esa es la mejor paga que recibieron como honorario.
Toda persona tiene derecho a tener un abogado, y si este se trata de un poeta, mejor. Pues sabrá encontrar la palabra justa para encandilar a un juez temeroso o a un jurado dubitativo. De allí que por esta galería pasen abogados y juristas que —a la vez— llegaron a ser poetas y convencieron por un segundo a las cortes en las que actuaban. O a la inversa, encontrarán aquí a un manojo de poetas que de vez en cuando les tocó ser juristas de ocasión y se redimieron redactando unos versos en las fojas del expediente. El fracaso o la derrota es parte de la apuesta.
Verán que por aquí pasan de todos los pelajes: letrados de nazis, abogados de represores, jueces genocidas, de acusados terroristas y magnicidas. Y del otro lado: defensores de brujas, de locos, de mujeres, de niños, de ladrones de gallinas y de militantes revolucionarios. No importa el lugar desde el que insinúan su fe todo este zoológico de pajarracos de ley, si se manchan —o no— sus manos con sangre y barro. A mí me fascinan por igual. Por su capacidad para ser malditos y benditos, por dejar un rastro para el provenir que yo recojo con devoción.
En definitiva, este librito no es más que un conjunto de siluetas antojadizas, un manojo de curiosidades que fui juntando con el tiempo aquí y allá, como el niño que se divierte coleccionando figuritas para el recuerdo. Su ambición no sale del juego de las pinceladas basadas en lecturas y anécdotas, en el sentido en el que el gran Marcel Schwob pensó a sus biografías como “vidas imaginarias”.
Pasen por aquí, y espero lo disfruten.
Judy Clarke
Theodore Kaczynski, conocido como el Unabomber, evitó la pena de muerte al declararse culpable en enero de 1998, aceptando una sentencia a cadena perpetua. Lo hizo a cambio de evitar un juicio federal que podría haber finalizado con su ejecución. Su abogada Judy Clarke fue quien llevó su defensa e impidió la aplicación de la pena capital, que todos ya daban por descontada. Kaczynski falleció en prisión en 2023, ya viejo y producto de una enfermedad.
Pero la historia que vamos a contar no es la del "Unabomber", sino la de Zacarias Moussaoui, a quien Clarke también defendió en el juicio por los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.
Defender a alguien vinculado a ese hecho no era solo un desafío jurídico: era ocupar un lugar simbólico difícil. Si bien Moussaoui no había estado en los aviones, su nombre aparecía entre algunas operaciones de logística que lo prepararon. De modo que era presentado como "el vigésimo secuestrador", el que no se había inmolado.
La presión para obtener una condena ejemplar era total. Clarke entendía que el juicio no se iba a jugar en el terreno del hecho —ya saturado—, sino en la configuración de la responsabilidad. Su trabajo consistiría entonces en desarmar la equivalencia automática entre Moussaoui y los ejecutores materiales del atentado. No negar su vinculación, sino recalibrarla. Para eso, organizó la defensa en varios niveles. Primero, insistió en la diferencia fáctica: Moussaoui no participó en los ataques del 11-S, no abordó los aviones, no ejecutó el acto. Ese punto, que podía parecer menor frente a la magnitud del crimen, era central en términos jurídicos. La pena de muerte exige una relación directa y decisiva con la muerte de las víctimas. Clarke trabajó sobre esa distancia como si fuera una línea de contención.
Segundo, introdujo la cuestión de la capacidad y el rol real del acusado dentro de la organización. Moussaoui aparecía más como una figura marginal, torpe incluso, que como un operador central. No era el cerebro, no era el ejecutor. Era alguien en los bordes de una maquinaria que lo excedía, pero en la que aportaba algunas maniobras accesorias para su ejecución.
Tercero —y quizás lo más decisivo—, Clarke construyó una narrativa que obligaba al jurado a hacerse una pregunta incómoda: ¿puede el Estado aplicar la pena máxima cuando la relación entre el acusado y las muertes no es directa, sino mediada, fragmentaria?
El juicio se convirtió entonces en una disputa sobre grados del terrorismo. No de inocencia o culpabilidad —eso estaba fuera de discusión—, sino de intensidad de la responsabilidad.
Clarke buscó impedir su equiparación absoluta con los autores materiales del atentado, que estaban en su mayoría muertos.
El resultado fue una condena a cadena perpetua. No hubo ejecución. En el contexto de ese caso, esa diferencia era todo.
Clarke nació en 1953 en Carolina del Norte. No hay en su biografía temprana un signo de excepcionalidad. Estudió derecho, eligió la defensa pública y, casi sin proponérselo, empezó a recibir los casos que nadie quería. O aquellos en los que los imputados no tenían dinero para costearse un abogado privado.
Mientras Clarke ejerce la docencia en Harvard, explica a sus alumnos que no es una abogada de la inocencia. Es una abogada del límite. Trabaja en ese punto donde el derecho decide si se convierte en lo mismo que castiga. Así, su especialidad es lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha llamado "lo peor de lo peor": violadores de niños, torturadores, terroristas, asesinos en masa y otros que han cometido crímenes tan atroces que incluso los opositores a la pena de muerte podrían verse tentados a hacer una excepción.
Su tarea no es absolver, sino impedir la simplificación. Para eso, despliega un método silencioso: equipos de investigadores que reconstruyen vidas como si fueran archivos paralelos, entrevistas con familiares, historias clínicas, fragmentos dispersos que permiten armar una biografía donde el expediente solo ofrece un acto. Cada caso es una operación de reescritura: no del hecho, sino de su contexto. Mostrar todo eso al jurado, la vida misma de un terrorista, es ponerle una historia a quien ya todos ven atravesando el corredor de la muerte.
Hay algo profundamente incómodo en ese gesto. Porque al introducir humanidad en quienes han hecho lo peor, Clarke obliga a mirar donde muchos preferirían cerrar los ojos.
Al final de cada juicio, cuando ya no quedan argumentos nuevos, Clarke vuelve a un pedido mínimo: que el jurado escuche hasta el final. No que perdone. No que olvide. Que escuche.
Años más tarde, Clarke asumirá la defensa de Dzhokhar Tsarnaev, un acusado terrorista kirguís estadounidense de origen checheno, autor junto a su hermano mayor Tamerlán del atentado en la maratón de Boston el 15 de abril de 2013. Las explosiones caseras (colocaron dos bombas de olla a presión con clavos y metralla cerca de la línea de meta) causaron tres muertes y más de 260 heridos.
Dzhokhar fue capturado tras una intensa búsqueda y sometido a juicio. En esa instancia, Clarke enfrentó un escenario igualmente hostil al de Moussaoui. Su objetivo era el mismo. Salvarlo de la pena capital.
Las imágenes sobre las que tenía que trabajar eran claras: una mochila, una explosión, víctimas en la calle. La prueba visual cerraba cualquier discusión. Clarke eligió otra vez el método de los grados de participación: la relación con su hermano mayor, la influencia, la subordinación.
Introdujo matices donde el sistema tendía a homogeneizar. Pero no los pudo convencer. Esta vez, el jurado impuso la pena de muerte. Clarke no logró torcer el resultado. Y Dzhokhar Tsarnaev murió ejecutado.
Cuando ella les explica a sus alumnos de Harvard por qué ha fallado en este caso, les explica que su método no es infalible, y que lo importante es que la humanidad debe llevarse hasta el extremo ante el rostro del jurado y los jueces de última instancia. Y que por eso solo, por ese gesto de esfuerzo, vale la pena ser defensora.
Abogados del diablo (40 breves biografías).
280 págs.
Autor: Julián Axat
Askasis, Valparaíso, Chile, 2026
En Argentina se consigue aquí.
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