AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA

El Acuerdo de Escazú y el desafío de elevar los estándares ambientales

 

La Cámara de Diputados ratificó el 24 de septiembre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú porque se firmó en esa ciudad de Costa Rica. De esta forma Argentina se convirtió en el 10° país de la región en confirmar su validez y se necesita sólo una ratificación más para que entre en vigor a nivel internacional. Mientras tanto, los derechos y herramientas que el acuerdo reconoce tendrán plena vigencia en nuestro país una vez publicada la ley.

A nivel regional, el Acuerdo de Escazú va a ser útil para elevar los estándares ambientales. En Argentina funcionará como una norma de presupuestos mínimos a ser respetados en todas las jurisdicciones provinciales y locales, a fin de superar la diversidad de estándares existentes ya que la cuestión ambiental es principalmente de competencia provincial.

Las políticas para enfrentar la crisis climática tienen en nuestro país dos debilidades principales. Por una parte, el incumplimiento de las leyes ambientales, evidenciada en la destrucción de los bosques nativos y los humedales; por otra, la supeditación de las decisiones ambientales a las actividades extractivas.

Los ejes del Acuerdo de Escazú están orientados a profundizar la Democracia Ambiental, es decir a democratizar las decisiones ambientales. En esta dirección será transcendental la nueva regulación y reflexión que abrirá el Acuerdo sobre la participación ciudadana (pública en los términos del acuerdo) y la discusión sobre quiénes y cómo deben tomar las decisiones ambientales. La participación ciudadana no debe quedar restringida a formular recomendaciones, pedir información o participar en audiencias públicas donde los funcionarios hacen que escuchan. En una democracia participativa donde se considere el ambiente como un bien común (no del Estado ni de los privados), la participación ciudadana implica contar necesariamente con poder de decisión. Hablamos de concebir que las decisiones sobre el ordenamiento ambiental y territorial, y el modelo productivo y reproductivo, deben quedar a cargo de las comunidades. Este será el gran desafío que tendremos al operativizar el Acuerdo de Escazú.

 

 

Plan Integral de Políticas Ambientales

En la misma semana, el Presidente Alberto Fernández anunció un Plan Integral de Políticas Ambientales que involucra: 1. Puesta en marcha del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto; 2. Proyecto de Ley de Educación Ambiental; 3. Implementación del plan Casa Común que fomentará la producción agroecológica y la puesta en valor de reservas naturales provinciales y municipales; y 4. Traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Todavía se encuentra pendiente la reglamentación de la ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicada el 20 de diciembre de 2019. A principio de año desde distintos colectivos (Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Asociación por la Justicia Ambiental, Fridays For Future, etcétera) se solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que la reglamentación de la ley se realice también a través de mecanismos de democracia participativa. La Argentina necesita repensar alternativas a su actual modelo de desarrollo, y para ello es imprescindible contar con un actualizado Plan de Adecuación y Mitigación del Cambio Climático, con criterios de justicia ecológica y justicia social. El primer paso es la reglamentación de la ley, participativamente.

 

 

 

Plan de Adecuación y Mitigación del Cambio Climático en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires la pandemia despertó el ánimo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para iniciar discusiones con relación a la planificación urbana y el ambiente. Desde mediados de año se está discutiendo la actualización del Plan Urbano Ambiental que debió iniciarse hace más de seis años. También esta semana se realizó un encuentro del Foro de Lucha contra el Cambio Climático en el marco de la actualización del Plan de Adecuación y Mitigación del Cambio Climático (Plan de Acción) de la Ciudad.

Mientras los debates se superponen, en la Legislatura porteña continúan con la descapitalización histórica de tierras públicas a pedido el jefe de gobierno, que sin remordimientos envía proyectos de ley sobre privatizaciones o convenios urbanísticos. Las últimas novedades tienen que ver con la autorización para construir un gran emprendimiento inmobiliario suntuoso en plena Costanera Norte, en los predios conocidos como Costa Salguero. El GCBA avanza contra lo que debería ser un gran parque público en la Costanera para construir un complejo inmobiliario sólo accesible para el 5 por ciento de la población, que en ciertos sectores llegará a los diez pisos con hermosa vista al río y con un patio verde: nuestra Costanera.

En la Legislatura también está en debate la cementación de los pulmones de manzana de la ciudad. Mientras la ciudadanía porteña es invitada a debatir, el gobierno acuerda con el sector inmobiliario la verdadera planificación de la ciudad. La participación ha sido desvirtuada y transformada en una herramienta distractiva del pueblo.

En el encuentro del Foro de Lucha contra el Cambio Climático se ha presentado un boceto de nuevo Plan de Acción con 19 acciones sin que se haya realizado ninguna evaluación de los dos planes anteriores, que existen desde 2009. Tampoco se señalizaron metas ni indicadores para estas acciones. La superficialidad en el tratamiento de esta cuestión tan esencial frente a la crisis climática tiene la misma envergadura que la preocupación por mostrar que la gestión ambiental de la ciudad es líder a nivel mundial.

La crisis climática nos interpela a repensar el paradigma de la infraestructura urbana terminando con la tiranía de la técnica. No podemos continuar diseñando megaobras obsoletas y poco eficientes para ciudades y eventos climáticos que ya no existen. Las amenazas de origen natural para la Ciudad de Buenos Aires son las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto es un absoluto contrasentido que el gobierno del PRO en la última década haya privatizado más 150 hectáreas de superficies verdes (el equivalente a 75 Plazas de Mayo), que aún la ciudadanía no cuente con Planes de Contingencia para olas de calor o inundaciones debatidos colectivamente, y que la información vinculada al riesgo hídrico no sea democratizada.

Esta semana se conoció que se aceptó el trámite del recurso contencioso-administrativo interpuesto el 15 de septiembre de 2020 por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el gobierno de España, por inactividad climática. Este se suma a la lista de litigios climáticos presentados en todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa. En Holanda, la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Estado por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

Es urgente hacer cambios en serio y profundos a fin de afrontar la Crisis Climática. Son los debates y las decisiones que, al igual que la justicia de género y social, no pueden esperar más.

 

 

 

 

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