AGUA EN DISPUTA EN PERGAMINO

El intendente apeló una orden judicial de entregar agua potable en barrios afectados por agrotóxicos

 

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, apeló la reciente resolución del juzgado federal 2 de San Nicolás que ordenó ampliar las medidas precautorias dictadas en abril de 2019 con respecto a la provisión de agua en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad, y que extendió al barrio Santa Julia. Martínez sostiene que la medida judicial realiza un análisis sesgado de las pruebas ya que informes técnicos de la Autoridad del Agua (ADA) y el Instituto Malbrán sostienen que el agua es apta para consumo. Adjuntó a la apelación un relevamiento sanitario realizado por la Secretaría de Salud municipal en el barrio Santa Julia que concluye que “no se observa prevalencia aumentada de enfermedades crónicas y crónicas oncológicas en la zona relevada”. Las víctimas sostienen todo lo contrario. Sabrina Ortiz, impulsora de la causa que limitó las fumigaciones en la ciudad, expresa en diálogo con El Cohete a la Luna que “hay 150 historias clínicas que dan cuenta de la veracidad de estos hechos” y enumera los informes que prueban que “el daño que se hizo y se sigue haciendo es producto de las sustancias agrotóxicas que vienen por el aire, que vienen por el agua”.

 

 

Todo se desprende de la causa que llevó adelante Ortiz con respecto a las fumigaciones. En base a la ley de residuos peligrosos se solicitó el análisis del agua de la población para constatar si existe daño ambiental a partir de las fumigaciones. El juzgado ordenó la extracción y muestra de agua de veinte pozos de Pergamino, enviándolos al perito designado por el INTA Balcarce y la ingeniera Virginia Aparicio, designada por el poder judicial. En el año 2018 estudios analíticos del agua extraída de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad determinaron la presencia de 18 sustancias agrotóxicas en el agua. Cuando se incorporó al estudio el barrio Santa Julia se detectaron 19 sustancias agrotóxicas. “Nos faltó hacer el estudio del aire. Del suelo se hizo y nos dio un resultado muy negativo porque está sumamente contaminado”, expresa Ortiz, quien señala que fueron proveídos los pedidos de análisis de genotoxicidad y de presencia de agrotóxicos.

Ortiz adquirió experiencia no solamente como abogada –carrera que eligió y terminó para llevar adelante su lucha– sino como víctima, “ya que si las personas presentan patología oncológica, se puede establecer el vínculo”, explica. Ella y sus hijos peregrinaron en busca de respuestas, que surgieron de estudios específicos en el laboratorio Farestaie de Mar del Plata. Los resultados mostraban que su hijo de cinco años tenía 120 veces más presencia de químicos de lo que tolera un cuerpo normal; su hija, 100 veces más, y ella 58 veces más. En el municipio les dijeron que los estudios eran truchos.

 

 

Sabrina Ortiz, la abogada que impulsa el reclamo.

 

 

Pergamino es parte de la zona núcleo sojera. Ortiz y su familia tienen un daño escrito en el ADN que se llama genotoxicidad. Desde hace años lleva adelante una batalla que comenzó con muchos intentos para tratar de entender qué les pasaba a su familia y continuó con la organización de una lucha colectiva para que el derecho a los negocios no esté por encima del derecho a la salud. Como contamos en El Cohete, la investigación judicial que impulsó Sabrina comenzó a partir del estudio de tres barrios con campos alrededor: Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida. En estos campos destinados a la producción agrícola se aplican agroquímicos, herbicidas, productos fitosanitarios y fungicidas que en muchas ocasiones poseen como componente activo el glifosato o sales derivadas del mismo. Elementos como el 2-4D, atrazina y clorpirifos fueron hallados al comienzo en pequeñas muestras tomadas en el suelo y en las aguas de esos predios. Un estudio posterior determinó la existencia de un amplio número de moléculas de plaguicidas en el agua, que no resultaba apta para consumo humano, y también en el suelo.

 

 

Censo que no censa

“Los resultados de la encuesta socio ambiental y de salud realizada por esta Secretaría no permiten vislumbrar patrones anormales”, dice la conclusión del informe adjuntado en la apelación que realizó el Municipio sobre el barrio Santa Julia, que firma la secretaria de salud María Martha Perretta. Pero en el barrio otras voces dijeron lo contrario. Alejandra Bianco, docente del barrio Santa Julia, relata que primero se enfermó su pareja de cáncer de páncreas y a los dos años su hijo menor, Ignacio, de cáncer de tiroides. Cuando ella se estaba controlando de tumores en su útero el médico la alertó que no eran casuales las patologías de todo el grupo familiar. A otro de sus hijos, Benjamín, le diagnosticaron púrpura trombocitopénica ideopática. Cuando comenzó a preguntar en el barrio pudo verificar que no solamente su grupo familiar padecía enfermedades sino otros vecinos tenían problemas similares. En diálogo con El Cohete, Alejandra recuerda cómo comenzó a confeccionar las primeras planillas caseras, que distribuyó en el barrio para llevar un registro de lo que sucedía.

 

 

Al principio –cuenta Alejandra– comenzaron a sospechar de un transformador de energía eléctrica ubicado detrás de su casa, en la puerta del jardín de Santa Julia. Con 25 años de vida en el barrio, recuerda que ese transformador “siempre presentó una pérdida, y estaba sucio debajo, aceitoso”, aunque no tenían noción de la peligrosidad. En contacto con un periodista local Alejandra comenzó a agitar las aguas en los medios y logró que se cambiara el transformador. De esa manera comenzó la movida en el barrio, sin conocer aún la problemática con el agua. Sabrina Ortiz, que ya llevaba toda una lucha en Villa Alicia, se contactó con Alejandra y comenzaron a trabajar juntas. El barrio Santa Julia está ubicado hacia el sur de la ciudad. Cuando se hizo el último estudio del tanque de zona sur que abastece al barrio Santa Julia se detectó la presencia de Atrazina y 2,4D. Desde el gobierno de Juntos por el Cambio les ofrecieron hacer un censo y les prometieron que los vecinos iban a poder participar, pero llegado el momento no pudieron. “Los resultados realmente fueron muy mentirosos”, señala Alejandra Bianco, y así lo explica:

 

 

Desde fines de 2018 cuando Bianco realizó el registro casero hasta el día de hoy tiene conocimiento de cinco vecinos que fallecieron. Por eso piensa que el Municipio ocultó la verdad de lo que realmente sucede. “Porque es imposible que yo tenga ese registro y ellos contabilicen solamente 19”, recalca. Fueron 184 personas que firmaron las planillas que distribuyó con ayuda de comerciantes, en las cuales diversas personas señalaron presentar patologías como cáncer de próstata, mamas, tiroides, páncreas, tumores en los riñones, cáncer de hígado y colon, de garganta, lengua, tumor cervical, cáncer de piel e intestino.

Cuando comenzó noviembre los vecinos de los barrios afectados, a los que por resolución judicial el intendente Martínez debía proveerles el agua, comunicaron que no la habían recibido y que el proveedor les había expresado que no les iban a entregar más bidones. Eso llevó a que la abogada y querellante Ortiz denunciara al mandatario ante el juzgado federal y se realizara una protesta en la puerta del palacio municipal el 16 de noviembre, exigiendo a las autoridades que se realice en tiempo y forma la entrega de bidones ordenada por la justicia. La respuesta de las autoridades ante la protesta fue un despliegue policial desproporcionado para impedirles ingresar al Municipio.

 

 

 

El intendente cambiemita dice que cumple con la medida judicial aunque no se privó de renegar ante la televisión local por la medida judicial que le hace gastar dinero en agua. “Dinero de los pergaminenses injustamente”, señaló, como si los que recibieran el agua en esos barrios no fueran vecinos de la ciudad a los que es necesario preservarles la salud. Pero su análisis es que el tema está politizado. “La discusión tiene que ser técnica y acá se está transformando en una discusión política e ideológica”, dijo. En su entusiasmo de hablar en la pantalla propia arrojó que “datos científicos no hay” cuando precisamente son los que sobran, aunque él no los considere relevantes. Martínez considero que la medida judicial implica “un ataque contra nuestra infraestructura laboral, sanitaria, contra toda una estructura vinculada a nuestro agro”, expresó.

 

 

Lo que no advierten desde el gobierno de Martínez es que la medida judicial busca la prevención en defensa de la salud de los afectados y por eso se estableció la medida precautoria con base científica. “No existe tal persecución política”, expresa Ortiz a El Cohete a la Luna en referencia a los dichos del intendente. “Si existen justificaciones para seguir la negación que están teniendo, la posición negacionista que adoptaron desde el minuto cero. La problemática viene desde el 2011, si bien la causa judicial arranca en 2018. Los denunciantes, las víctimas, somos de Pergamino, por lo tanto lo que le tiene que competer al juzgado es el marco geográfico donde están los afectados”, señala Ortiz en referencia a la excusa del intendente de que existen otros distritos con la misma calidad de agua. “Esto de desentenderse, de tirar la pelota afuera por parte del intendente… No sé qué pretende cuando dice ‘que otras ciudades comparten el agua porque salen de las mismas napas, y nos atacan a nosotros’. Debe entender que hay una responsabilidad creada en sus funciones”. El impulso de la causa llevó a distintas actuaciones del fiscal federal Matías Felipe Di Lello y derivó en las resoluciones del juzgado federal a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Medidas que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó en octubre, reforzando la importancia de la protección del ambiente y de la salud humana, destacando el principio precautorio. El intendente Martínez reniega de la militancia por el agua.

 

PERITAJE DE LA MÉDICO FORENSE DE LA JUSTICIA NACIONAL EXPRESANDO QUE EL AGUA NO ES APTA

 

 

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1 comentario
  1. Alicia Morales Lamberti dice

    Estas tragedias incrementales son (lamentablemente) una muestra más de cientos de poblaciones vulneradas en su derecho de acceso al agua como derecho humano.

    La problemática del uso y abuso de agrotóxicos debe ser una política de Estado. Si la opción a un modelo agroindustrial que conlleva el paquete «tecnológico», que no es más que un cóctel de químicos declarados como posibles cancerígenos o directamente cancerígenos y/o teratogénicos, no sólo está generando daños irreversibles en la salud humana, sino también un desierto verde que destruye enteros ecosistemas, condicionantes de todas las especies humanas y no humanas.

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