La historia del avance de la humanidad tiene como principio rector el desarrollo del individuo inserto en un colectivo que se organiza y desarrolla en comunidad.
La llama que encendieron nuestros ancestros quizás fue el principio de ese avance ininterrumpido y avasallador de la humanidad. También fue la primera fuente de energía, aprovechada por el ser humano para iluminar cavernas, preparar los alimentos y proteger a esa comunidad de la cual era parte. Cada intento de los poderosos de apropiarse de esas fuentes energéticas siempre fue resistido por la comunidad a la cual pertenecen esos bienes y recursos naturales.
Hoy, a millones de años de aquellos eventos, volvemos a mirar con perplejidad cómo todos los recursos energéticos están siendo acaparados por un pequeño grupo de personas, que, mediante distintas estrategias de dominación, amedrentamiento y saqueo, se están quedando con las fuentes de energía (que hoy son mucho más que el fuego), impidiendo que la comunidad, a la cual pertenecen esas fuentes, pueda tener acceso libre y decidir el destino y el uso más adecuado de ellas.
Así, aquellas naciones o regiones del planeta Tierra donde las comunidades no pueden ser dueñas de los recursos energéticos están condenadas al atraso, y los individuos que la componen están condenados a la miseria, el hambre y la marginación. Por el contrario, aquellas otras que defienden la soberanía de esas fuentes y las ponen al servicio de la comunidad son las que hoy más desarrollo y bienestar han alcanzado.
La Argentina, como nación y territorio rico en esos recursos, se encuentra en esta encrucijada estratégica con miras al desarrollo del siglo XXI.
Nuestro país, con una superficie de 3,7 millones de km² (incluyendo al continente antártico, las islas Orcadas del Sur y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur), contiene cauces de ríos, fuentes de agua dulce, hidrocarburos, minerales, acceso al mar y zonas fértiles y otras de alta portabilidad eólica y solar. Sin embargo, su utilización está mediada por intereses que no son los de la nación argentina ni los de sus comunidades. El 85% de la población (46 millones) se distribuye en un cuarto de su superficie y lo mismo ocurre con el PBG (Producto Bruto Geográfico).
La matriz energética es deficitaria y el uso de los recursos está distorsionado por la falta de planificación estratégica y de soberanía nacional sobre esos recursos, que hoy se han convertido casi en propiedad de los señores feudales/gobernadores de las provincias. Esto se debe a que, gracias a la Constitución nacional (reformada por el pacto de Olivos en 1994), los bienes naturales pasaron a ser de dominio provincial y, mediante la ley de minería, el Código de Minería (Ley 1919) y, más recientemente, el decreto 70/23 y la ley 27.742, mal llamada de Bases (RIGI), se entregan a capitales extractivistas y saqueadores a conveniencia de cada gobernador, casi siempre en desmedro del interés nacional.
No es casual que la mayoría de las leyes que están en vigencia actualmente fueran modificadas o sancionadas en el “periodo menemista de degradación nacional”. Nunca fueron revisadas por los gobiernos que se sucedieron hasta la fecha, con el objetivo de recuperar una visión estratégica a favor de las mayorías populares y como basamento de un poder soberano e independiente de la nación. ¿Falta de visión estratégica?, ¿falta de voluntad política?, ¿preservar la “gobernabilidad del sistema imperante”? Son preguntas que aún no encuentran respuesta en las mesas de discusión y decisión de quienes deberían representarnos.
Por eso creemos que estamos en deuda con nosotros mismos al seguir tolerando esta situación, cuando existen los recursos intelectuales y materiales para revertirla y poner al servicio del pueblo argentino las inagotables fuerzas de la naturaleza convertidas en energía para el buen vivir de la población.
Y aquí es donde se abre la puerta al acceso a la energía como un derecho humano básico para toda la población.
Recordando a Eduardo Luis Duhalde, quien en sus intervenciones remarcaba que “los derechos humanos son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los de incidencia colectiva o también llamados de cuarta generación”, que equiparan los derechos colectivos a los derechos individuales. Esta visión de los derechos humanos consagrada en numerosos tratados internacionales que tienen rango constitucional en la Argentina debe “convertirse en una filosofía del modelo transformador, que busca un Estado inclusivo, un Estado equitativo, un Estado que refleje las necesidades de la sociedad, las proyecte y las haga políticas de Estado”.
Cabe preguntarnos entonces qué vigencia tienen hoy estas definiciones, cuando parece que la democracia, el Estado de derecho y el propio Estado nacional son asaltados por un topo que lo viene a destruir todo desde adentro.
¿Qué vigencia tienen estas definiciones, cuando los representantes que hemos elegido se olvidan fácilmente de esos compromisos y acallan sus voces por conveniencia propia, miedo o incapacidad intelectual y pretenden cambiar de raíz nuestras concepciones del papel del Estado, el rol que este debe jugar para beneficio de la población toda y cómo deben orientarse esos recursos de manera inteligente y estratégica para convertirnos en una nación del siglo XXI?
Pero para eso necesitamos de una democracia sustantiva —no de una democracia meramente formal—, que se asiente en el poder organizado de la comunidad y despliegue ese poder a todos los rincones de la Patria para recuperar la soberanía y la independencia económica.
Es necesario un Estado que:
- Se proponga, como lo hicieron alguna vez los patriotas, dar felicidad y buen vivir a la población.
- Esté sostenido por las fuerzas políticas, sociales, culturales, gremiales, de la producción y el trabajo y enfrente el desafío de elaborar una matriz energética que salvaguarde la integridad territorial, amenazada como nunca por los hipermillonarios que buscan saciar sus ansias de poder, extrayendo hasta el agotamiento cada milímetro de nuestro suelo.
- Tenga la suficiente voluntad política, decisión y audacia de convicciones para derogar todo el plexo normativo que hace más de 70 años viene entregando los recursos estratégicos de la nación.
- Pueda convocar a la población en defensa de esos recursos cada vez que se sienta amenazado por los poderes concentrados y permita la organización comunitaria para defenderlos en todas las instancias.
- Sea capaz de distribuir conscientemente los recursos materiales, monetarios y financieros que hacen falta para el desarrollo humano sustentable y los utilice como inversión al servicio de la comunidad.
- Declare de interés y seguridad nacional el desarrollo tecnológico y científico.
- Esté a la vanguardia de las investigaciones relacionadas con la energía en todas sus formas y convoque y cuide a los científicos, profesionales, técnicos y trabajadores que se dediquen a la rama de la energía.
- Pueda, al ser soberano, tejer las alianzas con aquellas naciones, conglomerados de naciones o regiones que propongan la cooperación y colaboración para el desarrollo de la humanidad.
- Garantice, como Estado único y duradero, que los recursos energéticos, vitales para la sociedad, sean de acceso universal y no un bien suntuario. El acceso al agua corriente, gas, electricidad, combustible, internet y conectividad deben ser considerados derechos humanos esenciales.
Por eso creemos que un plan estratégico que ponga al ser humano en el centro de la planificación y la organización comunitaria de los recursos de la naturaleza es el puntapié inicial de cualquier modelo de desarrollo con soberanía energética e independencia económica, con distribución de la riqueza para lograr la justicia social y el bienestar del pueblo argentino.
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