Al rojo vivo

Ruptura del contrato social y crisis de legitimidad política

 

Desde los orígenes de la vida humana en el planeta la división del trabajo y la cooperación estructuraron el contexto social que le permitió producir y sobrevivir en un medio hostil. Poco a poco, la trama de relaciones sociales se hizo más compleja y las relaciones de poder pasaron a determinar las formas de adaptación de la vida social al medio natural. Desde muy temprano pues, los mitos, las leyendas y las religiones de las distintas culturas intentaron dar cuenta de los orígenes de la autoridad y de su legitimidad social. Con el correr del tiempo, la filosofía griega habría de internarse en una discusión más profunda de estos problemas al definir a la justicia como la resultante de un pacto entre seres humanos racionales que, al impedir el daño mutuo, hizo posible la vida social (Platón 427-347 a.c., Epicúreo 341-270 a.c).

Desde ese entonces, la pregunta por el origen de la vida social y de la autoridad incluyó una incipiente reflexión sobre los conflictos sociales, el consenso y la desintegración social, problemas que fueron desarrollados en los siglos XVI, XVII y XVIII por Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Este último habría de desarrollar su teoría del contrato social, un acuerdo implícito al interior de un grupo de seres humanos, que otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad que los seres humanos tenían en el estado de naturaleza. Los derechos y deberes de los individuos serán las cláusulas del contrato social y el Estado se encargará de hacerlas cumplir. Entre otras cosas, Rousseau introdujo la noción del Estado como expresión de la “voluntad general” por encima de las diferencias individuales. Este Interés General habría garantizado la cohesión social y sería el principio fundante de la legitimidad institucional de los regímenes democráticos que se sucedieron a lo largo del tiempo. Este principio es hoy cuestionado por una crisis sistémica del capitalismo que, si bien viene de lejos, ha sido intensificada por la pandemia.

La expansión mundial de un capitalismo global monopólico que maximiza ganancias y poder en todas las esferas de la vida social, erosionó la capacidad que tienen las principales instituciones de la democracia para expresar al Interés General de la sociedad. El avance de la concentración del poder y de la riqueza en muy pocas manos contribuyó a deteriorar la legitimidad de la división de poderes y de las instituciones destinadas a expresar la voluntad popular en las sociedades contemporáneas. Al mismo tiempo que los partidos políticos y sindicatos pierden su capacidad de representación de las demandas populares, los medios de comunicación cada vez más concentrados y los monopolios tecnológicos que dominan a las redes sociales imponen el interés de un pequeño pero poderoso sector sobre un colectivo social que desborda las fronteras territoriales y se desparrama a nivel mundial.

En este contexto, sin embargo, se multiplican los intentos de afirmar nuevas formas de representación política y social, y ocasionalmente las demandas estallan a la intemperie en violentos movimientos de protesta social. Organizados de abajo hacia arriba y tejiendo alianzas horizontales entre sectores con intereses muy diferentes, estos movimientos buscan nuevos derroteros para expresar los intereses de sectores específicos y el Interés General de la mayoría de la población. Esto ocurre tanto en los países desarrollados como en los periféricos, afectando especialmente a nuestro continente. Así, hoy se abre un nuevo horizonte de transformación social y política y esto ocurre a pesar de las fake news que oscurecen la realidad y de los cantos de sirenas que buscan anestesiar la reflexión.

 

 

Polarización partidaria y censura en los Estados Unidos

El escenario político norteamericano está marcado por una creciente polarización política. Diversos estudios académicos y encuestas realizados en los últimos años muestran que “la hostilidad hacia el partido de oposición y sus candidatos ha llegado al punto tal que el odio, más que la lealtad partidaria, motiva a los votantes” (T. Edsall, nytimes.com 3 1 2018; pewresearch.org 10 10 2019). En otras notas hemos analizado el aumento de la polarización política a raíz de la campaña electoral del 2020, que culminó con un resultado electoral cuestionado por el ex Presidente Trump y los 74 millones que supuestamente lo votaron.

Ni bien asumió la Presidencia, Joe Biden definió al “terrorismo doméstico” como “la amenaza más grande a la seguridad nacional norteamericana”, encuadrando dentro de esta definición a los incidentes del 6 de enero pasado, cuando un tumulto de partidarios de Trump invadió el Congreso y, causando destrozos, expresó su repudio ante el “robo” de las elecciones (wsj.com 7 1 2021, Forbes.com 7 1 2021; Office of the Director of National Intelligence: Domestic violent extremisms 1 3 2021 y, zerohedge.com 19 6/ 21 7 2021). La guerra contra el terrorismo doméstico ha sustituido en importancia a la guerra contra el “terror internacional” desatada luego del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, y para combatirla hoy se utilizan las tácticas más sofisticadas de espionaje (National Strategy to Counter Domestic Terrorism, whithouse.gov, 6 2021). Este nuevo enemigo es definido muy vagamente y no sólo comprende a grupos de la derecha norteamericana sino también a grupos de izquierda, incluyendo a activistas por los derechos de los animales (para un análisis detallado ver Glenn Greenwald, zerohedge.com 2 6/ 2021; y otros: zerohedge.com 16, 23, 6/y 21, 7, 2021).

Mientras tanto, la oficina de la Presidencia ha llegado al extremo de marcarles a los directivos de las redes sociales la información que deberán censurar. Bret Weinstein, conocido científico norteamericano, constituye un caso emblemático de una censura que avasalla a distintos sectores: fue echado de su Universidad, víctima de la “cultura de la cancelación, y “ha sido bloqueado en YouTube y en las redes sociales por haber entrevistado al doctor Robert Malone, inventor de la tecnología mRNA y crítico de la vacuna de Pfizer, que utiliza esta tecnología» (Matt Taibbi, entre otros: zerohedge.com 19 6 2021).

 

 

Ruptura del contrato social en los Estados Unidos

Estos enfrentamientos políticos no ocurren en un espacio vacío: son el resultado de la ruptura del contrato social norteamericano. En los últimos 45 años, 50 billones (trillions) de dólares fueron transferidos desde el 90% de los ciudadanos hacia el 10% que concentra la mayor proporción de los ingresos (Trends in Income from 1975 to 2018, rand.org, 2020). Más aun, el 1% de los ciudadanos más ricos ha concentrado cerca de la mitad del ingreso generado desde la crisis financiera de 2008. Hoy tres norteamericanos concentran en conjunto más riqueza que los 160 millones de ciudadanos más pobres (monopoly vs democracy: how to end a gilded age, foreingaffairs.com, 1 y 2 2021). Estas cifras arañan la superficie de un problema más profundo: la existencia de una elite que reescribe el contrato social y coloca a la sociedad estadounidense al borde de un estallido social.

Las políticas adoptadas por la Reserva Federal para mitigar el impacto de la pandemia en el sector financiero han incentivado a la concentración económica: cuatro mega bancos (JP Morgan, Bank of América, Wells Fargo y Citibank), que representan el 0,08% del total de los bancos, hoy controlan el 40% del total de los activos financieros (wallstreetonparade.com 14 7 2021). Paralelamente, solo cuatro monopolios tecnológicos (Apple, Amazon, Microsoft y Google) representan el 25% del índice S&P500 de capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.

Los monopolios financieros y tecnológicos se interpenetran pero también compiten entre sí por aumentar su poder respectivo. Con una proporción de acciones que no supera el 10% del total en cada corporación, tres fondos de inversión, entre los que se encuentra BlackRock, han logrado el control sobre las principales corporaciones de armamentos y medios de comunicación –exceptuando al Washington Post y a Bloomberg– y son los principales inversores institucionales de las mayores corporaciones tecnológicas. El titular de BlackRock ha sido el brazo derecho de la Reserva Federal desde marzo del 2020 y sus fondos de inversión se han beneficiado con las medidas adoptadas desde entonces.

 

Los mayores fondos de inversión controlan corporaciones de armamentos, tecnológicas y medios de comunicación.

 

 

 

Monopolios y conflictos sociales

El 9 de julio pasado el Presidente emitió un decreto con el objetivo de velar por una mayor competencia en los mercados (Executive Order on promoting competition in the american Economy, whitehouse.gov). Advirtiendo que “el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”, Biden dio directivas para que las Agencias Federales eviten tomar medidas que “acrecientan la concentración excesiva de los mercados”, y propuso 72 acciones y recomendaciones destinadas a reformular la manera de pensar en torno a la consolidación empresarial y a las leyes antitrust. Las directivas también pretenden revisar medidas antimonopólicas tomadas recientemente. Sin embargo, son sólo recomendaciones para que las Agencias, que son independientes y actúan según sus propios lineamientos, las tomen en consideración.

Dos días después de la publicación de este decreto, y casi en abierto desafío al Presidente, la Reserva Federal aprobó la absorción de otro banco por uno de los mega-bancos (wallstreetonparade.com 14 7 2021). Jerome Powell afirmó el interés de la Reserva Federal que preside por la emisión de un dólar digital (fedcoin) y advertía que si esto ocurre “el mundo no necesitará de criptomonedas privadas” (zerohedge.com 14 7 2021). Se refería tangencialmente al punto más candente de los conflictos entre los mega-monopolios: la especulación rampante con criptomonedas y su intento de usarlas para controlar la emisión de dinero.

Estos desarrollos y la falta de política monetaria ante la crisis aceleran los tiempos que la Reserva tiene para gestionar la crisis y mitigar el deterioro del dólar emitiendo su propio dólar digital (fedcoin). Esto último implicará afectar severamente a los bancos y a sus funciones. En esta aventura la Reserva tiene un aliado indispensable: un FMI dispuesto a imponer las reformas estructurales en los países de la periferia, que asegurarían la digitalización y la dolarización de estas economías y la persistencia del endeudamiento ilimitado. Estos fenómenos profundizan la ruptura del contrato social en la periferia y apresuran los tiempos del conflicto social en esta región.

 

Joe Biden: “El capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”.

 

 

 

La Argentina: monopolios y proyecto de país

El brillante discurso de la Vicepresidenta CFK en su declaración en la causa por el Memorándum con Irán el 16 de julio sintetiza el drama que vive nuestro país: “Todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera: dominarnos a través de la deuda… Si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia”.

Si no reflexionamos sobre las causas que llevaron al momento actual, si no aplicamos inmediatamente políticas tendientes a superarlas y si seguimos tratando de sobrevivir a la deriva, difícilmente tendremos un futuro después de la pandemia. Las políticas que hay que tomar implican enfrentar la arremetida de los monopolios, construyendo poder de abajo hacia arriba y marcando hacia dónde vamos, un destino que no puede ser reproducir el modelo agroexportador que nos ha legado el FMI, y que tal como está diagramado es funcional al endeudamiento ilimitado y a la reproducción de la miseria. Ese es el camino hacia un país inviable.

Hoy vivimos un momento único, donde la ruptura del contrato social está expuesta al rojo vivo, los responsables operan a cara descubierta y muestran sin ambages que están dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder el enorme poder económico y político que concentran en sus manos. En este contexto, el principal ataque al gobierno proviene de los formadores de precios y de los que controlan las divisas: exportadores, importadores y bancos.

Las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno para controlar la inflación han fracasado. El Ministro de Economía cree que el desborde inflacionario argentino es consecuencia de la inflación de los commodities que también afecta a otros países (infobae.com 15 7 2021). Sin embargo, la inflación argentina es consecuencia de la formación de precios y de no haber tomado las medidas necesarias para impedir que la inflación de los precios internacionales se trasladase inmediatamente a los internos. Esto, sin embargo, no logró aplacar la demanda ruidosa de un “campo autoconvocado”, mera prolongación del macrismo. Los verdaderos responsables de la formación de precios se esconden detrás de ellos: son los monopolios que controlan sectores y cadenas de valor claves en la economía argentina, especulan con el tipo de cambio, se dolarizan y fugan divisas por los agujeros de un cepo que el gobierno sigue sin poder cerrar. Mientras esto ocurre, avanza la restricción externa con un crecimiento de las importaciones que toma vuelo al compás de la corrida con el dólar.

Las mejoras salariales otorgadas recientemente por el gobierno se van a los bolsillos de los formadores de precios y no alcanzan para impedir el avance de la pobreza y la indigencia en el país: el precio de los alimentos tuvo en el primer semestre de 2021 la suba más alta de los últimos cinco años mientras el salario mínimo actual y proyectado no alcanza para alimentar a una familia. Hoy un hogar que alquila precisa el equivalente de 4,5 veces el salario mínimo para no caer en la pobreza. En esta situación, el gobierno debería movilizar a los movimientos sociales, a los sindicatos, ONGs de consumidores y organizaciones de empresarios pequeños y medianos para que controlen, en forma organizada y programada, los precios en distintas instancias de algunas cadenas de valor estratégicas en la determinación de la inflación. Esto no sólo implica mandar un poderoso mensaje a los que atacan al gobierno, sino pelear por la legitimidad de la palabra y las promesas que llevaron al Frente de Todos al gobierno.

 

 

 

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