Alfonsín con cafeína

La semana santa del '87 en el relato de protagonistas e investigadores

 

La Semana Santa y el estreno del excelente documental Raúl. La democracia desde adentro me sirven de excusa para reflexionar en torno a dos mitos que envuelven la figura del Presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)

El primera de ellos se relaciona con el alzamiento carapintada en la Semana Santa de 1987. Al respecto, y en el marco de mi tesis doctoral, que quedó plasmada en el libro ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983-2010), tuve la oportunidad de entrevistar al Brigadier Héctor Panzardi el 25 de febrero de 2011 que me permitió corroborar los hechos narrados por Raúl Alfonsín en sus respectivas memorias, en el libro de Horacio Verbitsky (Civiles y militares: memoria secreta de la transición) y la Entrevista con Gustavo Breide Obeid guardada en el Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Los audios y entrevistas que se pueden escuchan y ver en el documental confirman el siguiente relato.

A inicios de marzo, el Presidente de la Nación se reunió con el ministro Jaunarena y con el jefe del Ejército Ríos Ereñú. Este último les informó sobre “las dificultades insalvables que tenía para seguir conduciendo el Ejército”. Alfonsín le respondió que era consciente de la situación, que estaba al tanto de “las reuniones más o menos encubiertas que se realizaban” y que pondría todo su empeño en que se aprobara una ley que reflejara “las intenciones originales del gobierno” con respecto al establecimiento del criterio de los tres niveles (Jaunarena, 2011: 162).

En efecto, el 23 de marzo de 1987, en la localidad cordobesa de Las Perdices, el Presidente anunció que, haciendo uso de sus facultades constitucionales, haría aplicar el esquema de los tres niveles de responsabilidad (en la película se puede escuchar el audio). De esta manera, para cumplir con lo propuesto en la campaña y con lo reiterado en varias oportunidades, se había confeccionado un proyecto para aplicar el “criterio de los tres niveles”. La elaboración del proyecto de Ley de Obediencia Debida estuvo concluida a principios de abril de 1987, para su posterior envío al Congreso de la Nación (Alfonsín, 2009: 53 y 55; Verbitsky, 1987: 354 y 355; Jaunarena, 2011: 162; y en una nota del diario Clarín del 24 de marzo de 1987). Este criterio es el que Raúl Alfonsín había prometido aplicar en el acto de campaña en el estadio de Ferro el 30 de septiembre de 1983:

«La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de la claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina […]. Aquí hay distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay otra distinta de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes». (Jaunarena, 2011: 32.)

El voto clave de Sapag en el Senado y errores de apreciación del propio gobierno habían dejado irresuelto el juicio limitado que había propuesto Raúl Alfonsín hasta principios de 1987. Como resultado de ello, la Ley de Obediencia Debida ya estaba redactada en marzo de 1987

Pasemos a otro instante clase de esa jornada: la reunión con Aldo Rico.

El Presidente tenía la certeza de que el Ejército no reprimiría y que la Armada y la Fuerza Aérea se mantendrían prescindentes: esta última solo intervendría en el caso en que el orden constitucional fuera puesto en peligro. El jueves 16 de abril, el jefe del Ejército Ríos Ereñú presentó su renuncia y acordó que se haría efectiva cuando terminaran los sucesos (Alfonsín, 2009 y Jaunarena, 2011). Mientras tanto, Aldo Rico había empezado a reunirse con diversos dirigentes políticos, manifestando su voluntad de establecer un contacto directo con el gobierno. Esta comunicación logró establecerse a través de militares de la Fuerza Aérea y del delegado de Rico, Julio Vila Melo, quienes organizaron una reunión con Jaunarena. El ministro concurrió a la reunión con autorización presidencial, a los efectos de escuchar las demandas de los carapintadas. Allí Rico presentó las siguientes demandas[1]: a) El pase a retiro de Ríos Ereñú y su reemplazo por un oficial entre los cinco propuestos por los rebeldes; b) Amnistía; c) Cese de la campaña en contra de las Fuerzas Armadas por parte de los medios de comunicación; d) Aumento del presupuesto; y e) Que no se sancionara a los protagonistas del alzamiento.

Frente a estos pedidos, el ministro de Defensa respondió: a) Ríos Ereñú ya había solicitado su retiro el día jueves; b) El Presidente ya había anunciado el envío de la Ley de Obediencia Debida; c) El gobierno no dirige los medios de comunicación; d) La situación presupuestaria debía considerarse mirando el conjunto de las demandas de todos los sectores; y e) La Justicia ya estaba interviniendo y, por lo tanto, ella resolvería la situación de los participantes del alzamiento. Más tarde, Jaunarena y el jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Crespo, informaron al Presidente los detalles de la reunión. Esa misma noche, Rico se encontró con el jefe del Ejército para informarle que al día siguiente depondrían la actitud de rebelión. Como el Presidente había ordenado al Ejército que recuperara las instalaciones el domingo a la mañana, dispuso que Jaunarena se trasladara a Campo de Mayo para requerir a los carapintadas que depusieran su actitud. Allí se encontró con una situación diferente a la del día anterior porque Rico había tenido contactos con dirigentes políticos, entre ellos el intendente de San Isidro, Melchor Posse, quienes le habían manifestado que el Presidente estaba dispuesto a otorgar una amnistía. Mientras tanto, la gente se había congregado, algunos espontáneamente y otros movilizados por los partidos políticos, en Plaza de Mayo y en Campo de Mayo. Se había llegado a un impasse: el gobierno no lograba reprimir, la gente movilizada se había convertido en el mejor factor de presión y Rico no había logrado conseguir otros apoyos dentro del Ejército: le habían manifestado que sólo se movilizarían en caso de que fueran reprimidos (Breide Obeid, 2007; Alfonsín, 2009; Jaunarena, 2011 y Verbitsky, 1987).

Finalmente Alfonsín concurrió a Campo de Mayo con el brigadier Crespo, y mantuvo una reunión en la que estuvieron presentes, además de Aldo Rico, Panzardi (edecán presidencial) y Enrique Venturino. Nadie más. En dicho encuentro, Rico reiteró sus demandas. Alfonsín respondió, luego de reseñar su política militar, lo que ya había manifestado Jaunarena: que Ríos Ereñú ya había renunciado; que ya se había preparado un nuevo proyecto de ley para plasmar claramente los criterios de los tres niveles; y que él no podía garantizar que fueran juzgados por tribunales militares porque ya había intervenido la justicia civil. Alfonsín hizo entrar a su otro edecán, Julio Hang, quien le informó a Rico que el alzamiento sería encuadrado como motín. Rico reiteró que no buscaba alterar el orden constitucional, que era un problema interno del Ejército, y que, por lo tanto, se ponía a su disposición (Alfonsín, 2009).

El Brigadier Héctor Panzardi recuerda los hechos de ese día como los describe Alfonsín. Sostiene que Aldo Rico trató en todo momento a Alfonsín como Presidente de la Nación. El primero relató los motivos del alzamiento y Alfonsín le comentó lo que se había hecho y lo que estaba en marcha, incluyendo el retiro de Ríos Ereñú y el envío del proyecto de la Ley de Obediencia Debida. Alfonsín les informó también que serían sancionados. Aldo Rico hizo callar al oficial que estaba con él, cuando trató de mala manera al Presidente (Panzardi no recuerda quién era ese oficial, pero por el relato de Alfonsín [2009] pareciera estar refiriéndose a Venturino). En esos días de Semana Santa, Alfonsín buscó en todo momento evitar el derramamiento de sangre y que la cadena de mando no quedara más deteriorada. Asimismo, Alfonsín se mostró sereno, a diferencia de sus colaboradores —Jaunarena  (2011: 166) sostiene lo mismo—. Por otro lado, Gustavo Breide Obeid (2007) sostiene que no hubo negociación y que simplemente se depuso la actitud frente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que había escuchado sus demandas porque los generales les habían estado mintiendo. Esta afirmación la reiteró en 2010, en un programa de televisión de América TV con la periodista Mónica Gutiérrez.

La sanción de la Ley de Obediencia Debida se produjo el 5 de junio de 1987, siguiendo el criterio definido por Alfonsín durante la campaña electoral que había intentado, sin éxito, implementar a lo largo de su gobierno. Esto licuó el capital político del Presidente de la Nación, potenciado por la crisis económica que había vuelto a descontrolarse en 1987. Por último, cristalizó una profunda división en el seno del Ejército, entre los nacionalistas que mayormente respondían a los “carapintadas” y “los liberales”, oficiales superiores que ocupaban la conducción de la Fuerza; y los “profesionales”, que buscaban una mayor eficiencia en el Ejército a través de una reestructuración y que, si bien deploraban la conducción liberal, se negaban a romper la disciplina, como señala Ernesto López en el libro Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín.

El segundo mito que desarma la película es el Raúl Alfonsín que se pretende instalar desde el gobierno y diversos grupos de poder. Un Alfonsín descafeinado, sin ideologías, afecto a un supuesto consenso desabrido.

Ese no es Raúl Alfonsín. El dirigente radical tenía fuertes convicciones políticas e ideológicas. Los discursos en la Iglesia Stella Maris; en un acto en la Sociedad Rural; frente al Presidente estadounidense Ronald Reagan; y con respecto a las operaciones que realizaba en su contra el diario Clarín, lo demuestran cabalmente. Unamuno sostenía que uno es (valga la redundancia) uno y sus circunstancias. No se trata de ensalzar a un padre de la democracia de bronce sin errores, pero tampoco desconociendo sus aciertos: entre ellos, el Juicio a las Juntas que se realizó en un contexto en el que los militares y sus aliados civiles no habían sido derrotados totalmente sino retirado estratégicamente, conservando importantes cuotas de poder (al día de la fecha muchos de esos civiles siguen en libertad), y en el marco de una democracia naciente, prácticamente solitaria en América Latina, donde Ítalo Luder había prometido amnistiar a los militares responsables del Terrorismo de Estado; y con el telón de fondo del recalentamiento de la Guerra Fría y del legado de una verdadera bomba de tiempo en materia económica.

Por todo lo expuesto, prefiero un Raúl Alfonsín con cafeína porque en este caso —estoy seguro— no le va hacer mal a mi gastritis.

 

 

 

Doctor en Ciencia Política
Profesor e Investigador en defensa y seguridad

 

[1] Éstas ya habían sido adelantas por Vila Melo (Jaunarena, 2011: 171).
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3 Comentarios
  1. Geronimo dice

    Sería mejor si los artículos pasaran por una instancia de corrección antes de publicarlos.
    Muy interesante el contenido.

  2. Guillermo dice

    No estoy de acuerdo,si tenía convicciones no podía ni siquiera contemplar las exigencias de los militares para una anmistía de la forma y en los niveles que fuesen ,no se borra con el codo lo que se escribe con la mano y menos aún luego pedirle permiso a Magneto para poder terminar su mandato,vale en él la restauración de la democracia y los juicios a la Junta pero obviamente no era Salvador Allende.

  3. Horacio dice

    Impecable columna, al igual que el documental que el.pasado domingo 14, me dejó temblando. Y refuerza mi convicción de cuan imprescindible es para los radicales que medran en las estructuras estatales desde diciembre de 2015, acallar (o descafeinar, cómo propone el autor de la columna, como destaca Ricardo Luis Alfonsín en el documental) la.buena memoria de Raúl.

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