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La huella calabresa en la operación de lavado de dinero de D'Alessio

 

Calabria es el territorio ancestral de una mafia: la ‘ndrangheta. De ahí la organización se refractó hacia el mundo. Esa región hoy es una suerte de territorio liberado a disposición del mercado global mafioso y también un lugar adonde ir a aprender nuevas formas de hacer negocios. ZeroZeroZero, una serie filmada a partir de un libro de Roberto Saviano y dirigida por Pablo Trapero (entre otros), muestra cómo un cargamento de cocaína que sale de México es redirigido a la fuerza hacia África, con destino final en Calabria. La serie ensaya una explicación sobre los mecanismos a través de los cuales flujos de dinero provenientes de la economía ilegal ‘ndranghetista pasan a formar parte de la legal.

La ‘ndrangheta ha establecido alianzas con distintos cárteles latinoamericanos, sobre todo colombianos y mexicanos. Esa es una de las claves de su ascenso en los entramados mafiosos internacionales. Funciona como cártel de distribución y se ocupa del tráfico de estupefacientes en Europa, haciendo pie en una red portuaria tupida que se articula en torno al puerto de Gioia Tauro (rebautizado como Coca Tauro), el mayor puerto calabrés, construido y controlado en parte por familias ‘ndranghetistas. Existen vínculos entre la ‘ndrangheta y el cartel de Los Zetas, que históricamente hizo pie en el estado de Tamaulipas.

Voy a mencionar brevemente una historia que conecta política, lavado y cirugía plástica con Calabria. Entre 1999 y 2005 Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba fue gobernador de Tamaulipas por el PRI. En 2012 fue acusado por un testigo protegido de la DEA de haber lavado dinero para Los Zetas y el cártel del Golfo. A partir de ese momento desapareció de México y el 9 abril de 2018 fue arrestado en Florencia. Durante seis años había vivido en Calabria, en el pueblo de Paola, luego de haberse sometido a una cirugía plástica facial. Paola queda a una hora y dos minutos de auto de Sambiase (reténgase este topónimo).

En este entramado entra también la Argentina de la mano de Marcelo D’Alessio, que apareció ante la escena pública a partir de las investigaciones del juez Alejo Ramos Padilla por una extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest. A partir de ese momento se empezó a configurar un mapa de mecanismos (i)legales de una organización criminal. Según Etchebest, D’Alessio lo extorsionó pidiéndole 300.000 dólares para evitar ser llevado ante la Justicia por la causa de las fotocopias de los cuadernos de las coimas. Paralelamente, D’Alessio se dio a conocer como faccendiere de las posiciones cambiemitas en temas de seguridad, defensa y narcotráfico en los medios de comunicación. En cuanto a la extorsión, es una figura central en la articulación de toda mafia porque permite poner en contacto dimensiones idealmente contrapuestas: legalidad e ilegalidad articuladas a partir de la violencia. Esas dimensiones se intersectan en la figura de D’Alessio, alrededor de cuya persona se desarrolla una red de corrupción, extorsión, manipulación de causas judiciales, ataque al trabajo periodístico, espionaje ilegal y actuaciones de los aparatos de inteligencia.

El 18 de mayo pasado, desde el Juzgado Federal de Dolores se dio a conocer una larga resolución que concentra un importante avance de la investigación del juez Ramos Padilla y que atañe a las operaciones de ingeniería financiera que D’Alessio llevó a cabo con una organización criminal: el grupo “Buenos Aires” (el nombre deriva de un grupo de WhatsApp). Estaba integrado por el propio D’Alessio, su jefe Ricardo Bogoliuk (un ex agente de la AFI), Pablo Bloise (los tres ahora están procesados) y Marcelo González Carthy de Gorriti (actualmente prófugo, declarado rebelde por Ramos Padilla y para quien ha dictado una orden de captura). Otro personaje vinculado con la organización es Aldo Sánchez, argentino nacido en Totoras (Santa Fe), pero con pasaporte italiano, a quien Ramos Padilla convocó a prestar declaración indagatoria. El juez de Dolores investigó casi un año (marzo-diciembre de 2018) de los intercambios de mensajes del grupo: un enorme caudal de data que obtuvo de un celular perteneciente a D’Alessio y que ordenó en tres grandes operaciones.

El grupo Buenos Aires tiene la configuración de una estructura intermedia que facilitaba maniobras transnacionales de lavado por cantidades sorprendentes de dinero. Su objetivo consistía en colocar fondos de origen ilícito en cuentas offshore con la finalidad de reinsertarlas en los circuitos legales. Para eso simulaba negocios legales: inversiones en infraestructura y obra pública. Por su trabajo cobraba comisiones jugosas a través de un Paymaster (empresa que gestiona cobros para terceros): la Goldmax Development Limited vinculada con los Panamá Papers.

 

 

Operación uno

La “Operación Sánchez” (marzo 2018), implicó una participación de distintos bancos ubicados en Turquía (el Is Bankasi), en las Islas Comoras (uno de los principales centros offshore del mundo) y Estados Unidos. En este caso hubo en juego una transferencia por un monto total de 2.500 millones de euros. El dinero ilegal, enviado por Aldo Sánchez, hubiera tenido que ser recibido por el mismo sujeto luego de lavado y recortado en un 25% por las comisiones entregadas a distintos operadores. Sánchez trató de ubicar el dinero desde una cuenta en el Foreign Finance Bank en las Islas Comoras a nombre de la empresa Building and Entertainments. El Eksi Group (contacto de Bloise), operante con una cuenta en el Is Bankasi, hubiera tenido que recibir el dinero. El destinatario final de este hubiera tenido que ser la HS Global Company Limited, por medio de una cuenta en el Union Bank (California) a nombre de Aldo Sánchez. Los otros actores involucrados son Carthy de Gorriti –quien tenía relación directa con las personas que necesitaban colocar el dinero sucio– y Bloise – quien contaba con vínculos con estructuras empresariales que hubieran podido garantizar el lavado a cambio de comisiones de entre el 21% y el 27% del total. De todas estas maniobras el grupo Buenos Aires se habría quedado con una comisión de un 4%.

En cuanto a la figura de Aldo Sánchez: es ciudadano argentino que opera con pasaporte italiano, pues tiene orígenes en Abruzzo, y según la investigación de Dolores se puede inferir que se desempeñaba como testaferro. Cuenta con antecedentes por estafas y aparece en causas vinculadas al narcotráfico (en 2004, según fuentes de la Guardia di Finanza Italiana). En 2013 formó parte de una tentativa de estafa al IOR (Istituto per le Opere di Religione: el Banco del Vaticano), que desde Italia se extendió a Suiza, México y Venezuela. Según los investigadores italianos, los imputados habrían tratado de llevar a cabo una maniobra –por medio de una fundación: In veritate et charitate– por un valor de 900 millones de dólares. La operación incluía la donación de viejos títulos numismáticos emitidos antes de la Segunda Guerra Mundial a través de la Fundación de la BBVA Bancomer de Ciudad de México. Finalmente fue absuelto en mayo de 2019.

 

 

Operación dos

Otra operación multimillonaria es la IPID/Edil System. En este caso Carthy de Gorriti consulta al grupo de WhatsApp acerca de la posibilidad de llevar a cabo otra transferencia, en mayo de 2018. Esta vez el circuito es otro pues se usaría una cuenta identificada por el grupo como IPID. El primer banco interviniente es Bank Deutsche Osterreich con sede en Viena. Bloise comienza a gestionar la estructura de colocación de los fondos. Dentro de esta operación habría una suboperación u operación paralela puesto que en el informe del Juzgado surge también información respecto de otra maniobra, que el grupo Buenos Aires nombra como MT 103 o Swift. En este caso se habla de un monto total de 500 millones de euros. Por mensajes enviados al grupo por Carthy de Gorriti la investigación reconstruye que el testaferro ya no es Aldo Sánchez sino un tal Aleko Rogachevski que está detrás del mismo sender que activa en ambas operaciones: IPID/Edil System y Swift. En conjunto, implican una maniobra más complicada respecto de la “Operación Sánchez” porque los receivers son distintos.

Aquí entra en escena Calabria. En el caso de la IPID el sender es la empresa Edil System, representada por Giovanni Gentile: un ciudadano italiano nacido en 1965 en Sambiase: el comune de mayor concentración mafiosa de la zona de Lamezia Terme (como dije, a una hora y dos minutos en auto de Paola). Gentile aportó la cuenta en el Bank Deutsche Osterreich. Estaría vinculado con tres empresas: Edil System S.R.L. y World Immobiliare S.R.L. (ambas ubicadas en Lamezia Terme) y Società Italiana Costruzioni DGM S.R.L. (Varese), todas con actividades de compraventa de inmuebles o construcciones de edificios residenciales y no residenciales.

La ubicación de la tercera empresa es sintomática: la ciudad de Varese está a 120 kilómetros de la frontera con Suiza. Y Jean Zigler, uno de los intelectuales helvéticos de mayor renombre, ya explicó en uno de sus libros clásicos que Suiza lava más blanco (1990). Por otra parte, en la investigación de Ramos Padilla se deja asentado que Gentile estuvo vinculado por tiempos brevísimos –un mes– también con empresas domiciliadas en Londres: la IBIG INVESTMENTS LIMITED, ubicada en Eastcastle House 27-28, Eastcastle Street –pequeño edificio en el que funcionan 65 empresas– y la TOPFIN LTD., situada en Cartwright Gardens 32-33. Las apreciaciones del grupo Buenos Aires acerca de Gentile, de Edil System y de la organización para la cual trabaja y que está en la sombra son:

  • “Edil System figura en alguna de las listas negras no oficiales” (mensaje de Bloise, 25/5/2018),
  • “ellos no son ningunos santos” (Carthy, 25/5/2018) y
  • “el sender (q es un empleado) [por Gentile] se quiere cubrir por que sabe que lo que está haciendo le puede costar mucho más q perder el puesto” (D’Alessio, 1/6/2018).

El receiver de esta operación habría sido la Barings Capital Corporation Limited, contacto aportado por Bloise, y el objeto de la transferencia habría consistido en la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo. El expediente deja constancia que entre la Edil System y la Barings “en ningún momento [hubo] una vinculación real” (p. 43).

Síntesis: es probable que la figura de Gentile se haya articulado en esta operatoria gracias a Aldo Sánchez, quien además tiene intereses comerciales en una empresa de gestión de residuos en Pescara. Residuos, construcciones y compraventa de inmuebles son rubros clásicos de inversión ‘ndranghetista. Y los movimientos financieros truchos, erudición reciente: eso insinúa la serie ZeroZeroZero. En este caso la Goldmax Development Limited se beneficiaría con un magro 2,5%, operando con los mismos datos de la “Operación Sánchez”: “una cuenta ubicada en el banco ICBC de la zona franca de Shanghai (China) a nombre de Joaquim Badía López” (p. 47).

 

 

Operación tres

Es la de Menes Ortega (junio/septiembre de 2018). La lógica es la misma que la de las anteriores y aparecen los mismos bancos. El sender en este caso es una asociación mexicana (Contigo Conmigo Con México), representada por Teodoro Menes Ortega. También el objetivo de la transacción es el mismo: invertir en proyectos de infraestructura y desarrollo. El valor total del contrato es de 2.500 millones de euros. A causa de la situación política de Turquía la maniobra fracasa y se activa otro circuito que contrapuntea una cuenta ubicada en el Barclays Corporate Bank de Londres y otra del Bank of West de Estados Unidos a nombre de la empresa HS Global, vinculada de nuevo con Aldo Sánchez.

 

 

Conclusiones

Si bien es necesario seguir investigando esta matriz operacional de ingeniería financiera, es posible sostener que estamos frente a una operatoria de signo ‘ndranghetista. No sólo porque D’Alessio haya articulado algunas de sus acciones alrededor de una figura de la operatoria mafiosa –la extorsión–, ni sólo porque aparece Calabria como escala obligada en la investigación de Ramos Padilla, ni porque Gentile se haya articulado con el grupo Buenos Aires a través de Aldo Sánchez, sino porque cuando decimos ‘ndrangheta hablamos de un principio estructurante. El de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos imaginables de la legalidad. Sus negocios cruzan los mercados legales –que aceptan la violencia como forma de regulación– con los mercados ilegales, donde circulan productos o sumas ingentes de dinero prohibidos dentro del ámbito de la legalidad. Esa lógica ha sido identificada por el Juzgado de Dolores al señalar que “las actividades del grupo se centraban en relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones, con trato directo con ellos en diversas oportunidades, y materializar de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario” (p. 3).

La investigación del juez Ramos Padilla aún no ha identificado de dónde procede el dinero que lavaba esta organización criminal ni si efectivamente las transacciones se concretaron, pero se pueden formular algunas conjeturas. Los datos estadísticos que maneja la Direzione centrale per i Servizi Antidroga señalan que a nivel global el tráfico internacional de cocaína permite recaudar al menos 300.000 millones de euros por año. Para tener una idea rápida, el costo de producción de un kilo de cocaína en algún paraje de América Latina es de 1.000/1.500 euros. Ese mismo kilo, cuando llega a Europa y baja de un barco, es cortado químicamente. Ahí se transforma en 5 kilos. Cada uno de esos kilos en el mercado europeo puede tener un precio variable entre 35.000/40.000 euros. Dado que una dosis de un cuarto de gramo puede tener un precio variable de entre 50 y 100 euros, la inversión inicial de 1.000/1.500 euros se transforma en una ganancia que puede variar entre 200.000 y 400.000 euros por kilo (Nicola Gratteri / Antonio Nicaso, Oro bianco, Milano: Mondadori, 2015).

La investigación de Ramos Padilla abarca menos de un año de una organización criminal que acaso opera sobre un territorio acotado si le otorgamos verosimilitud a su nombre y que en tres operaciones suman un total de 5.500 millones de euros. Esto es: un 1,83% de los 300.000 millones de euros que se recaudan a nivel global en un año. Porcentaje nada despreciable, sobre todo si lo pensamos en estos términos: los 5.500 millones de euros según el tipo de cambio de 2018 equivalen a unos 170.000 millones de pesos (cifra similar al presupuesto de ese año del Ministerio de Educación de la Nación). Síntesis conjetural: es probable que los dineros de las tres operaciones provinieran del narcotráfico (y/o del tráfico ilegal de armas).

En cuanto a las conclusiones de Ramos Padilla, destaco dos:

  1. Las tres operaciones mencionadas forman parte de un universo mayor de ingeniería financiera. O sea, estamos frente a una cantidad vasta de capitales ilegales que quieren ser legalizados y a muchos otros actores involucrados, que como Aldo Sánchez cruzan nacionalidades. Es el caso de Rodrigo Daniel Roco Moreno, ciudadano de nacionalidad española residente en Mendoza, asociado a la empresa Rigrama Consulting Group, contratada por Valumar LLC.
  2. “Algunos miembros de la asociación son personas que se ha corroborado realizaban tareas de inteligencia ilegales en connivencia con funcionarios públicos [...]. no puede descartarse que, en las operaciones financieras que se han detectado, podrían llegar a haber existido intereses, no meramente individuales. [...] De esta forma [... esta] no podría ser considerada como una actividad meramente individual, destinada a engrosar su propio patrimonio” (pp. 86-87).

Si no estamos frente a un enriquecimiento individual, nos encontramos frente a operaciones espurias que tienen la finalidad de un enriquecimiento colectivo. El de una organización criminal que necesita dinero para financiar sus operaciones de inteligencia (i)legales, de espionaje, extorsivas, de coacción. Y, acaso, última conjetura, ponerse a disposición de la política. De algún poder que entiende la política como poder organizado de una clase para oprimir a otrxs.

 

 

 

* Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET.

 

 

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