Amargos desencuentros

La economía y lo social, en direcciones divergentes

 

Creíste en la honradez y la moral

A fines del año pasado, empezó una nueva gestión gubernamental de los autodenominados “libertarios”. Esta llegó para implantar una vasta y arrogante refundación del entramado socioeconómico. La iniciativa estuvo configurada con una matriz ideológica marcada por un confuso pragmatismo neoliberal extremo. Tiene el propósito manifiesto de cambiar el entramado de la reproducción de las relaciones sociales, económicas, culturales y gubernamentales del país.

En el último golpe cívico-militar se intentó realizar una refundación estructural de corte neoliberal de la economía. Sustentado en la criminal represión estatal, se llevaron a cabo desregulaciones productivas, financieras, laborales y de apertura irrestricta a las importaciones.

Posteriormente, en los 40 años de democracia, la orientación estratégica neoliberal se volvió a intentar llevar a cabo con gobiernos de diversas tonalidades políticas. Todas las tentativas, a pesar de sus matices y distintas modalidades políticas, terminaron aumentando la desindustrialización, el desempleo y la pobreza, en algunos casos con altos niveles de inflación, con recesión interna combinada con gran endeudamiento externo; en muchas ocasiones, con la presencia de tensas y/o desatadas expresiones de alta conflictividad social.

El actual gobierno tiene sus propias peculiaridades, que es necesario señalar. Representa una endeble asociación política donde participan personajes de distintas trayectorias. Está liderada por un economista que se inició en la práctica política el 10 de diciembre de 2021, cuando asumió su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación. Su nombre se hizo más conocido cuando comenzó a donar su dieta, mediante sorteos mensuales.

Realizó una campaña presidencial con un discurso contradictorio, ficticio y sintónico con la posverdad; teñido de inusitados y absurdos gestos, gritos, expresiones de enojo y con poca argumentación. Con un vasto y hábil uso de las redes sociales, sumado al apoyo indisimulado de los principales medios de comunicación corporativos. Prometió llevar a cabo acciones desregulatorias, terminar con la inflación e implementar modificaciones regresivas en varias dimensiones de la vida social e individual.

En los aspectos económicos, se centró en plantear que iba a aplicar un fuerte ajuste a los gastos de la “casta política” para equilibrar las cuentas fiscales, en cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, con la finalidad de terminar con la inflación.

Como buen extremista liberal que se auto-identifica con un llamado enfoque “anarco-liberal”, sostiene que desmontando el Estado y abriendo la economía al mercado con otros países capitalistas se desatarán automáticamente las fuerzas productivas que estarían contenidas por las distorsionantes intervenciones estatales.

Sus elementales planteos apologéticos y economicistas se basan en un esquema conceptual marcado por una irreal competencia perfecta entre agentes, que se despliegan en un hipotético “mercado” donde no se registran “imperfecciones” procedentes de conductas monopólicas ni concentraciones de la riqueza. Ideas que se referencian en la “Escuela Austriaca de Economía” que se creó en Viena a fines del siglo XIX. Provienen del pensamiento económico liberal, discrepando con el resto de las corrientes. Ponen acento en que la utilidad subjetiva de cada individuo es la que imprime el “valor” a los objetos, y a partir de ahí desarrollan la argumentación del funcionamiento de la economía. Esta corriente de pensamiento no tuvo un amplio desenvolvimiento teórico, aunque registró cierta incidencia en algunos momentos en las expresiones del pensamiento político más conservador.

Con los apoyos de las corporaciones del poder económico/mediático y la utilización de las redes sociales, lograron convocar a parte de la población, manipulando y aprovechando a su favor las sensibilidades de parte del electorado. Estas se expresaron en cierta medida en los siguientes aspectos:

  • Acentuación de las búsquedas de salidas individuales para lograr una rápida prosperidad personal.
  • Uso de antiguos antagonismos políticos irresueltos, por ejemplo peronismo/anti-peronismo, y de opiniones propensas a posiciones anti-políticas y anti-Estado, entre otros.
  • Canalización de las frustraciones materiales a partir de las promesas incumplidas que generaron los gobiernos de los Presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.
  • Usufructo de los acentuados malestares sociales instalados en la sociedad por efectos de la pandemia, en especial en los segmentos de los más jóvenes.
  • Aprovechamiento de los efectos devastadores que irradian los procesos inflacionarios en la subjetividad de gran parte de la población.
  • Señalización como única responsable de la inflación de “la casta política”, que con sus gastos privilegiados causaría déficit fiscal y emitiría sólo a fin de pagarlo.

Así, el 19 de noviembre de 2023, como resultado del balotaje presidencial, el candidato de la Libertad Avanza, con el apoyo de la derrotada Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), obtuvo 14.554.560 votos, lo que expresaba el 55,65% del total, imponiéndose a Sergio Massa. Ganó en 20 de los 24 distritos electorales.

Hasta aquí el proceso electoral. El 10 de diciembre Milei asumió dando un discurso de espalda a los miembros del Congreso. Desde un inicio imprimió una acelerada y dispersa dinámica a su gestión.

 

Desorientada articulación entre política económica y social

Desde distintas perspectivas se viene acordando que la economía es una reciente disciplina que debería entenderse como parte de las ciencias sociales. Su estudio sólo puede abordarse considerando sus relaciones con otras dimensiones sociales, individuales y territoriales que se registran en un momento dado del desarrollo de un país o una región.

En economías cada vez más urbanas y tecnológicamente más complejas, en las últimas décadas, se viene avanzando en el estudio empírico y teórico de los ensambles existentes entre las políticas económicas y las sociales.

Especialmente la “política económica” aborda la coyuntura de la política fiscal, la monetaria, la industrial, la agraria, la fijación de precios y salarios, la dotación de equipamiento e infraestructura y la política exterior. Actividades que inciden y son condicionadas por las relaciones sociales; es decir, por cuestiones propias de la reproducción social e individual como la vivienda, el acceso a la educación, la salud, la cultura, el ambiente, la infancia, la juventud, la vejez, los cuidados, el género y los derechos humanos, que son algunos de los campos que aborda “la política social”.

Con los cambios tecnológicos de base digital y la emergencia de las “economías de plataforma”, las variables anteriores están en tensión. Por ejemplo, el mercado de trabajo está sufriendo fuertes y rápidas mutaciones.

La acción gubernamental de la política económica articulada a la social debería confluir prioritariamente en el combate de la pobreza y del desempleo. Sumado a la aplicación de una estrategia de crecimiento y desarrollo que tienda a la integración y progreso social; y, por lo tanto, avanzar en las garantías, el mantenimiento y la ampliación de los derechos a la vida democrática en sociedad.

El actual gobierno, por su precario y endeble esquema conceptual “anarco-capitalista”, enfoca las relaciones entre políticas económicas y sociales poniendo eje en contraer las funciones estatales a las mínimas posibles. Podríamos decir que sus iniciativas se reducen a garantizar un poco de justicia, seguridad para los pudientes y propiedad privada.

Prima la concepción de que, en el resto de los temas y sectores, la acción desregulada de las fuerzas del mercado llegará sola a una situación de “equilibrio” (es obvio que los que quedan afuera es por su propia responsabilidad). Imaginan abstractos e irreales mercados de competencia perfecta, donde, operando agentes sin restricciones en la fijación del equilibrio de la oferta y la demanda, retribuirán a cada uno según su productividad.

Por ello proponen una limitada y casi inexistente política social gubernamental. Dejando a los agentes particulares la producción de la oferta de todas las demandas originadas por las necesidades de la vida humana y de los servicios de equipamiento e infraestructura que inciden en la reproducción simbólica, social y material.

En el anterior esquema, siguiendo los lineamientos de los organismos multinacionales, se aplican medidas “compensatorias” de “ayudas transitorias”, destinadas a los sectores más pobres mientras dure el ajuste, de modo de evitar las protestas sociales que suelen jaquear a este tipo de política, que tiende a disminuir los ingresos y crear desempleo.

 

 

Las iniciativas gubernamentales

Con ese marco conceptual se realizaron las primeras iniciativas de gestión del gobierno (bestial devaluación, código anti-piquetes), sumando las atropelladas propuestas del mega DNU y el proyecto de Ley Ómnibus. Estas iniciativas convocan a muchos ciudadanos en contra, que se sienten amenazados o agredidos en sus condiciones de vida, y otros que se perciben defraudados.

Esta situación coloca en primer plano la tensión entre dos amplios y diversos espacios sociales/económicos. De un lado, el capital corporativo concentrado que está detrás de cada propuesta sectorial. Del otro, todas las formas de las fuerzas del trabajo, que perciben en riesgo real y potencial sus derechos, más los medianos y pequeños segmentos empresariales que tienen dudas sobre su sobrevivencia futura. En un segundo plano quedan las contradicciones que atraviesan la reproducción social y material argentina, que siguen estando presentes y se acentúan en el marco de esta especie de maltrechas “iniciativas de gobierno”.

 La viabilidad de las iniciativas gubernamentales se pondrá a prueba por lo menos en los siguientes planos:

  •  La factibilidad interna de la despistada propuesta gubernamental, configurada por un paquete de medidas y acciones a veces contradictorias, que está implementando el gobierno.
  • Los obstáculos financieros que provienen de las “restricciones externas” del funcionamiento de la economía y que deberá superar.
  • La evaluación del Poder Judicial de la constitucionalidad de las medidas propuestas por el gobierno.
  • La oposición política que se manifieste en las dos Cámaras de representantes.
  • El rechazo y la protesta en la calle del conglomerado social de defraudados, afectados y opositores.

Experiencias en las que nuestro país tiene un dilatado recorrido y que se está expresando en cacerolazos auto-convocados, en las movilizaciones de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, en los rechazos públicos sectoriales y multisectoriales y en las manifestaciones masivas de muchos segmentos afectados.

Una de esas protestas confluirá y se llevará a cabo el próximo 24 de enero a partir de la amplia convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). No existen antecedentes en la Argentina de una convocatoria a un paro general con movilización a 45 días de asumir un gobierno.

 

* Carlos Fidel es docente investigador consulto de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

 

 

 

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