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Ana Juárez Orieta, después de la absolución al ex juez Pablo Baca

 

La voz de Ana Juárez Orieta se entrecorta. Está sentada en su auto, estacionado en una calle de San Salvador de Jujuy, no puede parar de llorar: de bronca, de tristeza, de desesperación. Es miércoles 26 de agosto de 2021 y se acaba de enterar por un artículo periodístico que la jueza Especializada en Violencia de Género Nª1 de Jujuy, Mónica Isabel Cruz Martínez, absolvió “total y definitivamente” al ex presidente del Superior Tribunal de Justicia jujeño, Pablo Baca, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. A ella, la víctima y quien hizo la denuncia, no la notificaron de la decisión. Ni a su abogado. Lo harán horas más tarde. Ellos no podían acceder a los fundamentos de la jueza pero la periodista que escribió el artículo los tenía y los difundió. Así se entera Ana Juárez Orieta de que nuevamente la Justicia le daba la espalda.

En el documento fechado el 20 de agosto de 2021, la jueza Cruz Martínez resolvió no elevar a juicio la causa porque determinó que “se encuentran agotadas las tareas de investigación” y “no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba” para “requerir de manera fundada la apertura del juicio”.

Ana Juárez Orieta denunció que el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia la había violado en una entrevista publicada por El Cohete a la Luna en marzo de 2020. En ese entonces, contó que habían tenido una relación de pareja entre 2016 y 2018, a la que ella le puso un punto final porque él seguía casado y era cada vez más violento. Según relató, la violación se produjo agosto de 2019 en el estudio de Baca. La había citado con el pretexto de entregarle unos papeles para que llevara a la Legislatura, donde ella trabajaba, que nunca se los dio. La golpeó y por la fuerza la obligó a abrir la boca, la eyaculó en su cara y le lastimó el ano con sus dedos.

Ana tardó cinco meses en poder hacer la denuncia y ese fue uno de los argumentos que usaron los funcionarios judiciales y los policías para desestimar su relato. En febrero del 2020, gracias a la asistencia psicológica y psiquiátrica que recibió durante meses se sintió preparada y pudo presentarse en la comisaría de la Mujer de San Salvador. Se la tomó un agente varón y le hizo repetir tres veces el relato de la violación, revictimizándola. Le decía que no escuchaba porque la ventana estaba abierta y su voz se mezclaba con los ruidos que provenían de una parada de colectivo contigua. “Ahí empezó toda esta pesadilla”, recuerda Ana. Su historia está plagada de violencias, no solo física, sino psicológica e institucional. Sumado a eso recibió y recibe hostigamiento por parte del poder político y la cúpula judicial.

A los siete días de la denuncia, diez policías de infantería, con casco y escudo, tocaron su puerta cerca de las 22 horas para notificarla de que debía ir a ratificar la denuncia. Ana vivía sola con su hijo, entonces de 10 años, quien se mostró asustado con semejante despliegue. Ana es el único sostén de hogar, es madre soltera y se solventa sola desde los 16 años. Los policías incumplieron con el Código Procesal Penal de Jujuy que dice que no se puede notificar después de las 20 horas.

Una semana después, en los primeros días del pasado marzo, el Gobernador Gerardo Morales encabezó una multitudinaria marcha a favor de la Justicia jujeña, en la cual participó el entonces juez Baca. Los manifestantes pasaron cinco veces por la casa de Ana, que queda en el centro de San Salvador, y entre los carteles que llevaban había uno que decía “Ana Juárez Orieta miente”.

En los meses que siguieron Ana tuvo que dejar su trabajo en la Legislatura y se refugió en la docencia. Debió además cambiar a su hijo de escuela. Como consecuencia de su denuncia, las madres de sus amigos no los dejaban visitar su casa y el chico recibía represalias. Recibió también amenazas. El escarnio público fue tal que intentó suicidarse dos veces.

 

 

 

 

Peritajes parciales

El día que Ana se presentó a ratificar su denuncia en la sede policial le hicieron un peritaje psiquiátrico que no figuró luego en el expediente. Ella asegura que ese peritaje reconocía que era una víctima, que estaba pasando por un trance violento y que era coherente en sus explicaciones. Con la pandemia del coronavirus la causa se hizo más lenta. Meses más tarde, pasó de las manos del fiscal Carlos Ariel Gil Urquiola a las del Fiscal Especializado en Violencia de Género Nº 2, Gustavo Araya. Baca fue imputado por la violación y la jueza Cruz Martínez dictó la prohibición de acercamiento del magistrado a la presunta víctima.

En mayo de 2020, Ana se presentó para que le hagan un nuevo peritaje psicológico en la Corte Suprema de Justicia. El día anterior había fallecido su hermano y estaba muy conmocionada. Tanto Ana como su abogado, Julio Héctor Luna, aseguran que el procedimiento fue irregular. No dejaron entrar a su perito de parte con excusas tales como que no tenía matrícula en Jujuy —ya que trabajaba en Buenos Aires— o que el pedido fue extemporáneo. Ana afirma que el perito presentado por la defensa no presentó sus acreditaciones y participó de la evaluación activamente, cuando debía solo observar.

Asimismo, la licenciada Mónica Masculino de Herrán, perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte que estuvo a cargo del informe, permitió que el perito de Baca haga preguntas a la víctima. “Me preguntó por qué no grité en el momento del abuso, por qué no pedí ayuda, ya que había otros departamentos contiguos a la oficina que podrían haberme ayudado. Le respondí que no lo hice porque Baca me iba a matar”, cuenta Ana.

El peritaje de la licenciada Masculino de Herrán dice que Ana refiere a lo sucedido “sin que evidencie un sustrato afectivo concomitante”. La perito parece observar que la víctima no está suficientemente conmocionada por lo que le paso y así sosteniendo una imagen estereotipada de una víctima, no tiene en cuenta que el peritaje fue realizado 14 meses después de la violación, y que la víctima estaba con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Tampoco que había tenido hasta el momento un intento de suicidio, ni que presentaba una anorexia nerviosa, que la hizo bajar 22 kilos, y por la cual hoy pesa 42 kilos.

La perito no reparó en el duelo que transitaba Ana por la partida de su hermano. La psicóloga Luciana Pach, docente de la Universidad Nacional de Córdoba aseguró que “la persona que sufre un duelo por una pérdida, no solo tiene una pérdida emocional, no sólo es un trabajo intrapsíquico que la persona hace. Tiene un desajuste a todo nivel: físico, social, familiar, laboral y emocional. La persona va sintiendo diferentes emociones”.

Las profesionales de la salud que acompañan a Ana afirmaron que el peritaje de la Corte “está viciado” por su “fragilidad emocional” producto de que fue hecha “12 horas después del fallecimiento del hermano mayor, que actuaba como un padre para la entrevistada, y ni siquiera pudo asistir al velatorio” porque “fue avisada de su deceso cuando estaba en el aeropuerto de Jujuy”, pronta para viajar a Buenos Aires.

Ana dice que se sintió maltratada por la perito y que le parecieron extrañas las atribuciones que tenía el perito de parte. “A los 40 minutos la dio por terminada. La psicóloga me hizo salir y se quedó con el perito de Baca, solos cerca de 15 minutos. Me quedé esperando afuera y cuando salieron le pedí su nombre, ya que no se había presentado y quería decírselo a mi abogado. Ella me respondió: ‘¿Su abogado no sabe leer? Está en el escrito’. Se dio media vuelta y tomó el ascensor con el perito de Baca, para subir a su despacho. Yo me fui llorando”, recuerda Ana.

El fiscal Araya pidió el sobreseimiento de Baca tomando en cuenta ese peritaje. La otra prueba a la que apeló fue la declaración de la ex pareja de Ana. El hombre testificó que los días posteriores al abuso ella estuvo mal, pero nunca expresó qué le había pasado. “Yo no le dije que me había violado pero me vio que estaba mal, muy nerviosa, que lloraba y que no dejé que nunca más me toque”, explica Ana. En tanto, su abogado cuenta que el testimonio “tiene contradicciones porque dice que la vio desencajada, pero que no la vio nunca mal’ y que la fiscalía entendió ese testimonio a favor del inculpado. “Estaban dispuestos a buscar la forma para salvarle el pellejo”, denuncia.

La gran familia judicial

Ni el dictamen del fiscal Gustavo Araya, ni el emitido posteriormente por el fiscal del Tribunal en lo Criminal Nº1, Sergio Marcelo Cuellar, ni la resolución de la jueza especializada en violencia de género hacen referencia a las pruebas presentadas por la querella. Durante la investigación, se comprobó que los celulares de Ana y de Baca habían estado el 23 de agosto del 2019 —día de la violación— en el estudio, a la misma hora. Se realizó una inspección ocular del lugar pero la Justicia luego se negó a peritar los teléfonos. Tampoco quiso incorporar a la causa los mensajes que se intercambiaban y desconocieron un acta de una escribana pública que corroboraba su legitimidad. “Al haber una coincidencia respecto de la inspección ocular y corroborar que las llamadas que ella denunció se hicieron ese día, hay un mínimo de duda a favor de la víctima. Esa duda ante cualquier imputado se la discute en un juicio oral”, dijo el letrado.

La querella señaló que durante todo el proceso existió la complicidad de la “familia judicial” de Jujuy. “Todos se conocen y se cubren”, dijo Ana. La causa pasó por siete fiscalías distintas, de las cuales tres de los titulares se excusaron por tener relación directa con Baca. Por otra parte, la jueza Martínez fue designada en 2017 por el titular del Superior Tribunal de Justicia, cuando era dirigido por el ex juez.

En Jujuy nadie quería y nadie quería saber qué pasó. Por ejemplo, cuando presenté el acta notarial de los mensajes de WhatsApp recorrí diez escribanos, nueve de ellos no quisieron poner su firma por el poder que tiene el ex juez. Baca es igual a Gerardo Morales para todo Jujuy. Ha sido candidato a gobernador por el radicalismo. Fue diputado y ambos se conocen desde que militaban cuando eran jóvenes ”, relata Ana.

Pese a su renuncia al Superior Tribunal de Justicia en marzo de 2020, cuando iba a enfrentar un juicio político luego de que El Cohete publicó los audios en los él aseguraba que Milagro Sala fue presa porque “es un peligro para el gobierno”, Baca continúa ostentando poder en la provincia y tiene una estrecha relación con el gobernador Morales. Algunas fuentes consultadas aseguran que hoy trabaja como asesor de la gobernación. Sin embargo, no fue posible confirmarlo y hasta el momento no hay ninguna resolución publicada con su designación. Las mismas fuentes dicen que “es el secreto mejor guardado”.

Ante la apelación del abogado de Ana al dictamen del pasado 9 de agosto, en el que el fiscal Araya pide el archivo de la causa y sobreseimiento, la jueza solicitó que se nombrara un nuevo fiscal. Cuellar, en tiempo récord, apoyó el sobreseimiento sobre exactamente los mismos fundamentos de Araya. Ana cuenta que se enteró del segundo dictamen por un comunicado que publicó en sus redes el propio Baca. Presentó una apelación pero pronto se enteró de que había sido desestimada y la jueza Martínez había dictado el sobreseimiento total y archivado la causa.

Luna afirma que “hay muchos errores de procedimiento desde el principio de la causa” y agrega que sus más de 25 años de experiencia lo respaldan para decir que “en una situación similar, cualquier persona común estaría detenida. Acá tenemos una justicia diferente según quién sea el enjuiciado. Para algunos se actúa con un procedimiento rapidísimo y otros tienen que esperar años a que los magistrados decidan”.

En la última semana, Ana quiso denunciar a Baca por romper la perimetral impuesta por la Justicia. Se lo había cruzado, hace seis meses a dos cuadras de su casa y la policía no había querido tomarle la denuncia porque no tenía testigos. Ahora intentó denunciarlo porque incumplió con otra determinación judicial: no podía referirse a ella en los medios de comunicación. “Habló de la causa en varios medios y en las redes sociales. Ni en la fiscalía, ni en el juzgado aceptaron tomar mi denuncia. Araya me dijo que él no tiene redes y no sabía de qué hablaba y el secretario de la jueza Cruz Martínez me dijo que no tenía ni Internet, ni tiempo”, afirma.

El caso en Jujuy cuenta además con un blindaje mediático. Casi la totalidad de los medios de comunicación difundieron esta semana la palabra de Baca y algunos hasta trataron a Ana de mentirosa. Su palabra no salió en ningún medio local hasta el momento. Ella asegura que, desde que se conoció la absolución, más de siete periodistas jujeños le dijeron que no podían entrevistarla.

Ana denuncia, asimismo, que hay por lo menos otras dos mujeres que fueron víctimas de Baca. “Yo hablé con ellas y no quieren hacer la denuncia porque Baca les cambió el cargo por el silencio”. Son varios los funcionarios del gobierno de Morales que fueron denunciados por abusos sexuales y cuyas causas se han archivado o desestimado. El caso más conocido fue el del fallecido ex ministro de Trabajo y Empleo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz, quien fue denunciado por «ejercer violencia sexual y laboral» contra empleadas de ese organismo.

Ana y su abogado adelantaron que van a apelar la decisión de la jueza Martínez. Si se lo rechaza podría ir a un tribunal de segunda instancia y quizás en una tercera instancia al Superior Tribunal de Justicia. Saben que continuarán peleando contra molinos de viento, hasta que la Justicia y el poder de Jujuy sean desenquistados.

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