En la última noche de julio, tres días después del 88.° aniversario de la Gendarmería nacional, un ex integrante de su grupo de élite, Escuadrón Albatros, quedó involucrado en un crimen por encargo.
Luis Ayala, de 58 años, pasado a retiro hace un año, endeudado en 17 millones de pesos, entró a comprar a un supermercado chino tomado de la mano de su pareja Adriana Cecilia Amado. Pagaron con billetera virtual. Vaya a saber por qué los investigadores consideran aquello como una tarea de “inteligencia”.
Fue fácil atraparlos: una hora después de la compra, el supermercadista Chen Jian, celular en mano, fue asesinado y la compra y el crimen quedaron filmados por las cámaras de Vicente López. Ella conducía.
Esta semana, el ex gendarme fue detenido acusado de ser contratado como asesino a sueldo por 5.000 dólares de una “mafia china”. Aunque, la causa que lleva el fiscal Gastón Larramendi tiene un testimonio (citado por Infobae) que señala al chino de una regalería como amenazante de Jian.
Esta nueva forma de “mano de obra desocupada” (expresión de la posguerra sucia) está precedida por recurrentes delitos en la fuerza, entre los que se destacan cuatro comandantes acusados de “abandono de tropa” por su “negligencia” en el cuidado del parque automotor propio, donde el reventón de un neumático gastado devino en el vuelco de un colectivo que acabó con la vida de 43 efectivos (2015); la inexplicable muerte con un tiro en la cabeza del subalférez Pablo Torrilla Diel, destinado al Escuadrón 50 de Posadas, donde fotografió un vehículo repleto de droga que no dejaron decomisar, como se relató aquí (2018), o el disparo que casi mata al fotógrafo Pablo Grillo, seguido de la felicitación para su ejecutor (2025), además de varias maniobras de encubrimiento.
A continuación, algunos de los delitos probados con sentencia judicial contra gendarmes.
Contrabandistas
Marciano Alberto Páez, jefe del Escuadrón 54 Aguaray, fue condenado por el Tribunal 2 de Salta a cinco años y medio de prisión por “cohecho pasivo” y por ser partícipe de “contrabando de exportación agravado”. Sus cómplices, sargento Rodolfo Ayala y alférez Diego Ernesto Radaelli, además de Alberto Crossa, dueño de la finca por donde pasaban camiones que contrabandeaban granos hacia Bolivia, también fueron condenados. A pesar de ese antecedente de septiembre de 2022, dos meses después se tramitó otra denuncia del jefe de ese escuadrón por lo mismo.
El “contrabando de mercadería con cohecho” continuaba, con otros gendarmes de puestos fronterizos. Por eso, hace dos años, detuvieron e imputaron a nueve miembros de los escuadrones 54 y 61 de Salvador Mazza. Sus nombres fueron expuestos por el Ministerio Público Fiscal de Salta.
Abusadores
En 2024, el comandante Claudio Marcelo Sánchez fue condenado a tres años de prisión condicional y a indemnizar a la subalterna por diez millones de pesos actualizados tras su abuso sexual y amenazas, delitos agravados por ser personal de seguridad en funciones, según la Fiscalía y el Tribunal Oral 1 de Santiago del Estero.
En 2025, la joven Ailén Ayelén Balan denunció el abuso del aspirante a gendarme Ernesto Agustín Figueredo, quien, durante un baile, se colocó detrás de ella y la tomó de la cintura. “Apoyaba su pene en mis glúteos”, declaró. Fue sometida a un entramado institucional de encubrimiento, hostigamiento y revictimización dentro del Instituto Félix Manifior, en San Juan, que acumula causas por abuso y protección a los acusados. Ella denunció que Figueredo fue visto cerca de su domicilio en un auto conducido por el subcomandante Carlos Ozuna, quien lo admitió por escrito.
Coimeros
En 2023, el cabo Julio Alberto Sivila, del Destacamento Móvil 5, le pidió dinero a un ciudadano boliviano para dejarle pasar tres televisores comprados en Salta, de los que mostró la factura digital. Más adelante, otros gendarmes lo interpelaron; cuando el extranjero les relató que ya había pagado más atrás, le explicaron que no debía pagarle a nadie. Ante la posibilidad de hacer la denuncia, el ciudadano fue llevado por la nueva comitiva de uniformados a iniciar el expediente que culminó en una condena a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el mismo período contra Sivila. Había otros dos gendarmes involucrados, contra los que la Fiscalía no avanzó. Más interesante resultaba el informe patrimonial sobre el gendarme: su fuente de ingresos “no alcanza para justificar los bienes adquiridos” en el período analizado, ni para “mantener su nivel de vida”.
En octubre último, 23 gendarmes fueron detenidos en Córdoba acusados de coimear a camioneros por entre 50.000 y 600.000 pesos que les permitían pagar por transferencias, de lo que hay constancias además de audios, fotos y filmaciones. Así cayó Analía Galian, quien era la jefa del puesto de Sampacho. Además, trece gendarmes fueron enviados a la cárcel de Bouwer y varios más recibieron arresto domiciliario por asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad. El “cohecho de controles” habría comenzado a mediados de 2024.
Ladrones
Un gendarme, el hijo de un intendente y un comerciante participaban del robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el chaco salteño para contrabandearlos a Bolivia.
El sargento Jorge Fernando Cabrera fue condenado a dos años de prisión condicional por cohecho pasivo. Hacía la vista gorda ante “el saqueo sistemático de esas vías férreas robadas por el hijo del intendente”, con la mano de obra esclava de comunidades originarias (a lo sumo les pagaba 10.000 pesos por extraer los rieles, de noche), determinó la Fiscalía.
Empleaban maquinarias, herramientas y una camioneta del municipio. Guardaban parte de lo robado en predios comunales y en el domicilio del intendente Atta Gerala, donde tenían 15 rieles valuados en 19 millones de pesos. El funcionario, que llevaba un cuarto de siglo al frente de la comuna Coronel Juan Solá, fue destituido a la semana de su imputación, en noviembre de 2024.
Su hijo Miguel Gerala alardeaba: “Nadie puede traer más que yo”. Recibió una pena de seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, cohecho y robo en banda. Su padre fue absuelto, hace tres meses, en lo que el diario El Tribuno definió como “aroma a impunidad”.
Tanto funcionarios de Gendarmería como de la Policía provincial cobraban las “coimas” de ese negociado que transportaba 30 toneladas de rieles a razón de “200.000 pesos por tonelada”, según reveló un testigo, lo que redituaba 25 millones de pesos diarios.
Narcos
El sargento Jorge Luis Flores, del Destacamento Móvil 5, tenía un tío que trabajaba en una panadería de Salta, de quien recibió una bolsa de harina con casi 10 kilos de cocaína escondida para ser llevada a Santiago del Estero, donde cumplía funciones. Las conversaciones en su celular lo comprometían. Fue considerado responsable de tráfico de estupefacientes, agravado por su condición de funcionario, condenado hace un año a seis de prisión, a pagar una multa de casi siete millones de pesos y se le decomisó su camioneta Toro.
Hace nueve meses, el comandante Aníbal David Borda, domiciliado en Salta, se impacientó ante un control en Santiago del Estero, mostró su credencial y exigió que lo dejaran seguir hacia Corrientes. Llevaba cinco “ladrillos” de cocaína de máxima pureza por 5,690 kilos. Iba con un menor y otros dos adultos que fueron detenidos.
En febrero de este año, siete gendarmes quedaron expuestos por los audios con los que coordinaban el tráfico de cocaína, según se oyó durante el juicio oral en el Tribunal 2 de Salta, que los acusó de transportar 334 kilos en dos envíos durante 2024. En su grupo de WhatsApp "Los Peluches", instruían: “Hay varios lugares donde se puede poner… Mientras más original la ves a la chata cuando va a un control, más pasás desapercibido”. Para esconder la mercancía, “le hacen un cajoncito adentro, le comen la gomaespuma y entran unos cuantos ‘celulares’”.
El sargento Carlos Alberto Sorani, ex jefe de Inteligencia del Escuadrón 52 Tartagal, fue sentenciado a nueve años de prisión por organizar el transporte de 161 kilos de cocaína, descubierta hacia mayo de 2025. Había sumado a la maniobra al cabo 1.º Alexis Aguirre, chofer del Grupo Motorizado, con experiencia en unidades antidrogas, condenado en marzo último mediante un acuerdo a seis años de prisión efectiva. Aguirre, que abonaba el seguro del vehículo de transporte, ya había sido interceptado hacia 2024 en un control en Misiones por personal de Gendarmería, que le retuvo la cédula verde al comprobar que iba en un vehículo que no estaba a su nombre.
Sorani acumulaba reconocimientos por su “lucha antinarco”. En su doble vida, tuvo un momento de rescate: suspendió un traslado al aproximarse una visita de Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Él hacía el seguimiento telefónico del traslado de la cocaína con un 58% de pureza, suficiente para producir casi un millón de dosis para vender; enviaba mensajes que borraba tan rápido que el conductor no alcanzaba a leerlos: “Qué borraste gay…”, le reclamaba. Cuando dejó de recibir respuestas, el gendarme insistió: “Che, pedazo de t… contestame el teléfono pues”. Días después, cuando confirmó que el transportista había caído detenido, el uniformado se deshizo hasta de su auto. Cuando él también cayó, alegó baja remuneración y problemas de salud —un infarto y secuelas cardíacas, lo que —en la sentencia de hace tres meses— fue rechazado por una de las juezas: “Eso no justifica su accionar delictivo”.
Para abril de este año, once gendarmes del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial Arroyo Seco fueron imputados por integrar una asociación ilícita y apropiarse de hojas de coca en operativos sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. En doce hechos durante el primer semestre de 2025, habrían levantado 1.144 kilos de hojas de coca. Sus nombres fueron difundidos sin sus apellidos por el Ministerio Público Fiscal Rosario. Por ahora, si no entorpecen la investigación, deben presentarse a demostrar que cumplen con la prohibición de salir del país. Quedaron inhibidos por montos de entre ocho millones y 293 millones de pesos, con sus vehículos embargados. Si resultan condenados por encubrimiento de contrabando, podrían afrontar multas de entre cuatro y 20 veces el valor de la mercadería. Según ARCA, la hoja de coca vale 50 dólares el kilo.
Represores
Hace dos meses, los gendarmes Roberto Caserotto (72 años) y Néstor Gómez del Junco (74) fueron condenados a diez años de prisión –la fiscal había pedido el doble– por delitos de lesa humanidad en 1977 y 1978, cuando secuestraron y atormentaron a nueve comunistas, según determinó el Tribunal de Concepción del Uruguay. Deben pagar las costas a medias y, cuando tengan condena firme, la cumplirán en el Servicio Penitenciario Federal de Entre Ríos. Por ello, se ordenó señalizar como sitio de memoria al Escuadrón 6.
El 14 de mayo de 1977 habían procedido de modo “ilegal y violento” sobre la vivienda de la familia Montesino, donde celebraban un cumpleaños, al que habían concurrido militantes del PC. Allí estaban Gabriela y Daniel Montesino, de cuatro y siete años, a quienes “dejaron en su casa privados de su libertad por diez días, sin poder salir. A Gabriela le apuntaron con un arma amenazando a su madre de que dejara de llorar la nena porque le iban a volar la tapa de los sesos”, relató la fiscal. A los secuestrados, retenidos en el Escuadrón 6, los liberaron sin acusación. En enero siguiente, el gendarme Gómez secuestró en un balneario a dos personas a las que sometió “a crueles torturas… picana en mano”. Al hijo de uno de ellos, de 13 años, “lo dejaron a solas, librado a su suerte”.
En marzo de este año, a medio siglo del inicio del genocidio, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió la baja administrativa de 78 agentes retirados con condenas firmes por crímenes de lesa humanidad. Además de Gendarmería, incluyeron a Prefectura, Policía Federal, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su informe identifica la persistencia de demoras administrativas y obstáculos en la ejecución de las consecuencias jurídicas derivadas de las condenas. “Estas dificultades no responden a situaciones aisladas, sino a problemas de carácter estructural”, recordó el Ministerio Público Fiscal.
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