APLASTAR A LA COMPETENCIA
Otra maniobra para inclinar aún más la balanza en favor de Clarín y La Nación
Esta semana, con una jugada rápida en la Cámara de Diputados, la gran alianza oficialista —los partidos de Cambiemos y algunos de sus frecuentes aliados— dio un nuevo paso regresivo para la libertad de expresión, al enviar al recinto la propuesta de derogar la principal regulación que rige sobre el papel prensa y su principal empresa productora, en la que el Estado, Clarín y La Nación son socios hace 40 años.
Con el título “Papel para diario”, los diputados Bossio, Negri, Lavagna y Laspina, entre otros, presentaron el proyecto de ley 7073-D-2018 que consta de apenas una línea: deroga ocho artículos de la ley N° 26.736. Es la norma sancionada en diciembre de 2011 que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios y estableció un marco regulatorio.
Nobleza obliga, hay que admitir que aquella ley nunca estuvo en plena vigencia: en siete años, por ejemplo, nunca se conformó la Comisión Bicameral (artículo 2) que preveía ejercer un control parlamentario sobre la actividad. Pero ahora, la derogación de algunos de sus artículos esenciales vacía de sentido y deja inerme a aquel instrumento regulatorio.
Dos ejemplos alcanzan para entender de qué se trata. Según el artículo 20 de la ley de 2011, los fabricantes, distribuidores y comercializadores del insumo esencial de los diarios deben hacer público su stock (en forma diaria), su capacidad de producción (de manera trimestral) y, en especial, “el precio único pago contado de venta de papel para diarios a la salida de planta”. Este artículo será eliminado, de prosperar el tratamiento express comprometido con los poderes de la prensa tradicional. Así, Papel Prensa se desliga de la obligación de sostener un mismo precio para “toda operación que involucre la adquisición de más de una tonelada” de papel. Será legal, pues, que Clarín y La Nación paguen un precio y sus competidores, otro.
Varios artículos que no son derogados caerán en saco roto: el artículo 7, según el cual las actividades deben propender a “la competencia, la no discriminación, el libre acceso”; el 11, que insta a la autoridad de aplicación a garantizar “la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al abastecimiento de papel”. Al final de cuentas, el propio artículo 1º, que declara de interés público la actividad, pareciera perder sentido.
Otro artículo de la ley 26.736 cuya derogación se intentará este miércoles en la última sesión del período ordinario de la Cámara de Diputados es el 40, que en virtud de aquel interés público, obligaba a la empresa Papel Prensa S. A. a “operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando esta sea menor a la capacidad operativa)” y a “presentar y ejecutar cada tres (3) años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios”.
Según los defensores del proyecto, la empresa tiene hoy “capacidad ociosa” y necesita reconvertirse para salvar 375 puestos de trabajo de su planta de San Pedro. Si Papel Prensa desea producir insumos para embalajes o cartón, puede hacerlo, pero lo que se busca con el proyecto es retirar las obligaciones de sostén de la actividad periodística que conlleva la garantía de producción para todos los diarios del país.
La contracara de la deliberada capacidad ociosa de Papel Prensa –con instalaciones sin inversión en actualización tecnológica— son decenas de periódicos del interior y diarios cooperativos que, por no ser socios de Clarín, no acceden a la cuota de papel; como así también otros medios gráficos que optan por el papel obra, con precios tan privativos pero quizás menos imprevisibles que el papel prensa. Remarcamos que este año, aprovechando el viento de cola de la inflación galopante, los precios de la planta de San Pedro acumulan aumentos muy por encima de la devaluación del dólar. Si hasta agosto los pequeños y medianos diarios denunciaban un 79% de aumento, según calcula Fernando Gómez desde los medios cooperativos, 120% es el aumento acumulado a octubre: “Hemos pasado de pagar entre 17.000 y 18.000 pesos la tonelada de papel en enero de 2018, a pagar entre 37.500 y 39.000 pesos en el mes de octubre. Absorbimos los mayores costos de flete derivados de la escalada descontrolada del precio del combustible”.
“En los hechos, Clarín, La Nación y demás diarios del grupo como La Voz y Los Andes, más otros medios accionistas minoritarios del grupo, como por ejemplo El Litoral de Santa Fe, aunque no hay constancia fehaciente, pagan el papel más barato que el resto de los diarios de la Argentina”, señala el secreto a voces Jorge Déboli, presidente de la Cámara de Diarios y Periódicos de Provincia de Buenos Aires: “En una palabra, el grupo estaría buscando legalizar lo que de hecho siempre sucedió, es decir, manejar discrecionalmente la comercialización de papel para diario como lo hizo desde que se quedó con el paquete accionario de Papel Prensa en 1978”.
Estado socio, estado regulador
La historia de Papel Prensa se remonta a casi medio siglo atrás, cuando la dictadura de Onganía creó en 1969 un Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa Celulosa, que años más tarde tendría como resultado la planta de Papel Prensa en San Pedro. Se basaba en un impuesto del 10% de las importaciones de papel que todos los diarios realizaban, a raíz del escaso abastecimiento nacional de su principal insumo. La historia accionaria de la empresa es larga y tiene un capítulo oscuro que es bastante conocido: sucedió cuando la última dictadura cívico-militar forzó a la familia del empresario David Graiver (muerto en un confuso accidente) a vender sus acciones a consorcio formado por el Estado nacional y tres empresas periodísticas: Clarín, La Razón y La Nación. La transferencia se hizo por 8 millones de dólares, monto que el propio gobierno prestó a los diarios a través del Banco Nacional de Desarrollo. Además el Estado subsidió el consumo eléctrico de la planta y aumentó los aranceles a la importación de papel, para que no hubiera mejor alternativa que comprarle al flamante consorcio. Muy lejos del liberalismo pregonado, el gobierno intervino por entonces cuanto pudo, sólo que no distribuía ni regulaba en función del bien común, sino a favor de un puñado de empresas.
En 1993, el ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas afirmó en un libro que escribió con su hijo (Detrás del espejo: quince años de despojo al patrimonio nacional): “Papel Prensa es uno de los casos de corrupción más graves de la historia argentina. Pone de manifiesto las relaciones y procedimientos empleados por los grandes grupos de poder”. En la actualidad, la empresa distribuye sus acciones entre Clarín (49%), el Estado argentino (27,46% más un 0,62% de su empresa Télam) y La Nación (22,49%).
Frente a esta situación de monopolio —en la que Papel Prensa podría pensarse como un operador público—, la ley que ahora intenta modificarse buscó en 2011 introducir un marco regulatorio y de control parlamentario en un ámbito donde se juega la posibilidad de existencia de la prensa gráfica. Como planteó la Coalición por una Comunicación Democrática en 2016 en sus 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, el papel y los mecanismos de distribución de las publicaciones deberían ser considerados facilidades esenciales, según una expresión que tiene más de cien años en la doctrina antimonopolio norteamericana y pone la atención sobre los abusos en relación a infraestructuras y activos que son indispensables. Cuando de eso se trata, es necesario que el Estado regule y distribuya los recursos sin discriminación; en este caso, para garantizar la libertad de expresión.
Esta semana Luciano Laspina (PRO), único diputado que atinó a defender el proyecto, aseguró ante sus pares que “la libertad de expresión no está en juego porque hoy la gente puede leer el diario en su celular”. Esa ignorancia sobre el valor a defender explica uno de los vicios legislativos del proceso: que el proyecto fue analizado sólo por la comisión de Comercio (cuyo presidente Pedro Miranda, dicho sea de paso, integra el Bloque Justicialista junto a Diego Bossio, el diputado firmante del proyecto, que no estuvo presente en la comisión). En cambio, la ley que ahora se pretende modificar había sido girada en 2011 a tres comisiones: además de Comercio, también a Asuntos Constituciones y Libertad de Expresión.
Sin debate, con argumentos insostenibles
El tratamiento exclusivamente en la Comisión de Comercio no es el único rasgo de un trámite express. El proyecto firmado por Diego Bossio, Pablo Kosiner (PJ), Nicolás Massot, Luciano Laspina (PRO), Mario Negri, Miguel Bazze, Luis Borsani (UCR), Marco Lavagna, Alejandro Ariel Grandinetti (UNA), Martín Llaryora, Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal) y Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) fue ingresado a Mesa de Entradas el 9 de noviembre, cinco días antes de salir, con dictamen favorable en una reunión de menos de dos horas, de la Comisión de Comercio.
La situación fue denunciada por varios diputados del Frente para la Victoria, entre ellos los bonaerenses Axel Kicillof y Fernanda Vallejos, que remarcaban las incongruencias entre el proyecto oficialista y la elemental doctrina económica que previene sobre las desregulaciones ante posiciones monopólicas como la de la industria del papel. El cordobés Pablo Carro, ante un presunto estado de quiebra de Papel Prensa esgrimido por Laspina, se mostró sorprendido de “que no haya salido en los diarios” y por ello pidió —junto a Cristina Alvarez Rodríguez— esperar al testimonio de los directores de la empresa, incluido el ignoto director designado por el gobierno nacional. Ante el inevitable dictamen que habilita la inclusión del proyecto en el temario de sesiones del próximo miércoles, los diputados Marcos Cleri y Adrián Grana no se privaron de señalar que la maniobra remitía directamente a una estrategia de Clarín, de la cual los diputados firmantes eran meros ejecutores.
Mientras en 2011 se habían sucedido audiencias públicas para escuchar opiniones a favor y en contra, en la actual “democracia del consenso” no fueron consultados medios gráficos, sindicatos ni cámaras del sector. La mayoría de los editores se enteraron cuando estaba dictaminado y varios ya expresaron su desacuerdo y preocupación, entre ellos DYPRA (Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina), FADICCRA (Federación Asociativas de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la RA), ARECIA (Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina) y CADYPBA (Cámara de Diarios y Periódicos de Provincia de Buenos Aires). “Resulta insostenible —y sospechoso— el argumento esgrimido para argumentar la necesidad de derogar esta ley, asentado en la caída del consumo de papel prensa como fruto de la menor circulación de ejemplares de diarios y periódicos. Son justamente los medios de los tres o cuatro principales centros urbanos del país quienes han sufrido una drástica caída de su circulación, en tanto en cientos de ciudades del interior de nuestra Argentina, la gente continúa consumiendo las publicaciones de su localidad. ¿O acaso se pretende establecer un precio de papel diferenciado, para que sean los medios gráficos regionales quienes soporten las millonarias pérdidas de empresas monopólicas, asociadas al capital concentrado?”, planteó DYPRA en un comunicado firmado por su presidente Jorge Conalbi Anzorena.
El oficialismo sólo esgrimió la situación de los trabajadores de San Pedro, pero no invocó la opinión de los trabajadores de prensa, ni de los gráficos o los canillitas. El SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), CISPREN de Córdoba junto a otras regionales de trabajadores de prensa, los trabajadores gráficos y los canillitas nucleados en el SIVENDIA (Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas), también se manifestaron en contra, y harán presión el próximo martes 20 en reuniones con legisladores para marcar la profundización del estado crítico de la actividad en caso de ser aprobado este nuevo proyecto Clarín-La Nación.
La crisis de las publicaciones gráficas es producto de una tormenta perfecta: además de la devaluación que impide acudir a la importación de una commodity en dólares, y del viraje de los hábitos de lectura hacia los portales digitales, los diarios y revistas independientes sufren el impacto la caída del mercado interno y la pérdida del poder adquisitivo que conllevan a una baja en pauta publicitaria y la imposibilidad de subir el precio de tapa (por el riesgo de merma en la compra de ejemplares), los dos pilares del financiamiento tradicional de esta actividad.
Si a ese panorama sumamos el retiro de pautas de publicidad oficial a periódicos regionales, y la libertad de fijar precios discriminatorios que se pretende otorgar a la empresa Papel Prensa —de la cual además es accionista—, estamos nuevamente ante un Estado muy activo, pero que interviene para promover mayor concentración por el cierre de medios competidores o su venta a previo vil a empresarios amigos del Grupo.
Pronóstico de mayores restricciones a la libertad de expresión para 2019.
- Foto principal: Mitre, Magnetto, Videla, Noble, los nombres del expolio.
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