Apologistas del genocidio

Masacrar en nombre de la defensa de Occidente, de Videla a Ajmechet

142 países respaldaron la solución de dos Estados en la Asamblea General de la ONU. La Argentina, entre los 10 votos negativos.

 

Una comisión de expertos independientes de las Naciones Unidas acaba de publicar un extenso informe que confirma que el gobierno israelí está llevando a cabo un genocidio en Gaza. Esta declaración se suma a la de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y de expertos en genocidio que han llegado a la misma conclusión. La comisión de la ONU afirma que existen motivos razonables para sostener que “las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes han cometido y siguen cometiendo el acto reus de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza”. Hasta ahora los defensores de Israel venían sosteniendo que el uso de la palabra genocidio era inapropiado porque jurídicamente la figura penal requiere acreditar la “intención genocida”, algo que consideran difícil acreditar. Pero se trata de un argumento falaz. Efectivamente, la intención subjetiva que se aloja en las circunvoluciones neuronales del cerebro de un ser humano, por su propia naturaleza, resulta siempre inaccesible a los terceros. Si llevamos esa interpretación al extremo, resultaría entonces que el delito de genocidio nunca podría ser probado, lo cual es un absurdo y denota la falacia del argumento. La intencionalidad criminal siempre se desprende de los actos que acompañan al accionar del criminal, de modo que la intención subjetiva resulta siempre probada por acciones concretas e irrefutables que se despliegan en el terreno de los hechos. Es justamente lo que señala el informe de la ONU, cuando declara que han quedado acreditados cuatro de los cinco “actos genocidas” definidos en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

De acuerdo con el informe, como consecuencia de los bombardeos continuos sobre la población de Gaza, “Israel mató a miembros de un grupo, causó graves daños físicos y mentales, infligió deliberadamente condiciones para destruir al grupo y actuó para impedir nacimientos”. El único acto genocida clasificado bajo la Convención sobre el Genocidio del que la comisión no encontró evidencia en Gaza fue el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Navi Pillay, presidenta de la comisión y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, manifestó que son claras las evidencias de que los integrantes del gabinete de Netanyahu han demostrado su “intención” de cometer genocidio. “Está claro que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, dijo Pillay. El informe de la comisión citó, a modo de ejemplo, las declaraciones del ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant en octubre de 2023, cuando dijo que Israel impondría “un asedio completo” a Gaza sin “electricidad, sin agua, sin comida, sin combustible”. “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, declaró Gallant en aquel momento. El bloqueo casi total de la ayuda humanitaria resultante de su orden ha causado la muerte comprobada de más de 400 personas, incluidos al menos 145 niños por hambruna.

La declaración de la comisión de la ONU es muy relevante porque bajo la Convención sobre el Genocidio, todos los países que han firmado ese tratado están legalmente obligados a intervenir y tomar medidas para impedir que continúe un genocidio. En un artículo publicado en The New York Times, Pillay destacó que “todo Estado tiene la obligación de prevenir el genocidio dondequiera que ocurra. Esta obligación exige acciones: detener la transferencia de armas y el apoyo militar utilizados en actos genocidas, garantizar la asistencia humanitaria sin trabas, detener el desplazamiento masivo y la destrucción, y utilizar todos los medios diplomáticos y legales disponibles para detener la matanza”. Añadió que “no hacer nada no es neutralidad, es complicidad”. Por este motivo el fiscal general del Estado en España acaba de autorizar el inicio de una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza. Las pruebas que recabe la fiscalía española no persiguen abrir un proceso en la Audiencia Nacional sino poner todas las pruebas que se obtengan a disposición de los tribunales internacionales que ya investigan el genocidio en Gaza.

 

Una segunda línea de defensa

Los defensores de Israel, ante la imposibilidad de negar lo que todo el mundo puede apreciar con sus propios ojos, vienen ensayando una segunda línea de defensa, que pretende justificar las acciones genocidas en la necesidad de defender a la civilización occidental de la amenaza de los países islámicos. El argumento lo esgrimió impúdicamente la diputada Sabrina Ajmechet (PRO) el pasado miércoles en un intercambio que mantuvo con el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) tras el pedido por una cuestión de privilegio presentada luego del debate sobre el veto de Milei al presupuesto universitario. Massot hizo una encendida defensa de la posición tradicional de la Argentina a favor de la existencia de dos Estados en Palestina, criticando el cambio de posición que supuso el voto en Naciones Unidas de la Argentina pronunciándose, junto con Israel, Estados Unidos y Paraguay, en contra de la formación del Estado palestino. Según Massot, tanto Milei como el canciller Werthein confunden su propia agenda personal con la del Estado argentino, negándose a apoyar una declaración justa y certera de la comunidad internacional a favor de la creación del Estado palestino. “No ponemos el énfasis en el Estado ni en el pueblo de Israel, sino en el gobierno llevado adelante por criminales de guerra y genocidas supremacistas, que tienen más que ver con Joseph Goebbels que con Itzjak Rabin. Y esta resolución exige el abandono de Gaza y de la permanente instalación de asentamientos en Cisjordania, que diluyen la solución de dos Estados”, afirmó el diputado Massot.

 

 

Las manifestaciones de Massot dieron lugar a una intervención por alusiones de la diputada de PRO Sabrina Ajmechet, quien expresó que “hoy la guerra la está dando Israel y sus soldados, pero nos están defendiendo a todos nosotros. Está en juego una forma fanática de vida que no me dejaría a mí andar por la calle con el pelo como lo tengo acá; vestirme como estoy vestida; que no me daría la libertad de expresarme como en este momento”. Continuó señalando que “tenemos la suerte de vivir en una democracia, y hoy Israel, que es la única democracia de Medio Oriente, está funcionando como una trinchera, frente al terrorismo que no solo quiere hacer desaparece a Israel, sino terminar con la forma de vida occidental. No hablo de los judíos, sino de aquellos que deciden vivir bajo las costumbres judeocristianas de la libertad y aquellos hermanos musulmanes que trabajan por la paz y que viven el pluralismo”.

Los argumentos de la diputada de PRO son similares a los que en España defiende la amiga de Javier Milei y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), quien en una reciente asamblea declaró que Israel está defendiendo a “Occidente”, y por tanto a España. En diversas declaraciones, representantes del PP de Madrid han insistido en la supuesta naturaleza democrática del Estado de Israel como justificación de su apoyo a la ofensiva militar en Gaza. “Van contra la única democracia liberal en Oriente Próximo”, lamentó Ayuso, afirmando que en Gaza no hay un genocidio y solo se libra una guerra con muertos como en todas las guerras. Estas declaraciones guardan un parecido de familia con el relato del general Videla en la época de la dictadura, cuando proclamaba la necesidad de librar una “guerra antisubversiva” en defensa de la civilización occidental y cristiana. Ese relato sirvió para justificar la entrega de hijos de desaparecidos a familias“sanamente constituidas”. Relatos de esta naturaleza sirven ahora para justificar el asesinato de niños en Gaza. Ayelet Shaked, quien fuera nombrada ministra de Justicia en Israel en mayo de 2015, compartió un texto que circuló en aquella época en Facebook y que revela cuál es el pensamiento íntimo de los genocidas: “Detrás de cada terrorista están decenas de hombres y mujeres, sin los cuales no podría dedicarse al terrorismo. Actores en la guerra son aquellos que incitan en las mezquitas, que escriben los planes asesinos para las escuelas, que dan refugio, que proporcionan vehículos, y todos los que los honran y les dan su apoyo moral. Todos ellos son combatientes enemigos, y su sangre caerá sobre todas sus cabezas. Ahora esto también incluye a las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Deberían seguir a sus hijos, nada sería más justo. Deberían irse, al igual que las casas físicas en las que criaron a las serpientes. De lo contrario, allí se criarán más pequeñas serpientes”.

El uso de la palabra “genocidio” resulta polémico porque viene inevitablemente asociado al “holocausto”, es decir al genocidio de millones de judíos, eslavos, gitanos y otros grupos étnicos que tuvo lugar durante el régimen nazi. Por ese motivo resulta tan difícil entender que los descendientes de las víctimas de hechos de semejante gravedad puedan estar llevando a cabo acciones jurídicamente equiparables. No obstante, debiéramos evitar caer en la trampa semántica que sirve de cortina de humo a los apologistas del genocidio. Como señala el escrito Javier Rivas en El País, “pese a su calado jurídico, resulta bizantino, casi 65.000 muertos y tantísimo sufrimiento después, discutir cómo llamamos a lo que está cometiendo el gobierno de Israel en la Franja. Considérelo usted genocidio; crímenes de guerra; limpieza étnica; crímenes contra la humanidad; matanza; masacre; exterminio; aniquilación; carnicería o como quiera. No es el momento de disputas terminológicas, sino de acabar con una iniquidad que no debe durar ni un día más”.

 

 

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