Al concluir el primer semestre de 2025, el 37,7% del empleo asalariado argentino transitaba bajo informalidad y el país apuntaba su segundo peor registro en más de tres lustros. Sólo a mediados de 2022 fue superior, por una décima, lo que contribuye a explicar el cultivo de experiencias antisistema en los meses previos a las elecciones presidenciales del año siguiente.
Con el registro actual, la informalidad del sector asalariado se colocó un punto y medio por encima del primer trimestre de 2025 y 1,4 respecto de la medida en junio de 2024. La comparación del gobierno de Javier Milei consigo mismo vuelve a dar resultado negativo, pese a la reaparecida afirmación de que el invierno ya pasó.
Similar alza se corrobora en el global del trabajo informal, que incluye también a cuentapropistas y patrones: con ambos sectores, la tasa se eleva a 43,2%, 1,6 puntos superior al porcentual que había cerrado el primer semestre de anarcocapitalismo, y con un alza de 1,1 en sólo tres meses.
Irse a la V
Una mirada más amplia en plazos evidencia que el comportamiento de este fenómeno contribuye a retratar a la Argentina del último cuarto de siglo. Los periodos que dibuja son nítidos:
- tras un abrupto desplome de la herencia de pauperización de la Convertibilidad durante el lustro inicial del kirchnerismo, la merma en la tasa de informalidad sintió los coletazos de la crisis internacional de 2008, pero continuó una fluctuación descendente hasta el comienzo del gobierno de Mauricio Macri;
- si se excluyen las singularidades del periodo pandémico, que requirió de alta formalidad para la percepción de asistencias a trabajadores y patronales, se observa desde 2016 un ascenso de pocas interrupciones y pisos cada vez más elevados; y
- pasada la leve baja posterior al pico de mediados de 2022, la experiencia anarcocapitalista llevó el índice de su sexto trimestre a los valores que había mostrado durante la crisis internacional de 2008.
La V que empieza a dibujarse en el largo plazo no induce a pensar que los programas neoliberales contribuyan a la creación de oportunidades laborales de calidad, sino más bien lo contrario. Asimismo, la ampliación del foco de observación a lo que va del siglo corrobora que Milei no es el único responsable del cuadro que se esfuerza por agravar.
Provenientes del INDEC, los datos de base sobre la informalidad asalariada en el país fueron sistematizados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, que trimestralmente elabora estudios sobre la problemática. A partir de los insumos disponibles, el IIEP analiza la composición del empleo informal en los asalariados por categoría ocupacional, género, franjas etarias, niveles educativos, tamaños de empresa y zonas geográficas. Como el INDEC carga los microdatos necesarios para ese tipo de cruces después de dar a conocer los números generales, el análisis académico de cada categoría suele referir al trimestre anterior. Como correlato, el índice general anticipa un agravamiento en al menos algunos de los cuadros específicos más críticos.
Geografías y edades
La distribución geográfica de la informalidad laboral mantuvo al cierre del primer trimestre de 2025 las condiciones previas, con las regiones del Noroeste, Cuyo y el Noreste por encima del índice general del país y la mitad de los 32 aglomerados urbanos medidos por el INDEC en la misma condición, revelando heterogeneidades en el centro del territorio. En el Gran Buenos Aires y el área metropolitana de La Plata, 4,4 de cada diez empleos son informales, y en torno a la capital cordobesa el porcentual se aproxima ya a la mitad. La constante es que en todas las regiones creció la informalidad, con un extremo de alrededor de nueve puntos en el Noroeste y Cuyo, respecto del primer trimestre de 2024.
La principal novedad, no obstante, puede detectarse desde las realidades que descubren los nuevos debates. Por caso, cuatro de las cinco provincias que no recibieron ninguno de los discrecionales Aportes del Tesoro Nacional en el primer año y medio de gobierno anarcocapitalista encuentran a sus principales aglomerados entre los 16 con informalidad laboral superior a la tasa nacional:
- Formosa y Santiago del Estero compartían para marzo pasado el segundo mayor registro, con 52,2%;
- en el Gran Córdoba, llegaba a 47,9%;
- en el Gran San Luis, a 47,1%; y
- la quinta provincia huérfana de ATNs mileístas, La Rioja, ubicaba la informalidad laboral de su capital apenas por debajo del registro nacional, con 42,3%.
Edades
De acuerdo al estudio del IIEP, entre el primer trimestre de 2024 y el mismo fragmento de 2025 el empleo informal se incrementó 5,5 puntos en la franja etaria de entre 16 y 24 años, llegando a 63% de los trabajadores en esas edades de ingreso al llamado mercado laboral.
Esa suba confluye con los datos de desocupación de ese rango, para la misma fecha: el INDEC estimó que en el primer cuarto de este año las mujeres y varones de hasta 29 años representaban el 51,8% del total de la población desempleada en los aglomerados urbanos que releva.
Ambos datos amenazan la perspectiva previsional, presente y futura, porque por carencia de empleo o informalidad de su registro una porción creciente de la masa en condiciones de trabajar no realiza aportes al sistema. Una reforma regresiva sobre el esquema jubilatorio argentino, clásica sugerencia de los recetarios de endeudamiento, agravaría el escenario al aumentar la edad de retiro y retrasar aún más el ingreso al mundo laboral a las generaciones más jóvenes. No es la única consecuencia. Pero cuando alguna nueva estadística hace cundir la alarma, los tuiteros sin hijos del oficialismo culpan al feminismo por la caída de la tasa de natalidad.
Otra manifestación del problema surge al quedar en evidencia que, discriminada la informalidad por nivel de estudios alcanzados, la sufren en forma creciente incluso los segmentos más calificados. En relación al trimestre inicial de 2024, para el primer cuarto de este año se desempeñaban en la informalidad 17,1% de los trabajadores con título universitario. Más de dos puntos por encima del registro de un año antes.
También se expandió el índice en las empresas más grandes, que dentro de la clasificación escogida son todas aquellas con más de cuarenta asalariados. Para el cierre de marzo de 2024, el 10,7% del global de sus planteles trabajaba en condiciones de informalidad. En igual fecha de este año, trepaba ya a 12,1%.
Con una penalidad salarial siempre por encima del 40%, expresión de la brecha entre sueldos formales e informales por el mismo trabajo, el interrogante es hacia dónde derivan los pesos que no van a aportes previsionales, pago de impuestos o la seguridad social.
Con la frente marchita
Los porcentuales refutan el afán autocelebratorio del Ministerio de Capital Humano en sus cuidadas cuentas de redes sociales. Una lectura minuciosa puede advertir que están dedicadas a festejar mediciones endebles, como la baja de la pobreza según ábacos caducos, mientras el Ministerio administra el ejército laboral de reserva que aguarda en los márgenes del programa económico, con la desocupación y el empleo informal al alza.
El miércoles 24, Capital Humano anunció un acuerdo con la chatarrería alimenticia McDonald’s, que contrataría a 10.000 personas inscriptas en el programa “Volver al Trabajo”. Así enunciado, el objetivo es ambicioso: con un solo convenio, podría recuperarse la mitad de los puestos de trabajo destruidos sólo entre mayo de 2024 –sobre una contracción previa de 164.000, desde el recambio presidencial– y el mismo mes de 2025.
La ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con representantes de la empresa Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en Argentina, que se traducirá en la contratación de 10.000 personas en todo el país.
Estos nuevos puestos serán cubiertos a través de los programas de empleo… pic.twitter.com/UFrANqEKBH
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 23, 2025
El comunicado oficial no brindó detalles del acuerdo, de modo que no puede saberse aún si las condiciones de contratación mejorarán respecto de las que estipulaba un convenio similar firmado entre el gobierno de Mauricio Macri y la misma empresa, en mayo de 2016.
Por otra parte, el programa “Volver al Trabajo” fue uno de los espacios afectados por la motosierra: al cabo del primer año de gobierno anarcocapitalista, la inversión volcada en él se había contraído en 61,1% en relación a 2023, cuando todavía formaba parte de su extinto antecesor “Potenciar Trabajo”.
Ese cambio no fue únicamente nominal. El gobierno separó a la población beneficiaria por franjas etarias, estableció el monto a percibir en suma fija y lo desvinculó de la evolución del salario mínimo vital y móvil, e introdujo entre los causales de cese de la protección a la participación en acciones de protesta. En particular, de cortes de calles que pudieran abrir otros caminos.
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