Con el apuro de los negocios redondos

Malestar por la entrega inconsulta del cerro Catedral y el intento de un desarrollo inmobiliario en la base

 

Para evitar que se exija la realización de un referendo y que se nacionalice el escándalo por la entrega del cerro Catedral, los gobiernos nacional, rionegrino y de Bariloche aceleran la aprobación del proyecto que favorecerá a Vía Bariloche y Nicolás Caputo. Marcos Peña Braun fue interpelado por este tema en el Congreso. En la audiencia pública en Bariloche, quedaron en evidencia las irregularidades del proceso. La respuesta macrista: el concejal del PRO quiere denunciar penalmente a los expositores.

Bariloche vive horas intensas, aunque los beneficiarios del negociado con el cerro Catedral viven lejos de la ciudad cordillerana. La famiglia Trappa, dueña de Vía Bariloche y de la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA), y Nicky Caputo, el hermano de la vida del Presidente Mauricio Macri, siguen minuto a minuto el apuro del Gobierno municipal por cerrar el acuerdo para extender por 38 años —sin licitación internacional y violentando las normas ambientales— la relación contractual de explotación del Catedral.

Ese acuerdo —firmado clandestinamente por el intendente Gustavo Gennuso y los dueños de CAPSA— permite un desarrollo inmobiliario en 70 hectáreas ubicadas en la base del cerro. El proyecto no cuenta con el estudio de impacto ambiental correspondiente, sino sólo con un denominado Estudio de Base Ambiental, realizado por un técnico empleado de la misma empresa CAPSA. Es decir que los concejales del oficialista Juntos Somos Bariloche —aliados del gobernador Alberto Weretilneck— y también los del PRO se aprestan a aprobar una iniciativa cuyo único sustento ambiental y técnico fue elaborado por la propia empresa interesada en perpetuarse en el cerro.

 

Intendente Gustavo Gennuso.

 

Además el proyecto y los tiempos de su aprobación no cumplen con la ordenanza que regula las contrataciones del Estado municipal

El Cohete a la Luna desnudó el domingo pasado el entramado de intereses y beneficiados por el proyecto, así como la estrecha relación construida entre la famiglia Trappa y Mauricio Macri. La expansión de Vía Bariloche al mercado de aeronavegación comercial a través de una low cost y la realización de la millonaria obra de extensión de los servicios —luz, agua, gas, cloacas o sistema de tratamiento de líquidos en el lugar— beneficiarán de forma directa a Caputo.

El empresario amigo de Macri es propietario del cerro San Martín, ubicado a pocos kilómetros del Catedral, y en 2013 no pudo desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el lugar porque, entre otras restricciones, no contaba con los mencionados servicios.

Si como planean el gobierno de la Alianza Cambiemos y los Trappa la obra de extensión de los servicios es financiada por el Estado nacional, Caputo podría volver a la carga con su proyecto millonario.

 

Apuro

La publicación de este medio nacionalizó el escándalo y llevó a las diputadas María Emilia Soria y Silvia Horne a interpelar sobre el tema al Jefe de Gabinete, quien pasó por el Congreso la pasada semana.

Soria le espetó a Peña que “claramente ustedes vinieron a hacer plata, no vinieron a gobernar o administrar nuestro país. Ustedes vinieron a hacer negocios, como con nuestros recursos naturales, como con las tierras del sur que les gustan tanto, como ahora las (tierras) del cerro Catedral”.

Y detalló que se trata de “70 hectáreas donde quieren hacer un negocio inmobiliario, una zona donde no se puede y sin embargo insisten los amigos de Macri”.

 

Por su parte Horne se preguntó “porqué tanto apuro del presidente Macri” en relación a la extensión del contrato con CAPSA. El cerro Catedral “tiene una concesión que está en manos de Vía Bariloche, empresa CAPSA”, dijo, y agregó: “Esa concesión no caducó, y se está renovando innecesariamente por 30 años. ¿Sabe por qué? Porque en la base del cerro se está planteando un desarrollo inmobiliario multimillonario que además va a llevar los servicios e infraestructura y va a pasar por la base del cerro San Martín, ¿le suena? Es un cerro que pertenece a no sé cuál de los primos de Caputo, y eso parece que acelera las cosas”.

Horne cuestionó que “el propio presidente de la Nación vaya a apurar a los concejales para hacer un convenio que es ilegal y no está permitido por la propia Carta Orgánica de Bariloche”.

Una lectura detallada del contrato de concesión original, de 1992 y vigente hasta 2026, permite determinar que la empresa está obligada a entregar el cerro con al menos el 50 % de los medios de elevación en relación a la capacidad de transporte de pasajeros, con una antigüedad no mayor a 10 años desde su fabricación.

De esta forma queda desvirtuado el argumento de CAPSA sobre la inexistencia de obligación de inversión, eje central de su “propuesta” de extensión contractual. La empresa argumentó desde un comienzo que, habiendo finalizado con todas las inversiones exigidas en el contrato, sólo un nuevo convenio entre las partes daría el marco administrativo para nuevas inversiones.

Pero el dato no es cierto. El contrato original —denominado “Licitación Pública No 1/92 de la Concesión de Obra Pública para el Centro de Deportes Invernales ‘Dr. Antonio Lynch’ del Cerro Catedral”— establece con claridad la exigencia de entrega de los medios de elevación con una antigüedad no mayor a 10 años, para por lo menos la mitad de esa maquinaria.

Este medio repasó con un especialista en la montaña la antigüedad de los medios en la actualidad. Los más nuevos que tiene el Cerro —con excepción de los denominados Magic Carpet, de mínima capacidad de transporte—, son la Silla Séxtuple y la Cuadruple de Punta Nevada que son del año 1997.

En tanto, las del área conocida como Cóndor oscilan entre los años 1968 y principios de los ‘70.

La “nueva” Telecabina Amancay que fue inaugurada en 2005 en realidad fue fabricada en 1981, y desde entonces protagonizó varios accidentes, con descarrilamientos incluidos.

En la propuesta de extensión contractual, la empresa de la famiglia Trappa ofrece invertir 22 millones de dólares en 5 años. El cálculo de los especialistas sobre lo que implicaría el cumplimiento de los términos del contrato del ‘92 en relación a la modernización de los medios, demuestra que CAPSA se salvaría de invertir unos 50 millones de dólares.

 

 

En el ámbito local, los barilochenses ya juntaron casi 10.000 firmas a través de una plataforma en redes sociales para reclamar al Gobierno municipal la realización de un referendo. Esa iniciativa tendría su correlato en la presentación de un proyecto en el Concejo Municipal, con la cantidad de adhesiones suficientes como para que el oficialismo no pueda, con su mayoría, trabar la realización de la consulta vinculante.

Ante ese horizonte, los bloques de Juntos Somos Bariloche y el PRO apuran la aprobación del acuerdo. Convocaron de manera violatoria de las normas internas de funcionamiento del Concejo a una reunión de comisiones conjuntas para lograr dictamen y acelerar los tiempos del tratamiento en sesión, que podría realizarse en los próximos diez días.

En la ciudad se percibe un creciente malestar por la entrega inconsulta del cerro y el intento de un desarrollo inmobiliario en la base. Entre lunes y martes pasado se realizó una audiencia pública durante la cual 65 de los 94 oradores cuestionaron duramente la intención del Intendente y la empresa. Apenas 24 expositores —la mayoría de ellos directivos o empleados de CAPSA— defendieron la iniciativa.

 

 

Si bien el resultado no es vinculante, la contundencia del resultado atemorizó al Ejecutivo. Y evidenció en el concejal del PRO lo más rancio del ideario macrista: la represión judicial de las opiniones políticas. El edil de esa fuerza, Daniel González, amenazó con iniciar acciones legales contra los expositores que le enrostraron su cambio de postura en torno al tema. González había denunciado el proyecto hasta que el propio Macri lo intimó a apoyarlo.

González planteó la posibilidad de hacer una denuncia contra algunos de los participantes, “porque entiende que lo agraviaron”, según confió a este medio la concejal del Frente Para la Victoria Ana Marks. «Atacan a los vecinos porque no tienen forma de justificar este acuerdo», advirtieron desde la oposición del FpV.

Con este escenario, será inevitable que se presenten impugnaciones judiciales contra la futura ordenanza que consolide el convenio entre el Estado y CAPSA.

Si las complejidades del sistema político muchas veces ocultan la distribución y relación entre los sectores de poder —ya sea político o económico— este tema evidenció sin matices dónde se ubican esos grupos de poder, qué tipos de alianzas tejen y qué intereses persiguen. Entonces las respuestas —que en muchas otras oportunidades son espasmódicas, sectoriales— se homogenizan, se encolumnan tras una consigna, y sus protagonistas postergan genuinos contrastes para procurar un objetivo.

En el marco de ese encendido debate, los vecinos de Bariloche le dieron una vuelta de tuerca al despectivo término choriplanero, endilgado a los sectores populares que en los últimos años fueron beneficiarios de programas sociales. Y acuñaron la elocuente figura de choripases (de esquí), para referirse a los beneficios que obtendrían los concejales responsables de aprobar la iniciativa del Ejecutivo que beneficiará a la empresa.

Gritaron y cantaron ese término durante el segundo día de la audiencia, y contrapusieron la “angurria de los poderosos” a la “necesidad de un barilochazo”, que ponga límites al acuerdo Gennuso-CAPSA.

 

 

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