¿Aquí no ha pasado nada?

 

Puede haber un error de cálculo en los sectores dominantes en la Argentina. Parecen pensar –y de hecho lo hacen— que aquí no ha ocurrido nada. Que lo que aconteció en los últimos meses fue un “traspié electoral”, producto de la “mala praxis” macrista, pero como diría Melconián, le ponen un 10 a las metas que tenía el gobierno de Cambiemos.

Y que como la malograda gestión macrista sacó el 40% de los votos, en realidad no le quedaría margen a Alberto Fernández –acosado a su vez por los acreedores externos— para realizar grandes patriadas ni heterodoxias impensables.

Habrá que aguantarle al nuevo Presidente su cháchara contra el hambre, poner allí unas monedas y después reconducir la gestión albertista en la dirección que “todos sabemos” que se debe recorrer. Con la misma convicción que no casualmente tienen todos los gobiernos de derecha de América Latina: reformas laborales precarizantes, reformas previsionales diseñadas para otorgar formidables rentas a los bancos, reformas tributarias que alivien a los grandes y castiguen a los chicos, tratados de libre comercio con los países centrales de Occidente, tan necesitados de nuevos mercados en los que volcar su producción. Un recetario que poco tiene que ver con las necesidades del desarrollo y del progreso regional, pero mucho con la alianza cada día más estrecha entre las elites regionales y los poderes centrales.

 

 

Cuando los especialistas en subdesarrollo dan consejos

En las últimas semanas asistimos a un verdadero festival de aportes constructivos al éxito del próximo gobierno, de parte de quienes protagonizaron todos los fracasos económicos desde el “Proceso de Reorganización Nacional” hasta la actualidad. Revisemos algunos de los más destacados.

Uno, que reúne todos los requisitos del derechismo más intransigente –se diría, un programa de máxima— es el publicado por el diario La Nación, proveniente de la Fundación Libertad y Progreso, cuyo director es el ex funcionario procesista Manuel Solanet. “Un documento con 10 medidas que debería tomar Alberto Fernández en sus primeros 100 días como Presidente”. Si se implementaran las medidas, permitirían "absorber el millón de jóvenes que ingresarán en ese periodo al mercado laboral, además de un millón de empleados públicos, un millón de receptores de planes sociales y un millón de personas que hoy están en la economía informal".

Entre los objetivos explícitos, figuran lograr el superávit fiscal y reestructurar sin quita la deuda pública, lo que permitiría desbloquear los desembolsos pendientes del FMI.

Las reformas que atraerían la futura lluvia de inversiones serían:

• La Reforma Laboral, que incluiría acuerdos a nivel de empresa, libertad sindical y la supresión hacia adelante de la indemnización por despido.
• La Reforma de la administración nacional. “Para alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y reducir el número de empleados de la administración nacional”, proponen decretar una nueva estructura del Empleo Público y tener sólo seis ministerios y una Jefatura de Gabinete. “Una vez completado el reencasillamiento del personal, los que no fueron reubicados cobrarán sueldos por uno o dos años para evitar el costo social de que queden sin ingresos.”
• Reducción gradual de planes sociales. "Se deben transformar los planes sociales en empleo". Proponen suprimir los fondos asignados a la Economía Popular.
• Continuar con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte.
• Elevar la edad jubilatoria.
• Reforma de la Coparticipación Federal. Proponen “alinear los incentivos y propender a gastar menos y mejor".
• Eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación. Esta medida deberá aplicarse a medida que se disminuya el gasto público.
• Formalizar Tratados de Libre Comercio. Proponen concretar el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, acordar con Brasil la reducción del arancel externo común e iniciar la negociación de otros tratados bilaterales de libre comercio.
• Permitir el uso de otras monedas. Proponen corregir las normas que impiden el uso de otras monedas y derogar el curso legal forzoso del peso.

Como se puede apreciar, parte de estas medidas ya estaban prefiguradas en el proyecto macrista y seguramente serían profundizadas en el segundo tramo que se iniciaría el 10 de diciembre, gracias al cheque en blanco que le darían las urnas al macrismo. Otras forman parte del patrimonio histórico de la derecha ultra, cuyo vocero actual es Espert, y que apuntan a una derrota histórica del bloque popular, sin la cual no se puede concretar la famosa expulsión de 1.000.000 de trabajadores estatales para “bajar el gasto público”, y así concretar la eliminación de “impuestos distorsivos”, e incrementar la ganancia del agronegocio y otros actores. El lanzamiento al mercado de un millón o más de trabajadores generaría a su vez la completa flexibilización laboral de hecho en toda la actividad privada, que sería acompañada por las innovaciones laborales que ya están diseñadas desde hace décadas. Completo disciplinamiento laboral luego de un período indeterminado de represión, reducción del Estado a un mínimo africano, liberación de actividades sociales básicas como salud, educación, seguridad a las empresas privadas –como en Chile—, endeudamiento eterno y cumplimiento perfecto con el capital financiero global, disponibilidad de divisas libres para la fuga, son las brillantes ideas que promueven grupos locales que alimentan con “ideas” al imaginario neoliberal local.

Pero hay más. Pablo Guidotti, ex funcionario del menemismo, ha planteado en el diario Ámbito Financiero la realización de una “devaluación compensada”, colocando el dólar a 100 pesos, lo que contribuiría a estabilizar las expectativas devaluatorias, bajar la tasa de interés y cerrar el déficit fiscal. Nada dice del comportamiento real de los actores domésticos en materia remarcatoria, ni del efecto –que cree neutral— de esas medidas sobre el nivel de vida de la población. Como no propone la desdolarización de las tarifas, ni otras medidas que protejan a las mayorías, de hecho le está sugiriendo a la próxima administración que baje varios escalones más en materia distributiva.

Un gurú histórico del alto empresariado, Ricardo Arriazu, formuló diversos escenarios posibles para la gestión albertista. Para él, la mejor opción sería una de “moderación” del gasto público, incrementando retenciones y moderando subas tarifarias adicionales, para acompañar la renegociación de la deuda. Eso sí, habría que adoptar las “reformas estructurales” previsionales y laborales reclamadas por el FMI (y por el capital concentrado argentino). Según Arriazu, el primer tramo sería duro, pero ya en el segundo semestre se empezarían a ver los resultados positivos.

Rodolfo Santángelo, otro consultor de empresas, sugiere con delicadeza, dado el peso de las transferencias sociales sobre el gasto total del Estado: “desindexar las partidas sociales del gasto público”, lo que implica que crezcan por debajo de la inflación, o sea, que se achiquen en términos reales. En otros términos, que sigan declinando los ingresos de los más sumergidos.

Es decir que todos los amigos derechistas que se acercan sugieren consolidar la herencia distributiva del macrismo, e irla administrando o profundizando, según las circunstancias. Ninguna redistribución sería posible ni deseable. Al contrario: el superávit fiscal reclamado se lograría con la baja del gasto público que mayor capacidad para promover la expansión económica tiene. Con los acreedores externos deberían hacerse las máximas concesiones posibles, para lograr la confianza internacional. La inversión genuina (para producir bienes y servicios reales) nunca se sabe de dónde ni cuándo vendría, pero siempre queda supeditada a una serie de pruebas de confianza que implican la autodestrucción del Estado en sus capacidades regulatorias, el ataque y derrota de las organizaciones populares y los sindicatos y la plena sumisión del sistema de partidos políticos a los poderes fácticos globales.

 

 

Temor y temblor

La ola de protestas sociales por las medidas neoliberales se está extendiendo en la región sudamericana. Lo que sorprendió en el caso ecuatoriano y se transformó en una verdadera rebelión profunda en el caso chileno, se manifestó con claridad y contundencia inesperada también en Colombia en la última semana.

Así como los gobiernos neoliberales parecen tener un solo norte que es la maximización de las ganancias corporativas, de espaldas a sus respectivos países, los sectores populares ven con creciente claridad que todas esas “reformas estructurales” no sólo apuntan a despojarlos de derechos y conquistas, sino también de un horizonte de esperanzas.

Esta ola anti “reformas neoliberales” es ya un dato político insoslayable, al punto que ha impactado en uno de los gobiernos más extremistas y agresivos de la región, el de Brasil.

El temor del gobierno de Brasil a esta ola de indignación hizo que considere demorar las próximas reformas, casualmente la reforma impositiva y de la administración pública (para permitir la reducción de salarios y afectar las estabilidad de los trabajadores estatales)… y que redoble las amenazas represivas, en tanto trata de construir una imagen mediática de Lula como un agitador peligroso y violento.

Bolsonaro plantea reglamentar las protestas sociales, clasificándolas desde aceptables hasta terroristas, lo que merecería la intervención de las Fuerzas Armadas, a las que se les garantizaría la impunidad de sus actos, como hizo en sus primeros días y debió rectificar después el gobierno golpista boliviano. Pero queda claro que el problema no es sólo Bolsonaro. El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, hombre del sector financiero global, sugirió aplicar el Acta Institucional 5 de la dictadura milita para suspender garantías constitucionales y así “avanzar con las reformas”. Cabe recordar que la economía de Brasil no funciona, precisamente después de varios años de ministros de economía neoliberales bajo diversos presidentes: Dilma Rousseff, Michel Teme y el actual Bolsonaro.

 

 

El límite de Alberto

Mientras el pensamiento de la derecha económica argentina permanece fijado en sus obsesiones permanentes, que ya tuvieron su oportunidad bajo el gobierno macrista, la realidad social de la región está mostrando un estado de rebelión frente a los experimentos que expresan estas ideas.

Consolidar los efectos de la herencia macrista es lo que le piden, con la yapa de nuevas reformas estructurales para complacer a los mercados, o sea, a ellos. Es una dinámica de contracción y achicamiento, para beneplácito de los poderes fácticos.

¿La derecha económica pide agudizar la situación del 40% de pobres, del 12% de desocupados que deja el macrismo, además de incrementar el agobiante 45% de capacidad ociosa en las firmas industriales? Sí. Pide eso, y avanzar con más y mayores negocios privados.

Como en nuestro país, afortunadamente, no hemos tenido que pasar desde 2002 por graves conmociones sociales, con muertos, destrozos y otras calamidades, parece que la derecha considera que aquí no ha pasado nada. Pretende olvidar, junto a sus medios de prensa, las numerosas y nutridas manifestaciones de protesta y resistencia pacífica ocurridas en todos estos años. A pesar de haber sido eyectada en la primera vuelta, después de ejercer el monopolio comunicacional y judicial durante 4 años, la derecha argentina pretende que aquí nada ha pasado.

Este malentendido no debe ser el que prime en el gobierno del Frente de Todos.

Las conmociones que cubren otras regiones de nuestra región no llegaron a producirse en nuestro país debido a las aceptables condiciones de vida que quedaron del gobierno anterior, y que el macrismo deterioró prolijamente en cuatro años. El derrumbe del último año y medio encontró un canal de canalización política y de esperanza pacífica en la estrategia político-electoral que diseñó Cristina Kirchner, lo que no significa que no exista una fuerte base de malestar y frustración en amplios sectores de la población.

Nuestra sociedad, en su inmensa mayoría, no quiere violencia, ni muertos, ni daños.

Pero lo que hasta Bolsonaro comprendió —que gobernar para el 1% tiene sus límites—, también debería quedar claro en nuestro país: el próximo gobierno no viene a profundizar reformas estructurales neoliberales, sino a buscar un rumbo autónomo de progreso e inclusión.

No viene a arrasar derechos ni a aplastar resistencias sociales, sino a desplegar todas las potencialidades que tiene la sociedad argentina.

No viene a servir minorías retrógradas, que perdieron hace rato el sentido de la pertenencia nacional, sino a restaurar la posibilidad de vivir y pertenecer a una comunidad que garantiza derechos y libertades.

 

 

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