Árbitros de la verdad

El bloqueo a Trump ratifica el ilimitado poder de las plataformas para regular la palabra pública

 

La decisión de Facebook (e Instagram) y Twitter de bloquear las cuentas de Donald Trump a raíz del contenido potencialmente peligroso o violento de algunos de sus mensajes reinicia un debate central de nuestro tiempo: el del poder de las grandes plataformas digitales como administradores –de facto– de la palabra pública y árbitros de la verdad.

Ni la probable afinidad política con la decisión ni el rechazo al censurado deben llevarnos a avalar una práctica más común de lo que parece y que encierra un considerable peligro.

Mientras los noticieros del mundo llenaban sus pantallas con imágenes de los grupos extremistas en su toma del Capitolio, la noticia del veto digital al presidente de los Estados Unidos no pasó desapercibida. La censura a una figura de semejante peso institucional muestra sin maquillaje el inmenso poder editorial de las gigantes algorítmicas, pese a que la reciente decisión de las redes sociales no es original ni inusitada.

Valen dos casos como muestra. En septiembre de 2019 Twitter bloqueó las cuentas del ex mandatario Raúl Castro, de su hija Mariela (diputada) y las de organismos oficiales, como el Ministerio de Comunicaciones, y de medios como el diario oficial Granma, Radio Rebelde y la de canal Caribe.

La empresa no dio explicaciones sobre las causas que motivaron ese acto de censura masiva y se limitó a decir que las cuentas bloqueadas violaron sus normas.

Algo parecido les pasó ese mismo año a las cuentas que tenían en Instagram varios funcionarios importantes iraníes, como jefes militares y el mismo Ministro de Petróleo de Irán. La decisión, sin precedentes, no tuvo ninguna explicación oficial por parte de la red social.

Más allá de estos casos que dan cuenta de la injerencia inocultable de las grandes plataformas en materia de política exterior, existen otros mecanismos infinitamente más empleados –son la regla, rigen su funcionamiento– pero que pasan más desapercibidos porque son invisibles a los ojos del público común: los procesos algorítmicos de edición automática.

Las redes sociales no son transparentes. Todos los contenidos que vemos en nuestras pantallas nos son dados en función de una enorme serie de variables relacionadas con nuestros intereses, gustos, hábitos –culturales, de consumo, de navegación–, temores, opiniones, lugar de residencia, creencias, búsquedas y otras categorías construidas a partir de nuestros propios datos personales, que las gigantes algorítmicas extraen de nuestro uso de las tecnologías. En función de la huella digital que dejamos al navegar por Internet, al movernos por la ciudad con el teléfono en el bolsillo o al pedir comida mediante una app, entre muchos otros factores, las redes sociales nos sirven los contenidos que considera que serán de nuestro interés.

Por supuesto, existe la posibilidad de trascender estas “barreras naturales” de los intereses para acceder a una audiencia más grande: pagando. Y vaya si lo sabrá Trump, que en 2020 gastó más de 95,2 millones de dólares en la compra de audiencia sólo desde su página oficial de campaña en Facebook.

El mandatario saliente se dedicó durante toda su Presidencia a utilizar las redes sociales, Twitter en particular, para insultar a sus oponentes, amenazar a sus adversarios, denigrar a quienes no concordaban con él, condicionar a gobiernos externos. Nunca fue distinto, no cambió nada en sus últimas semanas en Washington.

Con el argumento de que “el discurso de los líderes mundiales es de interés público y de que limitarlo recorta las posibilidades de los ciudadanos de acceder al debate político”, Facebook y Twitter le permitieron a Trump inundar la web de fake news y expresar libremente sus exabruptos. La decisión reciente parece demostrar que ese permiso existía solamente con Trump en el poder, fuerte y con ciertas chances de reelegir como presidente.

En suma, fueron cuatro años de una relación de beneficio mutuo entre un presidente que dejó cientos de millones de dólares en publicidad en Facebook y que popularizó Twitter como ningún mandatario antes, y unas redes sociales que en el ocaso presidencial le soltaron la mano.

Estas dos categorías –la censura política, exterior e interior, y los procesos automatizados de edición– debieran ser más que suficientes para dejar de considerar a Twitter, Facebook, Instagram y demás redes sociales como meros intermediarios de contenidos y aplicarles (entre otras) las mismas responsabilidades que le caben al grueso de los medios de comunicación.

En Estados Unidos, donde tienen sus sedes y cuyas leyes obedecen, estas empresas tecnológicas todavía se amparan en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que desde 1996 protege a las empresas de Internet sobre responsabilidades legales. “Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”, establece. De esta manera, la “República de Silicón Valley” queda fuera de las penalizaciones inherentes a mostrar contenidos delictivos.

No en vano el CEO de Google, el indio Sundar Pichai y su colega Zuckerberg son lobistas constantes para el mantenimiento de esa norma, mientras importantes voces del Partido Demócrata, como la senadora Elizabeth Warren y el representante David Cicilline (“Los padres fundadores (de Estados Unidos) no se inclinaron ante un rey ni nosotros deberíamos inclinarnos ante los emperadores de la economía en internet”), impulsan derogarla y también amenazan a Google, Amazon, Facebook y Apple con aplicar un proceso antimonopólico similar al legislado en 1911 en contra de la Standard Oil Company y que, en virtud de esa ley, fue desmembrada por orden judicial (entendiendo que no cumplía los términos de la ley Sherman antitrust de 1890) y el holding dio paso a 34 empresas independientes. Esto motivó la reacción del fundador de Facebook diciendo que “si alguien te amenaza con algo tan existencial, solamente te subes al ring y peleas”.

En virtud de todo esto se puede percibir cierta necesidad de autodefensa de las empresas ante estos antecedentes del partido que va a gobernar. De ahí que la actitud de bloquear a Trump se puede ver desde lo político como un “acuerdo” en donde hoy hacen el favor de quitar de las redes a Trump para que no perturbe el comienzo del gobierno de Biden y ese favor puede compensarse con sacar del medio a algunos planteos legislativos regulatorios, pero también muestran que lo que hoy hacen con Trump lo pueden realizar mañana con Biden, Kamala Harris o quien sea.

En definitiva, el debate hoy pasa más por cómo se puede igualar poder ante las empresas digitales, sus plataformas y el manejo de las soluciones algorítmicas. Cómo los ciudadanos por medio de los Estados Nacionales pueden obtener legislación y medidas regulatorias que equilibren lo que hoy se inclina en forma peligrosa para una de las partes.

En síntesis, a la luz de estos hechos debemos discutir los límites, las obligaciones y las responsabilidades de estas plataformas por las que circulan los discursos, así como el rol del Estado frente a ellas y las normativas que permitan a los ciudadanos ejercer en pleno su derecho a la información.

 

 

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