ARCIONI, EL LIQUIDADOR

Un proyecto del gobernador de Chubut que agrava manejos oligopólicos y prácticas corporativas de las pesqueras

 

En medio del conflicto por la megaminería en Chubut, la última quincena se coló el conflicto particular por la apropiación de los bienes de las aguas marítimas continentales de la amplísima franja costera provincial, soporte de la industria de la pesca destinado fundamentalmente al comercio internacional. La Legislatura recibió el proyecto del oficialismo para reformar la ley marco de pesca, que pasó a comisiones para su análisis postergado por la decisión de la alianza gobernante de priorizar la zonificación de la minería en la meseta central. Los puertos de Chubut suman la mayor actividad pesquera después de Mar del Plata, además de acaparar la captura y comercialización del langostino, producto que se posicionó en el mercado en las últimas décadas después de la crisis ecológica de la merluza.

El complejo pesquero en Argentina es un espacio de disputa muy acotado a sus actores directamente involucrados, con una cúpula altamente concentrada. A la vez, el mar es una dimensión territorial poco presente en la vida cotidiana de buena parte de la sociedad, excepto por la memoria dolorosa de los escenarios de guerra por las Islas Malvinas, el conflicto por el canal de Beagle y más recientemente el naufragio del submarino ARA San Juan. La acumulación de capital con eje en el turismo moldeó el mar como objeto de consumo e idealizó su horizonte despojado de vida y, en consecuencia, de conflictos de intereses. En los imaginarios dominantes, ballenas, pingüinos y delfines aparecen como vidas autónomas respectos a las especies naturales que nutren la pesca industrial, uno de los pilares fundamentales de la alimentación global.

La coyuntura del desfinanciamiento público provincial acentúa algunos de los rasgos estructurales del neoliberalismo en esta etapa: la reprimarización de la economía y la permanente corrida hacia el dólar proveniente de la exportación de bienes con nula o muy poca elaboración local. Petróleo crudo, lana sucias y peces se exportan sin procesar, lo que atenta con la creación de puestos de trabajo locales, uno de los argumentos de la avanzada extractivista.

 

Dólar de exportación

“El petróleo representa más del 55% del total de las exportaciones, la totalidad de las ventas externas de la provincia corresponden a petróleo crudo, ya que Chubut no cuenta con capacidades de refinación y procesamiento de relevancia. Algo similar ocurre con el aluminio exportado por la provincia, que explica más del 22% de sus ventas externas. Por otra parte, en el caso del complejo lanero textil, tercero en importancia, el 77% de la lana exportada por la provincia se comercializa sucia, es decir sin incluir los procesos de lavado y peinado básicos. Finalmente, en el complejo pesquero el 38% de las exportaciones no reciben ningún tipo de elaboración”, de acuerdo a un estudio publicado en 2018 por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

La pesca en el país necesariamente debe revisarse desde las reformas estructurales de la década del ’90. A partir del acuerdo con la Unión Europea en 1994 se inició la extranjerización de la pesca nacional. Al año siguiente la administración Menem acordó con Gran Bretaña la investigación de los recursos en un área más amplia de la zona de exclusión de Malvinas, con lo que se facilitó el acceso a información biológica de los bancos de reservas. Ese mismo año Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y se redujo de 200 a 12 millas el Mar Territorial. A la vez “se consolidaron importantes transformaciones a través de significativas inversiones en capacidad de captura, en particular con la llegada de una importante flota congeladora y factoría. El modelo de explotación con mayores capacidades en mar y menor en tierra favoreció el crecimiento de los puertos patagónicos en detrimento de los de Buenos Aires”, sostiene el documento del Centro Interdisciplinario de Estudio en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) ya citado.

Argentina no es formadora de precios. Los últimos tres años registraron caídas en los volúmenes de exportación y en la balanza comercial, de acuerdo a la documentación publicada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La declinación es previa a la crisis global por el Covid-19. De todos modos, aún en descenso, el análisis de los volúmenes de capturas y exportaciones de los puertos de Chubut en relación a todos los del país confirma la importancia de esta actividad económica en los ingresos genuinos a las cuentas públicas provinciales.

El año pasado Argentina exportó poco más de 165.000 toneladas de langostino, un 11% menos que en 2018, por un valor en dólares 19% menor respecto al año anterior. La caída del valor se debió en gran parte a la caída del precio de los langostinos durante el año pasado, que pasaron de 7.011 dólares por tonelada en 2018 a 6.358 dólares por tonelada el año pasado. A pesar de la caída en el 2019, el langostino sigue siendo el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino. Se colocó en España (30%), China (25%) e Italia (10%); en menor proporción en Japón, Tailandia, Perú y Rusia, todo según datos oficiales.

La lente con el foco en Chubut puede ajustarse con los movimientos registrados por Pesca de Nación a octubre de este año, donde constan volúmenes por puertos y por especies. La actividad registrada en los cinco puertos provinciales (Rawson, Puerto Madryn, Caleta Córdova, Camarones y Comodoro Rivadavia) es el 28% del total de la pesca habilitada, proporción en el mercado que mantiene aún en los tres últimos años de caída. El destino fue China y España mayoritariamente, seguido más lejos por República de Corea, Rusia y Brasil. La mitad de todo el volumen nacional de anchoíta salió de Rawson; el 73% de toda la captura de langostinos de Rawson y Madryn. El movimiento de comercio exterior de Chubut representa cerca de 1.200.000 dólares en la balanza comercial por 380.000 toneladas, en lo acumulado al 30 de octubre pasado.

 

Una ley en el océano normativo

El complejo pesquero está normado y regulado por acuerdos internacionales, leyes nacionales y normas provinciales, comprendiendo un conjunto de actividades que van desde la navegación y la captura hasta el procesamiento industrial y artesanal en tierra, donde además intervienen los estados municipales, advirtió un abogado especializado en derechos del mar radicado en la Patagonia. Toda la captura marítima está regulada por el Régimen Federal de Pesca Ley 24.922, que establece la jurisdicción nacional sobre los llamados recursos vivos en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en la plataforma continental argentina (que se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 12 millas marítimas. Al mismo tiempo, son de dominio de las provincias con litoral marítimo las aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marítimas desde las líneas de base.

Parte de ese entramado es la  Ley IX N° 75 General de pesca marítima, que la gestión del gobernador Mariano Arcioni pretende reformar. En la última sesión legislativa ingresó y pasó a comisiones, lo que permite suponer que se tratará el año próximo. El texto desató cuestionamientos y alertas, entre ellos, el del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Chubut (Setia). De todos modos, las críticas a la política pesquera excede a la ley y lleva años, por los manejos oligopólicos y prácticas corporativas.

La opción de otorgar a capitales privados permisos definitivos sobre un recurso vivo, con ciclos estacionales que requieren de la administración pública constantes evaluaciones y eventuales medidas de protección, es una de las modificaciones controvertidas del proyecto oficialista que puede interpretarse al menos como una privatización de hecho. Otro aspecto previsto por la ley vigente –aun cuando no se hace cumplir, indican fuentes locales– es la de garantizar el empleo de mano de obra local en tierra como requisito indispensable para mantener el permiso precario. Además, ni la norma vigente ni el proyecto de reforma constituyen un ordenamiento integral del complejo industrial pesquero que garantice valor agregado en territorio chubutense, advierten fuentes de la política local.

De acuerdo a la información provista por la Secretaría de Estadísticas de Chubut, entre 2012 y 2015 este complejo representó en promedio el 1,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial. En términos comparativos, en Chubut este complejo posee un rol mucho más relevante que a nivel nacional. La mayor proporción de la pesca se desembarca en Puerto Madryn (en 2015 representó cerca del 70%) seguido por el puerto de Rawson (23%). Este lugar destacado a nivel nacional se explica porque la provincia registra las principales descargas de langostinos y calamar en la Argentina y las segundas de merluza.

Las propias cifras oficiales del sector, más la crisis política actual por la megaminería, confirman la necesidad de debatir en forma amplia el modelo económico para el sector, al menos en Chubut.

 

* Javier Grosso realizó la cartografía para este informe.

 

 

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