Área 50

El área de Inteligencia del SPF en la red de espionaje de la AFI

 

El viernes 29 de mayo, el juez Federico Villena allanó una casa de dos plantas del barrio de Flores, en la avenida Varela 266. Es un edificio de unos cincuenta metros de fondo que perteneció a la obra social del Servicio Penitenciario Federal donde funciona la Dirección de Análisis de Información del SPF, el sector de inteligencia conocido como Área 50. Algunos dicen que recibió el nombre porque durante años funcionó en Paso 550. La casa de Flores donde desde hace tiempo se sospecha se urdió la ingeniería de las escuchas a los presos del kirchnerismo con la operación Puf está pegada, pared mediante, a la casa donde nació Jorge Bergoglio, Varela 268, donde aún vive la hermana del Papa Francisco. Villena se llevó computadoras y pendrives.

El Área 50 es un ámbito al que no llegaron los trabajos de descalificación de papeles de la dictadura realizados entre 2003 y 2015. En los años '90, el juez Alberto Baños la investigó bajo el supuesto de que pasaba información a los presos para salideras. Más cerca en el tiempo, el abogado de un detenido encuadernado por Claudio Bonadio la situó como corazón del sistema de espionaje de Mauricio Macri dentro de las cárceles: una minería de datos nutrido por opositores detenidos y presos por narcotráfico. Ahora Villena la mira como pieza de una investigación de dimensiones escalofriantes.

 

 

La caída de un alfil

La investigación comenzó con la detención de un narco en el mes de febrero. Sergio Rodríguez, alias Tomate o Verdura, reconoció haber colocado una bomba a pedido de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Ahora estudia actividades ilegales de unos veinte agentes del organismo. Entre ellos están los nombres que se conocieron estos días: Fernando Melo, abogado e integrante de la AFI hasta 2019; el Turco Jorge Sáez, ex agente del Área 50 del SPF, con un hermano en actividad en Ezeiza, y Leonardo Arake. Ambos estuvieron en la Policía Metropolitana y luego pasaron a la AFI. Gran parte de los otros 20 agentes también pasaron por la Metropolitana.

El grupo estaba organizado entorno a una insólita sala de WhatsApp. Y, luego, subdividido en grupos de tres y cuatro espías llevaba adelante distintas operaciones también organizadas vía teléfonos a las que les ponían un nombre. Cuando siguieron a Nicolás Massot y a Emilio Monzó, lo llamaron Operación Madera y Llave.

El dato político más importante es que el grupo de WhatsApp estaba integrado también por una de las figuras más importantes de la AFI: Alan Ruiz, jefe de Operaciones que reportaba por cadena de mandos a la número dos, Silvia Majdalani. Ruiz no es sólo eso, es además una persona que llegó al organismo recomendado por Patricia Bullrich, con quien estuvo en el Ministerio de Seguridad.

Melo habla una y otra vez del vínculo con Ruiz. Lo hizo en un hábeas corpus presentado en el juzgado de Villena. Y volvió a hacerlo esta semana en Comodoro Py. En este caso, ya no estuvo solo. Al edificio de Retiro concurrió con Arake y con Sáez para establecer una defensa conjunta. Luego de consultar al abogado Mariano Cuneo Libarona, y pagarle, aparecieron en Retiro patrocinados por Fernando Sicilia. Allí presentaron un escrito con el que buscan sacar la causa de Lomas de Zamora. Aportaron grabaciones con Alan Ruiz. Algunas desgrabaciones acaban de ser difundidas en el programa del periodista Rolando Graña. Ruiz se queja porque Majdalani pide operativos sin cobertura judicial, uno es el seguimiento a Cristina Kirchner en agosto de 2018. Habla sobre las dificultades para infiltrarse en movimientos sociales. Y en diciembre de 2018, pide que coordinen con el jefe de inteligencia del SPF un lugar donde poner a los presos del kirchnerismo, tenerlos todos juntos y alambrarlos en alusión a las escuchas. Y habla de una cobertura judicial de Villena: razón jurídica de la disputa. Esa causa pasó por el juzgado de Sebastián Ramos. El fiscal Guillermo Marijuan dijo que debía quedar en Py. Ramos rechazó. Ahora queda el turno de la Cámara.

La escalada sobre Py no es un dato menor. Las grabaciones aportadas con el nombre de Ruiz son una clave para entender que los espías parecen dispuestos a entregar a uno de los alfiles más importantes de La Casa para salvar a reina y tabicar la investigación de Lomas de Zamora, donde todo hace parecer que no habrá reinas ni alfiles que queden afuera. Villena es observado por la Comisión Bicameral del Congreso que monitorea en términos de garantes todos estos sucesos.

 

 

La arquitectura criminal

A diferencia del caso D'Alessio, Lomas de Zamora tiene en manos una investigación sobre agentes orgánicos. Un grupo de personas que ofrecía las credenciales de cobertura que D'Alessio buscó una y otra vez. El narco detenido en febrero lo planteó en esos términos. Dijo que le pidieron que colocara una bomba en una casa de la avenida Callao a cambio de una credencial.

Hasta ahora, el juez encontró unos 1.500 archivos con seguimientos, fotos e informes de inteligencia sobre Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli a quien le pusieron un personal doméstico, Hugo Moyano o el obispo Jorge Rubén Lugones de Lomas de Zamora, de quienes dio cuenta este Cohete la semana pasada. La red con extraordinaria información alcanzó a políticos, periodistas, curas, jueces o integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. El viernes, el juzgado confirmó una primera lista de damnificados y empezó a moverse para convocarlos a declarar y constituirse en querellantes. A criterio del juzgado esto era una organización criminal insertada en el Estado Nacional, provincial y en su distrito cuyos integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos y validos de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones.

 

 

La minería de datos

En el grupo de WhatsApp apareció mencionado el jefe de Inteligencia del SPF. Se trata del inspector general Cristian Suriano. Según los diálogos difundidos por Graña, Ruiz insta a los espías a coordinar el cableado de la cárcel con él. Esta sería una de las razones por las que el juzgado allanó Varela 266. Suriano renunció horas antes.

Un informe de inteligencia interno explica con cierta lógica cómo se hacían esas operaciones. En Varela había equipos. Y una estructura de reunión de información que los integrantes del SPF volvían a usar para ver a los internos, obtener confesiones o colaboraciones en entrevistas que se hacían por fuera del protocolo del penal.

De acuerdo a esa misma información, el esquema tenía un punto de entrada en el edificio de Varela y otro en Ezeiza. En Varela había un centro de monitoreo con dos pantallas de más de 50 pulgadas desde donde observaban el movimiento de dos Pabellones del Módulo 6 del Complejo Penitenciario de Ezeiza, los Pabellones C y D donde estaban alojados detenidos del kirchnerismo, integrantes de bandas importantes o personajes mediáticos. Los penitenciarios les dicen presos del IRIC, en referencia al Programa de Intervención para la Reducción de los Indices de Corruptibilidad, lanzado por el gobierno anterior como supuesto espacio de privilegio que hoy parece un escaparate preparado con otra lógica.

A partir de la llegada de esos detenidos, a los Pabellones se les agregó entre 5 y 6 cámaras en espacios comunes y también micrófonos. Tal vez el alambrado al que se refirió Ruiz. Hay versiones que señalan que se colocaron micrófonos hasta en las celdas. Las imágenes de las cámaras, el sonido de los micrófonos y hasta las grabaciones de los teléfonos públicos eran monitoreados desde la central de Varela 266. Allí el material era grabado y reproducido en DVD. Un grupo de empleados rotativos anotaba en un cuaderno las novedades del día. Pero, ¿todas? ¿De todos?

El Área 50 cumple funciones de inteligencia como cualquier otra área de inteligencia. Tiene un edificio central y delegaciones en todas las unidades. Cuenta con agentes de operaciones, capacidad técnica para intervenir teléfonos, hacer escuchas directas, desgrabar y analizar. En los penales, tienen celadores que reportan información. Infiltrados entre detenidos. Y usan detenidos como informantes a cambio de compensaciones. Este sistema totalmente ilegal, en la lógica del SPF tiene como sentido impedir fugas, motines, cualquier organización entre los presos e incluso obtener datos de operaciones extramuros. Por eso dicen que es una minería de datos: tienen a todos los presos a disposición con sus relaciones personales. En los últimos años, ese dispositivo se dirigió a los nuevos moradores de las cárceles: la oposición.

Usualmente, el sistema tuvo mecanismos de cobertura. Uno de los métodos es el traslado de presos de un pabellón a otro para legalizar escuchas o espionaje. Tras el caso D'Alessio uno de los casos que quedó en la mira fue el de Mario Segovia, un narco detenido hacía varios años del que se sospechaba que podía fugarse. En el año 2017, Villena ordenó escuchas en su pabellón y en septiembre de 2018 amplió las escuchas a otros tres pabellones donde ya estaban alojados los nuevos detenidos del IRIC. Las escuchas pasaban a la AFI por orden del juzgado y eso alentó en ese momento las sospechas de las filtraciones del Operativo Puf.

El abogado del contador Daniel Pérez Gadín, Humberto Próspero, denunció el procedimiento inmediatamente a través de un hábeas corpus. Dijo que los pabellones del IRIC habían comenzado a recibir detenidos de causas de narcotráfico que le permitían al SPF obtener una cobertura para controlar las comunicaciones. También dijo que las escuchas eran entregadas al SPF, al Ministerio de Justicia, a la AFI y al Ejecutivo para “realizar operaciones político-mediáticas que buscan dañar nuestra imagen, destruir nuestra autoestima y doblegarnos para convertirnos en arrepentidos”.

Como los pabellones tenían a treinta personas, las medidas que se usaban sobre uno de los detenidos permitían observar y escuchar lo que hacían las otras 29. Aquellos agentes del Área 50 que debían escribir con quién comía Segovia o con quién se reunía, ¿sólo lo seguían a él?

Suriano dependía del Director Nacional del SPF, Emiliano Blanco. Y Blanco de uno de los siempre presente integrantes de la familia Mahiques, en este caso Juan Bautista Mahiques, entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Blanco presentó su renuncia al SPF tras la toma de Devoto. Pero dejó al SPF con varias crisis.

 

 

Lo que vendrá

La gestión de Blanco es muy criticada porque dejó a cada unidad librada a su suerte, con territorios autónomos sin conducción central y cárceles gobernadas por directores sin cadena de mandos. La ministra Marcela Losardo aún no decidió reemplazante. El 1 de junio, la Sala de Inspectores Generales del SPF integrada por los cuadros más antiguos le escribieron una carta en la que se autopromovieron para asumir la conducción, un puesto pensado para la conducción civil. Uno de los nombres que sonó para el recambio es un abogado llamado Fernando Carrá, mano derecha de Blanco. Carrá recibió galones del SFP cuando ingresó al sistema y los penitenciarios lo señalan como parte estructural del engranaje de inteligencia ilegal. Este será uno de los partidos de esta semana. El otro seguirá entre Lomas y Comodoro Py.

Un sólo dato más. En las desgrabaciones difundidas por Graña, Ruiz se queja porque no pueden controlar la información dentro de dos movimientos sociales. Barrios de Pie y el MST. Dice que son muy cerrados. Y que la AFI no tiene fuentes confiables. Para resolverlo, menciona una fundación encargada de donar alimentos desde a cual un grupo de espías trabará relación con la gente para saber "minuto a minuto" lo que pasa. Y dice: Y, además, esto no cuesta nada.

Los fondos reservados de la AFI eran una caja millonaria. ¿Para qué se usó? Al narco de la bomba no le pagaron. Le prometieron credenciales. La operación sobre los movimientos sociales se celebraba porque no les costaba nada. Salía gratis. Esa idea de un financiamiento que hacía contrataciones cada vez más baratas cuando había millones a disposición, es otro de los datos de este caso. Majdalani y del amigo del Presidente Gustavo Arribas son reinas protegidas detrás del alfil.

 

 

 

 

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