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31-12-17

Argentina, país-dormitorio

Jorge Gaggero

Publicado

en

El pasto y los dólares son siempre más verdes al otro lado de nuestras fronteras

 

El blanqueo oficial resultó, como se ha señalado en el lanzamiento de El Cohete a la Luna, en un total de acogimientos de todo tipo del orden de los 130.000 millones de dólares, de los cuales apenas un quinto ingresó a la economía nacional. Esto supone que desde el punto de vista tributario fueron regularizados alrededor de una cuarta parte de los activos offshore no declarados de los residentes en Argentina al año del blanqueo, pero —además— que no ingresaron efectivamente a la economía local cuatro de cada cinco dólares declarados. Permanecen fuera de la economía, entonces, a fines de 2016 y después del blanqueo, poco menos de 500.000 millones de dólares. (Alrededor del 90 por ciento del PIB argentino del año pasado.)

El gobierno nacional considera que esto es un buen resultado —lo destacamos aquí mismo en la nota Los blanqueos y la fuga explican la falta de inversión, el 17 de Diciembre—, porque piensa que la enorme porción blanqueada pero no ingresada cruzará la frontera apenas vea que el cambio ha llegado para quedarse y, además, encuentre oportunidades concretas de inversión atractiva en el país.

Esto le urge al gobierno porque la inversión total (pública más privada) fue en 2016 muy pobre, del orden de 16 puntos del PIB: algo más de 88.000 millones de dólares. Un poco menos que la fracción blanqueada que no ingresó al país y entre cinco y seis veces inferior al total de activos offshore de origen argentino. En otras palabras, concluíamos, el hipotético e imposible ingreso gradual del total de estos fondos offshore para su aplicación a inversiones no especulativas durante, digamos, seis años, permitiría duplicar la inversión total en términos del PIB, del 16 al 32 por ciento anual, alcanzándose un ritmo de inversión de tipo asiático. Sólo el fin del drenaje anual de capitales de Argentina, de algo más de 30.000 millones dólares en una hipótesis conservadora, permitiría elevar el nivel de la inversión anual de 2016 en un tercio, entre 5 y 6 puntos de PIB más por año. (Vale decir, aumentar en un 50% la inversión privada anual.)

  1. Un gabinete offshore

Además de este problema sustancial de falta de inversión, tanto de los argentinos offshore como de los capitales extranjeros (con la excepción de los que todavía apuestan a las LEBAC), el gobierno tiene un grave problema de imagen a resolver. Que no parece fácil ni para el gurú todo terreno Durán Barba.

Las declaraciones juradas patrimoniales (DDJJ) del gabinete nacional correspondientes al año 2016 —y presentadas a la Oficina Anticorrupción antes del 31 de julio de 2017— revelan que los responsables de las políticas públicas mantenían durante el año de su acceso al gobierno alrededor del 50 % de sus activos (en bonos, acciones y cajas de ahorro principalmente) en el exterior, en monedas distintas del peso nacional. (La Nación del 27.07.17 y El Cronista Comercial y Ámbito Financiero del 02.08.17.)

El Presidente Mauricio Macri había señalado 14 meses antes, al defender el lanzamiento del blanqueo oficial: “Hay miles de millones de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa. Los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal y repatriar estos fondos”. (Ámbito Financiero, 27.05.16.) A diecinueve meses de esta exhortación, está claro que estos argentinos no han “repatriado” sus capitales. ¿Le harán caso al menos sus ministros, respecto de sus fondos offshore declarados, de tal modo que las DDJJ correspondientes al año 2017 muestren —dentro de pocos meses— su total retorno al país para ser colocados en moneda nacional (en aplicaciones distintas de las LEBAC)?

A ese respecto se les presentará un conflicto de intereses a los ministros —en especial a los del área económica— y al presidente del BCRA. En términos de imagen, no cabe duda de que ello resulta indispensable, al menos de cara a las permanentes apelaciones a la “lluvia de inversiones externas”; pero resulta mucho más dudosa la cuestión de la conveniencia personal, económico-financiera, de tal decisión a menos que una importante devaluación previa del peso nacional les ayude a tomarla.

  1. ¿Cuanto “negro” hay en su patrimonio?

Hasta aquí nos hemos referido a los patrimonios declarados por los integrantes del gobierno nacional. Es bien sabido entre los economistas que la diferencia entre los patrimonios reales y los declarados está constituída por los activos denominados “negros” (o blues, o “informales”).

Un importante problema para la eventual exteriorización futura de esta porción patrimonial de los altos funcionarios nacionales es que, habiéndose concretado tres blanqueos oficiales en Argentina durante la presente década, no cabe esperar otro hasta después de 2020 y que, además, se supone que ellos no podrían acogerse mañana a un blanqueo. (En fin, todo puede cambiar.)

 

De todos modos, puede tener algún interés definir una hipótesis conservadora acerca de la magnitud de esta esquiva —para las autoridades de la AFIP, por lo pronto— porción patrimonial: la negra. Puede suponerse así que la relación entre los activos offshore declarados por estos altos funcionarios y sus activos totales fuese la misma que surge del cociente entre el total de los activos offshore declarados por los residentes argentinos en el blanqueo (unos 100.000 millones de dólares) y los no declarados (unos 400.000 millones de dólares), que resulta de 1 a 4. Con este criterio —insisto que conservador, dada la expertise de los ministros y otros altos funcionarios que han presentado sus DDJJ en el manejo de las opacidades del mundo offshore—, los aproximadamente 700 millones de pesos de patrimonio total declarados por los miembros del gabinete nacional resultarían en unos 2100 millones reales (tres veces más), de los cuales unos 350 estarían en el país, otro tanto declarado en el exterior y los 1400 millones restantes constituirían el negro offshore.

Se trata de una mera hipótesis que, sin embargo, en cuestiones económico-financieras abstrusas y poco transparentes suele ser mejor que nada.

  1. La traición de los intelectuales

Resulta interesante retroceder en el tiempo unas tres décadas (a 1987/88) para rescatar unos esclarecedores debates de política económica, algunos de carácter no público, que se relacionan con esta circunstancia argentina que se remonta a fines de los años 70: la de constituir un país-dormitorio para buena parte de sus clases altas.

Desde el proceso de endeudamiento externo forzado puesto en marcha por la última dictadura cívico-militar, el peso cada vez menos sostenible de esa deuda ha tenido como contracara la fuga de capitales de los argentinos privilegiados, que ven a su tierra como un mero país-dormitorio. En palabras pronunciadas —y escritas— hace casi 30 años por el luego Canciller de Carlos Menem, Guido Di Tella, estos argentinos “no son más solidarios con el conjunto de la sociedad”.

En ese entonces Di Tella era diputado nacional del Partido Justicialista y estrecho colaborador de Antonio Cafiero. También el cordobés Domingo Cavallo era diputado nacional, como consecuencia de un trato con el dirigente local José Manuel de la Sota, por el cual la Fundación Mediterránea que Cavallo dirigía canjeó sustanciales aportes para la compaña política por un puesto “salidor” para su hombre, una apuesta política novedosa de los grandes y medianos empresarios del interior del país. Cuando Menem gana la interna nacional del PJ para la elección del candidato a Presidente, primero Cavallo y poco tiempo después Di Tella se pasan con armas y bagajes al bando vencedor. Eran muchas las diferencias políticas y de programa económico que separaban a ambos dirigentes del PJ. Menem discurseaba en modo populista acerca del salariazo y  la “revolución productiva” y, a la vez, se entregaba sin mayores reparos —ni secreto, para los bien informados— a los neoliberales de la Unión de Centro Democrático de Álvaro y Maria Julia Alsogaray. (Los mismos a que, a principios de los ’80 y todavía bajo la dictadura cívico-militar, formaron en el pensamiento único al actual Presidente Macri y sus amigos del Cardenal Newman).

Apenas pasado de bando Cavallo, Di Tella se reunió con él. Poco después informó de tal encuentro a un nutrido grupo de jóvenes peronistas. Estuve allí, pude informarme de modo directo: “¡Cavallo está loco, quiere privatizar todo!”, fue su cruda e indignada síntesis. Había sido mi profesor en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), en temas de desarrollo económico. Por un breve momento le creí. En pocas semanas, ya estaba trabajando para suplantar a Cavallo en el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Menem, cuando se dieran las condiciones para que el Mingo se hiciese cargo del Ministerio de Economía y lanzase el Régimen de Convertibilidad.

Desde Relaciones Exteriores le quedó tiempo a Guido para orientar a los flamantes responsables de la Universidad privada que él y su familia fundaron con el nombre de su padre (Universidad Torcuato Di Tella, UTDT), un argentino de origen italiano, constructor de industrias (y creador de trabajo nacional) cuyos sucesores no supieron conducir. Las locas privatizaciones de Menem / Cavallo permitieron a la Universidad hacerse, a muy bajo precio, de un valioso inmueble público: un “activo residual” de la ex prestadora estatal de los servicios de agua y cloacas, Obras Sanitarias de la Nación, donde hoy funciona (en Figueroa Alcorta, frente al estadio de Ríver). En el año 2006, el entonces rector de la UTDT  Juan Pablo Nicolini (economista cordobés con posgrado de la Universidad de Chicago) definió con claridad su cometido: “Buscamos formar nuevas cabezas, que aporten soluciones para el país en la década que viene”. Si a alguien le quedase alguna duda acerca de que lo han logrado, le recomiendo ver con atención las 49 fotos publicadas acerca de su cena anual, el evento social más significativo de esta universidad privada. (INFOBAE, Octubre 4 2017).

  1. Los intelectuales y la sociedad civil

Un economista italiano conocedor de nuestras circunstancias, el profesor de la Universidad de Bologna Stefano Zamagni, hizo una clara descripción del proceso antes reseñado apenas caída la convertibilidad (Página 12, agosto 5 de 2002): “En este país se verifica algo que fue definido hace tiempo por los franceses y que es la traición de los intelectuales. Falta la figura del intelectual de la sociedad civil. Existen intelectuales que, como decía Gramsci, son orgánicos, es decir trabajan para los partidos o para el gobierno, y después hay intelectuales abstractos, que se ocupan de producir una cultura despegada de la sociedad civil… Aquí los economistas son todos asesores. ¿De quiénes? De las multinacionales y de los bancos”.

Concluía diciendo que “cuando en un país la sociedad civil no existe, se vuelve esclavo de las fuerzas internacionales” y que, “a pesar de la importancia de la crisis (de 2001-2002) soy optimista. Porque al final de este camino el pueblo argentino entenderá que no tiene que esperar más salvadores. Que la solución está en sus manos”.

(Esta nota fue entregada antes de la devaluación anunciada por el gabinete offshore.)

Jorge Gaggero es economista.
Crédito foto: Red de Justicia Fiscal

1 Comentario

1 Comentario

  1. Ernesto

    5 enero, 2018 en 8:53 pm

    Es, Jorge, un tema de ‘clase’. Los ‘intelectuales’ provienen en su mayoría de la burguesía y por lo tanto su principal interés es la guita grande a como de lugar. Por eso las volteretas que dan para acomodarse no son sino una muestra de su intelecto y de su moral.

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