Las guerras cambian de escenario, pero el armamento —y el poder que lo produce— no se transforma: persiste, se perfecciona, se expande. Desde las bombas atómicas lanzadas sobre Japón hasta el armamento desplegado durante el último golpe cívico-eclesiástico-militar en la Argentina, y los misiles que hoy caen sobre Irán, hay una continuidad brutal que no admite eufemismos. Las armas no circulan ingenuamente: se diseñan, se financian y se distribuyen desde un núcleo reducido de potencias industriales —Estados Unidos y el Reino Unido como engranajes centrales— para ser probadas, una y otra vez, sobre territorios periféricos y cuerpos inocentes.
El 6 y el 9 de agosto de 1945, tras un comunicado del Presidente Harry Truman, Estados Unidos lanzó las primeras armas nucleares en guerra. Las Little Boy y Fat Man destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con lo que causaron entre 150.000 y 246.000 muertes, en su mayoría civiles. Estas bombas fueron el resultado del Manhattan Project, un programa científico-militar conjunto de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá que movilizó a más de 130.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial y buscó desarrollar la primera arma atómica, para adelantarse a la Alemania nazi. El proyecto que inició la era nuclear se desarrolló en centros como Hanford (Washington), Los Álamos (Nuevo México) y Oak Ridge (Tennessee), donde se construyó la infraestructura científica e industrial para hacerlo posible. La destrucción de Japón, sin embargo, no fue sólo una decisión estadounidense. Documentos desclasificados revelan el papel central del Reino Unido en la autorización política del uso de la bomba. Ese apoyo británico quedó formalizado, meses antes, en la reunión del Comité de Política Combinada sobre energía nuclear celebrada en Washington el 4 de julio de 1945, cuyas actas registran el consentimiento británico para el uso contra Japón.
La devastación y la prolongación del daño causado en Hiroshima y Nagasaki no fue sólo el final de una guerra: fue el acto inaugural de una alianza estratégica anglo-estadounidense que determinó el poder nuclear y la capacidad de destrucción de las grandes potencias. Desde entonces, las guerras modernas pueden leerse como la expansión de ese dispositivo: una maquinaria donde la concentración tecnológica, científica y política del armamento en un puñado de potencias define quién tiene el derecho de vivir y de morir.
El mal se exporta y se reorganiza
Tras el desgaste militar estadounidense en Vietnam, gran parte de la doctrina contrainsurgente fue trasladada a otros escenarios de la Guerra Fría. América Latina se convirtió entonces en uno de los principales territorios de aplicación de esas estrategias. En tal marco, se consolidó una fuerte injerencia internacional en la formación de los ejércitos latinoamericanos. La cooperación militar francesa, iniciada en 1957, introdujo en la Argentina la doctrina de la “guerra antisubversiva” o “guerra revolucionaria”, desarrollada en los conflictos coloniales de Argelia y Vietnam. Fue enseñada a oficiales argentinos y se verifica en publicaciones como la Revista de la Escuela Superior de Guerra y en reglamentos militares, donde se definía a la lucha contrarrevolucionaria como eje central de la estrategia de seguridad. La Operación Cóndor, formalizada en 1975, fue una red transnacional de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar opositores dentro y fuera de sus fronteras, convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros del terrorismo de Estado en América Latina durante la Guerra Fría. Para sostener ese sistema represivo no bastaron los aparatos militares: se articuló una compleja red de inteligencia, diplomacia y fuerzas policiales, con sectores sociales y eclesiásticos que legitimaron la represión. En ese contexto, la dictadura encabezada por Jorge Videla impulsó un amplio programa de modernización militar. Entre 1976 y 1983, las juntas contrajeron cerca de 7.000 millones de dólares de deuda externa, destinados en gran parte a la compra de insumos militares y de inteligencia. Ese equipamiento fue adquirido a través de una red de empresas extranjeras y proveedores estatales, de Francia, Alemania Occidental, Italia y el Reino Unido, que suministraron aviones de combate, sistemas navales, radares y tecnología avanzada.
Un caso muy conocido fue la incorporación de los Mirage III y V desarrollados por la empresa francesa Dassault Aviation, incorporados durante los años '70 a la Fuerza Aérea Argentina, que los convirtió en sus piezas centrales. La Armada Argentina también recurrió a europeos para modernizarse. Entre las adquisiciones más significativas se encontraban destructores y sistemas navales construidos en astilleros británicos y alemanes, además de equipamiento electrónico y sistemas de armas. Investigaciones académicas basadas en archivos estatales israelíes muestran que la relación con la dictadura argentina incluyó armas, cooperación política e inteligencia.
La Armada operó dos destructores Tipo 42, el ARA Santísima Trinidad (D-2) y el ARA Hércules (D-28/B-52), adquiridos al Reino Unido durante la dictadura (contrato de 1969/70) para modernizar la flota de mar. Diseñados como destructores de misiles guiados de la clase Sheffield, ambos formaron parte del sistema de defensa naval argentino durante décadas. Francia no sólo vendió equipamiento militar, sino tecnología clave como los misiles antibuque Exocet, desarrollados por Aérospatiale. Estos misiles serían utilizados en Malvinas hacia 1982 para hundir al destructor HMS Sheffield. Alemania Occidental tuvo su rol. Sus astilleros participaron en la construcción de submarinos y en la provisión de tecnología avanzada. Según documentos firmados por Videla, se aprobaron acuerdos entre el Comando en Jefe de la Armada —a cargo del almirante Armando Lambruschini— y las firmas Thyssen Rheinstahl Technik y Blohm+Voss para la adquisición de destructores destinados a la fuerza naval argentina. Estos contratos fueron piezas clave de la modernización. Bajo la retórica de la “renovación”, la Armada se armó con tecnología y equipamiento europeos, inscribiéndose en una lógica más amplia: la de un sistema internacional donde las potencias producen los instrumentos de la violencia y las dictaduras periféricas los ejecutan sobre sus cuerpos sociales.
Cada cual atiende su juego
El 28 de febrero de 2026, al inicio de la guerra contra Irán, una escuela primaria para niñas en Minab fue arrasada con misiles en modalidad “double tap”. No fue un error: fue la forma contemporánea de la violencia. Un dispositivo que no sólo destruye, sino que espera, repite y remata. Niñas en edad escolar, madres en gesto de despedida: cuerpos martirizados. Así opera la guerra de forma metódica. Días después, videos revelaron que se utilizó un Tomahawk missile system, de fabricación estadounidense, que impactó contra otro edificio dentro del recinto escolar. Las imágenes se suman a las evidencias que indican que el ataque fue ejecutado con este tipo de armamento.
La revelación plantea serias dudas sobre si en ese ataque se utilizaron componentes fabricados en el Reino Unido. Parte de la cadena de producción conduce a la empresa armamentista estadounidense Raytheon, cuya planta en Glenrothes, Escocia, ha obtenido en los últimos años contratos para producir componentes destinados a los sistemas de misiles Tomahawk. En 2017, durante su primera presidencia, Donald Trump obtuvo con Raytheon un contrato por 260 millones de dólares para fabricar 196 misiles Tomahawk, de los cuales el 4,4% se suministró desde su planta en Glenrothes.
Un contrato similar de la Armada de los Estados Unidos, publicado en mayo de 2022, indica que casi el 3 % de la cadena de suministro del Tomahawk fue adjudicado a la planta de Raytheon en Escocia. En diciembre de 2025, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que Glenrothes tendría una participación del 2,9 % en la fabricación de otros 350 Tomahawk. La planta de Raytheon en Glenrothes ya había sido vinculada con posibles crímenes de guerra en Yemen, debido al uso de armamento suministrado a Arabia Saudita, uno de los principales clientes militares de la compañía. Lo que está en juego es el componente belicoso y sigiloso de la OTAN y las complejidades a la hora de determinar quiénes son los responsables de estas masacres y crímenes de guerra. En el mundo contemporáneo, la violencia ya no se limita al campo de batalla: se desplaza hacia la eliminación directa del campo civil.
De matar a dejar morir
El escenario se torna más incierto para Estados Unidos e Israel. Hay hechos que la historia no perdona: la ignorancia ejercida como poder. Ninguna fortuna, ningún aparato militar, ninguna plataforma de entretenimiento puede sustituir la densidad de una cultura milenaria como la persa, ni comprender la lógica profunda que atraviesa el universo chiita. Allí donde Occidente pretende imponer terror, los chiítas configuran la muerte como martirio, y en ese gesto —a la vez espiritual y político— construyen una potencia de resistencia que desborda toda lectura estratégica convencional. No es sólo una guerra de armas: es una guerra de sentidos. Cada crimen, cada cuerpo destruido, no clausura la historia, la intensifica. Porque en esa tradición, la muerte injusta no se olvida: se inscribe en la memoria. Lo que para el cálculo militar es “daño colateral”, para el chiísmo es resistencia.
Lo formula con precisión el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari al responder a Trump: la guerra que iniciaron debería llamarse “Miedo épico”, no “Furia épica”. No es sólo una réplica retórica, es un diagnóstico: el poder que no comprende que lo que enfrenta termina revelando su propia fragilidad. En esa deriva, Trump insiste en la amenaza nuclear, reeditando la vieja arquitectura del terror desde una posición que combina ignorancia, distancia geográfica y cobardía política. Hasta Joseph Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, renunció a Trump.
Desde Occidente se despliega así un doble dispositivo de muerte directa o una lenta asfixia progresiva que desintegra el tejido social. El caso más brutal se despliega sobre Gaza, Líbano y Cisjordania, donde la devastación militar y el bloqueo ya no son sólo guerra, sino una maquinaria sistemática de destrucción. Decenas de miles de muertos —en su mayoría civiles— y las muertes indirectas por hambre o colapso sanitario integran el mismo dispositivo. Pero esta lógica ya no pertenece nada más al campo de batalla: se infiltra, se convierte en silenciosa, persistente, casi invisible. Opera en los bloqueos prolongados —como el de Cuba— que erosionan la vida cotidiana sin necesidad de una sola explosión, asfixiando economías, restringiendo recursos, desgastando cuerpos. Se despliega también en la forma más oscura de la política: secuestros de líderes, intentos de magnicidio, maniobras encubiertas, desestabilización constante. Una violencia que ya no necesita declararse porque actúa en la penumbra.
En este sistema, la responsabilidad se fragmenta hasta desaparecer. En una guerra globalizada —donde las armas se diseñan en un país, se ensamblan en otro y se ejecutan en un tercero— la responsabilidad de estos crímenes de guerra se disuelve y con ella toda posibilidad de juicio y responsabilidades. Lo que emerge no es el caos, sino algo mucho más inquietante: una maquinaria de terror diseñada y organizada. Un mundo donde matar ha dejado de justificarse y no necesita hacerlo: se ha convertido en norma, en método, en lenguaje del poder.
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