Montado en su súbito ímpetu legislativo, el gobierno de Javier Milei se propuso asegurar en el Congreso el ajuste presupuestario y salarial que descargó sobre el sistema universitario público en su primer bienio, cuando despertó movilizaciones multitudinarias y plurales en las principales ciudades con sedes académicas.
El 18 de febrero, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la ley que en octubre pasado ordenó nivelar los ingresos de docentes y no docentes con los que tenían en diciembre de 2023, cuando el sigilo de la licuadora inflacionaria suplió a la promocionada motosierra.
Aprobada en dos ocasiones por ambas cámaras del Congreso, la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria nunca fue implementada, primero por el veto presidencial y luego por una forzada interpretación de regulaciones relativas al sustento presupuestario de las disposiciones legislativas. La negativa del gobierno prolongó las condiciones padecidas por el sector y tensó los límites de la división de poderes, al supeditar una obligación del Ejecutivo prevista en la Constitución a una normativa de rango inferior.
A comienzos de febrero, temiendo el mismo revés que acababa de sufrir en los estrados por su desobediencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo convocó de apuro a representantes de los rectorados y formuló una oferta de incrementos porcentuales en cuantías y tramos que luego volcó al proyecto remitido a Diputados.
En los días siguientes, medios afines procuraron instalar que la propuesta había sido bien recibida por las autoridades universitarias. No era cierto, como algunas de ellas se ocuparon de aclarar. El mismo Consejo Interuniversitario Nacional que las agrupa reiteró el reclamo de aplicación plena de la ley ya aprobada en una reunión en la Cámara de Diputados.
Es probable que Milei encuentre dificultades para extender a su intento de modificación el palmarés legislativo que construyó tras la victoria electoral de octubre. Autónomas y gobernadas por democracias internas, las universidades se distribuyen en todas las jurisdicciones que representan quienes ocupan bancas y pulsan botones en el Congreso. En esos territorios, conservan prestigio comunitario, crean fuentes de trabajo y movilidad social, y contribuyen a sus economías. De ese modo, son de las escasas herramientas de las zonas desfavorecidas para romper lo que en economía se define como “principio de equiparación”, que supone que si una región alcanza un determinado grado de desarrollo en un rubro, puede ser que exhiba uno equivalente en los restantes.
Todo dependerá de la capacidad de resistencia de cada quien a las tentaciones del bandeo.
En números
El lunes 23, el sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) circuló un informe elaborado en colaboración con el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), conformado por profesionales de la institución. El estudio resume los retrocesos de salarios y presupuestos universitarios entre el último mes completo de gobierno de Alberto Fernández y fines de 2025, periodo en el que los recortes se efectuaron a través de incrementos que nunca empataron a la inflación reconocida por el gobierno.
La comparación entre ambas fechas revela que los recursos destinados a las universidades sufrieron una caída real del 28,9%, mayormente explicada por los retrocesos salariales de docentes y no docentes. Aunque con escasa incidencia sobre el total, también se destaca la virtual desaparición de recursos para fortalecer las actividades de extensión, que fomentan la interacción de las universidades con sus comunidades fuera de aulas y laboratorios.
En materia de salarios docentes, la caída real de 31% entre noviembre de 2023 y el mismo mes del año pasado colocó al sector quince puntos por debajo del conjunto del empleo público y 29 detrás del trabajo privado registrado. La pérdida del poder adquisitivo no docente fue apenas inferior, del 24,5%.
Tales números explican las renuncias a cátedras, contadas por millares. En diciembre de 2025, un profesor adjunto de dedicación simple había perdido un tercio del básico que percibía en noviembre de 2023 y la mitad si la cuenta se efectuaba desde el mismo mes de 2015, cuando finalizaba el gobierno de Cristina Fernández. Como en otros órdenes de la economía, el periodo del Frente de Todos representó una recuperación respecto del macrismo, pero estuvo lejos de equiparar el nivel del tercer gobierno kirchnerista.
Milei retomó y profundizó la retracción, llevando el salario de la misma categoría docente por debajo del que habían dejado sus tres antecesores, incluyendo a Mauricio Macri. El oficialismo actual reconoció los recortes en las dos ocasiones en que resistió la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. De acuerdo con su cálculo, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los sueldos universitarios se incrementaron un 128,49%, contra una inflación que el INDEC estimó en 220,45%.
De ese modo, asoma lógico un rechazo del sector a los porcentajes y tramos ofrecidos en el proyecto con que el gobierno pretende modificar los principales artículos de la ley que incumple: aplicaría incrementos de 4,1% en marzo, julio y septiembre. Explícitamente lo definió como “recomposición salarial 2025”, porque supondría descartar la recuperación de lo perdido en 2024, cuando se produjo el grueso de la poda. El proyecto fija una convocatoria a paritarias al menos una vez por trimestre, aunque sin asegurar nivelación de sueldos y precios.
Con el actual escenario, las restricciones se conjugan también en futuro. La Ley de Presupuesto para este año, calculó el informe de CIEN y FEDUBA, colocaría a los recursos destinados a la educación universitaria pública entre un 32% y un 39% por debajo de los de 2023. Equivaldría a los de hace dos décadas, sólo que entonces se incluyeron en la recuperación posterior a la crisis de comienzos de siglo, y no en una caída sin pausas como la iniciada con el gobierno anarcocapitalista.
Su ley
Cuando el Congreso votó por segunda vez la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, derribando el veto presidencial y obligando su promulgación, el gobierno apeló a suspender su implementación. Los considerandos del decreto repitieron la mención a la carencia de recursos, que no se compaginan con los beneficios otorgados a los sectores concentrados, y colocaron números a los despojos previos: cumplir lo ordenado demandaría, en cómputos oficiales, incrementos salariales del 40,25% sobre los básicos de julio.
El argumento oficial para justificar la suspensión se enfocó en que su texto no especificó las partidas de las que se extraería el financiamiento para las actualizaciones dispuestas, requisito de la ley 24.629, sancionada durante el menemismo.
Idéntica argucia había empleado para dejar en suspenso la implementación de la declaración de emergencia en discapacidad, hasta que fue emplazado por la Justicia. El 3 de febrero, Milei firmó el decreto para reglamentarla, y sus alfiles de Educación comenzaron los movimientos para evitar igual desenlace en materia de financiamiento universitario. Horas después, el gobierno se encargó de promocionar una reunión con rectores a los que trasladó la propuesta que más tarde volcó al proyecto que el miércoles 18 envió a Diputados.
Para entonces, las autoridades universitarias ya contaban con un primer pronunciamiento judicial favorable a sus reclamos. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, había respondido afirmativamente a la acción de amparo promovida por el CIN y la mayor parte de las universidades nacionales. Cormick entendió que la insistencia del Congreso tras el veto, prevista en los parámetros constitucionales de división de poderes, no podía ser desoída por una norma de menor jerarquía. El juez señaló además que el deterioro de las condiciones de trabajo en las universidades impacta sobre el derecho de enseñar y aprender.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aportó otros argumentos al promover un proceso autosatisfactivo colectivo en representación de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, donde es profesor. En su presentación, Gil Domínguez recordó que el Ejecutivo contaba con potestad de reasignar recursos para el cumplimiento de la ley, al transitar en 2025 su segundo año sin un presupuesto nacional aprobado.
La suspensión presidencial de una norma ratificada por el Congreso según los mecanismos previstos, remarcó el especialista, “trasciende los márgenes del caso para proyectarse sobre el núcleo sustancial que define a la República Argentina como un Estado constitucional y convencional de derecho” y “es lo más parecido a la clausura o cierre del Poder Legislativo” por parte del Ejecutivo.
La conducta exhibida hasta ahora por el Gobierno induce a suponer que la palabra legislativa sólo sería válida cuando, como en la noche del viernes, satisfaga los deseos oficiales.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí