ATRACCIÓN FATAL

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

 

Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias.

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado.

 

 

 

 

17 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Guillermo:
    Impecable análisis y compartido.
    Si me permite, una digresión:
    Agregaría la necesidad de una desmonopolización más amplia, que incluya a los medios de des-información y, naturalmente, una profunda reforma del Poder Judicial, aún mucho más importante de la que el proyecto en danza propone. Estos dos sectores son los imprescindibles del lawfare y, uno de ellos, un generador de conciencias pro negocios y riquezas a favor de las elites dueñas del país y, aunque parezca que no tienen influencia, que la gente no come vidrio y demás; los resultados son contundentes. No nos olvidemos que el mayor delincuente de guante blanco llegó a ser presidente por el voto popular. Y, en medio de una pandemia, sacan al rebaño a contagiar a los demás. Son muy peligrosos y siempre dispuestos a todo.
    Ya el solo hecho de poder concebir que un país resulta colonia de un grupo de elite local, con todos los actores funcionales a ellas que usted menciona, ubica a nuestra democracia como un oxímoron conceptual. Y, en este caso, se cumpliría la sentencia de Charly García: “si el voto sirviera para algo, en este país estaría prohibido”, que viene a confirmar otra más antigua que refería Lampedusa, a través de la boca del príncipe de Salina: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico?”… «Todo esto no tendría que durar, pero durará siempre. El siempre de los hombres, naturalmente, un siglo, dos siglos… Y luego será distinto, pero peor. Nosotros fuimos los Gatopardos, los Leones. Quienes nos sustituyan serán chacalitos y hienas, y todos, gatopardos, chacales y ovejas, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra.».
    En efecto, si no hay cambios copernicanos que impidan el accionar sempiterno de las elites dominantes, no hay salida posible para nuestra independencia política, económica y soberana.
    Que la tarea es titánica, no admite contradicciones, pero si no se hace aquello que se debe hacer, será tal vez la última frustración que acumulamos desde la misma independencia (una revolución inconclusa) y después, ya no habrá otras posibilidades, de eso estoy absolutamente seguro.
    Estas elites, no solo terminaron con las aspiraciones de generaciones enteras, sus recursos, sus proyectos, sus sueños, su calidad de vida, sino que, al margen de todos sus latrocinios, nos robaron el tiempo, ese que no podremos recuperar jamás como le dijo Séneca a Lucilio: “… Persuádete que es tal como te lo estoy escribiendo: unas horas nos han sido tomadas, otras nos han sido robadas, otras nos han huido. Todas las cosas, Lucilio, en realidad nos son extrañas, sólo el tiempo es bien nuestro: la Naturaleza nos puso en posesión de esta única cosa, fugaz, resbaladiza, de la cual todo aquel que se lo propone puede desposeernos. Y es tanta la estulticia de los mortales, que todos nos creemos obligados al agradecimiento por aquellas cosas pequeñas y despreciables, de cuya pérdida nos podemos recuperar, pero no nos creemos en deuda por haber recibido el tiempo que es la única que, ni agradeciéndola, podríamos ganar de nuevo…”
    Ese crimen, el de robar el tiempo, debería figurar como un crimen de lesa humanidad, pero el Imperio no dejará que ello ocurra jamás. Atentaría contra ellos y todos los lacayos a su servicio a escala planetaria.

  2. HERNÁN DE ROSARIO dice

    El profesor Guillermo Wierzba comienza su artículo de la siguiente manera: “Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias”.

    En este párrafo queda de manifiesto, una vez más, la influencia que ejerce el poder empresarial (la Asociación Empresaria Argentina) sobre el poder político. Se trata de una constante en nuestra dramática y fascinante historia, lo que significa que no desapareció con el retorno a la democracia el 10 de diciembre de 1983.

    Por razones de espacio paso a continuación a transcribir la parte del ensayo de Carlos Freytes titulado “Empresarios y política en la Argentina democrática: actores, procesos y agendas emergentes (Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, vol. 7, núm. 2, noviembre de 2013), en la que analiza la naturaleza del vínculo entre los grandes empresarios y los gobiernos K.

    La década kirchnerista: entre nuevos y viejos dilemas

    Si el tiempo transcurrido contribuyó a fijar algunas claves analíticas para entender la política de los empresarios en las dos primeras décadas de democracia, la tercera década, que se desarrolló bajo el signo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es un proceso todavía abierto. Es por eso que en este apartado de cierre nos proponemos combinar las referencias a la literatura con el señalamiento tentativo de algunas agendas de investigación recientes y emergentes. El consenso mínimo de la literatura sobre el período es que el eje de la estrategia de política económica del gobierno de Néstor Kirchner consistió en la reconstrucción de una coalición amplia con eje en los sectores populares formales e informales (Nazareno, 2009; Etchemendy y Garay, 2011; Bonvecchi, 2011). Esa estrategia implicó antagonizar al capital internacional y doméstico cada vez que la atención de sus demandas implicaba resignar la tasa de crecimiento o la recomposición de la capacidad de consumo de la base social del gobierno (Bonvecchi, 2011; Etchemendy y Garay, 2011). Esta lógica caracterizó sucesivamente la negociación de la deuda en default con los acreedores externos —en la cual el gobierno logró imponer términos inéditos en una restructuración de esta magnitud (Damill, Frenkel y Rapetti, 2005)—; el congelamiento de precios y la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos; y la imposición de restricciones a las exportaciones con el objetivo inmediato de controlar los precios domésticos de una serie de bienes de consumo masivo (hidrocarburos, carne, trigo). En las condiciones iniciales de salida de la convertibilidad, esta estrategia no fue inicialmente inconsistente con el mantenimiento de resultados superavitarios en materia fiscal y de comercio exterior, y favoreció la recuperación económica, la pacificación social y la recomposición de los ingresos de los sectores populares. A ese resultado contribuyó un contexto internacional con precios récord para los commodities agrícolas, que contribuyó a remover la restricción externa en el corto y mediano plazo y viabilizó la decisión del gobierno de no retornar a los mercados internacionales de crédito (Richardson, 2009).

    No obstante, la política de expansión sostenida de la demanda doméstica fue encontrando límites sucesivos en el frente fiscal (agudizado por la política de subsidios al consumo de servicios públicos) y externo (incluyendo las presiones del proceso inflacionario y las importaciones de hidrocarburos sobre la balanza comercial y la paridad cambiaria). Frente a estos desafíos el gobierno respondió ratificando su estrategia de política económica —lo que en la práctica implicó profundizar los aspectos más heterodoxos de esa estrategia, confrontar con los intereses empresarios en una variedad de arena de políticas, y aumentar la intervención o directamente poner bajo el control del Estado una serie de actividades transferidas al sector privado en la década previa—. Así ocurrió con la reestatización del sistema jubilatorio, el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas que desembocó en el lock-out rural de 2008, y la reestatización de YPF. En cada coyuntura, en suma, el gobierno buscó preservar sus grados de libertad frente a las restricciones que hubiera implicado optar por soluciones ortodoxas frente a los dilemas que se le presentaban —al costo de diferir en el tiempo la resolución duradera de esos desequilibrios—. Dada esta orientación general de política, varias de las preguntas de la disciplina sobre la década se ubican precisamente en los puntos de conflicto entre las opciones de política del gobierno y los intereses de distintos segmentos empresarios. Una primera agenda se refiere así a la renegociación de contratos con las empresas de servicios públicos; los factores que explican la variación en los términos de esa renegociación a nivel subnacional y para distintos consorcios empresarios (Post y Murillo, 2012) y los incentivos negativos que el gobierno enfrentó para la remoción de subsidios con costos fiscales crecientes (Bril Mascharenas y Post, 2012).

    Otra agenda indaga si se verificó una recomposición de la clase empresaria doméstica durante este período. Las preguntas en este caso aluden a las características y los límites de la recuperación de la actividad industrial durante la última década (Schorr, 2012; Souto Simao, 2013); cómo se reconfiguró la estructura de propiedad del sector financiero después de 2001 (Etchemendy y Puente, 2012); y qué consecuencias tuvieron para la consolidación de nuevos grupos domésticos las iniciativas del gobierno orientadas a promover el ingreso de actores nacionales en sectores y actividades considerados estratégicos (Castellani, 2009b). La tercera agenda con un anclaje sectorial se refiere a las viejas y nuevas formas de representación de los intereses del sector rural. En efecto, la incorporación de tecnología y la demanda internacional hicieron del complejo agroexportador uno de los sectores más dinámicos, internacionalmente competitivos y rentables de la década (Bisang et al., 2008; Richardson, 2009). En perspectiva comparada, que ese dinamismo económico no haya encontrado formas más duraderas de representación política resulta analíticamente intrigante (Freytes, 2013). Mientras que los análisis del conflicto de 2008 han enfatizado el papel que cumplió la unidad de acción de las entidades rurales en sostener la movilización del sector en su enfrentamiento con el gobierno (Hora, 2010; Fairfield, 2010), otros autores han señalado la importancia de asociaciones sectoriales de un nuevo tipo. Recurriendo a la expertise técnica antes que a la acción gremial para incidir en la política y el debate públicos, estas asociaciones habrían desplazado a las tradicionales en la representación de los segmentos más dinámicos del empresariado rural (Hernández, 2007; Gras, 2012; Gras y Hernández, 2013).

    En suma, el dinamismo del sector agroexportador plantea nuevas preguntas sobre la regulación de sector (Newell, 2009) y cómo sus demandas son representadas en la arena política y de articulación de intereses. Por último, la pregunta más general alude al carácter cíclico de la política argentina. Una interpretación alude a la dificultad de establecer acuerdos intertemporales por parte de los actores del sistema político (Spiller y Tomassi, 2005) que resultaría de, y a la vez contribuiría a reforzar, un patrón recurrente de debilidad institucional (Levitsky y Murillo, 2005). La alternancia cíclica de las estrategias de política económica, y las crisis como modalidad recurrentes de resolución de los desequilibrios macroeconómicos, sugieren que hay algo acertado en ese diagnóstico. Sin embargo, sin un anclaje en la política de los actores sociales ese diagnóstico resulta insuficiente. Quizás el verdadero desafío consista entonces en desandar, analítica y empíricamente, las conexiones que existen entre las modalidades mayoritarias de funcionamiento de nuestro sistema político; el carácter fragmentario y particularista de la articulación de los intereses empresarios en la arena corporativa; la carencia de mediaciones partidarias estables entre una y otra esfera; y la volatilidad y el carácter errático de las estrategias de política económica. Que esta sea una tarea improbable no la hace menos interesante.

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