«Evidentemente todos están receptando el enorme repudio»

Luego de la presentación de los vecinos en la Justicia, Avruj pidió la revisión urgente de la domiciliaria de Etchecolatz.

Una vecina del bosque Peralta Ramos le explicó al juez Pablo Vega durante la audiencia del lunes 5 que necesitan saber cómo son las condiciones domiciliarias de Miguel Etchecolatz. «Todo el tiempo entran y salen personas de la casa –dijo–, también comisarios, y hasta se han cambiado las ventanas por vidrios espejados». Esa escena ocurrida en la La Plata incluyó la presencia de cuarenta vecinos, planillas con firmas de otros 500 y otras hojas firmadas por mil personas de la ciudad de Mar del Plata en sólo dos días. A esos argumentos, la querella de las causas de lesa humanidad en cabeza de Guadalupe Godoy sumó una denuncia por violación de la prisión domiciliaria y pidió la revocatoria de ese beneficio. Pero las cosas no terminaron ahí. Con focus group o vecinos group, lo cierto es que el impacto de esa escena terminó de leerse ayer a la mañana cuando apareció la primera decisión política del gobierno para pedir también una urgente revisión de la domiciliaria.

Ayer martes 4, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación presentó un texto ante el Tribunal Oral de La Plata para que evalúe con «urgencia» la prisión. El texto del área de Claudio Avruj tiene dos partes. La primera remite a los argumentos técnicos de la querella y pide revisar si durante la salida del 21 de enero a una clínica de Mar del Plata, el dios de la muerte de la provincia de Buenos Aires salió sin permiso. La segunda, no es técnica pero se hace eco de las tribulaciones de la gente del bosque y de «la sociedad en general».

«Vengo a poner de manifiesto que se ha tomado conocimiento de la presentación efectuada el 5 de febrero de 2018, en la cual se solicita la revocación del beneficio otorgado a Miguel Osvaldo Etchecolatz (…) con fundamento en los hechos que son de público conocimiento y que representarían un incumplimiento a las condiciones que la normativa exige para la procedencia de la continuidad de la modalidad de detención. De comprobarse los hechos denunciados -tanto en forma pública como en el escrito precitado-, correspondería la revocación del beneficio». Y agrega: «A esta altura de presentación es menester destacar la trascendencia del caso que nos ocupa, el impacto público en los vecinos del lugar de alojamiento y en la sociedad en general, que produjeron las circunstancias denunciadas, lo que amerita el examen del mantenimiento del beneficio oportunamente otorgado, con la urgencia que la situación exige».

La presentación es importante. Y sobre todo un gesto político. «Evidentemente está claro que todos están receptando el enorme repudio de esta decisión», dice Guadalupe Godoy a El Cohete a la Luna. «Más allá de los motivos técnicos de cada tribunal, la realidad es que socialmente esto se leyó como un mensaje de impunidad. Acá existe una realidad como la que describió una de las vecinas en la audiencia: alguien en alguna parte del Estado tiene que hacerse cargo. Y ella dijo: ¿quién se hace cargo de las violaciones concretas a nuestros derechos?». Todavía conmovida por lo que ocurrió en La Plata, Godoy enumera alguna de las escenas de las que hablaron los vecinos como de la «militarización de un barrio de calles de tierra donde vivían en paz», un barrio con una «plaza vallada de arriba a abajo» donde ya no van niños porque pasean policías exhibiendo sus armas. O donde un vecino tapió literalmente las ventanas que daban a la casa del genocida. Y otro le dice a su hijo que lo que está pasando en realidad no es lo que pasa, sino que en el Bosque hay cámaras filmando una película.

Esos argumentos de afectación colectiva para Godoy hablan de un emergente que aparece en los barrios con la liberación por goteo de genocidas. «Cuando vivís en una casa y de pronto se instala una banda de rock y no para de tocar, el vecino puede llamar a la municipalidad y hacer una denuncia por ruidos molestos. Pero en este caso, sos vecino de un genocida y en vez de resolverte el problema, te llenan todo de vallas y de policías».

El bosque no es lo que era. Se sabe. Pero técnicamente, el planteo de las querellas no sólo se quedó con lo que sucede entre la gente sino que aportó datos sobre un hecho nuevo como fue lo que sucedió aquel día de enero con la salida al hospital. Lo que se sabe es que Etchecolatz de pronto apareció en una clínica de Mar del Plata para hacerse un estudio porque se le había tapado un catéter. Pero el problema no fue ese sino por qué salió, cómo lo hizo y qué pasó con los registros de sus pasos.

«Avruj adhirió a esta primera parte de nuestro planteo», dice Godoy. «Lo que nosotros decimos es que ni Etchecolatz es el que tiene que determinar la supuesta urgencia (de salud) ni Prefectura. El llamó y dijo: tengo una urgencia, vengan a buscarme y Prefectura fue. En ese caso, lo que también decimos es que no dieron aviso: porque aún si es una urgencia, existe la obligación de dar aviso inmediato. Y en el TOF 1 de La Plata no había un sólo papel o informe sobre esto hasta que nosotros no pedimos informes. En ese momento, el juez libró pedidos de informes, la defensora se anotició y porque se anotició de ese pedido, lo llamó y recién ahí ella se enteró por qué había salido. Hasta ese momento no hubo ningún tipo de explicación dentro del expediente».

Etchecolatz tiene una de las 495 pulseras electrónicas del programa de monitoreo del Ministerio de Justicia. El sistema tiene un protocolo. Hay dos controles en espejo: uno a cargo de la empresa proveedora llamada Surely SA, con licitación ganada en 2015; y otro en espejo en el ministerio. Ante una consulta de El Cohete, allí explicaron que la supervisión es de 24 horas los 365 días del año en ambos lugares y hay sistemas de guardia. Y que ante una emergencia, la guardia debe comunicarse con el juzgado o el secretario de guardia. Las emergencias se disparan por tres tipos de «alertas rojas»:
1. apertura de la pulsera;
2. salida no permitida;
3. cuando no se detecta el cuerpo.

En esos casos, lo primero que se hace es una llamada al domicilio y luego se informa al juzgado. Si hay una emergencia médica, la defensa debe acreditarla ante el juzgado.

En este caso, efectivamente saltó la alerta roja. Es decir, Etchecolatz no avisó nada. Ni tampoco lo hizo Prefectura. Las guardias se comunicaron con el domicilio. No lo encontraron. Y dieron la información al juzgado. En ese caso, al TOF 6. Ese es otro problema de esta causa. El caso está radicado en dos Tribunales: el TOF 6 de Ciudad de Buenos Aires lo tiene bajo su jurisdicción por el juicio oral Puente12 actualmente en curso y el TOF de La Plata se encarga de la ejecución y control de las condenas previas. El TOF 6, fue quien dispuso la última orden que lo dejó en el Bosque. La «alerta» aparentemente fue informada al TOF 6, pero nada pasó o quedó escrito en La Plata. Luego de los primeros cruces entre La Plata y TOF 6 por este tema el mes pasado, la querella decidió hacer esta presentación.

Mientras esto sucede, en la Capital avanzan otros pedidos. En enero, se pronunció la Sala de Feria de la Casación: ante otra discusión, rechazó una excarcelación pero dijo que con los mismos elementos con los que el TOF 6 había rechazado la excarcelación, debía haber rechazado la domiciliaria. Luego, y con ese antecedente, la querella de Pablo Llonto presentó un recurso ante el TOF 6 para apelar la decisión. Y la semana pasada lo hizo la fiscal Angeles Ramos. Ayer martes el TOF 6 aceptó el recurso. Y los planteos ahora quedaron en manos de la Sala 4 de Casación.
El punto central en estos planteos no es el Hospital. Angeles Ramos discute el uso de la edad como único parámetro para justificar el arresto y el tema de la atención de la salud: «Es clave que para que se conceda el arresto la salud se agrave dentro del sistema penitenciario –dice–. Si tiene afecciones de salud bien tratadas y controladas, el traslado no es necesario». Comparó la distancia que hay entre la Clínica de Mar del Plata y la casa del Bosque contra la distancia entre el HPC de Ezeiza y la U31 y encontró la respuesta: 40 minutos contra 10 minutos para atender una emergencia. «Si todo eso no se tiene en cuenta –agregó– el arresto domiciliario se convierte en un sinónimo de excarcelación encubierta e impunidad y compromete al Estado argentino».

 

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  1. […] Fuente: http://www.elcohetealaluna.com […]

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