Mientras el 4 de julio el Presidente Donald Trump celebraba con un discurso megalómano el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en Washington, el senador colombiano Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, advertía, en un mitin en Cali, que no reconocería el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella si no renunciaba a la ciudadanía estadounidense, no desistía de sus promesas de campaña de extraditar y perseguir judicialmente al Presidente Gustavo Petro y no se comprometía a preservar las reformas sociales realizadas por el gobierno. En su discurso, Cepeda lanzó la campaña para ganar las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos en las elecciones de octubre de 2027.
De la Espriella tiene programado instrumentar un conjunto de medidas que militarizarán el país y serán totalmente funcionales a Washington, en contraposición a la vocación dialoguista, aunque no siempre fuera efectiva para solucionar los conflictos, del todavía Presidente Petro. No es casualidad que el Presidente electo haya decidido no realizar la ceremonia de investidura presidencial en la plaza Bolívar o en el Capitolio Nacional, sino en una guarnición militar, ya que, según sus propias palabras, busca rendir un tributo a “los verdaderos héroes de la patria: policías y soldados”. Es decir, el Tigre, como lo denominan, ha optado por iniciar su mandato rodeado de tanques y tropas y ha dejado de lado el escenario popular de la plaza Bolívar. Este nivel de confrontación entre las fuerzas políticas que disputaron la votación el pasado 21 de junio coloca al país en una tensión que podría derivar en una convulsión social. De la Espriella ha advertido a Petro que enfrentará con firmeza institucional cualquier intento de desobedecer el mandato popular.
Del reconocimiento del triunfo a la desobediencia civil pacífica
El giro radical de la postura de Iván Cepeda durante el mitin en Cali, al declarar que no reconocía como Presidente de la República a Abelardo de la Espriella, a pesar de que había aceptado su derrota tres días después de la votación que le dio el triunfo a su rival por una diferencia menor a un punto porcentual (49,6% vs. 48,7%), responde a una estrategia de resistencia legal y política escalonada, donde separar el plano de los datos electorales del plano de la legitimidad constitucional es la clave.
Cepeda argumenta que no existe contradicción en su proceder, pues aceptó de inmediato el resultado de la votación como un acto de madurez democrática para evitar brotes de violencia. Sin embargo, sostiene que la aritmética de las urnas no subsana de forma automática los requisitos constitucionales que el candidato electo debe cumplir para tomar posesión. El giro radical hacia el no reconocimiento detonó cuando el equipo de Abelardo de la Espriella confirmó el 30 de junio que no renunciará a su ciudadanía estadounidense. Para Cepeda, gobernar a Colombia bajo un juramento de lealtad vigente a una potencia extranjera viola el artículo 188 de la Carta Política (el Presidente simboliza la unidad nacional) y convierte la futura posesión del 7 de agosto en un acto ilegítimo.
Desde un punto de vista estrictamente ético y político, resulta muy difícil aceptar que el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia haya jurado, ante otra potencia (Estados Unidos), defender los intereses de ese país "por encima de cualquier otra fidelidad". Para naturalizarse estadounidense, la ley de ese país exige el Oath of Allegiance (Juramento de Lealtad). Este juramento dice textualmente que la persona renuncia expresa y absolutamente a toda fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjera de la cual haya sido sujeto.
Si De la Espriella hubiera renunciado a su nacionalidad estadounidense, hubiera dejado sin piso a la oposición, pues, como gobernará con fidelidad absoluta a Washington, según sus propias palabras, y con los millones de dólares que tiene, la hubiera obtenido nuevamente. Pero se trataba de no ceder ante la oposición de izquierda, mucho menos cuando su narrativa de campaña se construyó bajo la premisa de restaurar una autoridad firme y vertical. Cepeda también exigió que el Tigre aclare si es un “agente” de Estados Unidos, ya que, como abogado defensor penal, defendió a un ex líder paramilitar que era informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Por eso, anunció la “desobediencia civil contra la violación de la dignidad nacional” e hizo un llamado a los 12.7 millones de colombianos que votaron por él a seguir su ejemplo. Dijo que “cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino también el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio o la opresión”.
Iván Cepeda, quien se mantendrá como senador en el Congreso, ha pedido que se haga un gran movimiento de afiliación al Pacto Histórico, como forma de aprovechar el fervor electoral de los últimos meses. De esta forma pretenden consolidar el Pacto como la máxima representación política de la izquierda. Reiteró que su propuesta es pacífica y la igualó a lo hecho por Nelson Mandela o Martin Luther King y que las acciones serán definidas con las organizaciones sociales. Dijo que el principal enfoque será desobedecer las leyes y medidas arbitrarias que vayan en contravía de la Constitución.
El programa económico y de seguridad
La propuesta económica central del Tigre es parte del plan denominado "País Milagro", enfocado en un agresivo modelo pro-mercado y una política de seguridad de extrema "mano dura". En el ámbito económico, incluye la austeridad y reducción del Estado al prometer recortar el aparato estatal en un 40%, eliminando cerca de 700.000 puestos públicos y fusionando ministerios para ahorrar hasta 7.500 millones de dólares anuales (equivalentes a casi el 6% de todo el Presupuesto General de la Nación); reducción de impuestos al sector corporativo y libertades tributarias para incentivar la inversión privada; reactivación del fracking y alcanzar la meta de duplicar la producción petrolera nacional.
En cuanto a la estrategia de defensa y orden público para el periodo 2026-2030, su plan "Seguridad Democrática de Segunda Generación" se apoya en una cooperación directa y profunda con agencias estadounidenses. Los aspectos específicos del programa incluyen el intercambio tecnológico y acceso a bases de datos para agilizar los procesos de extradición de cabecillas de bandas criminales y del narcotráfico; fortalecimiento de la presencia de la Armada Nacional en el Pacífico y el Caribe mediante operaciones de interdicción coordinadas estrechamente con el Comando Sur y reanudación de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de tecnologías de precisión aportadas por contratistas de seguridad estadounidenses; cursos de comandos avanzados impartidos por asesores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos; cancelación de cualquier proceso de negociación o tregua con organizaciones armadas ilegales, entre otras. Además, al estilo Bukele, se construirán diez centros penitenciarios de gran magnitud y se autorizarán operaciones conjuntas e intercambio militar masivo con la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico.
Así, el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que “los mejores días de Colombia están por venir” y emitido un comunicado oficial especificando los tres ejes en los que trabajará la administración Trump con el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto:
- Avanzar fuertemente en la cooperación de seguridad regional y lucha contra el narcotráfico.
- Frenar de manera conjunta la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos.
- Fortalecer de forma prioritaria los lazos económicos y comerciales.
Asimismo, el Presidente electo ha confirmado que, a partir del 7 de agosto, Colombia se integrará formalmente al programa de seguridad de la administración Trump. Esto se vincula de manera directa con la doctrina estratégica de la Casa Blanca, la Gran América del Norte, la cual busca rediseñar el perímetro de seguridad e influencia económica estadounidense "desde Groenlandia hasta el Ecuador", posicionando a Colombia como el principal bastión defensivo y aliado militar en el norte de Sudamérica. También ha anunciado la incorporación al Escudo de las Américas, entidad creada en marzo de este año, en la que, según el Presidente Trump, el corazón del acuerdo “es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”. Al haberse declarado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, no solo se permite el uso de fuerza letal, sino inclusive operaciones unilaterales en los territorios donde operan. Durante la ceremonia de inauguración en la que participaron 12 países latinoamericanos, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller adelantó que Estados Unidos “no cederá ni una pulgada de territorio del hemisferio a sus enemigos o adversarios”, y admitió que el gobierno de Donald Trump está usando “poder duro, poder militar y fuerza letal para defender la patria americana”.
Para los sectores nacionalistas y la oposición de izquierda, este nivel de articulación es visto como una alarmante pérdida de autonomía y una entrega de la soberanía nacional a los intereses expansionistas de los Estados Unidos.
La marcha de la resistencia
El gobierno de De la Espriella se inicia con una ruptura política y social en el país sin precedentes. El Tigre ha ordenado la suspensión formal del proceso de transición presidencial en las diversas estructuras del Estado debido a que Gustavo Petro declaró en sus redes sociales que no reconoce la legitimidad de su triunfo. El todavía Presidente ya anunció oficialmente que su mandato termina de forma improrrogable el 6 de agosto a las 12 de la noche. Por ende, no le entregará la banda presidencial a su sucesor.
Por otro lado, Petro convocó a una gran marcha nacional para el 20 de julio, el día de la independencia de Colombia, justo después del discurso que dio el senador Iván Cepeda en Cali, señalando que la movilización en las plazas de todo el país servirá para "gritar independencia", defender la permanencia de las reformas sociales y escuchar su discurso oficial de despedida como jefe de Estado.
El objetivo inmediato de la manifestación es estructurar las bases de resistencia para disputar las elecciones regionales en octubre del próximo año.
En estas circunstancias, De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto con una fuerte resistencia civil ya declarada, que dará lugar a un pulso constante entre la calle y el palacio presidencial. Al desconocer la autoridad de las directrices del nuevo Ejecutivo, la oposición acudirá a la movilización social permanente como principal contrapeso al poder del Estado. Mientras el gobierno electo se prepara para imponer la autoridad del Estado de manera vertical, la oposición se alista para desafiar esa autoridad desde la calle, que dará lugar a un pulso histórico por el control del orden público en Colombia.
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