Benvenutti a Macriland

Del trabajo

La mafia es un poder criminal organizado, cuyas acciones muy raramente dejan rastros comprobables –y por ende perseguibles– por parte de un Estado. Esa coexistencia de crímenes y ausencia de pruebas es la insidia a la que nos enfrenta toda mafia. En un artículo del ex fiscal federal Luis Moreno Ocampo publicado en La Nación en 1997 con motivo del asesinato de José Luis Cabezas, hay una frase sintomática al respecto: “Hablar de mafia significa encontrar las pruebas; si no se encuentran las pruebas, no se encuentra la mafia, y dado que la mafia nació para no dejar pruebas, por lo tanto la mafia no existe”.

Las mafias nacen en territorios específicos de Italia y tienen casi doscientos años. Históricamente se articulan alrededor del uso extrainstitucional de la violencia con el objetivo de resolver conflictos, intimidar, robar, amasar fortunas propias o defender las fortunas y los intereses de las clases dominantes. Esa violencia funcionó siempre en paralelo con otra violencia, aquella monopolizada por el Estado moderno. [...]

El método mafioso capitaliza la violencia y a partir de ahí acumula riquezas, control y poder en la esfera de la sociedad civil y en el Estado. En Italia, en contadas ocasiones ha logrado copar partes del Estado, pero nunca ha podido hacerlo desde la cúspide que implica la Presidencia de un gobierno. En la Argentina, en cambio, estamos frente al crecimiento de las ambiciones de un poder mafioso que ha aumentado su escala y ha copado el Estado desde su cúpula. Una mafia que ha dado un salto cualitativo. Digamos, se ha refinado.

[...] Este libro expone y descifra distintas lógicas mafiosas presentes en nuestra vida colectiva. Su articulación explica una parte de la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos, imbricada con la cultura mafiosa. Esta investigación propone siete lógicas: la deportiva, la familiar, la violencia, la pe(n)sada herencia y los cuadernos (fotocopias) extraviados de las coimas, la protección, la negación y la extorsión.

 

Lógica deportiva

Uno de los ámbitos de los negocios mafiosos es el fútbol. Se trata de una actividad económica que representa un canal cómodo para lavar dinero e inyectarlo en la economía legal que permite también, y sobre todo, crear una imagen pública reconocible, con consenso popular y con prestigio social por el interés masivo que este deporte tiene. Lxs hinchas son ciudadanxs que votan. Y el consenso social, con leves mediaciones –un Partido, por ejemplo– se torna consenso político. El fútbol entonces permite solapar una imagen crítica preexistente y reponerla con otra, más glamorosa, de empresario exitoso. Pero permite activar también otra dimensión: las relaciones prestigiosas, con políticos, empresarios, banqueros, profesionales, etc. Entonces, pasa a ser una herramienta poderosa de agregación y de integración social, de construcción de sentido de pertenencia y de identidad relacionada con un territorio y una nación. Por otra parte, supone menos violencia y más negocios. Los capitales invertidos se multiplican de la misma manera respecto de otras actividades criminales clásicas, como el tráfico de drogas xeneize; y de modo menos peligroso, lo cual implica menos riesgos de perder lo invertido. Implica reglas más permisivas y controles menos estrictos, por ende es más difícil perseguir los ilícitos. Y si se elige bien el cuadro, hasta puede poner en diálogo distintas tradiciones culturales. La inmigración italiana y la vertiente nacional y popular. Esto, en dialecto genovés, se dice xeneize. Más preciso: Boca Juniors. El fútbol ahí se transforma en poder: político, esto es, público, social, emotivo.

Entre 1983 y 1986 el club tiene una crisis que lo pone al borde de la quiebra. Macri gana las elecciones a presidente de Boca en 1995 y, en tanto club popular, el club le otorga –al hasta ese entonces hijo más o menos díscolo de Franco– el aura de hombre “del pueblo”. Con esa elección se pone en funcionamiento una receta exitosa ya probada (en Italia con Berlusconi y el Milan) que lo ayuda a perfilarse como líder por afuera de un partido tradicional y le abre las perspectivas necesarias para fundar un partido propio. Macri logra fama gracias al crédito adquirido con el fútbol. En 2003 se lanza a la campaña para jefe de Gobierno porteño, cargo que gana en 2007. La historia a partir de la crisis de 2015 es innecesario reponerla pues forma parte del presente político de la Argentina. En cuanto a Boca y a una trama de relaciones muy densas, hay un actor presente en esta historia de fútbol que volverá a aparecer en la escena de la vida política de 2018-2019, a través de múltiples gambetas judiciales, de espionaje y corrupción: Carlos Stornelli, ahora fiscal estrella del macrismo y en su momento jefe de seguridad de Boca Juniors.

Mauricio Macri fue presidente de Boca entre 1995 y diciembre de 2007. […] Stornelli integró la comisión directiva aparentemente desde 2007 […]. Y estuvo ahí hasta diciembre de 2015. Durante ese período fue jefe de la Comisión de Seguridad de Boca, creada en 2007 por Mauricio Macri. Por esa Comisión de Seguridad pasaron los jueces y fiscales de Comodoro Py que hoy se encargan de llevar adelante la persecución a todo lo que huela a kirchnerismo [1].

Lógica de la extorsión

La extorsión es una figura central en la articulación de toda mafia. Forma parte de un entramado mayor: la corrupción, que es inherente a la lógica y al funcionamiento del sistema capitalista. La corrupción –bajo las formas de la extorsión–, como sistema de mediación entre economía, administración pública y política, encuentra siempre en su camino a la criminalidad organizada. Sus formas son características del método mafioso, que pone en diálogo y coordinación ámbitos que tendemos a pensar como contrapuestos: la legalidad y la ilegalidad a partir de la violencia privada ahora enquistada en el Estado. La nota de Verbitsky –“Extorsión”–^[2] sobre la relación entre el falso abogado Marcelo D'Alessio –paradójicamente: espía oficial y extraoficial, argentino y extranjero, supuestamente vinculado con la Drug Enforcement Administration (DEA), sobrino del Escribano General del Gobierno de la Nación, faccendiere de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios de comunicación, conocedor del crimen organizado, pero sobre todo operador de la violencia privada– y Carlos Stornelli, el fiscal federal del caso de las fotocopias de los cuadernos, ha hecho emerger el nexo entre crimen organizado, corrupción, administración pública, ilegalidad y fragmentos de la política. En la misma línea, pero a través de los canales jurídicos, la investigación del juez Alejo Ramos Padilla aún en curso está demostrando la amplitud de articulación y la peligrosidad de la penetración mafiosa en los distintos contextos en el que se desarrolla la vida política nacional. Se trata de una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de gran magnitud. [...] Estamos frente a una densa red de corrupción, extorsión, manipulación de causas judiciales, ataque al trabajo periodístico, espionaje ilegal, actuaciones de los aparatos de inteligencia nacionales y extranjeros. Más preciso: una red organizada y con protección en el más alto nivel oficial del gobierno. La investigación de Ramos Padilla está demostrando los hilos reticulados de una organización criminal cuyos integrantes forman parte de un aparato estatal y paraestatal, que vinculan paradójicamente la Justicia y la injusticia, que extorsionan, que llevan a cabo tareas de inteligencia, y que tienen vínculos con el Estado (la AFI, ex SIDE), con el Ministerio de (in)Seguridad, la legisladora Elisa Carrió (quien denunció en el juzgado de Claudio Bonadio un complot, tratando de defender a Stornelli) y, al parecer, con la propia Presidencia de la Nación.

[...] Está probado –por un documento que la empresa de telefonía celular Movistar le hizo llegar a Ramos Padilla– que la ministra Bullrich mantenía contactos directos con Marcelo D’Alessio. Ahí se lee:

Oficio 737806 (ad), Buenos Aires, 9 de mayo de 2019 […] en contestación al Oficio librado con relación a los Autos No. 88/2019 caratulado “D'Alessio y otros s/asociación ilícita, etc”. Al respecto, conforme surge de los registros informáticos de mi mandante, le informo que la línea 1123426283 está asignada a Patricia Bullrich, DNI 11988336, con domicilio de facturación en Antonio Beruti 3822, CP 1425, CABA, Tel de contacto: 1148327319, desde 27/01/2017 a la fecha [3].

El affaire estalla a partir de una denuncia por chantaje del empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien presenta grabaciones, audios y capturas de pantalla de diálogos, pruebas contundentes que demuestran que Marcelo D'Alessio y su banda trataron de extorsionarlo. A partir de ese momento se empieza a configurar un mapa de las rutinas (i)legales de la (in)Justicia. Según el denunciante, D'Alessio le pidió trescientos mil dólares para no ser llevado ante la Justicia por la causa de las fotocopias de los cuadernos de las coimas, el expediente por el cual se investiga a políticos y empresarios por hechos de corrupción en la concesión de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. En el curso de la investigación se demuestra que esta banda (integrada también por los dos ex comisarios Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, el espía Rolando Hugo Barreiro y el periodista Daniel Santoro, sospechado de llevar a la tapa de Clarín las informaciones proporcionadas por D'Alessio y obtenida por medio de procedimientos extorsivos) no se ocupó sólo de una extorsión a un solo empresario, sino de muchas extorsiones a expensas de otros empresarios, coacciones, armados de causas y declaraciones falsas, espionaje ilegal y comercial de empresas petroleras, hasta llegar al espionaje ilegal del ex marido (Jorge Christian Castañón) de la actual esposa de Stornelli. Además de Etchebest extorsionaron a Mario Cifuentes, Pedro Erasmo Barreiro y Víctor Palomino Zitta, al aduanero Gabriel Traficante, llevaron a cabo un acto de coacción en contra del ex gerente de la petrolera PDVSA en la Argentina, Gonzalo Brusa Dovat, con el objetivo de que implicara en actividades irregulares a funcionarixs del último gobierno kirchnerista, prepararon cámaras ocultas contra los abogados Javier Landaburu y José Manuel Ubeira, participaron en el armado de la declaración falsa del empresario y financista Leonardo Fariña, y espiaron al ex gobernador radical de Corrientes, Ricardo Colombi (esta pista surgió de la declaración del espía Rolando Hugo Barreiro), entre otras operaciones turbias.

En la investigación que se lleva a cabo en Dolores, Stornelli debe responder por estas operaciones turbias (acusaciones), por más que no sea la figura central de la trama. Sin embargo, el 24 de mayo de 2019 el juez le solicitó al procurador Eduardo Casal la remoción y el desafuero del fiscal, en rebeldía desde el 26 de marzo. A principio de junio el fiscal rebelde dijo que era su deber no presentarse frente a Ramos Padilla porque el expediente que instruye está “armado para ‘voltear’ la causa de las fotocopias de los cuadernos y que no va a la indagatoria para proteger esa investigación” [4]. En el caso de Stornelli, más que de rebeldía deberíamos decir que se trata de un magistrado contumaz, pues se resiste a los principios de la propia institución que debería representar. Además, recordemos que la causa de las fotocopias de los cuadernos es instruida por el juez Claudio Bonadio. Por otra parte, el procurador interino Casal está haciendo de todo para proteger al fiscal Stornelli, que además cuenta con el apoyo explícito del presidente Macri y con la protección del coro mediático. En cuanto al apoyo explícito de Macri a Stornelli: el 29 de mayo de 2019, con motivo de la conmemoración del 209 aniversario de la creación del Ejército argentino, en el Colegio Militar vimos una foto en la que el fiscal estaba sentado en segunda fila, casi detrás del Presidente de la Nación. La lectura que nos ofrece Mónica Peralta Ramos de esta gestualidad es sintomática:

 

 

"En el Día del Ejercito, a cincuenta años del Cordobazo, y en medio de un paro general contra las políticas de su gobierno, Macri mostró los filosos dientes de la impunidad mafiosa. Eligiendo el escenario de los festejos militares, dejó trascender que no vacilará en provocar un caos institucional para mantenerse en el poder. En ese escenario poblado de fantasmas de un pasado terriblemente violento, reivindicó su polémico decreto destinado a la militarización de las tareas de seguridad interna vedadas en democracia por las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y dio apoyo público al fiscal Stornelli sentándolo a su lado, y rodeándolo de altos funcionarios de su gobierno. [...] Un fiscal que tiene a su cargo causas de corrupción que atañen directamente a las empresas del Presidente y de su familia" [5].

[...] Pero la red tiene un entramado aún más denso: parece increíble pero es así. Por una nota que apareció el 25 de abril de 2019 en Página/12, descubrimos que la criminalidad organizada de D'Alessio y compañía se dedicaba también a otro rubro: el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El viernes 31 de mayo Ramos Padilla dio la orden de detener a Pablo Bloise, probable financista de una banda (asociación delictiva) dedicada al lavado de dinero (por medio de transferencias internacionales, millonarias y en dólares hacia las islas Comores [6], cuyo origen es ilícito) e integrada por Marcelo D'Alessio, Ricardo Bogoliuk y Marcelo de Gorriti. Recuerdo que una de las fuentes más importante de las inversiones de las sociedades criminales organizadas está constituida por el tráfico de estupefacientes y que actualmente la ‘ndrangheta funciona como un cartel más (de distribución), relacionado con los carteles latinoamericanos, y se ocupa del tráfico de estupefacientes en Europa. Este dato hay que ponerlo en paralelo con el aumento del consumo de estupefacientes debido a una comercialización más accesible durante el gobierno de la Alianza Cambiemos.

Si las pistas que está siguiendo Ramos Padilla se revelaran ciertas, quedaría demostrado cabalmente que estamos frente a la existencia del crimen organizado de signo ‘ndranghetista en la Argentina. Por otra parte, el juez verificó que a través de un sistema de correos electrónicos se armó la declaración falsa del mediático arrepentido Leonardo Fariña –el gran divulgador del “se robaron un PBI”– cuyo objetivo apuntaba a “denunciar” un plan sistemático de enriquecimiento a expensas del Estado durante el último gobierno K para involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández (junto con Julio De Vido, Roberto Baratta, ex mano derecha del propio De Vido, Lázaro Báez) en la causa del lavado de dinero –que los grandes medios dieron a conocer como la “ruta del dinero K”– y en una supuesta serie de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Toda la operatoria cayó en saco roto puesto que a Cristina Fernández de Kirchner se le dictó la falta de mérito ya que no se encontraron ni bóvedas, ni sociedades ocultas ni cuentas en paraísos fiscales. Pero completemos este entramado: Fariña fue entrenado por una abogada que le proporcionó “herramientas técnicas”, Florencia Guijo, especializada en derecho administrativo y contratada por Raúl Copes, un servicio de la AFI. Guijo presentó un escrito ante el juez Ramos Padilla y ahí se demuestra que en la declaración de Fariña se copiaron treinta y dos párrafos de los correos enviados por la afi. Esto quiere decir que las declaraciones de Fariña tienen su origen en el gobierno. [...] A fines de mayo de 2019, en el programa de C5N, Minuto Uno, los periodistas Juan Amorín y Gustavo Sylvestre revelaron otro hecho delictivo a cargo de la banda D'Alessio. Esta vez a expensas del ex titular de la Aduana: Juan José Gómez Centurión, un negacionista de los crímenes de la dictadura y actualmente candidato a la Presidencia de la Nación por el espacio ultraconservador Nos. En agosto de 2016 fue relevado de su cargo en la Aduana a partir de una denuncia de la ministra Bullrich vinculada con la llamada “mafia de los contenedores” (que custodiaban pseudoefedrina). En el allanamiento que llevó a cabo Ramos Padilla a la casa de D'Alessio aparecieron informes de inteligencia que demostrarían cómo Gómez Centurión fue otro blanco de la banda de espionaje ilegal.

Si atendemos a una parte del contenido de la primera audiencia del ex espía Rolando Hugo Barreiro para optar por la figura de imputado colaborador/arrepentido frente al fiscal Juan Pablo Curi, la organización que está investigando el juez de Dolores tiene tres niveles de articulación y tres tipos de usuarios. El primer nivel tiene que ver con el narcotráfico y la beneficiaria sería la ministra Bullrich. El segundo concierne al espionaje político y las usuarias de esos servicios serían las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto. El tercero estaría nexado con la causa de las fotocopias de los cuadernos y el beneficiario principal de esas informaciones sería el fiscal Stornelli. [...] Si las pistas que está siguiendo Ramos Padilla se develaran en su totalidad (si es que antes las fuerzas cambiemitas no le arrebatan el expediente), a mi juicio se chocarían con la existencia del crimen organizado de signo ‘ndranghetista en la Argentina. Pues estamos frente a un entramado de relaciones espesas, frente a una causa de enorme trascendencia sistémica entre D'Alessio, Fariña, Stornelli, la AFI, Comodoro Py, y al parecer dos ministerios –(in)Seguridad e (in)Justicia– y el propio gobierno nacional. Esta apreciación última encuentra un correlato empírico proporcionado por el juez de Casación Alejandro Slokar, quien la última semana de junio de 2019 sufrió una maniobra cuyo objetivo apuntó a excluirlo de la intervención en la causa que se tramita en Dolores. Detrás de esa recusación estuvo la diputada Carrió. Refiriéndose al D'Alessiogate, Slokar dijo:

"Existe una estructura o una organización que puede constituir una amenaza al orden democrático porque hay sectores de inteligencia que operan de modo paralelo, clandestino con esa idea de doble Estado oculto, para lo que se busca un Poder Judicial cómplice. No se sabe si se trata de actividades estales o sectores que operan subterráneamente, pero está claro que hay vasos comunicantes. Se habla de una relación promiscua y una situación clandestina y paralela". [7].

 

 

 

[1] Alejandra Dandan, “A pedir de Boca” en El cohete a la luna .

^[2] En El Cohete A La Luna .

[3] Ver “Las fuerzas de tarea de la ministra”, 22/5/2019. Ni Clarín ni La Nación cubrieron esta información.

[4] Ver Sofía Caram, “Las excusas del fiscal rebelde” en Página/12, 4/6/2019.

[5] Ver Mónica Peralta Ramos, “Impunidad mafiosa” en El cohete a la luna

[6] “El lavado de activos se habría realizado en las africanas islas Comores: en China y Hong Kong; en Canadá y Estados Unidos; en Turquía, Alemania, Austria, Inglaterra y Liechstenstein, por parte de empresas radicadas en Italia, Turquía y Estados Unidos, con operadores extranjeros y cuatro intermediarios argentinos, de viaje constante al exterior”. Ver Horacio Verbitsky, “El apriete” en El cohete a la luna.

[7] Irina Hauser, “Alejandro Slokar: ‘Detrás de esto existió una maniobra’” en Página/12, 16/6/2019.

 

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