Miguel Osvaldo Etchecolatz está sentado en su despacho, con el arma sobre el escritorio.
—Ahora lo van a llamar y él va a decidir con quién se va —dice el comisario de la Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps.
“Él”, quien tiene que decidir, es un bebé de un año y ocho meses. En la otra esquina de la habitación están sus abuelos maternos, a quienes apenas les conoce la voz por teléfono, porque su mamá y papá estaban en la clandestinidad cuando fueron asesinados.
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Pasaron 31 años. Es 2007 y Nico —aquel bebé— está contando su historia por primera vez frente a un tribunal en los Juicios por la Verdad [1]. La tranquilidad y dulzura que lo caracterizan se notarán durante su declaración, pero ahora, cuando tiene que empezar a relatar lo que pudo reconstruir durante años, se lo ve tenso, nervioso. Suspira mientras el juez le toma juramento y acomoda una y otra vez los apuntes y documentos que tiene sobre la mesa.
Nicolás Berardi escucha atentamente al abogado querellante Alejo Ramos Padilla, que está sentado junto a Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. La historia de Clara Anahí, la nieta que Chicha busca incansablemente, está conectada con la de Nico.
En la madrugada del 22 de noviembre de 1976, en calle 63 entre 15 y 16, en La Plata, un grupo del Ejército y la Policía Bonaerense irrumpió en la casa donde se encontraban en la clandestinidad Adolfo José Berardi y María Isabel Gau y los fusilaron. Ella estaba embarazada de nueve meses y recibió también un disparo en la panza. “A mí me tiran dentro de un colchón para la casa del vecino, por la medianera que da a calle 16”, cuenta Nicolás a partir de lo que pudo reconstruir. La vecina que lo encontró, lo entregó a los encargados del operativo.
“Chingo” y Marisa nacieron en Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Ella en 1952 y él un año antes. A los 16 se conocieron y se pusieron de novios. Militaron primero en la Liga de Estudiantes Socialistas, pasaron por la Juventud Peronista, y después se sumaron a Montoneros.
La vivienda Gau-Berardi era una de las tres casas operativas de Montoneros en La Plata, donde funcionaba una imprenta clandestina. En ese lugar, puntualmente, se hacían documentos falsos para que pudieran circular las y los militantes que estaban en la clandestinidad. Las tres casas fueron atacadas en esos días: el 22 de noviembre esa y la de Mirta Noemí Dithurbide, donde cayeron ella y cinco personas más. Dos días después, atacaron la casa Mariani-Teruggi, donde asesinaron a Diana Teruggi y se llevaron a la beba Clara Anahí, de tres meses de vida, de la que todavía se desconoce el paradero.
Durante tres semanas, después del asesinato de sus padres, Nicolás fue apropiado por el policía Aquiles Caputo y su esposa, Dora Urquiaga. “Hicieron mierda todo”, pero reconstruyeron su habitación con los colgantes, la cuna, juguetes, ropa y todo lo que habían robado de la casa.
Los abuelos maternos, que habían llegado de Olavarría para asistir al parto de María Isabel, esperaban encontrarse con ella en una cita a la que nunca llegó. Se enteraron al día siguiente de lo que había pasado por los medios de comunicación y, aunque en los diarios hablaban de “una nena que se habían llevado de la casa”, pensaron que se podía tratar de su nieto.
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Al miedo de los papás de María Isabel, que hace pocos días descubrieron que su hija y su yerno fueron asesinados en un operativo dirigido por el hombre que tienen enfrente, se le suma la desesperación por recuperar a su nieto, que está con ellos en ese despacho jugando con un teléfono.
Es noviembre de 1976 y Etchecolatz, con la perversión que lo caracteriza, tiene al pequeño Nico frente a sus abuelos que lo llaman sin parar para que vaya con ellos.
El abuelo lo ve cerca del represor y no tiene esperanza de que los reconozca o demuestre interés. El nene está compenetrado en su juego y gira con fuerza el disco del teléfono. De las llamadas telefónicas y los pocos encuentros que tuvieron en la clandestinidad, la abuela se acuerda del apodo que le habían puesto sus papás a Nico.
—Bichicuí —le dice. Y capta su atención para que vaya con ella.
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Veinte días más estuvo Nicolás con sus apropiadores, hasta que el Juzgado de Menores autorizó a los abuelos a llevarlo con ellos a Olavarría. “Esta familia (de Aquiles Caputo) no se pudo negar. Calculo que por esas cuestiones de obediencia debida, porque Etchecolatz era superior y le estaba diciendo que me tenía que entregar”, recuerda Berardi.
La casa, como en tantos otros casos, fue usurpada en 1982. Quien tomó posesión del lugar fue Luis Alberto Bulus que, según pudo saber Berardi, trabajaba para la Policía.
Recién a los 18 le contaron a Nicolás que su madre estaba embarazada al momento del fusilamiento. Los cuerpos habían sido enterrados como N.N. en La Plata, y luego lograron trasladarlos a Olavarría. Quienes trabajaban en el primer cementerio, dieron un dato estremecedor: el cuerpo de María Isabel era “de una persona muy chiquitita” pero no podían cerrar el cajón. No habían extraído al bebé. La confirmación de este dato llegó cuando llevaron los cuerpos a Olavarría.
Con la mayoría de edad, Berardi empieza a involucrarse en la causa a través de una abogada, porque su abuela no había querido avanzar. Recién en 2004 pudo recuperar el lugar en el que había funcionado la imprenta y donde fueron asesinados Adolfo y María Isabel.
Durante algunos años, Nico vivía a unas pocas cuadras pero evitaba pasar por la puerta. Cuando vio que no había movimiento —dentro de la casa y también en la Justicia, que seguía trabajando lentamente— forzó la entrada y recuperó el lugar.
El día que cumplió 29 entró por primera vez. “Cuando entré a la casa tuvimos que descubrir el lugar, porque estaba totalmente reedificado por el hombre que vivió durante todo ese tiempo ahí”, cuenta Berardi. En el fondo de la casa habían hecho una carpeta de concreto que escondía lo que había sido la imprenta clandestina. “Me llevó a ir con cincel y martillo por todos lados, hasta que encontramos que era un hormigón armado con una carpeta de unos cinco centímetros arriba. Ahí estaba el pozo donde parece que estaba encastrada la máquina imprenta”, recuerda.
También a los 29 supo cuál era el apodo que lo salvó de ser uno de los más de 500 bebés apropiados durante la última dictadura. A diferencia de Clara Anahí, Berardi pudo recuperar su identidad porque la crueldad de Etchecolatz jugó a su favor.
Su caso nunca fue tomado en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se siguen haciendo en Argentina, por eso no volvió a declarar. Nico vive hace años en Andalgalá, Catamarca, y es parte de la Asamblea El Algarrobo que resiste contra la megaminería en la provincia.
La casa que recuperó en La Plata ahora se llama “Bichicuí”, y cada 22 de noviembre desde 2005 abre sus puertas para que la gente del barrio pueda recorrerla y conocer su historia. Ahora está llena de intervenciones artísticas en el frente y las paredes, pero todavía conserva, en el portón y en el interior, las marcas de aquella madrugada.
[1] Audiencias judiciales que investigaban delitos de lesa humanidad. No tenían efectos penales porque se iniciaron cuando todavía regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
* Pedro Ramírez Otero es periodista, integra el equipo de los juicios de La Retaguardia y conduce los programas radiales Estás muteadx y La Retaguardia.
** El relato forma parte del libro 50 historias de juicios por la dictadura argentina, editado por el medio comunitario La Retaguardia, que en los últimos seis años transmitió 72 juicios, la mayoría por delitos de lesa humanidad, pero también por gatillo fácil, femicidios o delitos ambientales. El libro, que se presentó el viernes en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) puede adquirirse aquí.
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