BIDEN AL GOBIERNO, KEYNES AL PODER

 

El Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de Estados Unidos fulminó las políticas ortodoxas y la doctrina del derrame, en una declaración de corte keynesiano en la que reivindicó la inversión pública y el rol del Estado como instrumentos fundamentales para promover el crecimiento económico, la creación de empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza. Creado en la posguerra durante la presidencia de Harry Truman, el Consejo tiene la misión de asesorar al Presidente en forma objetiva para la formulación de la política económica, nacional e internacional. Según la definición oficial, el Consejo basa sus recomendaciones y análisis sobre la investigación económica y la evidencia empírica, utilizando los mejores datos disponibles para apoyar al Presidente en la fijación de la política económica del país. Para presidir el Consejo, Biden eligió a la economista Cecilia Rouse, la primera mujer afroamericana en ocupar esa posición, quien consiguió una abrumadora confirmación del Senado, por 95 votos a 4, incluyendo a senadores republicanos que habían votado contra todos los nominados por Biden.

 

 

 

 

De 57 años, forma parte de la elite afroamericana. Es hija de un médico y una psicóloga. Está casada con un hijo de la novelista Toni Morrison con quien tuvo dos hijas, una médica y una antropóloga. Graduada de economista en Harvard, se especializó en economía del trabajo y es decana de la Facultad de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton. Integró el Consejo que ahora preside durante las dos anteriores presidencias demócratas, de Bill Clinton y Barack Obama.

Este es el texto que publicó el 13 de mayo en el twitter del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca:

En las últimas cuatro décadas, la opinión de que menores impuestos, menos gasto y menos regulaciones generarían mayor crecimiento económico ejerció sustancial influencia sobre las políticas públicas de Estados Unidos. En ese periodo, Estados Unidos sub-invirtió en bienes públicos, como infraestructura e innovación, y los beneficios del crecimiento se acumularon en forma desproporcionada en el tramo superior de la distribución del ingreso y de la riqueza.

Las viejas disparidades raciales, étnicas y de género persisten. Además, si bien se ha logrado un progreso histórico en la expansión del seguro de salud, queda mucho por hacer para brindar una protección adecuada contra los riesgos económicos.

Los indicadores de privaciones, como la pobreza infantiles son demasiado altos, y también preocupan la disminución en la expectativa de vida, en algunos años anteriores a la pandemia, acompañada por crecientes desigualdades.

La Ley de Empleo y Reducción de Impuestos de 2017 reflejó la antigua ortodoxia de bajar impuestos. Una fuerte reducción de los impuestos empresariales durante una época de altas ganancias corporativas se presentó con afirmaciones demasiado optimistas sobre el crecimiento económico que produciría.

La ley no cumplió esas promesas. No ha habido un impacto evidente en la inversión o el crecimiento: el producto interno bruto creció 2,4 por ciento tanto en los dos años previos a la aprobación de la ley como en los dos años posteriores. En cambio, las rebajas impositivas contribuyeron a la desigualdad al proporcionar desproporcionadas ganancias a los ya prósperos, sin los prometidos incrementos salariales para la clase media.

La teoría económica subyacente a los planes para el empleo y las familias del Presidente Biden es diferente. Esas propuestas políticas reflejan la evidencia empírica de que una economía fuerte depende de una base sólida en la inversión pública y que la inversión en trabajadores, familias y comunidades puede producir efectos positivos durante las próximas décadas

En contraste con el Plan de Rescate de Estados Unidos, estos planes no constituyen legislación de emergencia, son respuesta a desafíos de larga data. Para funcionar y generar ganancias económicas sólidas y compartidas, los mercados necesitan un sector público comprometido y eficaz.

Desde aquellas políticas que estimulan la innovación y favorecen la oferta de empleo hasta las que invierten en la infancia y protección contra la inseguridad económica, el sector público tiene un rol importante que desempeñar en apoyo de la economía. 

Pero cuando los políticos deciden que el sector público no lo haga, no invertir en innovación, en apoyo a la participación de la fuerza laboral, en los chicos o en la protección contra los riesgos, todos sufren por el crecimiento económico más lento, mayor desigualdad y reducida seguridad económica. En este resumen, presentamos la evidencia económica que demuestra por qué una robusta inversión pública es un elemento importante para una economía estadounidense sólida e inclusiva.

El crecimiento del empleo en las pequeñas empresas disminuyó en 2018 y desapareció en 2019, a pesar de las promesas de que los recortes impositivos para los ricos de 2017 les darían impulso.

 

 

 

 

 

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