En violación a las normas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno nacional oficializó su propia lista de terroristas perseguidxs en la Argentina, todxs miembros del pueblo mapuche. También ejerció persecución administrativa contra por lo menos dos mujeres mapuche que no integran esa lista negra, al menos en la versión publicada en el Boletín Oficial.
En febrero, por una simple resolución, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, decidió calificar como organización terrorista a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), invocando como fundamentos presuntos hechos de violencia acumulados en 15 años. Jamás hasta ahora el Poder Judicial probó ni la existencia de la RAM como organización delictiva, ni su autoría en ninguno de los 136 hechos violentos o vandálicos que le atribuye la funcionaria y candidata libertaria. A la vez, formalizó la cacería primero contra Facundo Jones Huala, lonko de la Lof Resistencia Cushamen detenido en una cárcel federal, en Trelew, y en
septiembre contra otrxs seis mapuche integrantes o vinculados a la Lof Winkul Lafken Mapu, desalojada violentamente del territorio reivindicado junto al lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
La Asociación Gremial de Abogadxs de la República Argentina inició una denuncia penal contra Bullrich por la persecución estatal contra siete mapuche incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento (Repet), demanda que podría alcanzar a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y responsable del registro de la lista negra.
El Banco Nación y otro privado bloquearon cajas de ahorro de algunxs de los presuntos terroristas, medida que se hizo extensiva a sus familiares. Una billetera virtual también bloqueó las operaciones de la gente mapuche. En setiembre comenzaron a sufrir esta persecución administrativa, que los llevó a saber que era por su nuevo estatus de terroristas. El bloqueo de cuentas bancarias ya lo había sufrido una mujer mapuche en el noroeste de Chubut en febrero, en el marco de allanamientos masivos a cinco comunidades perseguidas por supuestos incendios intencionales.
Estas medidas estatales tienen su correlato en la base social de la derecha racista y antimapuche que, al menos en Bariloche, volvió a sentirse habilitada a escrachar y perseguir a mapuche tanto en las calles como en las redes sociales. Betiana Colhuan, machi (autoridad espiritual) de la Winkul Mapu, denunció que personas desconocidas la siguieron por la calle y la fotografiaron a plena luz del día mientras caminaba con sus dos hijos (de seis y tres años) en Bariloche.
La lista negra de Bullrich marca el pico más alto en la escalada del conflicto estructural por los derechos de los pueblos originarios en la Argentina, con modalidades e instrumentos cada vez más parecidos a los ejecutados en el sur de Chile.
Decisión distractiva
“Necesitan armar una megacausa RAM para justificar la figura de terrorismo internacional que exigen los organismos norteamericanos, entre ellos el FBI”, sintetizó Gustavo Franquet, quien junto a otrxs seis abogados de La Gremial impulsan la causa penal contra Bullrich. Por su parte, Laura Taffettani consideró que “son blancos vivientes que necesitan protección”. Integran esta lista negra:
- Facundo Jones Huala, detenido en Trelew por sus declaraciones públicas durante la presentación de un libro de poesía;
- Gonzalo Coña, herido por la espalda con munición de plomo en el mismo ataque en el que ejecutaron a Rafael Nahuel, en noviembre de 2017;
- Johana Colhuan, integrante de la Winkul Mapu, herida junto a Coña por efectivos de Albatros, la fuerza especial de la Prefectura Naval Argentina;
- María Isabel Nahuel, integrante de la Winkul Mapu, madre de Johana y de la machi Betiana;
- Luciana Jaramillo, integrante de la Winkul Mapu, presa política durante varios meses entre 2022 y 2023;
- Matías Santana, pareja de Betiana con hijxs en común, fue perseguido primero por su testimonio en la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Cushamen (Chubut) y, después, por numerosas causas vinculadas a la defensa territorial de la Winkul Mapu; y
- Jessica Bonefoi Carriqueo Antimil, quien integró la Winkul Mapu y sufrió la persecución judicial y policial.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, acompañó la conferencia de prensa durante la que se denunció la existencia de esta lista negra y la denuncia penal contra lxs ministrxs argentinxs. Aunque no está en la lista negra, la machi Betiana acompañó a su madre y a su pareja durante la denuncia pública, ya que quedó rodeada afectiva y materialmente por la medida. El mes pasado no percibió la asignación universal por sus hijitxs ni el aporte de la tarjeta Alimentar. A un hermano mayor, que tampoco está en la lista negra, le suspendieron la pensión por discapacidad.
“No me avergüenzo. Es el blanqueo de lo que ellos piensan de nosotrxs”, resumió Betiana. A su lado, Matías, sereno, planteó que la decisión estatal es distractiva, en medio de la discusión por los dólares del narcotráfico financiando a la política electoral, con vínculos directos en la provincia de Río Negro. María Nahuel fue contundente: “Terrorismo hacen ellos cada miércoles, con los garrotazos a los jubilados”.
El gobernador Alberto Weretilneck está más que agradecido de volver a demonizar a la gente mapuche y no dar explicaciones de su intervención en favor de la creación y crecimiento de patrimonios privados tan cercanos al narco, con montos obscenos en comparación con el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o una tarjeta Alimentar.
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