Blinken y la migración venezolana

La solución no pasa por financiar a países receptores sino por dejar de sabotear las mesas de diálogo

 

El pasado 20 de octubre el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, lideró una reunión ministerial en Bogotá para tratar el tema de las migraciones, en particular las de Venezuela y Haití, con algunos cancilleres de países de tránsito y receptores en la región: Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, México y Canadá.

En el evento sobre migración —cuatro días después de que el gobierno de Venezuela abandonara la mesa de diálogo con la oposición— Blinken abordó el tema de la financiación, uno de los pedidos recurrentes de los países de tránsito o receptores de migrantes. Afable, el Presidente anfitrión Iván Duque dijo que los desembolsos de Estados Unidos han sido “mucho más rápidos que los de otros países donantes para atender situaciones específicas de la comunidad migrante” en Colombia, y agradeció la colaboración “económica y técnica” que ha brindado el país norteamericano a través de USAID para la regularización de los migrantes venezolanos.

A su vez, el secretario de Estado felicitó a Colombia por la “generosidad” con la que ha recibido a unos dos millones de migrantes venezolanos, a quienes les otorgará una tarjeta de protección temporal por diez años para integrarlos en lo económico y lo social. “Es un modelo para toda la región y el mundo”, agregó.

 

 

Relaciones diplomáticas

Mientras Blinken se reunía con los cancilleres, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, leyó en Caracas una carta remitida por el presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, en la que le informaba que esa instancia había aprobado por unanimidad la propuesta de crear una comisión bilateral para trabajar en la normalización de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, rotas en 2019 cuando el ex presidente interino Juan Guaidó intentó liderar el ingreso de un contingente de ayuda humanitaria desde la ciudad colombiana de Cúcuta, sin respetar los protocolos internacionales.

Al lado de Blinken, Duque dijo que bajo su gobierno no habrá ningún tipo de acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro pues “sería claudicar a los principios que siempre ha defendido”. Calificó al gobierno venezolano como una “dictadura oprobiosa, corrupta y narcotraficante”, obviando que su padrino, el ex Presidente Álvaro Uribe, está investigado por vínculos con el narcotráfico. Joe Biden mira con cierta distancia al gobierno de Duque por su respaldo incondicional a Donald Trump, por el caso de los “falsos positivos” (las fuerzas militares de Colombia asesinaron a 6.500 civiles inocentes entre 2002 y 2008, y los presentaron como “bajas en combate” a cambio de ascensos y premios), por la brutal represión de las protestas sociales iniciadas en mayo (que causaron más de 60 muertes) y por los innumerables asesinatos a líderes sindicales y defensores del medio ambiente.

Habrá que esperar que Duque deje la presidencia. La historia va tejiendo otros rumbos. El ex guerrillero del M-19 y actual líder del partido Colombia Humana, Gustavo Petro, continúa siendo el favorito en las elecciones presidenciales de mayo de 2022. En Chile, Gabriel Boric, del izquierdista Frente Amplio, podría convertirse en Presidente en las elecciones que se realizarán en primera vuelta el 21 de noviembre y en segunda el 19 de diciembre.

La reciente decisión de la Cancillería peruana de reestablecer las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores con Venezuela responde al nuevo contexto histórico y político que ha demostrado que la estrategia del cerco económico y político a Venezuela ha fracasado. Iniciativas similares fueron tomadas antes por los gobiernos de la Argentina y de Santa Lucía, mientras que República Dominicana dejó de reconocer a Guaidó, aunque sigue vacía la silla del embajador. Las recientes negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en México, con la intermediación de Noruega, apuntaban, entre otros objetivos, a darle legitimidad a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre en ese país, a reformar el Poder Judicial y desbloquear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

 

 

El fracaso

Las negociaciones lograron un relativo éxito en los tres primeros encuentros. Sin embargo, en vísperas del inicio de la cuarta ronda del diálogo en México, Estados Unidos apostó fuerte por interrumpirlas. En la víspera, logró el objetivo de extraditar de Cabo Verde al denominado “agente antibloqueo” Alex Saab, lo que dio lugar a que un furibundo Maduro abandonara la mesa de negociaciones. Juan Guaidó, quien todavía es reconocido formalmente por Washington como “presidente encargado” de Venezuela, celebró la extradición de Saab. En su cuenta de Twitter señaló que “los que convirtieron el hambre en un arma de control social y en un negocio hoy responden ante la justicia”.

Saab, el empresario colombiano con nacionalidad venezolana, era una pieza clave en el Programa de Importación y Abastecimiento de Alimentos Subvencionados y en el comercio del crudo venezolano evadiendo las sanciones que Estados Unidos impuso a este país. En una investigación realizada por el portal Armando.info se sostiene que Saab, junto a sus socios de nacionalidad mexicana e italiana, movilizó el crudo venezolano por países como Turquía y Singapur a través de empresas fantasmas registradas en México, Emiratos Árabes o Rusia. El gobierno estadounidense lo acusa desde 2019 de encabezar una gigantesca red de lavado de dinero y, todavía sin pruebas, de ser testaferro de Maduro.

Su extradición desde Cabo Verde, donde estaba preso desde junio de 2020, ha obstaculizado un diálogo que buscaba poner fin al sufrimiento de los venezolanos, frenar la migración a los países vecinos y recuperar el estado de Derecho en ese país. Esta se produjo en momentos en que la oposición venezolana se encuentra desarticulada y fragmentada pues no ha logrado construir un frente capaz de alzarse con los cargos en las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre y debilitar al gobierno de Maduro. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, más de 70.000 candidatos disputarán los 3.000 cargos para las elecciones regionales y locales de noviembre.

Los partidos opositores Voluntad Popular, de Leopoldo López y Juan Guaidó, y Primero Justicia, de Julio Borges, están enfrascados en una contienda de recriminaciones y acusaciones mutuas a raíz del caso Monómeros, la petroquímica colombiana propiedad del Estado venezolano, administrada por la oposición luego de la toma de activos internacionales por Guaidó, sobre la cual hay acusaciones de manejos inadecuados.

En ese escenario de riñas en la oposición, ¿convenía legitimar a Maduro internacionalmente? Probablemente no. Sabotear la mesa de diálogo parecería haber sido la opción y nada más contundente para ello que presionar al gobierno de Cabo Verde para extraditar a Saab, cuya liberación era parte de las demandas de Venezuela. Inclusive el gobierno informó que Saab formaría parte de la representación oficial en la cuarta mesa de diálogo.

El gobierno estadounidense debía actuar rápido toda vez que los días estaban contados para el actual Presidente de Cabo Verde, quien reconoce a Guaidó como “presidente encargado” y está alineado con Washington. En el futuro político de la pequeña isla se avizoraban cambios de signo político. El 17 de octubre, al día siguiente de la extradición, el candidato presidencial izquierdista José María Neves, apoyado por el opositor Partido de la Independencia Africana de Cabo Verde (PAICV) –gobernante entre 2001 y 2016– ganó en primera vuelta a su principal oponente, Carlos Veiga, candidato apoyado por el oficialista Movimiento por la Democracia (MPD). Era evidente que Neves no se sometería a las presiones del gobierno estadounidense.

Más allá de la valoración sobre la idoneidad jurídica para la extradición de Saab interpuesta por un tribunal de la Florida, cabe recordar el fallo en contra de dicha extradición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), uno de cuyos 15 miembros es Cabo Verde. El fallo, en marzo de 2021, ordenó su liberación inmediata al considerar que “su detención era ilegal, arbitraria y conllevó la violación de sus derechos humanos”. Ese mismo Tribunal de Justicia volvió a confirmar a fines de junio la ilegalidad de su detención en Cabo Verde.

Asimismo, el 9 de junio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al gobierno de Cabo Verde suspender el proceso de extradición a Estados Unidos “en conformidad con el artículo 94 del Comité” y mientras el caso de Saab “sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso”.

Maduro, pero sobre todo la democracia y los ciudadanos venezolanos, tenían más que ganar en estas negociaciones. Por lo menos ya había logrado legitimidad como Presidente de Venezuela, pues Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá lo reconocían, de facto, aunque no oficialmente, como el Presidente legítimo, mientras que a Guaidó sólo lo consideraban un líder de la oposición.

 

 

Escenarios

A sólo tres semanas de las elecciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) parecería haber salido fortalecido con el discurso del gobierno luego de la captura de Saab. Las autoridades venezolanas han puesto como condición su liberación para reanudar los diálogos políticos en México con la oposición. Guaidó ha criticado a Maduro por abandonar las negociaciones y ha señalado que no se puede condicionar el destino de un pueblo al de una sola persona. Por su parte, Noruega y México continúan dispuestos a entablar las negociaciones y la Unión Europea y las Naciones Unidas no han desistido aún de enviar observadores a las elecciones de noviembre. Sin embargo, el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha señalado que Guaidó y López buscan «dinamitar» la presencia de una delegación observadora europea en las próximas elecciones «a pesar de que sus partidos se presentan en la contienda».

La retención en el Banco de Inglaterra de 31 toneladas de oro valorados en más de 1.000 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Venezuela, la confiscación de la empresa venezolana CITGO en Estados Unidos –que posee cuatro refinerías y 12.000 estaciones de servicios– así como la retención de la empresa venezolana de fertilizantes Monómero y la reforma del Poder Judicial, son algunos de los temas que yacen pendientes en la mesa de diálogo.

Sin su resolución, sin acuerdos consensuados entre la oposición (Estados Unidos) y el gobierno de Maduro, la economía venezolana continuará expulsando a su población. La forma de frenar la migración no consiste en otorgar financiamiento a los países receptores de migrantes sino en propiciar la participación de las fuerzas opositoras a Maduro y avalar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, levantar las sanciones económicas –tal como lo sugieren reportes de Naciones Unidas–, apoyar la iniciativa de Noruega de reanudar el diálogo que tenía lugar en México y denunciar el sabotaje a las mismas.

 

 

 

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