El asalto por parte del gobierno mileísta contra los mejores rasgos de la Argentina, sus avances sociales, científicos, productivos y culturales, no sólo no ha perdido fuerza luego de dos años de gestión, sino que se mantiene y acelera en ciertas cuestiones. Se asemeja al embate a la velocidad de un rayo –blitzkrieg, en alemán–, de un ejército invasor contra todas las capacidades de un país invadido.
La catarata de medidas que lanza constantemente el Ejecutivo no deja ninguna área de la actividad nacional por agredir, aprovechando un estado aparente de desorientación, apatía, resignación o complicidad de diversos sectores de la sociedad ante los retrocesos impulsados por la administración libertaria.
Desde el primer día, el gobierno de las corporaciones tomó medidas que están perjudicando sistemáticamente y en forma acumulativa a la distribución del ingreso, al tejido productivo, al sistema científico-tecnológico nacional, a la salud pública, a la infraestructura vial y al mínimo funcionamiento de áreas necesarias del Estado.
En paralelo, se intentó introducir un relato mágico y absurdo sobre las bondades y los efectos positivos del ajuste regresivo que se estaba ejecutando. Para sostener ese relato, se transformó en un instrumento fundamental la distorsión de las estadísticas oficiales en materia de inflación, empleo, pobreza y equilibrio de las cuentas públicas.
Todo eso se hizo mucho más visible públicamente recién ahora, con el despido de Marco Lavagna, director del INDEC. Pero no son sólo las estadísticas de inflación las que están manipuladas. No es cierta la evolución “oficial” del salario real, de las jubilaciones: si no, no se puede entender la caída, desde la asunción de este gobierno, de un 40% de las ventas minoristas, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
A este plano inclinado económico que abarca al 70% de la población, el gobierno decidió agregarle nuevas medidas económicas de fondo –que constituyen viejos reclamos históricos de franjas importantes del empresariado local–, como la reforma laboral, con claros objetivos de atomizar a los trabajadores y entregarlos indefensos a prácticas patronales del siglo XIX.
También impulsa las demandas sin límites del negocio minero: apuntan a la modificar la Ley de Glaciares para destruir todo lo que limite el negocio extractivista de grandes empresas extranjeras.
En algún lado, el gobierno comprende que toda esta andanada de negocios, sin beneficio alguno para las mayorías, va a generar tensiones sociales. En función de eso, trata de ajustar y poner a punto un aparato autoritario de control de las ideas y de represión social.
Todo esto configura una acumulación de medidas ofensivas contra diversos sectores del país. Ese lanzamiento incesante de medidas anti populares está desbordando ampliamente la capacidad social para enfrentar cada una de las iniciativas oficiales con un mínimo de plafón social en materia de información, consciencia y movilización. Sólo en casos muy contados se pudo alcanzar el grado de acción colectiva suficiente para enfrentar medidas muy regresivas y antipáticas.
Esa es la guerra relámpago que lleva adelante el gobierno mileísta, apreciada en sus comienzos incluso por sectores populares y sectores medios, y festejada con algarabía por sus principales impulsores, los grandes actores económicos.
Luego de gobiernos con las trabas internas y la falta de audacia que exhibió el del Frente de Todos, el decisionismo paga.
La particularidad de esta guerra relámpago, política y económica es que, a medida que se despliega, va destrozando a sus propios votantes y a los sectores medios colonizados por décadas de propaganda neoliberal. Eso no garantiza, por ahora, más que una disonancia cognitiva adentro de ese espacio tan ilusionado como defraudado.
La profundización de la ofensiva, estimulada por los resultados electorales de octubre, está alcanzando ahora a sectores empresarios que veían con satisfacción los “logros” de la actual gestión.
Entre el oportunismo y el extravío ideológico
En las últimas semanas hemos presenciado enfrentamientos entre la lógica gubernamental, absolutamente despreocupada en relación al destino nacional y orientada a favorecer al capital global en detrimento de cualquier interés doméstico, y diversos empresarios –cuyos nombres tienen un alto valor simbólico– que de pronto se sienten afectados por las decisiones oficiales –completamente previsibles– que dañan sus intereses concretos.
Paolo Rocca, el CEO de Techint, se sintió afectado por la derrota, ante una empresa de la India, en una importante licitación pública para proveer de tubos de acero para la construcción de un gasoducto local. Esto dio lugar a una polémica pública con el Presidente Milei, en la cual ambos esgrimieron argumentos que pueden ser económicamente válidos, o pueden ser tapaderas de intereses espurios.
Techint fue muy favorecida a lo largo de décadas por sucesivos gobiernos argentinos, que apostaron a su expansión en el marco conceptual de contar con grandes empresas nacionales en áreas estratégicas, pero que lamentablemente aprovechó esa situación de dominio del mercado para vender insumos siderúrgicos caros a otras ramas de la manufactura argentina, lo que afectó la competitividad externa de industrias que podrían haber generado mayor valor agregado e incrementado las exportaciones de origen industrial.
La empresa se hizo cada vez más poderosa, se transnacionalizó, pero la industria argentina no. Rocca apoyó con entusiasmo al ascenso de Milei a la presidencia de la Nación, esperando nuevos negocios en el sector hidrocarburífero, para encontrarse ahora con que desde el Ejecutivo lo llaman “don Chatarrín” y le arrebatan algunos “derechos adquiridos”.
Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, la empresa más grande del país medida por su cotización de mercado, ha hecho reiteradamente profesión de fe neoliberal extrema, mostrando activa participación en las redes en defensa del comportamiento agresivo y destructivo del actual gobierno. En esa línea de completo descompromiso con el país, ha mudado su domicilio a Uruguay para pagar menos impuestos en la Argentina, mientras continúa obteniendo beneficios fiscales en nuestro país.
El actual gobierno es la encarnación del ideologismo privatista en su forma más extrema, combinado con las formas más puras del rentismo parasitario. Por eso está haciendo un experimento de apertura importadora con tipo de cambio atrasado para promover el carry trade, lo que genera un fuerte estímulo a la compra de bienes y servicios importados.
La avalancha de productos que provienen de China es la comprobación empírica de este experimento pésimo para la economía productiva local. Galperín ha sido afectado por esa avalancha que llega directamente a la puerta de los domicilios de los consumidores locales de firmas como Temu, Shein y Alibaba, que realizan envíos masivos desde el exterior, sin pasar por los servicios de su empresa. No le importa si perece el tejido productivo nacional, sino que la logística aumente las rentas de su empresa.
Por lo tanto ha optado por iniciar una querella contra la empresa china Temu por “competencia desleal” y “publicidad engañosa” hacia a los consumidores argentinos. Hace un tiempo también rogó a otro gobierno para que no dejara entrar a operar en el mercado local al gigante norteamericano Amazon, que seguramente reduciría las enormes ganancias que le brinda su posición dominante en el mercado local.
Teddy Karagozian es un empresario textil, ex CEO de la importante TN PLATEX, que también vio con buenos ojos la llegada de Milei, que consideró auspiciosa (“Si Milei hace lo que promete va a fortalecer a la industria”, dijo en su momento), llegando a participar en el Consejo de Asesores Económicos del gobierno, del cual fue apartado por el Presidente en julio de 2024.
La política oficial de apertura indiscriminada con tipo de cambio atrasado (ya probada bajo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo) está empujando a una situación calamitosa a todo el sector textil, y la empresa de Karagozian parece estar en serias dificultades económicas. Además, la caída de los ingresos de la mayoría reduce aún más el mercado para la producción local.
En noviembre la firma decidió cerrar su línea de confección de prendas deportivas y de ropa interior, que funcionaba en la planta de Monte Caseros, en Corrientes, y despidió a 20 de los 36 operarios que trabajaban en ese sector. Ahora cerró su planta Hilados SA, ubicada en la localidad de Los Gutiérrez, provincia de Tucumán, y suspendió a casi 200 trabajadores.
Todos estos empresarios, y muchos otros sin tanta trascendencia mediática, acompañaron la blitzkrieg contra el país, pensando que saldrían bien parados de un experimento de estas características, que tiene antecedentes históricos clarísimos.
Colaboraron, apoyaron, aconsejaron, financiaron. De hecho, actuaron como parte de las fuerzas que aprovecharon el estado de indefensión de la sociedad para avanzar sin clemencia ni sensibilidad hacia sus compatriotas.
Ahora, que sufren las inclemencias del experimento, reclaman su condición de “generales nacionales”, cuando permitieron y apoyaron el desembarco de las tropas invasoras.
La sociedad argentina debería poder romper con el chantaje al que viene siendo sometida, para optar entre políticas públicas que favorecen a empresas locales a las que no les importa el país, o a empresas extranjeras a las que tampoco les importa el país.
Acuerdos internacionales para el subdesarrollo
Como ya habíamos señalado a mediados de noviembre, cuando se realizó un primer anuncio sobre un marco para las negociaciones argentino-norteamericanas, el acuerdo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos que se anunció esta semana es muy negativo para nuestro país.
Establece una enorme cantidad de obligaciones argentinas, frente a un puñado de compromisos norteamericanos. La asimetría es grosera. Se agrede a buena parte de la producción nacional, ofreciendo muy limitadas oportunidades a pocos actores locales.
Lo ha sintetizado muy bien Carlos Castagneto: “La Argentina concede acceso preferencial a productos industriales, tecnológicos, farmacéuticos y agrícolas de Estados Unidos; elimina barreras no arancelarias, impuestos y formalidades; abre su mercado a ganado, carnes, lácteos y aves estadounidenses; flexibiliza controles y registros; y habilita el comercio digital y la transferencia de datos bajo jurisdicción norteamericana. A cambio, Estados Unidos sólo ofrece rebajas arancelarias limitadas y condicionadas, principalmente sobre recursos que ni siquiera produce la Argentina. Se comprometen sectores estratégicos: industria nacional, producción agropecuaria, datos, minerales críticos y soberanía regulatoria, sin debate público ni control parlamentario”.
Sumado al mal acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ahora trabado transitoriamente en Europa, el efecto es que la Argentina está firmando acuerdos que favorecen su desindustrialización, en los que el país se despoja de capacidades de control y regulación estatal, cede su mercado interno y orienta su comercio exterior hacia las zonas menos dinámicas del planeta.
En síntesis: los acuerdos comerciales en marcha con las grandes potencias sub-desarrollan al país, y consolidan la tendencia hacia una estructura productiva cada vez más primarizada, que implica tener una población cada vez más empobrecida debido a un perfil productivo más atrasado.
Sabemos el rol lamentable que viene cumpliendo el Poder Legislativo durante la actual gestión mileísta, en cuanto a la convalidación de la mayor parte de las presiones del Ejecutivo. Esos “proyectos del Poder Ejecutivo” no son otra cosa que expresiones de los intereses de determinados grupos corporativos, del capital financiero global, o directamente de los Estados Unidos.
Fuera de Fuerza Patria, que ha defendido en el espacio parlamentario una serie de principios nacionales fundamentales, el resto del espectro político parece completamente extraviado, embarcado en proyectos particulares o provinciales, vendido a intereses menores de pueblo chico, o sometido a presiones de poderosos sectores privados que no tienen proyecto nacional alguno.
La pregunta es qué pasará cuando muchos parlamentarios, directamente vinculados con diversos lobbies privados locales, tengan que dar su consentimiento a acuerdos internacionales que perjudican claramente a sus representados (que quede claro: a los hombres de negocios representados). Allí se abre una confusa instancia de negociación política y parlamentaria, que será sensible también a lo que los sectores populares puedan expresar, si se organizan.
Para eso también, el gobierno necesita el ritmo de la blitzkrieg: para que no se entienda bien qué está en juego, y que los actores locales no atinen a poner objeciones o francamente rechazar los intentos de sellar el horizonte del país.
¿Cómo se frena una blitzkrieg?
En la invasión del ejército nazi a la Unión Soviética, la blitzkrieg –la guerra relámpago– fue una estrategia destinada a economizar tiempo en vistas de los grandes territorios a conquistar, no darle tiempo al enemigo soviético a organizar su propia defensa y así poder asestarle golpes decisivos y demoledores.
La táctica alemana casi lo logró, pero subestimó la capacidad de los soviéticos de defender su propio país y organizarse para el contraataque, que resultó finalmente victorioso.
El contraataque tuvo final feliz no sólo porque Rusia es muy vasta, tiene mucha población, o porque hace mucho frío en invierno. La URSS triunfó porque finalmente emergieron –en ese combate decisivo por la supervivencia– sus mejores hombres y mujeres, los protagonistas eficaces de la resistencia al enemigo exterminador, y de la imparable ofensiva hasta Berlín.
Las fuerzas, el entusiasmo y el patriotismo de la población debieron poder desplegarse para hacer frente a un esfuerzo supremo, ante un desafío de vida o muerte. Hizo falta una estrategia consistente para doblegar militarmente la embestida nazi, largamente preparada.
Por alguna razón que es imprescindible comprender, la disposición al sacrificio de una parte del pueblo argentino fue captada por un experimento insólito, el mileísmo, que logró hacer creer que transfiriendo la riqueza social al capital concentrado se logrará el bienestar para todos. “La vía empobrecedora hacia la prosperidad”, parece una visión sicológicamente retorcida, pero que resultó eficaz en el marco de la blitzkrieg. Si alguna certeza tenemos, es que eso no ocurre así, y que los efectos lamentables del despojo de los sectores populares y medios se irán viendo mes a mes.
La Argentina tiene reservas. Tiene recursos materiales, tiene capacidades para crear y producir, y sobre todo tiene mucha gente valiosa que hasta ahora no ha podido llegar hasta los lugares de decisión para emprender otro rumbo.
La guerra relámpago del capital global y local contra el pueblo argentino tiene sus propias debilidades y vulnerabilidades. De hecho, cualquier detención puede dar el tiempo necesario para que muchos entiendan y reaccionen. Pero para enfrentarla con una perspectiva de triunfo, se requiere una estrategia de fondo, y una organización en torno a ella.
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