Bolivia y la Argentina ante el lawfare

Cuatro casos de intervencionismo mediático-judicial

 

El intervencionismo mediático y el judicial integran el cuadrilátero injerencista norteamericano en el que también se acomodan las presiones e influencias del Departamento de Estado, por la vía de las embajadas, y del Comando Sur que se encarga de los militares vernáculos. Ultimamente, las dos primeras modalidades –que por lo común trabajan en tándem— han estado muy activas en América Latina. No es ocioso mencionar que el intervencionismo mediático-judicial, así llamado por comodidad, trabaja en conexión con actores locales. Veamos algunos de los casos más recientes.

Las elecciones de primera vuelta en Guatemala del pasado 16 de junio resultaron favorables para Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza; 25,67% de los votos) y Alejandro Giammattei (Vamos; 13,93% de los votos), que disputarán la segunda vuelta. Torres, ex esposa del ex presidente Alvaro Colom, tiene un perfil vagamente socialdemócrata que convive con un procesamiento, en 2015, por irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de entonces. En tanto que el segundo candidato es un hombre de derechas. Pero lo destacable de esos comicios fue la exclusión de Telma Aldana, una ex fiscal general honrada, valiente y tenaz que con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –organismo dependiente de Naciones Unidas— había avanzado considerablemente en la lucha contra la corrupción (que en ese país es endémica).

Barack Obama, en la fase preelectoral, había impulsado un juego abierto y limpio, escaldado por la gestión del aún presidente Jimmy Morales, que tiene un hijo y un hermano procesados por narcotráfico en Estados Unidos. Despuntó entonces la progresista candidatura presidencial de Aldana —había finalizado ya su período como fiscal— que ganó rápidamente terreno. Sin embargo, con el reemplazo de Obama por Donald Trump, todo cambió. Al Comisionado a cargo de la CICIG, Iván Velásquez, se le prohibió la entrada al país y la candidatura de la ex fiscal fue impugnada en los tribunales. Todo acompañado por el redoble de tambor de los medios reaccionarios. La máquina mediático-judicial hizo su trabajo: ni la administración Trump ni la oligarquía económica guatemalteca quisieron correr el riesgo de una consulta abierta y libre. Se coló entonces la posibilidad de la reafirmación de un republicanismo cleptocrático —instalado a medias durante la administración Morales— que está hoy a la vuelta de la esquina, en cualquiera de las fórmulas que van al ballotage.

En Bolivia habrá elecciones generales el 20 de octubre próximo. Ha arrancado ya una campaña mediático-judicial cuyo objetivo es impedir las candidaturas de Evo Morales y Alvaro García Linera, actuales presidente y vice, que buscan repetir mandato. La marcha del modelo económico autonómico establecido por Evo desde que comenzó su ciclo presidencial ha dado excelentes resultados en el decenio 2009-2018. Ocupó el primer lugar en Sudamérica en materia de crecimiento del PBI medido a precios constantes, con un promedio de 4,768%. Lo cual se ha manifestado también en el PBI per cápita, que suele ser usado como indicador de una mejora en las condiciones de vida de la gente. Estos resultados disgustan a la gran potencia del norte que, además, no tiene las posibilidades de otrora de disponer a precio vil de los recursos naturales bolivianos. Y acicatean las expectativas –y la codicia— de los partidos de oposición que anhelan arribar al poder.

La campaña reaccionaria en curso se centra en el cuestionamiento de la legitimidad de las candidaturas de Evo y de García Linera. Se aferra a los amañados resultados de un referéndum convocado para decidir si se aprobaba o no una nueva reelección de presidente y vice realizado en 2016, que resultó lastrado por una fake news lanzada dos semanas antes del comicio, que denunciaba que aquel tenía un hijo que ocultaba, llamado Fidel Ernesto Morales. Todo fue una patraña según se pudo confirmar después de la elección, que bajo las condiciones impuestas por esa denuncia falsa favoreció a la oposición. Tiempo después, el Tribunal Constitucional boliviano declaró inconstitucional la frase “por una sola vez de manera continua” de la Ley de Régimen Electoral y abrió el camino para una nueva postulación de Evo y García Linera.

La oposición y los medios machacan hoy contra el Tribunal Supremo Electoral, que validó la decisión del Constitucional, en procura de conseguir la renuncia de todos sus integrantes. Y también exhortan a una intervención de la policía y de las Fuerzas Armadas. Nada han conseguido hasta ahora. Simultáneamente, la prensa dispara munición gruesa: acusa a diversos funcionarios gubernamentales de ser narcotraficantes. Mientras tanto, la Embajada –presuntamente ajena a todo esto— sonríe complacida.

La campaña emprendida en Brasil para obtener la destitución de Dilma Rousseff e impedir la candidatura de Lula da Silva a las elecciones de octubre del año pasado, que consagraron a Jair Bolsonaro, estuvo impulsada por un consorcio integrado por importantes segmentos del Poder Judicial, medios, partidos de la oposición, militares y agencias estadounidenses. Como bien se sabe, Bolsonaro hoy trastabilla; ha perdido el apoyo de los medios que lo ayudaron a crecer; preocupa a los militares no obstante haber constituido un gabinete en el que prevalecen los uniformados y tener a un general como vice; varios de los partidos que apoyaron aquella campaña se hallan hoy más que sorprendidos; y su imagen ha caído considerablemente ante la opinión pública. Puede incluso llegar a ser un Presidente efímero.

Todo eso es suficientemente conocido. Pero hay una novedad muy importante: las revelaciones efectuadas muy recientemente por el periodista norteamericano Glenn Greenwald –premio Pulitzer 2014— a través de la revista web The Intercept, que han puesto en evidencia las promiscuas relaciones sostenidas por el entonces juez instructor en el procesamiento de Lula, Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro, y los fiscales intervinientes en ese caso. Según ese informe, Moro promovía estrategias de abordaje, instruía a esos fiscales, aconsejaba actuaciones como así también maneras de proceder. En suma: un perfecto complot judicial absolutamente no ajustado a derecho y por tanto ilegal, que en su momento tuvo una formidable apoyatura mediática. No poco de esto se sospechaba; lo distinto es que ahora ha quedado en evidencia.

Finalmente, está el caso argentino. El accionar mediático comenzó en ese tiempo en el que Néstor Kirchner le espetó al diario originalmente de Roberto Noble, en marzo de 2009: “¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?” y se continuó con el repetido “Clarín miente”. El embate judicial vino después. Probablemente empezó con el procesamiento de Lázaro Báez, en abril de 2013, que contó de inicio con alguna repercusión mediática. Más tarde, ese intervencionismo se multiplicó y tomó una forma mediático-judicial plena en múltiples causas, una buena parte de ellas dirigidas, ex profeso, contra Cristina Fernández de Kirchner. Todo fue armado con bombos y platillos, con comandancia en los tribunales de Comodoro Py, con una abusiva arbitrariedad y un enorme desapego respecto de las exigencias del debido proceso que han puesto en duda, hoy, la existencia de un Estado de derecho en nuestro empobrecido país.

Los cuatro casos examinados revelan que el objetivo de máxima del intervencionismo mediático-judicial, aunado a los otros factores intervinientes mencionados en el primer párrafo de esta nota, es impedir el acceso a la presidencia de líderes o lideresas populares en la región. En dos de ellos han conseguido el objetivo. Los otros dos están en curso.

Sería extremadamente ingenuo –o cínico— negar lo que está ocurriendo. Y muy poco conveniente no tenerlo suficientemente en cuenta, dada la circunstancia de que tanto Bolivia como Argentina tienen próximamente elecciones generales.

Desde luego, nada está definitivamente escrito. Y nada tampoco impide que el porvenir pueda ser diferente.

 

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