Con bombos, discursos de doctrina y la bandera del “nuevo paradigma en seguridad”, el gobierno nacional presentó esta semana la flamante Agencia Nacional de Migraciones (ANM), que estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Junto a ella, se creará una Policía Migratoria que absorberá agentes de distintas fuerzas federales para patrullar fronteras y combatir delitos transnacionales. La medida —que modifica sustancialmente la arquitectura institucional migratoria en la Argentina— fue presentada como una modernización inspirada en modelos internacionales, en especial el de la US Border Patrol, la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Sin embargo, detrás del barniz tecnocrático, la decisión deja entrever un conjunto de problemas estructurales: duplicación de funciones, improvisación administrativa, reasignación de recursos sin diagnóstico, posibles violaciones a derechos humanos, y una importación acrítica de modelos que responden a contextos ajenos. En este artículo intentaremos analizar por qué esta reforma representa más una mutación riesgosa que una evolución planificada.
Contexto de la seguridad interior
El sistema de seguridad interior argentino se articula a través de un entramado normativo que parte de la Constitución Nacional, delegando competencias interjurisdiccionales entre la Nación y las provincias. La ley 24.059 establece las bases del sistema de seguridad interior, definiendo objetivos, órganos y fuerzas que lo integran. En ese mismo sentido, también define el modo en que las Fuerzas Armadas articulan con las Fuerzas de Seguridad y en qué casos –y de qué modo– participan de los asuntos interiores.
Por otro lado, las provincias, conforme al artículo 121 de la Constitución Nacional, conservan la competencia de sus policías y seguridad pública, aunque articulan con el sistema federal a través de convenios y coordinación con la Nación (Convenio Policial Argentino). Asimismo, vale recordar que el decreto 383/2025 aprobó este año el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina, redefiniendo funciones y facultades en el ámbito federal.
Las policías provinciales, por su parte, están organizadas por leyes propias de cada jurisdicción que establecen estructura, dependencia, principios de actuación y coordinación interjurisdiccional. El sistema enfrenta, incluso antes de esta nueva transformación, desafíos de coordinación federal: delimitar competencias, asegurar control democrático y garantizar que las fuerzas actúen conforme a derechos y garantías constitucionales. Esta incorporación vuelve aún más farragoso al sistema de seguridad interior.
De dirección administrativa a agencia policial
Durante décadas, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) fue un organismo civil, dependiente del Ministerio del Interior. Sus funciones estaban enfocadas en el registro, control documental y procesos de regularización migratoria. Como autoridad administrativa, trabajaba con criterios legales y técnicos, alejados de la lógica represiva y punitiva.
Pero eso cambia con la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, que operará con poder de policía y bajo el comando del Ministerio de Seguridad, liderado hasta hace días por Patricia Bullrich. La nueva agencia tendrá como objetivo central la articulación de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria) para actuar sobre flujos migratorios sospechados de vinculación con el crimen organizado.
“El país atraviesa una situación crítica en materia de violencia y desplazamientos criminales. Es momento de tratar las migraciones como una cuestión de seguridad nacional”, declaró Bullrich durante el acto de lanzamiento, que también sirvió de despedida antes de asumir su banca en el Senado.
Detrás de la puesta en escena —y del entusiasmo con la doctrina estadounidense— subyace una transformación profunda: se abandona el enfoque civil de las migraciones para adoptar una mirada securitaria y punitivista, sin mediar discusión parlamentaria, estudios de impacto ni planificación presupuestaria visible.
Una policía más, con personal prestado
El proyecto oficial contempla la formación de una Policía Migratoria, una fuerza específica compuesta por efectivos provenientes de otras fuerzas de seguridad federales. Es decir, no se crearán nuevos cargos, sino que se trasladarán agentes ya operativos en otras dependencias.
Este “reciclaje funcional” genera interrogantes clave:
- ¿Qué tareas dejarán de hacer los agentes reasignados?
- ¿Qué especialización tienen en materia migratoria o derechos humanos?
- ¿Quién los capacitará? ¿Con qué criterios y con qué financiamiento?
- ¿Cuánto tiempo puede durar la transición hasta alcanzar operatividad plena?
Lejos de responder estas preguntas, el gobierno se ha limitado a ensalzar la “profesionalización del control fronterizo”, como si la sola creación de una nueva fuerza bastara para resolver problemas estructurales. Pero reubicar agentes sin una planificación clara puede erosionar otras áreas sensibles (como narcotráfico, ciberdelito o investigaciones federales) y generar superposición de funciones, confusión operativa y descoordinación institucional.
El modelo estadounidense como fetiche
La Agencia Nacional de Migraciones fue diseñada bajo el molde de agencias norteamericanas como la US Border Patrol o el Homeland Security Department, pilares del dispositivo securitario de Estados Unidos. Esta decisión responde más a un alineamiento ideológico que a un análisis riguroso de necesidades locales.
La Argentina no enfrenta los mismos flujos migratorios, conflictos fronterizos ni niveles de violencia narco que su contraparte del norte. Tampoco tiene la capacidad presupuestaria, la densidad institucional ni la infraestructura tecnológica que sustentan los modelos de control migratorio estadounidense. Aplicar ese esquema aquí, sin adaptación, es un gesto más simbólico que estratégico.
Además, ese modelo está lejos de ser ejemplar: numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado a la Border Patrol por detenciones arbitrarias, violencia institucional, separación de familias, detención de menores y deportaciones masivas sin debido proceso. Importar ese tipo de aparato sin controles democráticos sólidos en Argentina puede agravar, no solucionar, los desafíos en materia migratoria.
La sobreabundancia institucional como defecto crónico
La Agencia Nacional de Migraciones nace en un ecosistema ya saturado de organismos de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura, Fuerzas Armadas en apoyo logístico, y recientemente el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). A esto se suma el rediseño de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ahora SIDE, el intento de crear un “FBI argentino” y ahora, una nueva policía especializada en migraciones. A todo esto, habría que sumar al Servicio Penitenciario Federal, que salió de la órbita de Justicia para terminar recalando en elefantiásico Ministerio de Seguridad.
¿Estamos ante una optimización o una hipertrofia institucional? Lejos de generar sinergias, la multiplicación de agencias tiende a duplicar funciones, competir por recursos, fragmentar responsabilidades y fomentar opacidad operativa. La especialización sin coordinación efectiva puede ser más un obstáculo que una solución.
Además, cada nuevo organismo implica inversión en recursos humanos, logística, tecnología, infraestructura, capacitación, coordinación jurídica, protocolos operativos y controles. Nada de eso ha sido anunciado aún.
Cambios de rol que pueden costar caro
Asignar tareas de control migratorio a fuerzas policiales puede derivar en múltiples errores:
- Excesos en operativos en zonas vulnerables, donde migrantes son tratados como sospechosos y no como sujetos de derecho.
- Retenciones arbitrarias o abusivas, producto de desconocimiento de la normativa migratoria.
- Demoras en trámites por falta de especialización administrativa.
- Conflictos entre organismos civiles y policiales, que respondan a lógicas operativas distintas.
Es importante recordar que las migraciones no son, en esencia, un delito: son un derecho y una dinámica social compleja. Reemplazar especialistas en derecho migratorio por agentes entrenados para la represión rompe el equilibrio entre control y garantía de derechos.
El riesgo de errores, abusos e incluso violaciones a tratados internacionales no es menor. Ya existen precedentes de criminalización del migrante pobre o irregular, particularmente en contextos de crisis económica, extremismos políticos y discursos xenófobos, algo que puede agudizarse con esta nueva estructura.
Sin presupuesto, sin plan, con urgencias políticas
A la fecha de publicación de este artículo, no existe un presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2026 que contemple la implementación total de la Policía Migratoria. Tampoco se han difundido públicamente los siguientes aspectos:
- Monto asignado a la creación y funcionamiento de la ANM.
- Número de efectivos previstos.
- Plazo de implementación.
- Plan de capacitación específico.
- Evaluaciones de impacto en otras fuerzas.
Todo indica que se trata de una decisión política tomada con urgencia, posiblemente para dejar un “legado institucional” antes del recambio ministerial y reforzar la imagen de “mano dura” ante la sociedad. De hecho, el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad fue negociado directamente entre Bullrich y Karina Milei, sin intervención del Congreso ni consulta con organismos de migrantes, académicos o especialistas.
El trasfondo político: control social, no solo fronterizo
No puede pasarse por alto que la nueva Policía Migratoria surge en un contexto de creciente control social: criminalización de la protesta, mayor despliegue de fuerzas federales, espionaje sin control judicial, nombramientos militares en cargos políticos de Defensa, y discursos que igualan seguridad con represión.
En ese marco, la Policía Migratoria podría terminar siendo una herramienta para vigilar, identificar, detener o expulsar a personas no por lo que hacen, sino por lo que son: migrantes pobres, sin documentos, de países vecinos, en situación de vulnerabilidad. Esa lógica —cercana a la de regímenes autoritarios— es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones (25.871), que consagran el principio de igualdad, no discriminación y acceso universal a la regularización.
Conclusiones: más dudas que certezas
El sistema de seguridad interior argentino está regulado por un marco constitucional que sostiene la división de competencias entre Nación y provincias, y por la ley 24.059 que organiza el sistema federal de seguridad interior. La reciente normativa para la Policía Federal (decreto 383/2025) y la puesta en marcha de la Agencia Nacional Migratoria marcan una tendencia de redefinición de competencias federales. En tanto, las policías provinciales tienen una posición central en materia de seguridad pública local, debiendo operar bajo principios legales, profesionales y coordinados. Sin embargo, persisten desafíos importantes: coordinación efectiva interjurisdiccional, claridad en competencias, profesionalización y control democrático de las fuerzas, y adecuado respeto de los derechos y garantías constitucionales.
En ese sentido, la creación de la Agencia Nacional de Migraciones y su brazo policial no parecen surgir como una solución al mejoramiento del sistema, tampoco como respuesta a un estudio técnico, ni a un diagnóstico consensuado, ni siquiera a una urgencia concreta. Parece más bien una jugada simbólica, alineada con una doctrina de seguridad de corte punitivista, que busca emular modelos foráneos y consolidar el aparato de control del Estado.
Pero lo que se gana en presencia y relato se puede perder en efectividad, derechos y democracia. Sin planificación, sin recursos y sin control, esta nueva fuerza puede convertirse en una estructura costosa, ineficaz y peligrosa, que más que resolver problemas, los agrave. Sin dudas, la narrativa de siempre, al servicio de siempre.
Para finalizar, en una democracia consolidada, el control migratorio no puede convertirse en un brazo armado del miedo, ni en un atajo para la represión selectiva. Modernizar el Estado no significa copiar modelos autoritarios, sino adaptarlos con inteligencia, sensibilidad y legalidad.
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