Cacerolas vacías de ideas

 

Todo parecía indicar que la famosa grieta política argentina se había tomado un descanso para apoyar –prácticamente con unanimidad– las medidas de prevención y cuarentena implementadas desde el gobierno nacional. La ilusión duró poco. Nuevamente la división se dio (mejor dicho, simplemente volvió a ponerse en primer plano) a partir de los cacerolazos de las 21:30, iniciados el domingo pasado, pidiendo por una rebaja en los sueldos de los políticos. La iniciativa que fue propagada por redes sociales y cadenas de mensajes, nació aparentemente de funcionarios dentro de la oposición (Juntos por el Cambio) que se encuentran actualmente desligados de las responsabilidades gubernamentales cotidianas que implican estar a cargo de un distrito. Un reclamo similar había nacido en diciembre pasado, pidiendo que los políticos y funcionarios se sumen a las medidas de “solidaridad”. Es un tema que parece repetirse en la agenda pública de la discusión política. Del otro lado de la grieta, se contesta redirigiendo las culpas hacia los empresarios y a la oposición.

En la Argentina, el salario mínimo vital y móvil desde octubre de 2019 es de $16.875. El salario mínimo docente es de $23.000. Un o una maestrx jornada simple cobra en CABA $32.800. Un o una diputadx nacional, en bruto, cobra $218.935 mensuales (en neto, descontando ganancias, 169.000 pesos). En el caso de lxs senadores, $240.000 (neto y con ganancias, $163.316). ¿Cómo puede ser que lxs maestrxs ganen un poco más de 30.000 pesos, pero que un senador cobre ocho veces más? El razonamiento, de esta manera, se presenta infalible para un gran sector de la población. ¿Quién puede defender semejante situación de desigualdad? Aplicando este sentido común, se descubre una profunda injusticia de la sociedad argentina. ¿La culpa? La casta política. Sin embargo, profundizar sobre esta discusión es una necesidad para entender al inconsciente colectivo nacional.

 

 

 

Últimos puestos en la Copa América

El flamante gobierno neoliberal de Lacalle Pou en Uruguay aparece como el ejemplo a seguir: el nuevo "Fondo Coronavirus" fue financiado mediante recortes salariales a funcionarios públicos y políticos. Ante el pedido ¿popular?, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, estaría tomando cartas en el asunto: decretaría una rebaja del 40% en los sueldos de lxs diputadxs, además de suspender asesores y rematar autos con los que cuenta la Cámara Baja. El resultado sería crear un fondo de 200 millones de pesos (3 millones de dólares, aproximadamente) para destinar a la Cruz Roja. Una iniciativa similar tuvieron los senadores del Frente de Todxs, decidiendo donar su sueldo por la crisis.

Cuando los sueldos de los políticos argentinos se comparan con sus semejantes de la región, el resultado puede sorprender. Un informe del diario colombiano La República, de diciembre del 2019, muestra que el sueldo de los parlamentarios argentinos es de los más bajos, solamente empeorado por los salarios de Bolivia y El Salvador. Mientras que en Chile –el caso ejemplar que genera envidias en cierta derecha argentina– un diputado cobra U$S 11.053 por mes, en Argentina gana U$ 3.132. Desde ya que si las comparaciones se pasan al ámbito privado, la brecha se ampliaría.

 

 

 

 

Si se profundiza el razonamiento común que lleva a poner el grito en cielo pidiendo un recorte a los políticos, el resultado sería exigir que estos trabajen gratuitamente. Pura vocación. No falta quienes lo reclaman. Es interesante: no es un problema que nació hace pocos años, sino que tiene siglos de historia.

 

 

 

La culpa la tiene Pericles

En la Grecia clásica, las compensaciones monetarias por las tareas políticas solía ser un reclamo de los sectores ciudadanos de menores recursos. El pago de salarios –denominado misthos– introducido por Pericles en Atenas en el siglo V a.C. para quienes ocuparan diversos cargos públicos y/o asistieran a la asamblea, posibilitó la forma más radical de democracia en dicha polis. Por el contrario, en la República romana, a pesar de que los reclamos lograron que los plebeyos pudieran legalmente ser elegidos para los cargos políticos más importantes (como cónsul o senador), en la práctica estas medidas tuvieron poco peso. Como no eran cargos pagos, solamente las clases privilegiadas (patricios y plebeyos enriquecidos) podían dedicarse a estas tareas. La falta de compensación monetaria de la política se traducía, por lo tanto, en un sistema oligárquico donde las clases terratenientes monopolizaban las decisiones públicas.

Resulta notorio que, en la actualidad, este reclamo no se restringe a sectores reaccionarios, ya que ciertos partidos de izquierda suelen proponer medidas similares (por ejemplo, que un o una diputadx gane igual que un o una maestrx). En paralelo, se denuncia que los salarios docentes no alcanzan para vivir. Caen así en el mismo problema de la República romana –si me permiten el anacronismo–: la política quedaría en manos solamente de los más ricos. ¿No sería entonces cuestión de pedir, mejor, que un o una docente gane igual que un o una diputadx? En este caso, el orden de los factores altera el producto.

 

 

 

 

 

Otro argumento subyacente sobre la crítica a los gastos públicos: las personas hacen política para enriquecerse. Por lo tanto, la mejor opción sería votar como Presidente a uno de las personas más multimillonarias del país. ¿Por qué robaría si ya cuenta con todo el dinero que desea? Todxs lxs argentinxs vivimos ese ejemplo y sabemos cómo terminó…

 

 

Es la economía (política), estúpido

Volvamos a la Argentina de 2020. Tomemos como válida la oferta de Sergio Massa: el ajuste a diputadxs conseguiría 200 millones de pesos (3 millones de dólares). ¿Alcanza este dinero para paliar la crisis? Para tomar dimensión, comparemos con el presupuesto público del año en cuestión: $ 6.247.756.404.531. Más de 6 billones de pesos. La cifra ofrecida por Diputados equivale, por lo tanto, 0,0003% del presupuesto público.

Pasemos a otra comparación, en este caso, con su equivalente en dólares. Solamente entre las PASO y las elecciones de octubre de 2019, las reservas del Banco Central cayeron 23.000 millones de dólares y 13.000 millones de dólares los depósitos. En dicho año, era común que el BCRA vendiera más de 100 millones de dólares diarios para mantener estable el precio del dólar. Números que sirven para tomar dimensión de por qué 3 millones de dólares, en una escala macroeconómica, no resuelve ningún problema estructural. Todo fondo es bienvenido, pero no se puede creer que la solución pase por ahí. ¿Será posible tanta ignorancia? Posiblemente la explicación radique, nuevamente, en la historia. En este caso, en la historia de la ciencia económica.

Las ideas de la economía política clásica como la ley del valor-trabajo habían llevado a las peligrosas conclusiones de Karl Marx sobre la naturaleza intrínsecamente explotadora del modo de producción capitalista. Por eso, e intentando superar los trabajos de David Ricardo, distintos autores como Jevons, Menger, Walras y Marshall llevaron adelante, entre 1870 y 1890, lo que se conoció como “revolución marginalista”. El resultado fue la fundación de la escuela neoclásica de economía, la ortodoxia, el mainstream. Dentro de esta nueva concepción, se cambió hasta el nombre de la ciencia en cuestión. Si la ciencia económica hasta finales del siglo XIX se denominaba “economía política”, con los marginalistas paso a llamarse “economía” a secas. Nada de política, por favor. Junto a esto, los análisis económicos empezaron a utilizar complejos modelos matemáticos y estadísticos, solamente comprensibles para especialistas. Se buscó erigir la economía como una ciencia dura, desligada de contenidos sociales e históricos. Con el correr de las décadas, podemos atribuirle cierto éxito a esta revolución marginalista: logró que la economía sea considera por la mayoría de la población como una ciencia que pocos “gurúes” manejan, esos economistas que salen en la televisión y pueden predecir el futuro del país. Solamente ese desconocimiento profundo de la economía política (sí, política: nunca dejó de serla) alentado por los neoclásicos explica cómo hoy una parte importante de la población pueda creer que 200 millones de pesos vayan a solucionar una crisis. Desconocimiento que ha parido frases peores, como la certeza de que se robaron “un PBI”. A perderle el miedo a la economía política, entonces, que es una ciencia común y corriente.

 

 

Diferencias entre la moral, la política y la mezquindad

Lo expuesto anteriormente no niega la posibilidad de que los políticos aporten de sus ingresos para conformar un fondo que permita ayudar en el abordaje de la presente crisis. De lo que se trata es de entender que se trataría de un “gesto político” (valga la redundancia), de una posición moral. Pero no solucionaría ningún problema real, de esos que hoy en día abundan en la Argentina y el mundo. Por el contrario, solamente sirve para desprestigiar y atacar a la política, que es la única que hoy en día tiene la capacidad de arreglar este lío. Por eso resulta irritante que, ante la situación crítica que estamos viviendo actualmente, un reducido grupo político tenga la mezquindad de operar estos temas que solamente aportan discusiones y debates. Si están preocupados por aumentar el presupuesto del Estado, se me ocurren algunos sectores que pueden aportar sus ingresos extraordinarios: la renta diferencial de la tierra que obtienen de lxs terratenientes, las ganancias que las multinacionales giran al exterior y la renta financiera.

 

 

 

 

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