La gran trama económica y judicial de Vicentin dejó de lado una noticia preocupante que se conoció a fines de septiembre: casi 300 trabajadores de Algodonera Avellaneda, compañía textil del Grupo Vicentin, permanecen en alerta luego de que los directivos frenaran la producción. De forma abrupta y explicando que lo hacían por la falta de materia prima y, a la vez, por la pronunciada caída de la demanda en el mercado interno —“no hay ventas”, deslizó un directivo—, la firma cerró la planta de hilandería ubicada en el Parque Industrial de la Ciudad de Reconquista, Santa Fe, y en las últimas horas los trabajadores buscaban la acción de la Justicia local para que la textil mantenga la producción y se garantice el empleo en medio del proceso concursal.
Para las decenas de trabajadores que dependen del Grupo Vicentin, la incertidumbre vuelve a ser una constante. No sólo desconocen si la planta volverá a activarse, sino que, además, no tienen ninguna respuesta sobre si cobrarán sus sueldos, por lo que las fuentes laborales corren riesgo de continuidad. La Asociación Obrera Textil (AOT) lo considera un “lockout patronal ilegal”. A eso se le suma, por otra parte, el contexto de la fuerte caída de la producción industrial nacional. Según el SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines), la crisis actual del sector ya dejó sin empleo al 60% de los trabajadores textiles del país. “Está todo mal. El sector textil está trabajando al 30% o 40% de su capacidad productiva. Por las importaciones y la falta de protección estatal, no hay venta y hay mucho stock”, apuntó el secretario general del Sindicato de Textiles, delegación Reconquista, Juan Carlos Bandeo. Y con respecto a la realidad de Algodonera Avellaneda, agregó: “Los dueños no se hacen responsables de esta angustiosa situación de parate, y las familias estamos desesperadas”.
En paulatino deterioro, Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los 1.500 millones de dólares. La crisis se profundizó desde aquella cesación de pagos y el gigante oleaginoso se ha convertido, con el correr de los años, en una cáscara vacía por la suma de irregularidades y desmanejos que se investigan en la Justicia penal. Lo de Algodonera Avellaneda no es excepcional, sino algo sistemático: en los últimos tiempos, hubo despidos, cortes de luz, ajustes salariales, suspensiones y paralización de varias plantas del Grupo. Además, los problemas técnicos y de mantenimiento de las maquinarias resultan evidentes: el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Daniel Succi, ha dicho que las instalaciones “no alcanzan a moler la cantidad suficiente, ya que se rompen a cada rato”. Tal como este medio ha publicado en innumerables ocasiones, no casualmente poco desarrollado por los grandes portales del país, la sucesión de nuevas intervenciones, allanamientos, detenciones, deudas y pagos tardíos a los trabajadores en torno a Vicentin parece, a esta altura, subtramas y montajes paralelos de un novelón dramático, bien argentino, siempre al borde de la tragedia.
La Justicia liberó, tras el pago de fianzas millonarias, a cuatro integrantes del directorio de Vicentin que habían estado presos en una causa por presuntas estafas —siguen procesados y les prohibieron salir del país—. Además, más de una decena están imputados por ese delito y el de administración fraudulenta; los acreedores de la colosal deuda de Vicentin denunciaron condiciones “abusivas y discriminatorias” —con la multinacional Cargill y otro titán como Bunge metiendo la cola para quedarse con el Grupo—.
En otro capítulo, el juez federal Julián Ercolini decidió despertarse de un largo letargo y mover la causa por estafa al Banco Nación por 300 millones de dólares, con graves acusaciones a los imputados. Hay 26 citados a declarar, entre ellos ex directivos de Vicentin como también Javier González Fraga y Lucas Llach, presidente y vice respectivamente del Banco Nación en 2019. La decisión de Ercolini causó asombro y un amplio abanico de sospechas y especulaciones, y la expectativa de los querellantes está en cuán lejos se permitirá llegar el juez ante gerentes de alto rango que se refugian en sus suntuosos bufetes de abogados, fuertemente comprometidos por una denuncia de fraude contra la administración pública mediante el presunto otorgamiento irregular de créditos. Esta incluye transferencias hacia paraísos fiscales, con los acusados desviando fondos de la compañía para fines personales.
De esa forma, la causa judicial por el default de Vicentin, el mayor de la historia privada argentina, sumó un episodio gravitatorio. A la vez que avanza la investigación penal, en el fuero civil y comercial de Reconquista se define el tumultuoso destino societario de Vicentin. Allí, el juez Fabián Lorenzini estudia el proceso de cramdown, que “habilita a terceros interesados a presentar propuestas de salvataje, tras el fracaso del acuerdo preventivo de la compañía con sus acreedores”, según reza el expediente. Además, la valuación oficial presentada en el expediente concursal develó que Vicentin tiene un patrimonio neto negativo cercano a los 1.000 millones de dólares; es decir, sus acciones carecen de valor de mercado. Actualmente, las plantas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, en Santa Fe, funcionan bajo el esquema de fasón, lo que significa que procesan granos para terceros. El gremio aceitero advirtió, en principio, que la capacidad de molienda sólo está garantizada “para girasol hasta noviembre, y para soja hasta febrero de 2026”. Una fuente judicial lo resumió del siguiente modo: “El frente productivo de Vicentin será uno de los grandes desafíos para quien resulte ganador del proceso. Pensar principalmente en la reactivación de la capacidad industrial y sostener el empleo en una compañía que, antes de su default, era emblema del agro argentino salvataje. Nos guste o no, y pese a que hoy tiene un valor contable extremadamente negativo, su peso estratégico en el complejo oleaginoso argentino sigue siendo enorme”.
La caída de Vicentin fue en picada: se le sumaron permanentes conflictos laborales, multas por desobediencia judicial y un directorio investigado por estafas millonarias. El grupo empresarial llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo. Luego pasó de bienes embargados e inhibidos a sus dueños sin poder salir del país. De acuerdo a la vigente pesquisa, el vaciamiento resultó obsceno, tanto como sus deudas pesificadas. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores judiciales no despejan primero el enigma: ¿dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda? Algo que todavía sigue sin revelarse.
Ahora son días decisivos, tanto en lo empresarial como en lo judicial y lo gremial, con asambleas frecuentes en los portones de las empresas. La cerealera, concursada desde marzo de 2020, responsabiliza a la Justicia local y apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle a su favor. Señala la escasez de materia prima y la dificultad para cerrar nuevos contratos de molienda como factores de la parálisis de la producción. Los trabajadores, por el contrario, hablan de un manejo ineficiente de los recursos, reiteradas estafas y una mala administración, que derivó en un desastre financiero que se arrastra de años. Para muchos, en un concurso de acreedores aún inconcluso, antes de fin de año se define el salvataje o la quiebra del gigante con pies de barro.
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