Calle, organización y política

 

La movilización social que se produjo en el día de ayer supone es la previsible respuesta a una oposición que ha cuestionado todas las medidas sanitarias, se ha encargado de propagar variadas consignas destituyentes y ha escenificado el odio como forma de posicionamientos políticos en formato urbano. Una gran parte de los sectores populares expresó con la caravana y la manifestación virtual un profundo cansancio moral respecto de una minoría intensa empoderada irracionalmente por un Partido Mediático (PM), responsable de organizar las campañas de hostigamiento y desánimo contra el proyecto del Frente de Todxs inaugurado hace menos de 10 meses.

En ese contexto, el espacio público apareció colonizado durante el último semestre por diferentes grupos fragmentados y muchas veces inconexos (terraplanistas, negacionistas, antivacunas, neonazis ultraliberales y macristas) que intentaron postularse como  protagonistas del ágora pública. El sábado, sin embargo, se puso en evidencia que la calle no había quedado huérfana por la indiferencia política de las grandes mayorías populares –respeto al acontecer político– sino que su abandono momentáneo se circunscribió al objetivo comunitario de preservar las medidas sanitarias.

La territorialidad ha sido, históricamente, el lugar privilegiado de las luchas por los derechos sociales y económicos. Un listado pormenorizado de las conquistas de los sectores subalternos muestra con claridad que sus demandas han sido expresadas,  indefectiblemente, por el espacio público. Los sucesos de ayer vuelven a poner de manifiesto que ningún gobierno latinoamericano dispuesto a promover medidas democráticas para beneficiar a las mayorías sociales puede sostenerse únicamente con regulaciones políticas gubernamentales. Requiere de una base de sustentación movilizada, capaz de dar respuestas a las sistemáticas zancadillas delineadas, avaladas o impulsadas por el Departamento de Estado, a través de accionistas locales.

Pero la escena visible del 17 expone otro tipo de problemáticas, de índole más estratégica, vinculadas con la sustentación del proyecto popular, bombardeado desde los poderes fácticos: la imperiosa necesidad de una coordinación organizativa de cara al escenario de los próximos meses. Un adelanto del enrarecimiento de la atmósfera política se hizo visible con la reaparición de Mauricio Macri, haciendo detonar los puentes con sus socios menos extremistas dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. El contexto geopolítico latinoamericano y la irrupción de sectores ultraliberales como mascarones de proa del PM  requieren la actualización de un repetido (y poco practicado) apotegma justicialista: solo la organización vence al tiempo. Las pugnas venideras exigen –para no debilitar al bloque social del oficialismo– un entramado dispuesto a expresar y contener a los 7 actores colectivos más dinámicos de la actual coyuntura, identificados con posiciones soberanas:

• El Frente de Todxs;
• El conglomerado sindical (CGT y CTA);
• Los movimientos sociales y cooperativos;
• Los colectivos feministas;
• El entramado cultural, científico y académico;
• Las congregaciones confesionales, y
• Las confederaciones y las cámaras que agrupan a las pymes.

El 17 puede funcionar como un nuevo punto de partida para cumplir la triple función que la etapa reclama: brindar contención identitaria a los sectores populares, constituirse en la salvaguarda de las medidas gubernamentales (que benefician a las mayorías) y –al mismo tiempo– oponerse y enfrentar a los grupos más retrógrados. La construcción de esta red defensiva, identitaria y proactiva solo puede consolidarse si se define con claridad quiénes son los actores comprometidos en socavar la democratización de los derechos sociales y económicos.

El pueblo no es –como muchos creen– una categoría demográfica o socioeconómica asociada a la pobreza, a la carencia o la cultura plebeya. Es un concepto que se instituye luego del antagonismo contra las oligarquías, que en la actualidad han devenido en financiaristas, fugadoras y hostiles a la producción y el trabajo nacional. No hay pueblo sin reivindicación de derechos adeudados o conculcados. Lo popular se construye en la lucha contra el poder que impide la libertad colectiva y que impone una o varias formas de opresión simbólicas o materiales. Y lo que hace enérgico al colectivo popular es su organización.

La defensa de las políticas de inclusión social y el enfrentamiento contra los talibanes del mercado no puede hacerse únicamente desde el gobierno. Dejar solos a los funcionarios y referentes políticxs –que hoy deben ocuparse de gestionar un Estado que ha sido arrasado por el macrismo– es suicida y lleva indefectiblemente a generar un desgaste paulatino. La organización en red entre los 7 actores colectivos no implica la disolución de identidades particulares ni una confusión de tareas y objetivos específicos. Supone una red de coordinación, arraigada en las autonomías de cada espacio. Uno de los grandes descuidos del Partido de los Trabajadores de Brasil fue abandonar, en forma paralela a la actividad gubernamental, el fortalecimiento de una base social capaz de movilizarse frente a las presiones oligárquicas.

 

 

Política, Patria y República

La política es la suma de dos disposiciones: la confrontación y el consenso. Se confronta y/o se acuerda. Pero en ningún caso se llega al consenso o la confrontación como una tabla rasa (sin historia previa). Los sectores hegemónicos tienden a promocionar los consensos cuando perciben que la correlación de fuerza les es esquiva. Y hacen panegíricos de los acuerdos, sin hacer referencia a que dichos compromisos deben implicar una ganancia compartida de beneficios sociales y económicos para los que negocian. Un pacto social (eufemismo de consenso) no puede ser impuesto por uno de los contendientes, simulando la disposición al diálogo. Hay consenso si hay rendimientos verificables por parte de quienes convienen utilidades.

El reiterado discurso del PM insiste en hacerle creer a la sociedad que el proyecto nacional y popular solo confronta y que se niega a pactar un plan de corto y mediano plazo. Lo que realmente encubren es que se pretende instaurar su programa, percibido como único, coherente con los mandatos hegemónicos impulsados desde Washington. El consenso que ofrecen es avenirse a sus criterios financiarizados, acordes a la posibilidad de seguir obteniendo tajadas creciente de la riqueza nacional mediante dispositivos especulativos. Frente a la ausencia de ese consenso impuesto, la tradición política ofrece como alternativa el antagonismo de mayorías y minorías, ejemplificado en el debate legislativo. Es en esa instancia que el establishment anula también las formas de la confrontación democrática y se dedica –cada vez más– a quebrar la institucionalidad del conflicto, judicializando la política. Los poderes concentrados no parecen estar dispuesto al juego político. Ni por el lado del consenso, ni por el lado del antagonismo dentro del Congreso.

Durante gran parte de los siglos XIX y XX, la palabra patria fue secuestrada por la derecha oligárquica. El kirchnerismo, sin embargo, la resignificó a principios del siglo XXI y logró recuperarla para la identificación amplia y popular. La patria dejó de ser una nominación meramente castrense para recuperar el timbre orgulloso y sensible de una ciudadanía que recupera sus gestas independentistas y reivindica a sus padres fundadores, forjados en las luchas anticolonialistas. De forma similar a la apropiación de la palabra patria por parte de los sectores oligárquicos, en la actualidad el neoliberalismo doméstico vacía el concepto de república. El origen de este término posee una indudable reminiscencia antioligárquica, opuesta a toda forma de aristocracia. En la concepción republicana, la política es la expresión de la virtud cívica, la forma en que se define el desprendimiento, el espíritu colectivo, la fraternidad comunitaria: lo opuesto a la gestión social del mercado, institución predilecta de los pseudo republicanos domésticos. No hay nada más alejado de un republicano que un sujeto enfervorizado por el individualismo.

El protagonismo de las mayorías sociales y su participación en el debate público –ajeno a toda mediatización monopólica– son valores innegables de la tradición republicana. No existe nada más alejado de la tradición republicana que la defensa irrestricta del mercado y su desprecio por la intervención y/o regulación de la cosa pública. Lo republicano enraizado en la tradición de Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau es exactamente lo opuesto a la postulada destrucción del Estado impulsada por los neoliberales vernáculos. Algo similar sucede con el término libertad, sustantivo predilecto de las huestes opositoras. Su utilización remite claramente al terror que experimentan de perder potestades y privilegios: perciben a los gobiernos populares como los responsables de cuestionar sus derechos inalienables sobre la proporción del poder, renta, propiedad y riqueza (socialmente acumulada) disfrutada en el pasado. Conjeturar formas alternativas –y plurales– de distribución de esa libertad declamada implica un escándalo insoportable para sus coquetos demandantes. Esa libertad proporcional no es precisamente aquello digno de ser reverenciado.

Las inversiones en redes sociales realizadas por los empresarios de la oposición  con ayuda de los think tanks ligados a la embajada anuncian una nueva movilización para el próximo 8 de noviembre. El 17 de ese mes es el día de la militancia. Será, entonces, una nueva cita para que los sectores populares, en el marco de superiores formas de coordinación, vuelvan a desplegar su poder territorial. La derecha sin dudas tomará nota al igual que lo hizo ayer. Pero ya no sentirán que la dramatúrgica del espacio público es un terreno que les pertenece. Más aún, volverán a inquietarse, aturdidos, por la magnitud aluvional y la densidad del subsuelo de la Patria.

 

 

 

 

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